Por Julia Evelyn Martínez
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Los ecosistemas digitales no son neutrales. Son espacios donde se acumula riqueza, se organiza el trabajo, se sostiene la vida cotidiana y se disputa el poder político.
Detrás de cada aplicación hay infraestructuras, algoritmos y decisiones empresariales que determinan quién controla la tecnología, quién obtiene las ganancias y quién asume los costos. Una mirada feminista permite ver aquello que muchas veces queda oculto: este sistema se alimenta no solo del trabajo remunerado, sino también de los datos, la atención, la creatividad y los cuidados que millones de personas aportan todos los días. Por eso, la pregunta no es si debemos usar o no la tecnología, sino quién la gobierna, para quién funciona y qué vidas quedan expuestas cuando sus reglas se deciden lejos de las comunidades.
Capitalismo digital, trabajo y cuidados
Las grandes plataformas concentran la propiedad de la infraestructura, los algoritmos y los datos, mientras millones de personas aportan el trabajo que las mantiene en funcionamiento. Una mujer que vende productos por medio de una red social, por ejemplo, paga el teléfono, la conexión a internet y otros costos de su actividad. Además, dedica tiempo a tomar fotografías, responder mensajes, preparar pedidos y atender reclamos. Sin embargo, no decide las reglas de la plataforma, no conoce los criterios del algoritmo y puede perder su cuenta o sus ingresos sin una explicación clara.
Este trabajo digital no reemplaza las responsabilidades de cuidado que el orden patriarcal asigna principalmente a las mujeres. Con frecuencia, se suma a la atención de niñas y niños, personas enfermas o mayores y a las tareas domésticas. Por eso, la supuesta flexibilidad de trabajar desde casa puede convertirse en una jornada sin límites, sin descanso y sin protección social. Una mirada feminista permite reconocer que las plataformas obtienen ganancias gracias a ese tiempo de trabajo visible e invisible, mientras trasladan sus costos a los hogares y, dentro de ellos, especialmente a las mujeres.
La gestión algorítmica profundiza esta desigualdad. Los sistemas automatizados asignan tareas, miden el rendimiento, fijan ritmos de trabajo y aplican sanciones sin transparencia ni posibilidad real de apelación. Quienes trabajan bajo estas reglas son vigilados de manera constante, pero no pueden intervenir en las decisiones que afectan sus ingresos y su estabilidad.
A finales de 2026, Meta eliminó alrededor de 8.000 puestos de trabajo, equivalentes al 10 % de su plantilla, en medio de una reorganización orientada a ampliar sus inversiones en inteligencia artificial. Muchas personas conocieron su despido mediante comunicaciones digitales. La forma y la magnitud de estas medidas muestran el desequilibrio de poder entre las corporaciones y quienes trabajan para ellas: una decisión tomada en la cúpula empresarial puede destruir, en segundos, los ingresos y la seguridad de miles de familias. La tecnología, que podría reducir las jornadas y liberar tiempo para el descanso y los cuidados, se utiliza para disminuir costos laborales, aumentar ganancias y debilitar derechos. Así se expresa la lucha de clases en el entorno digital.
Datos, atención y acumulación de riqueza
Cada búsqueda, compra, conversación o desplazamiento puede producir información que las empresas convierten en mercancía. Con frecuencia se afirma que los datos son “el nuevo petróleo”. Sin embargo, esta comparación oculta algo fundamental: los datos no aparecen de manera espontánea ni son un recurso separado de las personas. Se originan en nuestras actividades, relaciones, cuerpos y necesidades. Desde una perspectiva feminista, extraer datos también significa apropiarse de fragmentos de la vida cotidiana.
Las plataformas transforman esa información en perfiles de consumo que alimentan la publicidad dirigida y los sistemas de inteligencia artificial. Si una mujer busca un medicamento, información sobre un embarazo o un servicio de salud, su actividad puede utilizarse para anticipar sus necesidades e influir en sus decisiones. Esto no solo produce ganancias; también puede exponer información sensible y reforzar formas de vigilancia o discriminación.
Netflix registra cada visualización para decidir qué contenidos producir, recomendar y distribuir. De esta manera, la creatividad queda subordinada a cálculos empresariales que buscan reducir riesgos y maximizar ganancias. Productoras, artistas y trabajadoras culturales dependen de algoritmos que determinan qué historias circulan y cuáles quedan ocultas.
Amazon convierte cada búsqueda y cada compra en información para perfeccionar su logística y ampliar su poder sobre el comercio electrónico y los servicios de nube. Mientras tanto, quienes trabajan en almacenes, entregas y atención al público enfrentan ritmos intensos y condiciones precarias. La riqueza se concentra en la cúpula corporativa, aunque una enorme red de trabajadoras y trabajadores sostenga la infraestructura material que hace posible el negocio.
