Por Txema García Paredes. Nuevarevolución_Resumen Latinoamericano 21 de noviembre 2026.
![]() |
Decrecer políticamente significa acercar la decisión al lugar donde se vive su consecuencia. Que el barrio decida sobre el barrio, el valle sobre el valle, la costa sobre la costa. Que los cargos roten y puedan revocarse.
Cada cuatro años nos convocan a una liturgia breve. Se abre la urna, se deposita el sobre, se cierra la urna. Durante unos segundos, tras la cortinilla, el ciudadano es soberano. Después devuelve la soberanía en préstamo y no vuelve a verla hasta la siguiente convocatoria. En el intervalo, otros deciden por él dónde se excava un túnel bajo la ría, qué monte se cubre de aerogeneradores o de residuos, qué costa se entrega al cemento, qué hospital comarcal o que centro educativo se adelgaza. Y si protesta, se le recuerda con paciencia de maestro que ya votó.
Rousseau lo dejó escrito en 1762, con una crudeza que ningún manual de ciencia política se atreve hoy a repetir: el pueblo inglés cree ser libre y se engaña; solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento; en cuanto quedan elegidos, es esclavo, no es nada. Han pasado más de dos siglos y medio y hemos perfeccionado el procedimiento hasta vaciarlo: libres un domingo, súbditos el resto del cuatrienio.
Recorre a buena parte de la ciudadanía una asfixia difusa que no siempre encuentra nombre. No es apatía, aunque a veces lo parezca. Es la sensación de vivir bajo instituciones que se han vuelto omnipotentes y sordas a la vez; que consultan poco o nada y escuchan menos; que confunden mayoría aritmética con mandato ilimitado. Los politólogos lo llaman posdemocracia. El vecino de cualquier pueblo lo llama, con más precisión, “hacen lo que quieren”.
El “decrecimiento” nació como crítica a una economía que confunde crecer con vivir. Serge Latouche, Giorgos Kallis o Carlos Taibo mostraron que el crecimiento ilimitado en un planeta finito es una forma de demencia contable. Pero su propuesta, llevada hasta el final, desemboca en una pregunta que no es económica sino política: quién decide qué se produce, qué se limita y qué se abandona. Esa pregunta nos devuelve al poder. Si la economía ha crecido por encima de lo que la Tierra soporta, el poder institucional ha crecido por encima de lo que la ciudadanía soporta. También él necesita decrecer.
Conviene despejar un equívoco antes de que lo aproveche quien no debe. El decrecimiento político no es el Estado mínimo que predica el neoliberalismo. Aquel adelgaza lo público para engordar lo privado: privatiza el hospital y blinda la decisión. Esto es exactamente lo contrario: reducir la concentración del poder para ensanchar lo común. No menos servicio público, sino menos distancia entre quien decide y quien sufre o disfruta la consecuencia.
Ivan Illich advirtió que toda institución, rebasado cierto umbral, se vuelve contra el fin para el que fue creada: la escuela que deseduca, la medicina que enferma, el transporte que inmoviliza. Podríamos añadir la representación que despoja. Concebida para que el pueblo gobernara a través de otros, ha terminado gobernando al pueblo sin él.
La modernidad nos ha contado que ese es el precio del progreso. Que las sociedades sin Estado eran primitivas, incompletas, sociedades que aún no habían llegado. El antropólogo Pierre Clastres desmontó ese relato en los años setenta, tras convivir con pueblos de la Amazonía. Aquellas comunidades no carecían de Estado por atraso: lo impedían deliberadamente. Su jefe tenía prestigio, pero no poder; su oficio era hablar, mediar, dar. Si un día pretendía mandar, se quedaba solo. Eran, escribió, sociedades contra el Estado: comunidades que habían comprendido que el poder separado de la gente acaba siempre volviéndose contra ella, y que se organizaban para conjurarlo.
David Graeber y David Wengrow fueron más lejos en El amanecer de todo. Muchas sociedades antiguas ensayaron conscientemente la jerarquía y la horizontalidad, las alternaron según la estación, desmontaron jefaturas cuando dejaron de servir. La pregunta, concluían, no es cómo surgió la desigualdad, sino cómo nos quedamos atascados en ella. Cómo olvidamos que las instituciones también se pueden deshacer.
