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La economía política de los medios, el capital, los «think tanks» y la reproducción de la hegemonía imperial

¿Quién produce la realidad?


Do Rebelión, 21 de novembro 2025
Por Majid Maleki Meighani 



Cuando un país está siendo bombardeado y el periódico -considerado por muchos como «uno de los más prestigiosos del mundo»- ofrece a sus lectores una afirmación no verificada según la cual las presas hidroeléctricas de ese país podrían suministrar agua y electricidad a instalaciones de misiles, lo que está en juego no es solo la exactitud de una noticia. Un relato así puede contribuir a fijar un marco en el que la infraestructura vital del país se interpreta principalmente desde una óptica militar y de seguridad. Si al día siguiente esas instalaciones son atacadas, una parte de la opinión pública ya habrá sido preparada para verlas no como infraestructura civil, sino como posibles piezas de una maquinaria de guerra.

El 16 de noviembre de 2026, The New York Times publicó un artículo titulado «War May Answer Longtime Riddle of Iranian Dams Built for No Clear Reason» («La guerra podría resolver el viejo enigma de las presas iraníes construidas sin una razón clara»). Su argumento central era que la ubicación de algunos ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra presuntas instalaciones de misiles coincide con zonas en las que hay presas y proyectos de trasvase de agua en Irán. El reportaje sugería que estas obras hidráulicas podrían haberse construido para dar soporte a instalaciones subterráneas de misiles. Sus autores reconocían que no se había establecido ninguna conexión de ese tipo. Sin embargo, la mera posibilidad ocupa el centro del enfoque, mientras que la incertidumbre que la rodea queda relegada al fondo.

La pregunta, por tanto, no es solo por qué una hipótesis sin verificar ha entrado en un reportaje periodístico. Es por qué, en plena guerra, esta posibilidad en concreto merece una cobertura destacada y qué imagen construye de la infraestructura de un país. Responder exige ir más allá de la crítica a un artículo aislado y examinar las estructuras económicas e institucionales a través de las cuales se produce y circula la información.

Cuando la decisión del agresor se convierte en prueba

El reportaje del New York Times comienza comparando dos mapas: uno que muestra la distribución de las presas de Irán y otro que muestra los ataques contra lugares identificados como presuntas instalaciones de misiles. A partir de una aparente superposición geográfica, plantea la posibilidad de un vínculo entre los proyectos hídricos y la infraestructura militar.

Pero a este argumento le faltan varios eslabones esenciales. El reportaje no mide de forma sistemática el alcance de la superposición, no establece las distancias implicadas ni explica de manera adecuada la procedencia y la fiabilidad de las ubicaciones de los objetivos. Tampoco demuestra que alguna instalación de misiles concreta utilice realmente agua o electricidad suministradas por una presa determinada. Incluso si ese uso pudiera acreditarse en un caso particular, ello no probaría por sí solo que la presa se hubiera construido originalmente para sostener esa instalación.

El problema, no obstante, va más allá de la insuficiencia de pruebas. Atañe a la lógica misma que subyace al reportaje. El carácter militar de un objetivo debería establecerse mediante pruebas independientes y verificables. Aquí, el razonamiento se invierte en parte: los lugares de ataques ya ejecutados se convierten en indicios para interpretar la naturaleza de las infraestructuras cercanas. En la práctica, la decisión militar del agresor pasa a formar parte de las pruebas utilizadas para explicar y validar esa misma decisión. Caen las bombas, y los lugares que alcanzan se convierten en la prueba de por qué tenían que ser alcanzados.

Si esta lógica se acepta como criterio, cualquier infraestructura civil situada cerca de una instalación militar puede ser tratada como sospechosa. Los sistemas de agua y electricidad de los que dependen millones de personas pueden reconvertirse en problemas de seguridad, mientras la distinción entre infraestructura civil y objetivo militar se desdibuja en la percepción pública.

El derecho internacional humanitario se asienta en los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Incluso si se acreditara que una parte de un sistema de infraestructura se utiliza con fines militares, ello no haría automáticamente lícito atacarlo. Su condición de objetivo militar, la proporcionalidad del daño previsible y las precauciones exigibles para proteger a la población civil deben evaluarse por separado. Un relato que aparta estos criterios del campo de visión puede contribuir a normalizar los ataques contra infraestructuras esenciales, aunque nadie haya dado una instrucción deliberada para producir ese efecto.