TikTok y Meta diseñan sus algoritmos para prolongar el tiempo de permanencia en pantalla. La atención de las personas se transforma en datos y, luego, en ingresos publicitarios. Al mismo tiempo, usuarias y creadoras producen contenidos, mantienen activas las redes y realizan un trabajo que rara vez es reconocido o remunerado de manera justa. Las mujeres, además, están más expuestas al acoso, la sexualización, la apropiación de sus imágenes y otras formas de violencia digital.
La magnitud de este negocio permite comprender el poder en disputa. El mercado mundial de publicidad digital alcanzó 567.900 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá a 662.300 millones en 2026 y a 1,69 billones en 2033 (Grand View Research, 2026). Por su parte, WPP Media estimó que los ingresos mundiales por publicidad llegaron a 1,08 billones de dólares en 2025. La publicidad exclusivamente digital representó el 73,2 % de ese total y el porcentaje aumentó al 81,6 % al incluir extensiones digitales como el streaming y la publicidad exterior digital (WPP Media, 2025).
Estas cifras muestran que cada clic y cada minuto de atención forman parte de un proceso económico de enorme escala. La respuesta no consiste en abandonar la tecnología, sino en disputar su propiedad, sus reglas y sus beneficios. Quienes producen la riqueza digital deben participar en las decisiones y recibir una parte justa del valor que generan.
Datos transnacionales y poder corporativo
La digitalización de los servicios públicos y privados ha acelerado la transnacionalización de los datos. Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud no solo ofrecen infraestructura tecnológica: también administran o almacenan información estratégica de millones de personas. Cuando los registros educativos, tributarios, laborales o médicos dependen de empresas extranjeras, los Estados pierden capacidad para decidir de manera autónoma cómo protegerlos y utilizarlos.
En 2025, el mercado mundial de servicios de nube alcanzó aproximadamente 680.000 millones de dólares y se proyectó que llegaría a 947.000 millones en 2026 y a 2,4 billones en 2030. AWS controlaba cerca del 28 % del mercado, Microsoft Azure el 21 % y Google Cloud el 14 %. En conjunto, estas tres empresas concentraban más del 60 % de la infraestructura mundial de nube (Synergy Research Group, 2026). Esta concentración condiciona la soberanía digital de los Estados y aumenta su dependencia de contratos privados sujetos a intereses comerciales y geopolíticos.
En México, la contratación de proveedores globales para digitalizar y almacenar información pública puede colocar datos escolares, tributarios y administrativos bajo infraestructuras que el Estado no controla plenamente. Aunque el portal datos.gob.mx reúne decenas de miles de conjuntos de datos federales, la apertura de información no garantiza, por sí sola, soberanía tecnológica ni protección frente al uso comercial de los datos.
En Brasil la Rede Nacional de Dados em Saúde integra historiales médicos mediante la interacción de instituciones públicas y privadas. La Ley General de Protección de Datos reconoce que la información médica es sensible, pero su protección también depende de quién controla la infraestructura, de las condiciones de los contratos y de la capacidad estatal para fiscalizar a las empresas.
En India, el sistema Aadhaar centraliza los datos biométricos de más de mil millones de personas y permite que empresas privadas participen en procesos de autenticación. Este modelo muestra cómo puede debilitarse la frontera entre lo público y lo privado cuando la expansión tecnológica avanza más rápido que los controles democráticos.
DoctorSV, en El Salvador, forma parte de esta tendencia mundial. La plataforma reúne información clínica y familiar de quienes utilizan el servicio. La digitalización puede facilitar la atención médica, pero también crea riesgos si no existen reglas claras sobre quién accede a los datos, dónde se almacenan, con qué fines se utilizan y durante cuánto tiempo se conservan. Estos riesgos tienen una dimensión de género: la información sobre salud sexual y reproductiva, embarazos, violencia, identidad de género u orientación sexual puede utilizarse para vigilar, excluir o discriminar a mujeres y personas LGTBIQ+. El respaldo financiero de organismos internacionales, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), no sustituye la obligación del Estado de garantizar transparencia, consentimiento, seguridad y control público.
Estos casos revelan un problema estructural: la creciente capacidad de las corporaciones tecnológicas para influir en las decisiones públicas y convertir servicios esenciales en nuevos mercados. La soberanía de los datos no es un asunto meramente técnico. Es una cuestión de democracia, justicia económica y autonomía colectiva. También es una demanda feminista, porque proteger los datos relacionados con los cuerpos, la salud, los cuidados y la vida familiar resulta indispensable para ejercer derechos y vivir sin vigilancia ni discriminación.