En América Latina ese olvido nunca fue completo. En la Oaxaca indígena, la mayoría de los municipios se gobiernan todavía en asamblea, sin partidos, mediante cargos que se ejercen como servicio y no como carrera, y mediante el tequio, el trabajo colectivo que se debe a la comunidad. En los Andes, el ayllu rota a sus autoridades para que nadie se acostumbre a mandar. En la meseta purépecha de Michoacán, Cherán expulsó en 2011 a los talamontes que devastaban sus bosques, al crimen organizado que los protegía y, de paso, a los partidos que miraban hacia otro lado. Quince años después, la máxima autoridad sigue siendo la asamblea de la comunidad, y su ejemplo se ha extendido a otros pueblos del estado.
Y está el zapatismo, que convirtió en consigna una idea digna del frontispicio de cualquier parlamento: mandar obedeciendo. A finales de 2023, el EZLN hizo algo insólito para cualquier organización política conocida: desmontó sus propias estructuras porque detectó en ellas el germen de la pirámide. Las Juntas de Buen Gobierno, donde unos pocos concentraban información y decisiones, dieron paso a una red de asambleas de base. Ningún partido europeo se ha atrevido jamás a una autocrítica semejante. A su nuevo horizonte lo llaman “el común”, y cuentan que lo heredaron de sus abuelos, que huyeron en masa de los latifundios y vivían como peones, y trabajaron juntos la tierra que nadie reclamaba. Lo ancestral no como nostalgia, sino como herramienta.
No hace falta, sin embargo, cruzar el Atlántico. Euskal Herria guarda en su memoria una de las tradiciones asamblearias más antiguas de Europa. En las anteiglesias de Bizkaia, los vecinos se reunían en batzarre bajo el pórtico de la iglesia para decidir sobre caminos, montes y pastos, y de allí salían los apoderados que acudían a Gernika, bajo el árbol. El auzolan levantaba fuentes, abría caminos, retejaba la casa del vecino. Los montes eran comunales. En Áraba y Nafarroa, muchos concejos siguen reuniéndose hoy en concejo abierto, con todo el vecindario presente, como si nadie les hubiera avisado de que eso ya no se lleva. La horizontalidad no es un exotismo de pueblos lejanos: es una herencia propia que hemos dejado oxidar.
Sería deshonesto idealizar. Muchas de aquellas sociedades fueron patriarcales; en las anteiglesias decidían los varones cabezas de casa; en no pocos municipios oaxaqueños los usos y costumbres mantuvieron durante décadas a las mujeres lejos de los cargos. Y Rojava, el confederalismo democrático del norte de Siria, acaba de recordarnos en 2026 lo frágil que es una democracia horizontal cuando la rodean Estados armados que no toleran su existencia. No se trata de regresar a un paraíso que nunca existió, sino de rescatar unos principios: la escala humana, la rotación de los cargos, el mandato revocable, la decisión en asamblea, lo común como fundamento.
Frente a ellos, la política moderna ofrece profesionalización, carrera, mayoría absoluta y disciplina de voto. Diputados que durante cuatro años no rinden cuentas ante quienes los votaron, sino ante quien los puso en la lista.
Administraciones que convocan a la participación cuando ya han decidido y que llaman consulta a lo que es mera notificación. Gobiernos que tramitan megaproyectos —túneles, puertos, plantas, piscifactorías— a espaldas de los pueblos que habrán de convivir con ellos, y que tratan a las plataformas vecinales como un estorbo administrativo y no como lo que son: la última expresión viva de la soberanía popular.
Decrecer políticamente significa acercar la decisión al lugar donde se vive su consecuencia. Que el barrio decida sobre el barrio, el valle sobre el valle, la costa sobre la costa. Que los cargos roten y puedan revocarse. Que el sorteo, que en Atenas se tenía por el procedimiento genuinamente democrático, recupere un lugar junto a la urna. Que ningún proyecto que transforme de forma irreversible un territorio pueda aprobarse sin el consentimiento de quienes lo habitan. Nada de esto es utopía: todo ha existido, y buena parte sigue existiendo.
Ese decrecimiento no lo concederá nadie desde arriba. Ninguna institución renuncia de buen grado al poder acumulado. Empezará, como empezó siempre, por abajo: en la asamblea vecinal, en el concejo abierto, en la plataforma que se niega a aceptar que votar cada cuatro años equivalga a callar el resto del tiempo. Las sociedades que llamamos primitivas sabían algo que nosotros hemos olvidado: que el poder, como el fuego, calienta mientras se reparte y quema cuando se concentra.