No hago afirmaciones sobre las intenciones de los autores ni sostengo que hayan recibido instrucciones del gobierno estadounidense. No hace falta. La cuestión es la función política del relato: ¿cómo una posibilidad no verificada, presentada en medio de una guerra, pasa a formar parte de un marco que hace más concebible para el público la ampliación de los objetivos militares? La respuesta se encuentra en las estructuras a través de las cuales se produce y se distribuye la información, no en especulaciones sobre la conciencia de cada periodista.

La independencia de los medios más allá de la censura estatal

En la concepción liberal habitual, un medio independiente es aquel que funciona sin injerencia del gobierno y cuyos periodistas son libres de criticar a quienes ostentan el poder. Estos criterios importan, pero son insuficientes para entender la independencia de los medios.

Un periódico puede ser de propiedad privada, no recibir instrucciones directas del Estado y publicar investigaciones críticas sobre presidentes, el Pentágono o grandes corporaciones, y aun así operar dentro de una estructura cuyos límites y posibilidades están moldeados por las relaciones entre el capital y el poder.

Conviene distinguir tres niveles de independencia: la autonomía profesional de cada periodista; la autonomía editorial de una redacción frente a la intervención directa de los propietarios o del Estado; y la independencia estructural de una organización mediática respecto de las relaciones más amplias de capital y poder político. Los dos primeros existen, en distinta medida, en los medios estadounidenses. Grandes medios han publicado reportajes de investigación importantes que han destapado abusos de gobiernos y corporaciones. Pero eso no equivale a independencia estructural.

Los periodistas trabajan en organizaciones cuyos recursos financieros, estructuras de propiedad, políticas de contratación, prioridades económicas y acceso a las fuentes quedaron establecidos antes de que ellos entraran en la redacción. La libertad individual de un periodista no debe confundirse con la libertad institucional de la organización en la que trabaja.

Las preguntas pertinentes, por tanto, van más allá de quién escribió una determinada pieza o de si el gobierno intervino en su publicación. ¿Quién financia la organización? ¿Quién es su propietario? ¿Qué públicos busca retener sobre todo? ¿A qué fuentes tiene fácil acceso su redacción? ¿Y qué temas reciben prioridad en la competencia por la atención pública?

La economía política de los medios empieza por estas preguntas: por las relaciones que rigen la producción, la financiación y la distribución de la información, y por el acceso desigual a los medios para conformar la comprensión pública.

Propiedad, capital y lógica de mercado

Las estructuras de propiedad de los grandes medios estadounidenses no son idénticas. El Washington Post pertenece a Jeff Bezos. Fox News forma parte del imperio mediático controlado por la familia Murdoch. The New York Times, aunque cotiza en bolsa, funciona con una estructura accionarial de doble clase que preserva el control estratégico de la familia Ochs-Sulzberger. Según el informe anual de la compañía correspondiente a 2025, aproximadamente el 95 % de las acciones de clase B, las que otorgan derecho de voto, está en manos del Ochs-Sulzberger Family Trust, que tiene la facultad de elegir a cerca del 70 % del consejo de administración. Las acciones de la empresa pueden negociarse en el mercado bursátil, pero el control efectivo permanece concentrado en una sola familia.

El mismo informe anual sitúa los ingresos totales de The New York Times Company en 2025 en unos 2820 millones de dólares. Cerca de 1950 millones procedieron de suscripciones y unos 566 millones de publicidad. The New York Times es una gran empresa comercial que compite en el mercado de los medios, no una institución pública ni una organización benéfica.

Este hecho no establece, por sí solo, que su contenido editorial dependa políticamente de nadie. Un modelo basado en suscripciones puede dar a una redacción más margen de maniobra que otro que dependa casi por completo de la publicidad. Pero las suscripciones no sacan a un medio de la lógica del mercado. Retener suscriptores, atender a públicos con determinado poder adquisitivo, satisfacer las expectativas de los consumidores y mantener los ingresos siguen condicionando su funcionamiento.

El poder de la propiedad no actúa necesariamente mediante la intervención directa en la redacción de cada noticia. Puede ejercerse a través del nombramiento de altos directivos, de decisiones estratégicas a largo plazo, de la asignación de recursos, de las políticas de empleo y de la elección de los ámbitos en los que una organización está dispuesta a invertir. En una estructura así, nadie tiene por qué decirle a un periodista qué escribir: las condiciones institucionales y los límites dentro de los cuales trabaja ya están fijados.

