Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
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| Ilustración: Lobosuelto.com |
Hay varios índices y estudios internacionales que permiten ubicar, con serios fundamentos, la calidad de vida en los distintos países del mundo. Destaca el Índice de Desarrollo Humano de la ONU (IDH), pero también están los informes de CEPAL, Banco Mundial, PNUD, e incluso otros como World Happiness Report, World Population Review o el Índice de Calidad de Vida de Numbeo. Los países europeos continuamente han estado en los primeros puestos. Sin embargo, sobresalen los nórdicos: Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Países Bajos; siguen: Australia, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Mónaco; y luego los otros europeos como Italia, Francia, España o Portugal.
En el continente americano destaca Canadá, y en América Latina se ubica, a la cabeza de todos, Costa Rica, seguida de Uruguay y, paradójicamente, Chile. Hoy, el mejoramiento social en México y Brasil es impactante gracias a sus gobiernos progresistas (Claudia Sheinbaum y Lula da Silva), en tanto se derrumba en Argentina, con el primer gobierno libertario anarcocapitalista, e igualmente en Ecuador, con tres gobiernos de empresarios sucedidos desde 2017 (dos de ellos presidentes millonarios). En las fuentes referidas no aparece China, pese a que es el único país en la historia de la humanidad que, entre 1978-2020, sacó de la extrema pobreza a 800 millones de personas (https://shorturl.ly/TzaWs).
La “fotografía” de los países que tienen la mejor calidad de vida merece algunas observaciones desde la perspectiva histórica. Alemania, entre 1883-1889 y por intermedio del canciller Otto von Bismarck, inició el seguro por enfermedad, accidentes de trabajo y sistema de pensiones jubilares y por invalidez, financiados con aportes de trabajadores y empresarios. Se sustentó en un espíritu conservador basado en la idea de “bien común”, la protección a los trabajadores y la atención a quienes cotizan. En los países europeos nórdicos el camino fue distinto: su modelo de “bienestar” se construyó durante largo tiempo gracias a los acuerdos entre la socialdemocracia y otros partidos, los trabajadores y los empresarios. En la década de 1930 los acuerdos tomaron forma definitiva, bajo la consideración de que salud, educación y pensiones eran derechos universales desde el nacimiento de los ciudadanos, sean ricos, trabajadores o sin trabajo. El Estado controló el sistema, financiado con altos impuestos. Además, el terrible impacto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) condujo a los países europeos a generalizar economías sociales durante la postguerra, aunque con algunas diferencias, pues sobresalió el “socialismo nórdico” (o “socialdemocracia nórdica”) frente al modelo de “economía social de mercado” alemán y el “Estado de bienestar” del resto de Europa, donde hay coincidencia en que educación, salud y pensiones son públicos para garantizar derechos universales financiados con altos impuestos. Hubo un camino parecido en Canadá. El “socialismo con características chinas”, en cambio, es fruto de la Revolución de 1949 encabezada por Mao Zedong y las reformas de 1978 introducidas por Deng Xiaoping. El Partido Comunista Chino dirige el Estado y la “economía del proyectamiento” (término utilizado por el profesor brasileño Elías Jabbour) basada en el uso del mercado y de la empresa privada, que está apartada del poder político. El país brinda educación, salud y otros servicios públicos gratuitos, que crecen constantemente para mejorar la calidad de vida de la población. Pero en Occidente se cuestiona ese camino desde la política, pues se asegura que no se corresponde con la “democracia”. Para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estos sistemas de beneficio social son simple “comunismo” (https://shorturl.ly/6Q5no).
En América Latina los procesos históricos son muy diferenciados. Durante el siglo XIX la educación pública fue fomentada y desarrollada por algunos gobiernos conservadores, pero afirmada con carácter general -y hasta obligatorio- por los liberales. La salud no tuvo igual adelanto, sujeta primero al principio de “caridad cristiana” y con los liberales al de “asistencia pública”. Prácticamente solo en el siglo XX se generalizó el derecho social y países como Ecuador, con la Caja de Pensiones (1928), fueron pioneros en establecer la seguridad social con pensiones. Desde la década de 1930 con los gobiernos “populistas” (Lázaro Cárdenas, México; Getulio Vargas, Brasil; Juan Domingo Perón, Argentina) se impulsaron los servicios públicos en educación, salud y seguridad social como derechos históricos de los trabajadores. Se crearon gigantes Institutos de seguridad social (IMSS en México; ANSES en Argentina). Pero todos se basaron en las cotizaciones de trabajadores y empleadores. Costa Rica, por su parte, abolió el ejército (1948) y el Estado contó así con recursos que pasaron directamente a educación y salud pública. Dedica el 8% del PIB a educación y mantiene una seguridad social universal. Avanzó a las políticas ecológicas. Y su “Estado de bienestar” se financia no solo con las cotizaciones, sino con impuestos y normas sociales que obligadamente deben observar las empresas, aunque bajo un sistema de mercado. Uruguay también construyó su sistema de bienestar en largas décadas y a través de un pacto socialdemócrata y el financiamiento por alta recaudación fiscal, en un ambiente de negociación colectiva entre empresarios y sindicatos. Chile tiene otro “modelo”: la privatización de los servicios y pensiones, que tuvo como punto de partida la imposición con crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Augusto Pinochet. Solo con el paso a la democracia se logró reinstitucionalizar al país y alcanzar un marco de desarrollo sustentado en el papel del sector privado y el “neoliberalismo”. Cuba contrasta con todos: su socialismo se ha basado en el papel central del Estado y la provisión de servicios públicos gratuitos para su población. El bloqueo norteamericano impidió su desarrollo y en la actualidad ese bloqueo se ha transformado en un instrumento que agrava, a diario, las condiciones de vida en la isla.
La época neoliberal latinoamericana, iniciada en las décadas finales del siglo XX, ha golpeado e impedido, cada vez más, las posibilidades de construir economías con bienestar. Los resultados de las privatizaciones, flexibilidad laboral y achicamiento del Estado han revertido antiguos logros sociales, una realidad ampliamente demostrada en estudios e informes. De manera que fueron los gobiernos progresistas del siglo XXI los que retomaron la construcción del bienestar, nuevamente frenado por el péndulo de la democracia regional atrapada entre gobiernos de las “mareas” rosa o azul. El examen de la historia económica y social de la región y la forma en que se lograron Estados de bienestar en Europa y en la misma Latinoamérica, apuntan a la urgente necesidad de financiar los derechos sociales no solo con cotizaciones, sino con fuertes impuestos al empresariado oligárquico hegemónico en la región, además de fortalecer instituciones y leyes sociales. México y Brasil son los mejores ejemplos de la actualidad en la búsqueda de Estados con “Buen Vivir”, un concepto que deriva de los pueblos ancestrales (Sumak Kawsay en quichua; Suma Qamaña en aymara), consagrados por las Constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009).
Ese concepto ha inspirado los análisis que realiza la reconocida economista Mariana Mazzucato en su reciente libro “The Common Good Economy: A New Compass”, en el que precisamente plantea una serie de acciones que pueden llevar al bienestar social y ambiental, que no caminan en América Latina porque sus élites empresariales y los millonarios no quieren pagar impuestos, ni han sido capaces de alianzas para fortalecer el Buen Vivir de la población, como lo han demostrado, en cambio, los países que exhiben las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos.
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