Por Marc Vandepitte; Traducido del neerlandés por el autor
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| [Foto: Huelga general en Bélgica, 1913] |
La democracia está bien, siempre y cuando la mayoría no toque la riqueza de la minoría. Hay un hilo conductor que recorre la historia de la democracia occidental desde los antiguos griegos hasta hoy: la protección de la élite económica.
En un sorprendente artículo de opinión publicado en un prestigioso periódico belga, un profesor universitario aboga por volver al sufragio plural. Este sistema electoral se remonta al siglo XIX y otorgaba a los hombres más ricos y con mayor nivel educativo dos o tres votos, dependiendo de sus propiedades, su contribución fiscal o su título académico. De esta manera, los trabajadores también obtuvieron el derecho al voto, pero la burguesía acomodada conservó un mayor peso político y la élite económica pudo preservar su influencia política y sus intereses económicos.
Que un profesor universitario defienda en pleno siglo XXI la reintroducción de este sistema electoral antidemocrático es indignante. Lo interesante, en cambio, es que esta opinión pone al descubierto el dilema fundamental de la democracia occidental.
La democracia significa literalmente que el poder reside en el pueblo y, por tanto, en la mayoría menos acomodada. Pero si los menos acomodados utilizan realmente su superioridad numérica para hacer valer sus intereses (económicos), entonces la gran desigualdad en la distribución de la riqueza y los privilegios de la élite económica llegarían rápidamente a su fin. Y eso, por supuesto, no era ni es la intención de dicha élite.
Los pensadores políticos de Occidente han lidiado con este dilema desde sus mismos comienzos. Nos detenemos en tres momentos decisivos que han dado forma a nuestro sistema político occidental.
Grecia: la cuna de la democracia occidental
Platón (427-347 a. C.) consideraba la democracia un sistema peligroso en el que los políticos cedían a los caprichos superficiales del pueblo sin educación. Como demasiada libertad conduce inevitablemente a la tiranía, según él, defendía un Estado estrictamente controlado. El gobierno debe corresponder a filósofos sabios, que dirijan la conciencia y el pensamiento de los ciudadanos mediante la censura del arte y la cultura.
Aunque su discípulo Aristóteles (384-322 a. C.) permitía una mayor libertad y discusión política, también consideraba la democracia una forma degenerada de gobierno, porque favorece a los pobres y no se orienta hacia la comunidad en su conjunto. «Y así, en la democracia, los pobres son soberanos, con exclusión de los ricos, porque son los más, y el dictamen de la mayoría es ley». Y eso no es bueno, según él.
Aristóteles limitaba la participación política a una élite de aproximadamente entre el diez y el quince por ciento de la polis: hombres libres que no necesitaban trabajar para ganarse la vida. Las mujeres, los esclavos, los extranjeros, pero también los artesanos, los comerciantes y los pequeños agricultores quedaban completamente excluidos de la vida política.
¿Qué debemos recordar de estos dos fundadores del pensamiento político occidental? Según ambos filósofos, el poder político debe permanecer en manos de una pequeña élite, mientras que la mayoría de la población queda excluida de la toma de decisiones. También es importante controlar el pensamiento de la población para mantener estas relaciones de poder.
Dentro de esa élite reducida, sin embargo, debe haber espacio para el debate y la discrepancia. Se rechaza el gobierno absoluto de un tirano o dictador. También es importante señalar que no son los ricos quienes ejercen (directamente) el poder, sino una clase «política» o una minoría limitada.
Las revoluciones burguesas
Durante la Revolución francesa (1789) el pensamiento liberal se enfrentó a un dilema fundamental: rechazar el absolutismo exigía un gobierno representativo, pero se temía que la mayoría numérica de las clases bajas impusiera una redistribución económica a costa de la burguesía propietaria.
Inicialmente, los jacobinos radicales, liderados por Robespierre, aspiraban al sufragio universal, la educación gratuita y el control de precios. Pero tras el sangriento período del Terror la burguesía conservadora contraatacó en 1794. La derecha temía que los privilegios (la riqueza) de la burguesía emergente y de la clase propietaria desaparecieran. Boissy d’Anglas, miembro del ala derecha de la Asamblea, lo expresó de la siguiente manera: «Garantizar por fin la propiedad del rico, la existencia del pobre, la propiedad del hombre industrioso, la libertad y seguridad de todos. […] Debemos ser gobernados por los mejores: los mejores son los más instruidos, los más interesados en el mantenimiento de las leyes. […] Un país gobernado por los propietarios está dentro del orden social; un país en el que gobiernan los no propietarios está en estado salvaje».
