Por: Alkarama
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[Foto: varias mujeres palestinas con los retratos de sus familiares en prisiones israelíes] |
La desaparición forzada de miles de palestinos de Gaza no termina con la muerte. La entidad sionista oculta el paradero de las personas detenidas, les impide comunicarse con sus familias y abogados y retiene los cuerpos de quienes mueren bajo custodia. Mientras las cárceles y los campos de detención funcionan como una red de tortura y exterminio, la Cruz Roja Internacional normaliza en la práctica la prohibición israelí de acceder a los prisioneros, y las instituciones internacionales responden con un silencio que protege al verdugo y abandona a las víctimas.
La entidad sionista ha convertido la desaparición forzada de los prisioneros de Gaza en una política sistemática. Centenares de palestinos permanecen secuestrados en cárceles y campos militares sin que sus familias conozcan su paradero, su estado de salud ni siquiera si continúan con vida. Son arrancados de sus hogares, detenidos durante las invasiones de barrios, capturados en los puestos militares o apresados cuando intentan conseguir alimentos para sus familias. Después, desaparecen dentro de un sistema penitenciario construido para aislarlos del mundo y someterlos a la violencia sin testigos.
Pero esta política no termina con los vivos. La ocupación también retiene los cuerpos de palestinos de Gaza, entre ellos prisioneros que murieron en las cárceles y los campos de detención. Otros permanecen enterrados en los denominados «cementerios de números», donde la identidad de cada persona es sustituida por una cifra. De este modo, la ocupación prolonga el castigo más allá de la muerte, niega a las familias la posibilidad de despedir y enterrar a sus hijos y convierte los cuerpos de los mártires en rehenes.
Ocultar el cuerpo también permite ocultar las circunstancias de la muerte. Impide conocer las marcas de la tortura, determinar las causas del fallecimiento y establecer responsabilidades. Cuando la ocupación retiene un cadáver y niega información a su familia, no solo castiga a quienes esperan: también trata de borrar las pruebas de lo ocurrido dentro de sus cárceles.
Desde el inicio de la guerra de exterminio contra Gaza, las fuerzas de ocupación han utilizado diferentes mecanismos para ampliar esta política: detenciones masivas de civiles, reclusión en campos militares, aplicación de la denominada Ley de Combatientes Ilegales y restricciones al acceso de abogados, organizaciones de derechos humanos y representantes de la Cruz Roja Internacional. Bajo estas disposiciones, el prisionero palestino puede ser apartado de toda protección, privado de comunicación y sometido durante largos periodos a un régimen de aislamiento absoluto.
Las cárceles y los campos militares israelíes se han convertido en una red organizada de tortura, hambre, enfermedad, humillación y muerte. Las agresiones físicas, la violencia sexual, la privación de alimentos, la negación de tratamiento médico y las amenazas contra los prisioneros y sus familias no son excesos individuales cometidos por algunos carceleros. Forman parte de una política destinada a quebrar al prisionero palestino, destruir su voluntad y convertir su cuerpo en otro campo de batalla de la guerra colonial.
Alrededor de cien prisioneros palestinos han muerto en las cárceles y los campos de detención desde el comienzo de la guerra de exterminio. Hasta el momento se ha dado a conocer la identidad de 89 de ellos, mientras decenas de detenidos de Gaza continúan desaparecidos. Detrás de cada cifra hay una familia que no sabe dónde se encuentra su hijo, qué le han hecho, si necesita atención médica o si la ocupación oculta ya su muerte.
La Cruz Roja no puede seguir administrando el silencio
La responsabilidad directa de estos crímenes pertenece a la entidad sionista, pero su continuidad también exige señalar la pasividad de las instituciones que conocen lo que sucede y han aceptado operar dentro de los límites impuestos por la propia ocupación.
La Cruz Roja Internacional sabe que Israel le impide visitar a los prisioneros palestinos. Sabe que miles de personas permanecen incomunicadas y que sus familias desconocen su paradero. Conoce las denuncias de tortura, hambre, abusos sexuales, negación de asistencia médica y muertes bajo custodia. Sin embargo, su respuesta continúa encerrada en declaraciones prudentes y en un diálogo confidencial que no ha conseguido proteger a los prisioneros ni poner fin a su aislamiento.
La Cruz Roja no dispone de fuerzas capaces de abrir las cárceles, pero sí posee una responsabilidad política, humanitaria y moral que no puede reducirse a solicitar permiso indefinidamente. Tiene presencia internacional, legitimidad institucional y capacidad para denunciar públicamente que la ocupación le impide cumplir su cometido.
Aceptar año tras año que Israel decida a quién se puede visitar, qué información puede conocerse y qué prisioneros pueden permanecer fuera de toda mirada internacional significa normalizar la prohibición impuesta por la ocupación. No basta con afirmar que existe preocupación ni con mantener contactos secretos mientras los prisioneros son torturados y mueren sin testigos. La confidencialidad no puede convertirse en una coartada para el silencio.