Los artículos publicados en esta sección no necesariamente representan la línea editorial de Resumen Latinoamericano.
Cada cuatro años nos convocan a una liturgia breve. Se abre la urna, se deposita el sobre, se cierra la urna. Durante unos segundos, tras la cortinilla, el ciudadano es soberano. Después devuelve la soberanía en préstamo y no vuelve a verla hasta la siguiente convocatoria. En el intervalo, otros deciden por él dónde se excava un túnel bajo la ría, qué monte se cubre de aerogeneradores o de residuos, qué costa se entrega al cemento, qué hospital comarcal o que centro educativo se adelgaza. Y si protesta, se le recuerda con paciencia de maestro que ya votó.
Rousseau lo dejó escrito en 1762, con una crudeza que ningún manual de ciencia política se atreve hoy a repetir: el pueblo inglés cree ser libre y se engaña; solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento; en cuanto quedan elegidos, es esclavo, no es nada. Han pasado más de dos siglos y medio y hemos perfeccionado el procedimiento hasta vaciarlo: libres un domingo, súbditos el resto del cuatrienio.
Recorre a buena parte de la ciudadanía una asfixia difusa que no siempre encuentra nombre. No es apatía, aunque a veces lo parezca. Es la sensación de vivir bajo instituciones que se han vuelto omnipotentes y sordas a la vez; que consultan poco o nada y escuchan menos; que confunden mayoría aritmética con mandato ilimitado. Los politólogos lo llaman posdemocracia. El vecino de cualquier pueblo lo llama, con más precisión, “hacen lo que quieren”.
El “decrecimiento” nació como crítica a una economía que confunde crecer con vivir. Serge Latouche, Giorgos Kallis o Carlos Taibo mostraron que el crecimiento ilimitado en un planeta finito es una forma de demencia contable. Pero su propuesta, llevada hasta el final, desemboca en una pregunta que no es económica sino política: quién decide qué se produce, qué se limita y qué se abandona. Esa pregunta nos devuelve al poder. Si la economía ha crecido por encima de lo que la Tierra soporta, el poder institucional ha crecido por encima de lo que la ciudadanía soporta. También él necesita decrecer.
Conviene despejar un equívoco antes de que lo aproveche quien no debe. El decrecimiento político no es el Estado mínimo que predica el neoliberalismo. Aquel adelgaza lo público para engordar lo privado: privatiza el hospital y blinda la decisión. Esto es exactamente lo contrario: reducir la concentración del poder para ensanchar lo común. No menos servicio público, sino menos distancia entre quien decide y quien sufre o disfruta la consecuencia.
Ivan Illich advirtió que toda institución, rebasado cierto umbral, se vuelve contra el fin para el que fue creada: la escuela que deseduca, la medicina que enferma, el transporte que inmoviliza. Podríamos añadir la representación que despoja. Concebida para que el pueblo gobernara a través de otros, ha terminado gobernando al pueblo sin él.
La modernidad nos ha contado que ese es el precio del progreso. Que las sociedades sin Estado eran primitivas, incompletas, sociedades que aún no habían llegado. El antropólogo Pierre Clastres desmontó ese relato en los años setenta, tras convivir con pueblos de la Amazonía. Aquellas comunidades no carecían de Estado por atraso: lo impedían deliberadamente. Su jefe tenía prestigio, pero no poder; su oficio era hablar, mediar, dar. Si un día pretendía mandar, se quedaba solo. Eran, escribió, sociedades contra el Estado: comunidades que habían comprendido que el poder separado de la gente acaba siempre volviéndose contra ella, y que se organizaban para conjurarlo.
David Graeber y David Wengrow fueron más lejos en El amanecer de todo. Muchas sociedades antiguas ensayaron conscientemente la jerarquía y la horizontalidad, las alternaron según la estación, desmontaron jefaturas cuando dejaron de servir. La pregunta, concluían, no es cómo surgió la desigualdad, sino cómo nos quedamos atascados en ella. Cómo olvidamos que las instituciones también se pueden deshacer.
