Por Pedro Casas
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Conocido es que la Constitución Española, en su artículo 47, consagra el derecho a la Vivienda. Se trata de uno de esos derechos que no se cumplen ni se aplican de manera generalizada. Mientras la vivienda sea una mercancía más, tanto en su condición de propiedad como de alquiler, sólo accederán al ejercicio de este derecho las personas con recursos suficientes, y ahora elevados.
La crisis iniciada en 2008 expulsó del mercado de compra-venta a cientos de miles de personas, que, al perder sus empleos, no pudieron afrontar el pago de sus hipotecas, perdiendo viviendas a pesar de haberlas pagado en una buena parte. Entonces el Estado rescató a la banca aportando decenas de miles de millones de euros que no han devuelto (a pesar de sus multimillonarios beneficios posteriores); pero no tuvo “el detalle” de rescatar a las personas, víctimas de una situación provocada precisamente por las entidades financieras.
La salvaje especulación urbanística, impulsada por los fondos buitre y los pisos turísticos, ha elevado, no sólo el precio de los pisos, sino también de los alquileres. Como los salarios no suben apenas, las familias son incapaces de poder afrontar dichos pagos, habiéndose llegado a una crisis de vivienda sin precedentes.
Lo novedoso no es el sistema mercantilista, sino la extensión cuantitativa y cualitativa de sus desastres.
Como muy bien apuntan las organizaciones defensoras del derecho a la vivienda, la única manera de que ese derecho se ejerza en condiciones de dignidad, es que la vivienda deje de ser una mercancía. La Sanidad o la Educación son servicios universales de los que toda la población, tenga la condición que tenga, puede disfrutar. Si alguien tiene dinero y ganas, puede buscarse mejoras de ese servicio, pero lo básico está asegurado por el estado, a través de los impuestos.
El caso de la vivienda debe ser igual. Las instituciones públicas deben asegurar que toda persona tenga acceso a una vivienda digna, sin tener que aportar más de un 20 o 30 % de sus ingresos, lo que permitiría disponer de una cantidad suficiente para afrontar el resto de gastos para su supervivencia.
Esto se conseguiría con un amplio y suficiente parque de viviendas público, con alquileres indefinidos, gestionados por entidades públicas en las citadas condiciones. Este parque podría componerse de nuevas viviendas construidas en terrenos públicos (ya está tardando mucho la “flamante empresa Casa47”), con las viviendas desahuciadas que la SAREB se quedó para “limpiar” las cuentas de resultados de la gran banca, y de otras que pudieran comprar a particulares o gestionar conjuntamente en las condiciones descritas.
No se trata de un pequeño parque público de viviendas, cuyo objetivo fuera intentar rebajar en parte los precios del mercado, que es lo que se insinúa a menudo desde las instituciones; nada de eso. El objetivo de este parque no sería otro que el garantizar que el derecho a una vivienda digna se pueda ejercer de manera universal.
Es decir, que el mercado no sea quien provea ese derecho, ya que en estas condiciones deja de ser un derecho. Ni siquiera se trata de eliminar la sacrosanta propiedad; el mercado tan sólo sería algo residual, para la población que pueda y quiera tener una vivienda de condiciones superiores.
Llegar a esta situación, es una medio revolución, que costará mucha lucha, y sin duda sufrimiento asociado a esta lucha. Hay mucho dinero en juego, muchos intereses especulativos, de los que son directos beneficiarios también algunos altos responsables institucionales y de la política en general. Les jóvenes que ahora protagonizan una fenomenal lucha seguramente intuyen la dificultad del objetivo; pero además deben ser conscientes de que esta lucha, como otras grandes conquistas a lo largo de la historia (por ejemplo la jornada de 8 horas), va a suponer sacrificios importantes, que sin duda merecerá la pena afrontar. Con ilusión y organización los muros se pueden derribar y superar; pero muros va a haber, y conviene prepararse para ello. No es acabar con el capitalismo, pero sí con uno de los nichos con los que se alimenta, en particular en un país como el nuestro.
Bienvenidas sean las medidas paliativas que puedan conquistarse mientras tanto, porque hay que lograr mejoras en la vida diaria. Pero sin dejar nunca el objetivo. Las organizaciones de vivienda llevan años organizándose y luchando contra las salvajes consecuencias de esta mercantilización de la vivienda. Ahora han dado un paso más, tomando la iniciativa y exigiendo que el derecho a la vivienda se cumpla. Miles de jóvenes, excluidos de este derecho, están en la calle para conseguirlo.
Ha empezado una nueva fase de esta lucha, que seguramente no será corta ni fácil. Dure lo que tenga que durar, hay que mantenerla, con cabeza, y manejando bien los acontecimientos que surgen (como es el caso actual, con el escandaloso desahucio de Mari Carmen). Habrá otros momentos menos mediáticos, esas “travesías del desierto”, que a veces son los momentos clave para el triunfo final. En cualquier caso, no abandonar la lucha, porque luchas que se abandonan son las que con seguridad se pierden.
Pedro Casas, Activista Social
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