Para garantizar la propiedad de los ricos se estableció un sistema bicameral en el que un Senado conservador actuaba como freno a la representación popular. Con el golpe de Estado de Napoleón (1799) la influencia popular quedó definitivamente neutralizada mediante un estricto sistema de sufragio censitario. Solo los ciudadanos acomodados conservaron el derecho al voto y podían estar representados en el Parlamento. Una variante del sufragio censitario es el sufragio plural, que se introdujo en varios países de Europa occidental.
En Inglaterra se produjeron evoluciones similares. Para el filósofo político John Locke la propiedad privada era absoluta e inviolable, incluso frente a un gobierno elegido democráticamente: «El poder supremo no puede apoderarse de parte alguna de la propiedad de un hombre, sin el consentimiento de este».
Según Locke, «el gobierno no tiene otro fin sino preservar la propiedad». El sistema bicameral y el sufragio censitario garantizaron que los temores de Locke no se hicieran realidad. El sufragio censitario no fue abolido allí hasta 1867. El sufragio masculino igualitario no se introdujo en Bélgica hasta 1919.
En Estados Unidos la Constitución de 1787 fue redactada en función de los intereses de la clase alta adinerada. La visión de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, era muy reveladora: «Todas las sociedades se dividen entre los pocos y los muchos. El primer grupo está formado por los ricos y el segundo grupo es la masa del pueblo. […] Las masas son turbulentas y volubles, rara vez juzgan o deciden correctamente. Por eso hay que dar a la primera clase una participación clara y permanente en el gobierno. Esta controla la inconstancia de la segunda clase. […] ¿Puede suponerse que una asamblea democrática, que cambia cada año junto con la masa del pueblo, persiga el interés general?»
¿Qué debemos recordar de este período? El poder político permanece en gran medida en manos de una pequeña élite, con el objetivo principal de proteger la riqueza y los privilegios de la clase propietaria. Al mismo tiempo surge un sistema político representativo en el que están representadas diferentes corrientes dentro de la burguesía y en el que la nobleza ya no tiene el poder exclusivo.
Sin embargo, la mayoría de la población apenas obtiene influencia política. El sistema político ofrece una apariencia de representatividad, pero al mismo tiempo neutraliza a la mayoría mediante sistemas como el sufragio censitario o el sufragio plural. E incluso cuando los ciudadanos comunes pueden elegir representantes, el sistema bicameral se encarga de limitar su influencia política.
1848 y el movimiento obrero emergente
El año revolucionario de 1848 marcó un punto de inflexión en Europa. Aunque las sublevaciones de los trabajadores, que exigían entre otras cosas el sufragio universal, fueron reprimidas sangrientamente, ya no había vuelta atrás. El incipiente movimiento obrero aprendió de la derrota que era necesaria una organización fuerte en tres frentes para quebrar el poder de la burguesía propietaria: sindicatos en los lugares de trabajo, un partido político propio y medios de prensa independientes para combatir la mentalidad burguesa dominante.
La burguesía lanzó inmediatamente una contraofensiva en varios frentes para salvaguardar sus privilegios y propiedades. Inicialmente se llevó a cabo mediante una dura represión física y jurídica: las huelgas fueron reprimidas violentamente –con decenas de muertos como consecuencia, como durante las huelgas belgas de 1886 – y los sindicatos fueron declarados ilegales o sufrieron obstáculos durante décadas.
Al mismo tiempo se retrasó todo lo posible la introducción del sufragio universal. La lucha por el derecho al voto no giraba únicamente en torno a los derechos políticos, sino también en torno a la distribución de la riqueza. Solo después de la introducción del sufragio universal, a menudo no hasta alrededor del final de la Primera Guerra Mundial, la clase dominante se vio obligada a aceptar un impuesto progresivo sobre la renta.