Autoritarismo digital y colonialismo cultural
Las plataformas también ejercen poder al decidir qué contenidos pueden circular, cuáles pierden visibilidad y qué cuentas son suspendidas. Estas decisiones se presentan como procesos técnicos y neutrales, aunque responden a reglas empresariales y a algoritmos diseñados desde contextos culturales dominantes. En América Latina ese poder puede silenciar expresiones indígenas, feministas y comunitarias y reforzar el racismo, el patriarcado y el colonialismo cultural.
Como documentan Lindero Cortez, Scarlet et al. (2026), en Brasil algunas comunidades indígenas, entre ellas los Kalapalo del Xingu, han visto cómo YouTube e Instagram eliminan videos de ceremonias tradicionales por considerarlos “contenido sensible”. Cuando las imágenes de vestimenta ancestral son clasificadas como inapropiadas, las personas creadoras se ven obligadas a modificar sus publicaciones para evitar bloqueos. Así, una regla privada impone criterios ajenos a la comunidad y limita la transmisión de sus saberes.
En México, organizaciones feministas han denunciado la reducción del alcance de publicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y diversidad sexogenérica. Aunque el contenido no siempre desaparece, deja de circular y pierde impacto político. En 2024, Meta bloqueó las cuentas de WhatsApp Business de Telefem y después eliminó su perfil de Instagram, que tenía 45.000 seguidoras. La organización atendía a más de 4.000 mujeres al mes en procesos de aborto seguro. La medida interrumpió servicios de salud, debilitó la credibilidad construida durante años y borró parte de la memoria digital de la organización.
En Guatemala, Facebook, TikTok y X han sido utilizados para difundir campañas de desprestigio contra liderazgos mayas, defensoras ambientales y activistas contra la corrupción. En el caso de Lesbia Artola, circularon acusaciones falsas que buscaban responsabilizarla por asesinatos de defensores de la tierra. La desinformación digital no permanece encerrada en una pantalla: puede preparar el terreno para amenazas, criminalización y persecución judicial.
Estos hechos muestran que el autoritarismo digital empresarial tiene consecuencias materiales. Las plataformas favorecen los contenidos más rentables y pueden penalizar las voces que cuestionan el patriarcado, el racismo, el extractivismo o el poder político. Esta violencia afecta de manera particular a mujeres indígenas, rurales, trans, lesbianas, periodistas y defensoras, porque sobre ellas se cruzan distintas formas de discriminación. Descolonizar lo digital exige transparencia en las decisiones algorítmicas, mecanismos eficaces de apelación y políticas que protejan las lenguas, los saberes y la organización de los pueblos.
Violencia digital y exclusión política
Las amenazas, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el acoso sexual y las campañas de desprestigio no son simples insultos en redes sociales. Forman parte de una estrategia de control patriarcal que busca infundir miedo, disciplinar a las mujeres y expulsarlas de los espacios públicos. Periodistas, defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarias y candidatas enfrentan agresiones dirigidas no solo contra sus ideas, sino también contra sus cuerpos, su sexualidad, sus familias y su derecho a participar.
Cuando una mujer deja de opinar, organizarse o participar en política por temor a las agresiones, pierde ella, pero también pierde la democracia. Por eso, la violencia digital debe reconocerse como una forma de violencia política y estructural. Enfrentarla requiere prevención, atención, protección y sanciones efectivas, además de responsabilidades claras para las empresas que permiten o amplifican estos ataques.
Democratizar lo digital
Democratizar lo digital significa disputar el poder de las plataformas y construir alternativas colectivas. La soberanía de los datos debe garantizar que la información pública y sensible sea gestionada por instituciones democráticas, con control social y participación ciudadana. Se necesitan límites a la concentración empresarial, transparencia en los algoritmos y el derecho a recibir una explicación y apelar cuando una decisión automatizada afecta un empleo, un ingreso, un servicio público o la libertad de expresión.
La democratización también exige reconocer como trabajo las actividades realizadas mediante plataformas y garantizar derechos laborales, seguridad social y negociación colectiva. No basta con celebrar que las mujeres puedan vender productos o prestar servicios desde sus hogares. Es necesario asegurar ingresos dignos, descanso, protección frente a la violencia y corresponsabilidad social de los cuidados. De lo contrario, la inclusión digital solo agrega nuevas cargas a las desigualdades existentes.