La concentración de capital no es solo una concentración de control sobre los contenidos. Es también una concentración de los recursos necesarios para producir y difundir información. Una organización con una amplia red de corresponsales, oficinas en el extranjero, estructuras de producción audiovisual, presupuestos de investigación y acceso permanente a fuentes oficiales ocupa una posición muy distinta de la de un pequeño medio independiente que compite por la atención del público. La credibilidad mediática misma se produce en este terreno desigual. Las organizaciones con más recursos tienen mayor capacidad para determinar qué cuenta como noticia importante y quién es reconocido como fuente autorizada.

Fundaciones y think tanks: poder sin instrucciones directas

La transformación del mercado publicitario y el traspaso de buena parte de los ingresos de la publicidad digital a las empresas tecnológicas han trastocado el modelo económico tradicional del periodismo. Los medios dependen hoy de una combinación de suscripciones, publicidad, donaciones, subvenciones de fundaciones e inversión privada.

Las fundaciones han desempeñado un papel importante en la financiación del periodismo de investigación, de la información local y de proyectos que el mercado, por sí solo, habría dejado sin recursos. Pero sigue en pie la pregunta: ¿quién fija las prioridades de esa financiación y qué áreas de investigación quedan fuera de ellas?

Recibir dinero de una fundación no significa que esta dicte las conclusiones de una investigación. Sin embargo, la dependencia organizativa de financiación externa puede moldear, con el tiempo, los temas que reciben atención, las líneas de investigación que siguen siendo viables, la manera de definir los problemas y la capacidad de sostener determinados tipos de trabajo. Esta forma de poder no opera necesariamente mediante instrucciones directas. Puede operar determinando qué actividades cuentan con las condiciones económicas para sobrevivir.

El mismo mecanismo es aún más visible en los think tanks. Estas instituciones forman parte de la infraestructura a través de la cual se produce en Estados Unidos el conocimiento sobre políticas públicas. Se financian con fondos de gobiernos, grandes corporaciones, contratistas de defensa, fundaciones privadas y Estados extranjeros.

Un informe de enero de 2025 de Ben Freeman y Nick Cleveland-Stout, publicado por el Quincy Institute con el título *Big Ideas and Big Money: Think Tank Funding in America*, examinó la financiación de 50 destacados think tanks estadounidenses. Según el informe, solo nueve de las 50 instituciones, el 18 %, eran plenamente transparentes sobre su financiación. Veintitrés lo eran parcialmente y 18 no divulgaban información clara sobre sus donantes. Entre 2019 y 2023, gobiernos extranjeros y entidades vinculadas a gobiernos aportaron más de 110 millones de dólares a los think tanks analizados. Los contratistas de defensa aportaron más de 34,7 millones, mientras que el gobierno de Estados Unidos entregó al menos 1490 millones, la mayor parte a la RAND Corporation.

Estas cifras no deben generalizarse más allá del alcance del estudio. El informe examina 50 think tanks y un conjunto limitado de categorías de financiación, y el propio Quincy Institute es un centro de investigación con una posición determinada sobre la política exterior de Estados Unidos. Aun así, sus hallazgos plantean una pregunta importante: ¿a través de qué redes financieras se produce el conocimiento sobre la política exterior estadounidense y cuánto de esas relaciones es visible para el público?

No se trata de que todo informe publicado por un think tank se escriba a petición de sus donantes. Se trata de que la financiación afecta a la capacidad de producir conocimiento, a la selección de los temas de investigación y a la posibilidad de sostener determinadas agendas. La credibilidad institucional y el acceso a los medios determinan después qué perspectivas tienen más probabilidades de ser reconocidas como conocimiento autorizado.

Los expertos vinculados a estas instituciones aparecen en televisión para hablar de guerra y de seguridad nacional, sus informes son citados en los periódicos y algunos participan en la formulación de políticas gubernamentales. Una perspectiva puede nacer en un think tank con relaciones de financiación identificables, ser presentada por uno de sus expertos en televisión y circular después por la prensa como análisis experto independiente, sin que el público sepa nada de las relaciones financieras e institucionales que hay detrás.