La Cruz Roja debe exigir públicamente la identificación y localización de todas las personas detenidas, el acceso inmediato y permanente a cada cárcel y campo de detención, la posibilidad de entrevistarse con los prisioneros sin presencia de sus carceleros y la comunicación regular con sus familias y abogados. También debe reclamar la entrega de los cuerpos retenidos y denunciar de manera clara cada obstáculo impuesto por la ocupación.
Si Israel le impide cumplir estas funciones, el mundo debe saber quién lo impide, cómo lo impide y cuáles son las consecuencias. Callarlo, suavizarlo o presentarlo como una mera dificultad operativa contribuye a ocultar un sistema de desaparición forzada.
El doble rasero que protege a la ocupación
La llamada comunidad internacional vuelve a mostrar que sus instituciones no actúan de la misma manera ante todos los pueblos. Las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la retención de cuerpos provocan condenas, sanciones y campañas internacionales cuando sirven a los intereses de las potencias occidentales. Cuando las víctimas son palestinas y el responsable es Israel, las mismas instituciones recurren a fórmulas vacías sobre la «preocupación», la «moderación» y la necesidad de que «todas las partes» respeten sus obligaciones.
Ese lenguaje no es neutral. Coloca en el mismo plano a la fuerza colonial que secuestra, tortura y asesina y al pueblo que resiste su exterminio. Borra la relación entre ocupante y ocupado y convierte crímenes sistemáticos en supuestos episodios de un conflicto entre iguales.
Los gobiernos que arman a Israel, mantienen relaciones políticas y económicas con él y le garantizan impunidad no son observadores externos. Son participantes necesarios en la maquinaria colonial. Su silencio ante la desaparición de los prisioneros palestinos no nace de la falta de información. Conocen las cárceles, conocen las torturas y conocen las muertes. Callan porque la vida palestina continúa ocupando un lugar subordinado dentro del orden político que pretenden defender.
La ocupación también ha ido cambiando las palabras con las que encubre sus crímenes. Al desplazamiento y la limpieza colonial los llama «seguridad»; a la persecución de la resistencia, «lucha contra el terrorismo»; y a las ejecuciones, «neutralización». Los términos cambian, pero la esencia permanece: la entidad sionista se atribuye la potestad de decidir quién puede vivir, quién debe morir y qué cuerpos pueden regresar a sus familias.
Gaza entre la desaparición y los escombros
Un estudio analítico presentado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas estima que unas 3.000 personas han sido sometidas a desaparición forzada en la Franja de Gaza. Más del 95 % de los casos documentados en la muestra analizada corresponde a hombres, aunque también se han registrado desapariciones de niños y personas mayores en distintas zonas del territorio.
Las detenciones se produjeron durante la invasión de viviendas y el asedio de barrios, cuando las personas intentaban regresar a sus casas para recoger artículos esenciales, durante los desplazamientos forzados o al atravesar puestos militares.
Muchos civiles fueron detenidos cuando intentaban conseguir alimentos o esperaban la llegada de camiones de ayuda. El hambre y la destrucción deliberada de las condiciones de vida los obligaron a entrar en zonas militarizadas para alimentar a sus familias. Testigos y familiares los vieron por última vez en manos de las fuerzas de ocupación, antes de que fueran introducidos en el sistema de desaparición forzada.
Los obstáculos impuestos al trabajo de la Cruz Roja y la prohibición de visitar a las personas detenidas aumentan el sufrimiento de las familias. Pero esa obstrucción no puede seguir siendo aceptada ni tratada como una circunstancia inevitable: debe convertirse en una acusación pública y permanente contra la entidad que impide el acceso.
A estas cifras se suman alrededor de 4.000 personas que, según estimaciones locales, continúan desaparecidas bajo los escombros de los edificios destruidos. Gaza vive así entre dos formas de desaparición: la de quienes permanecen sepultados bajo la destrucción provocada por los bombardeos y la de quienes fueron capturados y ocultados tras los muros de las cárceles y los campos militares.
Las familias palestinas tienen derecho a saber dónde están sus hijos, a conocer lo que les ocurrió, a recuperar los cuerpos de quienes fueron asesinados y a enterrarlos con dignidad. Pero estos derechos no serán garantizados por instituciones que han convertido el silencio, la cautela y el doble rasero en su forma habitual de responder ante los crímenes de Israel.
La desaparición de los prisioneros de Gaza no es una consecuencia accidental de la guerra: es un instrumento de la guerra de exterminio. Busca quebrar a las familias, sembrar el terror y hacer desaparecer al palestino no solo físicamente, sino también de los registros, de la memoria y de la vida colectiva de su pueblo.
Frente a esta política, no bastan las expresiones de preocupación. Es necesario romper el silencio que protege las cárceles, exigir que se revele el destino de cada prisionero, recuperar los cuerpos de los mártires y convertir la defensa de los presos y presas palestinos en una tarea central del movimiento de solidaridad internacionalista. Cada nombre recuperado y cada prisionero arrancado del aislamiento constituyen una derrota para el proyecto colonial que pretende hacer desaparecer a todo un pueblo.
Fuente: https://alkarama.eu/gaza-la-ocupacion-hace-desaparecer-a-los-prisioneros-vivos-y-retiene-los-cuerpos-de-los-martires/
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