Una agenda feminista debe incluir acceso universal y asequible a internet, formación tecnológica, protección de los datos personales y participación efectiva de las mujeres en el diseño y la regulación de los sistemas digitales. Esta participación debe incorporar la diversidad de experiencias de mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidad y de las personas LGTBIQ+. No existe justicia digital si las decisiones continúan concentradas en élites empresariales y técnicas alejadas de las comunidades afectadas.
También es necesario invertir en tecnologías públicas, comunitarias y cooperativas que prioricen el bienestar colectivo. Las plataformas deben respetar las lenguas y los saberes locales, corregir los sesgos de sus sistemas y proteger la organización social. Democratizar la tecnología no significa añadir mujeres a un modelo injusto, sino transformar las relaciones de propiedad y poder que lo sostienen.
Conclusión
La disputa por los ecosistemas digitales no es un debate técnico reservado a especialistas. Es una discusión pública sobre democracia, justicia económica y derechos. Hoy, las grandes corporaciones concentran datos, infraestructura y ganancias, mientras los costos recaen sobre trabajadoras, hogares, comunidades y Estados. Desde una perspectiva feminista, esto obliga a mirar el poder allí donde suele presentarse como innovación: en la extracción de datos, en la vigilancia del trabajo, en la moderación privada de contenidos y en la violencia que busca expulsar a las mujeres del espacio público.
Democratizar la tecnología no significa rechazarla. Significa cambiar sus reglas. Implica reconocer el trabajo que sostiene la vida, garantizar derechos laborales, proteger los datos personales y públicos, regular los algoritmos, limitar los monopolios y construir infraestructuras públicas, comunitarias y cooperativas. También implica que mujeres, trabajadoras, pueblos y comunidades participen en las decisiones y reciban una parte justa de la riqueza que contribuyen a crear.
Una agenda feminista para lo digital debe poner la vida en el centro. Eso supone cuestionar la concentración de la propiedad y de las ganancias, defender la autonomía de los pueblos, proteger las lenguas y los saberes locales, y exigir que las tecnologías no profundicen las desigualdades que prometen resolver. La inclusión digital, por sí sola, no basta si las reglas siguen siendo definidas por las mismas empresas que se benefician de la dependencia, la vigilancia y la precariedad.
Si queremos una democracia plena, también tenemos que democratizar lo digital. No se trata de pedir permiso para participar en plataformas diseñadas por otros, sino de disputar sus reglas, sus beneficios y su sentido. La tecnología puede servir para vigilar, precarizar y silenciar; pero también puede convertirse en una herramienta colectiva para cuidar, comunicar, organizar y ampliar derechos. Esa elección no es técnica: es profundamente política y feminista.
Julia Evelyn Martínez. Economista feminista, docente e investigadora.
Detrás de cada aplicación hay infraestructuras, algoritmos y decisiones empresariales que determinan quién controla la tecnología, quién obtiene las ganancias y quién asume los costos. Una mirada feminista permite ver aquello que muchas veces queda oculto: este sistema se alimenta no solo del trabajo remunerado, sino también de los datos, la atención, la creatividad y los cuidados que millones de personas aportan todos los días. Por eso, la pregunta no es si debemos usar o no la tecnología, sino quién la gobierna, para quién funciona y qué vidas quedan expuestas cuando sus reglas se deciden lejos de las comunidades.
Capitalismo digital, trabajo y cuidados
Las grandes plataformas concentran la propiedad de la infraestructura, los algoritmos y los datos, mientras millones de personas aportan el trabajo que las mantiene en funcionamiento. Una mujer que vende productos por medio de una red social, por ejemplo, paga el teléfono, la conexión a internet y otros costos de su actividad. Además, dedica tiempo a tomar fotografías, responder mensajes, preparar pedidos y atender reclamos. Sin embargo, no decide las reglas de la plataforma, no conoce los criterios del algoritmo y puede perder su cuenta o sus ingresos sin una explicación clara.
Este trabajo digital no reemplaza las responsabilidades de cuidado que el orden patriarcal asigna principalmente a las mujeres. Con frecuencia, se suma a la atención de niñas y niños, personas enfermas o mayores y a las tareas domésticas. Por eso, la supuesta flexibilidad de trabajar desde casa puede convertirse en una jornada sin límites, sin descanso y sin protección social. Una mirada feminista permite reconocer que las plataformas obtienen ganancias gracias a ese tiempo de trabajo visible e invisible, mientras trasladan sus costos a los hogares y, dentro de ellos, especialmente a las mujeres.