En estas condiciones, lo que se presenta como «consenso de los expertos» no es necesariamente el resultado de un intercambio abierto e igualitario entre especialistas. Puede reflejar, en cambio, un acceso desigual a la financiación, a la credibilidad institucional y a las plataformas mediáticas. Algunas perspectivas se reproducen sin cesar porque disponen de los recursos organizativos para hacerlo, mientras que otras, aun siendo empírica e intelectualmente defendibles, permanecen marginales.

Plataformas digitales: el poder en la infraestructura de la información

La economía política de los medios contemporáneos no puede entenderse únicamente a partir de la propiedad de periódicos y cadenas de televisión. Una parte sustancial de la circulación de la información depende hoy de infraestructuras controladas por empresas tecnológicas. Google y Meta han alcanzado posiciones dominantes en el mercado de la publicidad digital, y plataformas como YouTube, Instagram y otras redes sociales desempeñan un papel cada vez más importante en la distribución de contenidos y en la forma en que el público accede a las noticias.

Estas empresas no producen necesariamente las noticias, pero influyen en las condiciones en que estas se vuelven visibles y circulan. El poder aquí no se limita a la propiedad de los medios ni al control directo del contenido editorial. Los algoritmos de clasificación y recomendación, los sistemas de publicidad segmentada y los mecanismos de medición de la atención de la audiencia ayudan a determinar qué material tiene más probabilidades de ser visto y cuál se empuja hacia los márgenes.

Estas decisiones se toman dentro de modelos de negocio que dependen de captar atención, retener usuarios y recopilar y procesar datos. La cuestión, por tanto, no es solo si una noticia concreta es exacta o inexacta. Es también qué mecanismos hacen llegar esa información a millones de personas, qué contenidos quedan excluidos de la visibilidad pública y qué tipo de material resulta más compatible con la lógica económica de las plataformas.

Un medio puede hacer un periodismo de investigación riguroso, pero su capacidad de llegar a una audiencia depende cada vez más de infraestructuras digitales cuyas reglas no las fijan ni los periodistas ni el público.

Esta transformación ha creado otra concentración de poder epistémico. En el pasado, la propiedad de periódicos y cadenas de televisión era uno de los principales lugares de control de la información. Hoy, la propiedad y la gestión de las infraestructuras digitales son igual de significativas. Gobiernos y organizaciones políticas también procuran servirse de ellas para influir en la opinión pública. Los intentos de moldear los contenidos generados por sistemas de inteligencia artificial forman parte de la misma disputa. El poder de producir la realidad pública ya no reside solo en las redacciones y los think tanks; opera también a través de las infraestructuras tecnológicas y económicas que gobiernan la circulación de la información.

Israel: del cabildeo político a la industria de producción de relato

Las redes asociadas a Israel en la política y los medios estadounidenses deben examinarse con rigor. En este debate son frecuentes dos errores. Uno es afirmar que Israel controla los medios estadounidenses, una aseveración que, sin pruebas concretas, reduce el análisis a teoría de la conspiración. El error contrario es ignorar las redes reales de organizaciones, financiación y actividad política que moldean la política de Estados Unidos hacia Israel.

La cuestión no es la existencia de un único centro de mando. Es una red de instituciones, cada una de las cuales influye en la política, en la producción de conocimiento y en la opinión pública por sus propios cauces.

AIPAC actúa en la movilización política y en el cabildeo ante los miembros del Congreso. Es una organización estadounidense y no debe equipararse con el gobierno israelí sin pruebas. No obstante, su actividad muestra cómo la organización política y los recursos financieros pueden traducirse en influencia sobre las decisiones públicas.

Junto a ella, el Washington Institute for Near East Policy (WINEP) y la Foundation for Defense of Democracies (FDD) producen análisis sobre la política exterior y de seguridad en Oriente Medio, en relación con Irán e Israel. Estas instituciones tienen historias, estructuras y funciones diferentes, pero ambas forman parte del entorno de políticas públicas al que acuden los medios estadounidenses en busca de pericia regional. El informe del Quincy Institute plantea además interrogantes sobre la transparencia financiera de algunas de estas organizaciones, interrogantes que cobran especial importancia cuando sus expertos son presentados de forma habitual como fuentes autorizadas en los medios.

Aquí hay que distinguir tres formas de actividad: el cabildeo político, la financiación de la producción de conocimiento y la participación directa de un gobierno extranjero en las relaciones públicas. Estas actividades pueden cruzarse, pero no son intercambiables.