En América Latina ese olvido nunca fue completo. En la Oaxaca indígena, la mayoría de los municipios se gobiernan todavía en asamblea, sin partidos, mediante cargos que se ejercen como servicio y no como carrera, y mediante el tequio, el trabajo colectivo que se debe a la comunidad. En los Andes, el ayllu rota a sus autoridades para que nadie se acostumbre a mandar. En la meseta purépecha de Michoacán, Cherán expulsó en 2011 a los talamontes que devastaban sus bosques, al crimen organizado que los protegía y, de paso, a los partidos que miraban hacia otro lado. Quince años después, la máxima autoridad sigue siendo la asamblea de la comunidad, y su ejemplo se ha extendido a otros pueblos del estado.
Y está el zapatismo, que convirtió en consigna una idea digna del frontispicio de cualquier parlamento: mandar obedeciendo. A finales de 2023, el EZLN hizo algo insólito para cualquier organización política conocida: desmontó sus propias estructuras porque detectó en ellas el germen de la pirámide. Las Juntas de Buen Gobierno, donde unos pocos concentraban información y decisiones, dieron paso a una red de asambleas de base. Ningún partido europeo se ha atrevido jamás a una autocrítica semejante. A su nuevo horizonte lo llaman “el común”, y cuentan que lo heredaron de sus abuelos, que huyeron en masa de los latifundios y vivían como peones, y trabajaron juntos la tierra que nadie reclamaba. Lo ancestral no como nostalgia, sino como herramienta.
No hace falta, sin embargo, cruzar el Atlántico. Euskal Herria guarda en su memoria una de las tradiciones asamblearias más antiguas de Europa. En las anteiglesias de Bizkaia, los vecinos se reunían en batzarre bajo el pórtico de la iglesia para decidir sobre caminos, montes y pastos, y de allí salían los apoderados que acudían a Gernika, bajo el árbol. El auzolan levantaba fuentes, abría caminos, retejaba la casa del vecino. Los montes eran comunales. En Áraba y Nafarroa, muchos concejos siguen reuniéndose hoy en concejo abierto, con todo el vecindario presente, como si nadie les hubiera avisado de que eso ya no se lleva. La horizontalidad no es un exotismo de pueblos lejanos: es una herencia propia que hemos dejado oxidar.
Sería deshonesto idealizar. Muchas de aquellas sociedades fueron patriarcales; en las anteiglesias decidían los varones cabezas de casa; en no pocos municipios oaxaqueños los usos y costumbres mantuvieron durante décadas a las mujeres lejos de los cargos. Y Rojava, el confederalismo democrático del norte de Siria, acaba de recordarnos en 2026 lo frágil que es una democracia horizontal cuando la rodean Estados armados que no toleran su existencia. No se trata de regresar a un paraíso que nunca existió, sino de rescatar unos principios: la escala humana, la rotación de los cargos, el mandato revocable, la decisión en asamblea, lo común como fundamento.
Frente a ellos, la política moderna ofrece profesionalización, carrera, mayoría absoluta y disciplina de voto. Diputados que durante cuatro años no rinden cuentas ante quienes los votaron, sino ante quien los puso en la lista.
Administraciones que convocan a la participación cuando ya han decidido y que llaman consulta a lo que es mera notificación. Gobiernos que tramitan megaproyectos —túneles, puertos, plantas, piscifactorías— a espaldas de los pueblos que habrán de convivir con ellos, y que tratan a las plataformas vecinales como un estorbo administrativo y no como lo que son: la última expresión viva de la soberanía popular.
Decrecer políticamente significa acercar la decisión al lugar donde se vive su consecuencia. Que el barrio decida sobre el barrio, el valle sobre el valle, la costa sobre la costa. Que los cargos roten y puedan revocarse. Que el sorteo, que en Atenas se tenía por el procedimiento genuinamente democrático, recupere un lugar junto a la urna. Que ningún proyecto que transforme de forma irreversible un territorio pueda aprobarse sin el consentimiento de quienes lo habitan. Nada de esto es utopía: todo ha existido, y buena parte sigue existiendo.
Ese decrecimiento no lo concederá nadie desde arriba. Ninguna institución renuncia de buen grado al poder acumulado. Empezará, como empezó siempre, por abajo: en la asamblea vecinal, en el concejo abierto, en la plataforma que se niega a aceptar que votar cada cuatro años equivalga a callar el resto del tiempo. Las sociedades que llamamos primitivas sabían algo que nosotros hemos olvidado: que el poder, como el fuego, calienta mientras se reparte y quema cuando se concentra.
Los artículos publicados en esta sección no necesariamente representan la línea editorial de Resumen Latinoamericano.

Nenhum comentário:
Postar um comentário