Cuando ya no fue posible ignorar el peso electoral de la clase obrera, la clase dirigente pasó a aplicar una estrategia eficaz de pacificación: la integración. Mediante la concesión de salarios más altos a una capa superior de trabajadores cualificados, así como subvenciones para las mutualidades y puestos de trabajo en el aparato estatal, los dirigentes de los sindicatos y los partidos obreros perdieron su radicalismo revolucionario. Se adaptaron al sistema y entraron a formar parte de los gobiernos, lo que provocó escisiones de comunistas radicales que posteriormente fueron marginados durante el período de entreguerras y la Guerra Fría.i
Más tarde la distracción también resultó ser un arma poderosa. A partir de los años ochenta, el debate social – avivado por corrientes de derecha y populistas – se desplazó de la desigualdad económica hacia divisiones identitarias y culturales, como la migración, la religión o las contradicciones regionales. A consecuencia de ello el desequilibrio estructural en la distribución de la riqueza quedó fuera del debate.ii
Dado que conquistas sociales decisivas, como las vacaciones pagadas, la jornada laboral de ocho horas y la seguridad social, fueron finalmente arrancadas no en el Parlamento, sino en las calles, el control ideológico siguió siendo crucial para evitar las movilizaciones. En el siglo XIX las publicaciones progresistas fueron censuradas o expulsadas del mercado por editoriales con grandes recursos financieros.
Hacia finales del siglo XX los medios de comunicación de masas y, posteriormente, las redes sociales quedaron casi por completo en manos de grandes conglomerados, por lo que la opinión dominante se alineaba estrechamente con los intereses de la élite económica.
Aunque internet y las redes sociales ofrecen hoy nuevas posibilidades para romper este monopolio de la información y la opinión, la combinación de represión, integración institucional, orientación ideológica y propiedad de los medios ha conseguido contener en gran medida la amenaza democrática para la clase propietaria establecida.
La lección más importante de este período es que el progreso político, social y económico nunca se produjo por sí solo, sino que fue el resultado de una lucha a menudo muy dura. Las conquistas sociales no se lograron gracias al Parlamento, sino precisamente a pesar de él. El factor decisivo siempre estuvo en los cambios en la correlación de fuerzas en los lugares de trabajo y en las calles. El control de los medios de comunicación resultó de vital importancia para mantener, pese a todo, a las masas bajo control.
El orden establecido hizo al mismo tiempo todo lo posible por obstaculizar durante el mayor tiempo posible la introducción del sufragio universal. Cuando finalmente esa democratización resultó inevitable, se pusieron en marcha nuevas estrategias para neutralizar y desactivar a tiempo una mayoría parlamentaria de la clase trabajadora.
En esencia, esta persistente resistencia de la clase dirigente no giraba únicamente en torno a los privilegios políticos en sí mismos, sino en torno a la preservación de los intereses económicos: impedir una redistribución a gran escala de la riqueza a través del sistema fiscal.
Nada inocente
Que una defensa del sufragio plural encuentre hoy un espacio en un supuesto «periódico de calidad» dice mucho sobre el espíritu de nuestra época. Casi cincuenta años de políticas neoliberales han aumentado considerablemente la brecha entre ricos y pobres, y han sometido al estado del bienestar a una fuerte presión. Los jóvenes ya no encuentran viviendas asequibles, la educación está insuficientemente financiada y la atención sanitaria resulta cada vez más inaccesible económicamente para un número cada vez mayor de personas.
La gente ya no está dispuesta a tolerar esta situación. En toda Europa, pero también en otras partes del mundo, la juventud sale masivamente a las calles y los sindicatos comienzan a sumarse a esa lucha. La mayoría numérica empieza a exigir la parte justa de la riqueza que le corresponde, y eso enfurece a la élite económica.
Para proteger su riqueza esta élite coquetea con la idea de limitar el poder político de la mayoría. Y eso no es más que el principio. Los años treinta nos muestran que cuando se intensifican los conflictos sociales, puede crecer la tentación de apoyar una forma de gobierno mucho más autoritaria. Y en la mayoría de los países europeos de hoy no faltan precisamente partidos dispuestos a dar forma a un régimen autoritario de ese tipo.
En otras palabras, la opinión de este profesor no tiene nada de inocente.
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Notas:
i Lis C., Soly H. & Van Damme D., Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-1914), Lovaina, 1985, pp. 182-197; Brepoels J., Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. Deel 1: 1830-1966, Lovaina, 1977, p. 57.
ii Frank G. & Fuentes M., «Civil Democracy», en Amin S. et al., Transforming the Revolution. Social Movements and the World-System, Nueva York, 1990, pp. 139-180, p. 156.
Texto original: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2026/11/04/de-angst-voor-de-meerderheid-waarom-de-elite-de-democratie-wil-temmen
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