El estudio de Nick Cleveland-Stout de julio de 2026, *The Eighth Front: Inside Israel’s $1 Billion Influence Campaign*, publicado por el Quincy Institute, examina la tercera de estas dimensiones. Según el informe, el gobierno israelí ha gastado más de 1000 millones de dólares en diplomacia pública desde el 7 de octubre de 2023. Esta estimación abarca un amplio abanico de actividades de comunicación y relaciones públicas y no debe confundirse con los presupuestos de las organizaciones de cabildeo estadounidenses. El informe identifica además más de 100 millones de dólares en gastos realizados mediante actividades sujetas a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos (FARA).

El estudio documenta la colaboración con empresas de relaciones públicas, redes publicitarias, influencers y redes de sitios web. Examina también los esfuerzos por influir en cómo los sistemas de inteligencia artificial representan a Israel en sus respuestas.

La importancia de este informe radica en que muestra cómo la diplomacia pública ha ido mucho más allá de las declaraciones oficiales y las ruedas de prensa. Los gobiernos buscan hoy moldear el entorno informativo a través de empresas, plataformas, productores de contenidos y herramientas digitales. Esto no demuestra que las mesas editoriales del New York Times o de CNN estén controladas por el gobierno israelí. Una afirmación así exigiría pruebas de pagos directos, de intervención o de influencia sobre las decisiones editoriales. Lo que el informe documenta es una infraestructura organizada para influir en la agenda política y mediática en Estados Unidos.

De ahí surge una pregunta más de fondo: cuando estalla una crisis regional, ¿a quién acuden los medios en busca de explicaciones? ¿Qué instituciones representan esos expertos? ¿Cuáles son las fuentes de financiación de esas instituciones y qué marco analítico ofrecen?

En el caso de Irán, buena parte del discurso dominante, tanto político como mediático, parte del lenguaje de las amenazas de misiles, la seguridad de Israel y la disuasión. No son cuestiones que puedan simplemente descartarse o negarse. Las políticas regionales de la República Islámica y su programa de misiles son temas reales de análisis. La cuestión, sin embargo, es por qué esta perspectiva en particular ocupa de forma tan constante el centro del relato, mientras otras dimensiones de la crisis, como la historia de la intervención extranjera en la región, las estructuras de poder de los Estados periféricos, las consecuencias de las sanciones, la economía política de la guerra y los intereses de las industrias militares, quedan relegadas a los márgenes.

Fabricar consenso: de la fijación de la agenda al encuadre

En Manufacturing Consent (Los guardianes de la libertad ), Edward S. Herman y Noam Chomsky desarrollaron un marco para explicar el sesgo estructural de los medios que no requiere ni un mando central ni instrucciones directas del gobierno. La propiedad concentrada, la dependencia de la publicidad, la confianza en fuentes oficiales y poderosas, la presión organizada sobre los medios y la ideología dominante funcionan como filtros que estrechan el abanico de decisiones institucionales.

Estos filtros no determinan exactamente lo que escribe cada periodista. Condicionan qué temas pueden convertirse en noticia importante, quién es reconocido como fuente creíble y qué preguntas tienen probabilidades de llegar a la agenda pública.

Los medios necesitan fuentes. El Departamento de Estado, el Pentágono, la Casa Blanca, las fuerzas armadas y los think tanks con sede en Washington están siempre disponibles y cuentan con infraestructuras de comunicación bien organizadas. En cambio, las víctimas de la guerra, las comunidades locales, los investigadores críticos y los activistas de los países atacados rara vez disponen de un acceso o de unos recursos comparables.

En tiempos de guerra, este desequilibrio se acentúa. Las fuentes oficiales tienen ruedas de prensa, imágenes, estadísticas y portavoces designados. Quienes sufren las consecuencias de la guerra carecen a menudo tanto de acceso a los medios como de medios para competir con los relatos oficiales. Las organizaciones informativas, presionadas para ofrecer cobertura continua, tienden a apoyarse en las fuentes que tienen más a mano. Como resultado, la versión oficial puede convertirse en el punto de partida del análisis antes de que se haya producido cualquier verificación independiente.

La siguiente etapa es el encuadre. Mediante la selección de los temas, el protagonismo que se da a ciertas historias, el orden de la información, el lenguaje empleado y los expertos invitados a opinar, los medios dicen a su público qué importa y desde qué perspectiva debe entenderse.

Una guerra puede cubrirse desde la óptica de la seguridad nacional del agresor, de la defensa de los aliados, de la competencia geopolítica, de las violaciones del derecho internacional o de la destrucción de la vida social y económica de la población. Ninguna de estas perspectivas, por sí sola, abarca toda la realidad. Pero la elección de cuál de ellas se convierte en el relato dominante determina cómo se entienden las responsabilidades, la legitimidad y las consecuencias de la guerra.

La cobertura de Gaza ofrece un ejemplo revelador. Estudios críticos sobre la representación de palestinos e israelíes en los principales medios estadounidenses han examinado las diferencias en la selección de fuentes, en el lenguaje empleado para describir la violencia y en la representación de las víctimas. No se trata solo de si cada pieza contiene datos exactos. Importa también la distribución global de la atención.

Una noticia puede ser exacta en cada uno de sus detalles y, aun así, el panorama general que resulta de su selección y ordenación puede ser profundamente desigual. Las víctimas de un bando pueden ser presentadas con nombres, rostros y biografías familiares, mientras que las del otro siguen siendo en gran medida cifras. La violencia de una parte puede explicarse dentro de su contexto histórico y político, mientras que la de la otra se presenta desligada de él. El poder de los medios no opera solo a través de lo que se dice, sino de lo que se destaca, de lo que se margina y del lenguaje con que se describe a cada parte.

De la hegemonía gramsciana a la economía política del imperialismo

Gramsci demostró que un orden dominante no perdura solo por la coerción; necesita también consentimiento. Ese consentimiento se produce a través de instituciones políticas y culturales, de la educación, de los medios y de la producción de conocimiento. Los medios no deben entenderse únicamente como instrumentos de propaganda estatal. Son uno de los principales escenarios en los que se forma el sentido común: ese conjunto de creencias que poco a poco empiezan a parecer naturales, evidentes y ya no necesitadas de justificación.

Cuando la intervención militar de una gran potencia se presenta como «defensa de la democracia», «preservación del orden internacional» o «disuasión», mientras sus consecuencias humanas y económicas para la sociedad atacada se apartan del foco, asistimos a la producción de sentido hegemónico.

Términos como seguridad, orden internacional basado en normas o guerra contra el terrorismo no son conceptos neutrales ajenos a la historia. Su significado político se configura dentro de relaciones de poder concretas. La cuestión no es si la seguridad o la lucha contra el terrorismo importan. Es quién tiene la autoridad para definirlas, la seguridad de quién se coloca en el centro y quién carga con los costes de mantenerla.

Herman y Chomsky explican los mecanismos institucionales y económicos mediante los cuales se filtra la información. Gramsci ilumina la relación entre poder, consentimiento y sentido común. La economía política marxista sitúa a los medios dentro de las relaciones de propiedad, acumulación y reproducción social. Estos enfoques no son intercambiables. Tomados en conjunto, sin embargo, revelan que los medios son a la vez una industria económica, un campo de producción de conocimiento y una institución que interviene en la formación del consentimiento social. El poder de los medios surge precisamente de la interacción de estas tres dimensiones.

En trabajos anteriores he abordado esta cuestión desde la economía política del imperialismo. En la serie *Empire Without Flags* («Imperio sin banderas») sostuve que el imperialismo contemporáneo no puede entenderse solo a partir de la ocupación territorial, las bases militares o el control directo de los gobiernos. La dominación se reproduce también mediante redes financieras, instituciones internacionales, infraestructuras de comunicación, rutas comerciales y la regulación de los flujos de capital.

La primera parte de la serie examinó el papel de las finanzas y las instituciones en la producción de relaciones de dependencia. La segunda exploró los puertos, los cuellos de botella estratégicos, los cables de comunicación y la infraestructura por la que circula el capital. La tercera abordó el poder regulatorio y la extracción de valor sin ocupación directa.

Los medios pertenecen a esta misma arquitectura de poder. No se limitan a reflejar las relaciones imperiales: producen conocimiento público sobre ellas y pueden hacer que ciertas relaciones de dominación parezcan naturales e inevitables.

En Greenhouse Civil Society («Sociedad civil de invernadero») analicé cómo la financiación externa puede generar redes de organizaciones basadas en proyectos en países periféricos cuya supervivencia queda atada a la continuidad del apoyo exterior. La cuestión no son necesariamente las instrucciones directas de los donantes. Es la manera en que las estructuras de financiación pueden imponer límites a las decisiones institucionales, a las prioridades de investigación y a la continuidad de determinadas formas de actividad.

En A World in the Hands of Minorities? («¿Un mundo en manos de minorías?») exploré cómo la concentración de la riqueza en manos de una pequeña minoría se extiende a la cultura, a los medios y a la política. Las adquisiciones de medios, la financiación de campañas políticas, la configuración de las agendas públicas y la influencia sobre la elaboración de políticas son todas expresiones del poder económico. Los medios son uno de los terrenos en los que la riqueza se convierte en poder epistémico y político.

Desde esta perspectiva, la cuestión no es simplemente la propiedad de un periódico o la influencia de un think tank. Es la red de instituciones e infraestructuras a través de la cual el capital adquiere la capacidad de moldear la realidad pública.

La guerra: donde la estructura de los medios se hace visible

La relación entre los medios y la economía política del imperialismo se vuelve especialmente visible durante la guerra. La guerra no es solo un hecho militar. Está ligada a las industrias armamentísticas, a los presupuestos de defensa, a los mercados de la energía, a las rutas comerciales, a los contratos de reconstrucción y a la competencia por las infraestructuras estratégicas.

Sin embargo, la cobertura diaria de los grandes medios gira a menudo en torno a la evolución de los combates, las declaraciones oficiales, las negociaciones diplomáticas y los cálculos de seguridad. Esa información es necesaria, pero cuando el análisis se queda en ese nivel, la economía política de la guerra desaparece de la vista.

¿Qué empresas se benefician del aumento del gasto militar? ¿Qué contratistas reciben contratos de defensa? ¿Cómo redistribuyen las sanciones la riqueza y el poder dentro de la sociedad castigada? ¿Quién controla la reconstrucción de las infraestructuras destruidas? ¿Qué relación guarda la guerra con el control de las rutas estratégicas de energía y comercio?

Cuando estas preguntas se arrinconan, la guerra queda reducida a una competencia puramente securitaria entre Estados, y su relación con la acumulación de capital permanece oculta.

El reportaje del New York Times sobre las presas de Irán es un ejemplo de este problema. Una investigación seria comenzaría examinando las funciones reales de estas obras hidráulicas, las razones de su construcción, las necesidades demográficas y económicas de las regiones afectadas y los registros técnicos de su funcionamiento. En lugar de eso, el reportaje convierte el patrón de los ataques militares en una pista para interpretar la naturaleza de la propia infraestructura.

El resultado es la misma inversión descrita antes: el agresor toma una decisión, y esa decisión pasa a formar parte de las pruebas con las que se la explica y se la justifica. En este proceso, la frontera entre el reportaje de investigación, la especulación de expertos y los relatos que pueden servir para legitimar la guerra se vuelve cada vez más borrosa.

Los medios independientes como campo de lucha política

¿Existen medios independientes en Estados Unidos? Si independencia significa la posibilidad de un periodismo crítico, de reportajes de investigación y de resistencia a la intervención directa de gobiernos o propietarios, la respuesta es sí. Pero si independencia significa libertad frente a las estructuras de propiedad, capital, mercados, fundaciones, redes de expertos y poder político, los grandes medios no la poseen.

En lugar de declarar que los medios independientes no existen, hay que examinar los límites estructurales dentro de los cuales opera la independencia mediática.

No todos los periodistas sirven al capital, y no toda noticia se escribe desde un único centro político. Los grandes medios estadounidenses pueden publicar investigaciones críticas y poner al descubierto intereses poderosos. Esa posibilidad no debe desdeñarse. Pero los recursos necesarios para producir y distribuir información, la credibilidad que se concede a determinadas instituciones y el poder de fijar la agenda pública siguen distribuidos de forma profundamente desigual. Esta desigualdad no es simplemente el resultado de diferencias de talento periodístico o de calidad profesional. Está enraizada en las estructuras de propiedad, en los recursos financieros y en el poder institucional.

La independencia de los medios, en estas condiciones, no es un estatus jurídico fijo. Es el resultado de una lucha continua. Esa lucha se libra en medios arraigados en movimientos sociales y organizaciones populares, en el periodismo de investigación independiente y en formas participativas de producción informativa.

Pero estos medios no se mantienen independientes por el mero hecho de declararse opuestos a los medios dominantes. Su supervivencia depende de una financiación sostenible, de estructuras organizativas que rindan cuentas y de vínculos genuinos con las comunidades a las que sirven. Sin esos cimientos, los medios vinculados a los movimientos pierden la capacidad de seguir funcionando o acaban reproduciendo poco a poco las mismas formas de dependencia de la financiación externa y de las prioridades por proyectos que en origen pretendían combatir.

La crítica de los medios no debe conducir a la desconfianza absoluta ni a sustituir un relato ideológico por otro. Ese camino lleva al relativismo, en el que todos los relatos se tratan como igualmente poco fiables y acaba imponiéndose el que dispone de más recursos. La tarea de la crítica es examinar las fuentes, los intereses, los métodos de producción y las pruebas en las que se apoya cada relato.

Los medios de izquierda no son una excepción. Si quieren ofrecer una alternativa real a los medios dominantes, deben rendir cuentas ante sus audiencias, hacer transparentes sus fuentes y sus métodos y preservar la posibilidad de la crítica interna.

La cuestión, en última instancia, no es si un periódico determinado merece nuestra confianza. Es qué relaciones permiten a una institución definir la realidad, quién tiene mayor acceso y autoridad en la producción de conocimiento y cómo un relato llega a registrarse como verdad pública creíble.

El capital, el Estado, las industrias militares, las empresas tecnológicas, los think tanks y los medios de comunicación no son instituciones aisladas. Están conectados por redes de relaciones económicas y políticas que convierten el poder económico en poder político, cultural y epistémico.

El reportaje sobre las presas hidroeléctricas de Irán debe leerse dentro de este marco. Su importancia no radica simplemente en la posibilidad de que un periódico prestigioso haya cometido un error. Muestra cómo una hipótesis no verificada, presentada en el contexto de una guerra, puede reconvertir la infraestructura vital de una sociedad en un problema de seguridad.

La respuesta no es renovar nuestra fe en las instituciones mediáticas dominantes. La izquierda debe construir sus propios medios, organizar su propia producción de conocimiento e incorporar la crítica de la economía política de los medios a su lucha más amplia por la organización social y política.

La pregunta no es simplemente quién escribe las noticias. Es quién tiene el poder de ser visto, quién está autorizado a explicar la realidad y cuyo relato acaba entrando en el registro público como verdad. Para responderla, tenemos que mirar más allá de la redacción: a las estructuras de propiedad, al capital, a las instituciones de producción de conocimiento y a las relaciones de poder dentro de las cuales opera la propia redacción.



Referencias y lecturas complementarias

– Sanam Mahoozi y Erika Solomon, «War May Answer Longtime Riddle of Iranian Dams Built for No Clear Reason», The New York Times, 16 de noviembre de 2026.
– The New York Times Company, Annual Report 2025.
– Ben Freeman y Nick Cleveland-Stout, *Big Ideas and Big Money: Think Tank Funding in America*, Quincy Institute, 3 de enero de 2025.
– Nick Cleveland-Stout, *The Eighth Front: Inside Israel’s $1 Billion Influence Campaign*, Quincy Institute, 24 de julio de 2026.
– Edward S. Herman y Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, 1988.
– Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*.
– Majid Maleki Meighani, *Empire Without Flags: Imperial Outreach and the Architecture of Structural Power*, ZNetwork, 20 de julio de 2026.
– Majid Maleki Meighani, *Empire Without Flags, Part Two: Ports, Chokepoints, and the Infrastructure Beneath the Flows*, ZNetwork, 21 de agosto de 2026.
– Majid Maleki Meighani, *Empire Without Flags, Part III: Power, Regulation, and Extraction Without Occupation*, ZNetwork, 2 de septiembre de 2026.
– Majid Maleki Meighani, *Greenhouse Civil Society: How the Western Development Industry Has Produced—and Continues to Produce—Colonial Dependency*, ZNetwork, 27 de mayo de 2026.
– Majid Maleki Meighani, *A World in the Hands of Minorities? Capitalism, Identity Politics, and the Culture Industry*, ZNetwork, 1 de noviembre de 2026.
– Majid Maleki Meighani, *When We No Longer See “The People”: Representation Crisis, Class Experience, and the Politics of Misrecognition*, ZNetwork, 6 de julio de 2026.



La versión en inglés de este artículo fue publicada en ZNetwork.

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