La gestión algorítmica profundiza esta desigualdad. Los sistemas automatizados asignan tareas, miden el rendimiento, fijan ritmos de trabajo y aplican sanciones sin transparencia ni posibilidad real de apelación. Quienes trabajan bajo estas reglas son vigilados de manera constante, pero no pueden intervenir en las decisiones que afectan sus ingresos y su estabilidad.
A finales de 2026, Meta eliminó alrededor de 8.000 puestos de trabajo, equivalentes al 10 % de su plantilla, en medio de una reorganización orientada a ampliar sus inversiones en inteligencia artificial. Muchas personas conocieron su despido mediante comunicaciones digitales. La forma y la magnitud de estas medidas muestran el desequilibrio de poder entre las corporaciones y quienes trabajan para ellas: una decisión tomada en la cúpula empresarial puede destruir, en segundos, los ingresos y la seguridad de miles de familias. La tecnología, que podría reducir las jornadas y liberar tiempo para el descanso y los cuidados, se utiliza para disminuir costos laborales, aumentar ganancias y debilitar derechos. Así se expresa la lucha de clases en el entorno digital.
Datos, atención y acumulación de riqueza
Cada búsqueda, compra, conversación o desplazamiento puede producir información que las empresas convierten en mercancía. Con frecuencia se afirma que los datos son “el nuevo petróleo”. Sin embargo, esta comparación oculta algo fundamental: los datos no aparecen de manera espontánea ni son un recurso separado de las personas. Se originan en nuestras actividades, relaciones, cuerpos y necesidades. Desde una perspectiva feminista, extraer datos también significa apropiarse de fragmentos de la vida cotidiana.
Las plataformas transforman esa información en perfiles de consumo que alimentan la publicidad dirigida y los sistemas de inteligencia artificial. Si una mujer busca un medicamento, información sobre un embarazo o un servicio de salud, su actividad puede utilizarse para anticipar sus necesidades e influir en sus decisiones. Esto no solo produce ganancias; también puede exponer información sensible y reforzar formas de vigilancia o discriminación.
Netflix registra cada visualización para decidir qué contenidos producir, recomendar y distribuir. De esta manera, la creatividad queda subordinada a cálculos empresariales que buscan reducir riesgos y maximizar ganancias. Productoras, artistas y trabajadoras culturales dependen de algoritmos que determinan qué historias circulan y cuáles quedan ocultas.
Amazon convierte cada búsqueda y cada compra en información para perfeccionar su logística y ampliar su poder sobre el comercio electrónico y los servicios de nube. Mientras tanto, quienes trabajan en almacenes, entregas y atención al público enfrentan ritmos intensos y condiciones precarias. La riqueza se concentra en la cúpula corporativa, aunque una enorme red de trabajadoras y trabajadores sostenga la infraestructura material que hace posible el negocio.
TikTok y Meta diseñan sus algoritmos para prolongar el tiempo de permanencia en pantalla. La atención de las personas se transforma en datos y, luego, en ingresos publicitarios. Al mismo tiempo, usuarias y creadoras producen contenidos, mantienen activas las redes y realizan un trabajo que rara vez es reconocido o remunerado de manera justa. Las mujeres, además, están más expuestas al acoso, la sexualización, la apropiación de sus imágenes y otras formas de violencia digital.
La magnitud de este negocio permite comprender el poder en disputa. El mercado mundial de publicidad digital alcanzó 567.900 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá a 662.300 millones en 2026 y a 1,69 billones en 2033 (Grand View Research, 2026). Por su parte, WPP Media estimó que los ingresos mundiales por publicidad llegaron a 1,08 billones de dólares en 2025. La publicidad exclusivamente digital representó el 73,2 % de ese total y el porcentaje aumentó al 81,6 % al incluir extensiones digitales como el streaming y la publicidad exterior digital (WPP Media, 2025).
Estas cifras muestran que cada clic y cada minuto de atención forman parte de un proceso económico de enorme escala. La respuesta no consiste en abandonar la tecnología, sino en disputar su propiedad, sus reglas y sus beneficios. Quienes producen la riqueza digital deben participar en las decisiones y recibir una parte justa del valor que generan.
Datos transnacionales y poder corporativo
La digitalización de los servicios públicos y privados ha acelerado la transnacionalización de los datos. Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud no solo ofrecen infraestructura tecnológica: también administran o almacenan información estratégica de millones de personas. Cuando los registros educativos, tributarios, laborales o médicos dependen de empresas extranjeras, los Estados pierden capacidad para decidir de manera autónoma cómo protegerlos y utilizarlos.
En 2025, el mercado mundial de servicios de nube alcanzó aproximadamente 680.000 millones de dólares y se proyectó que llegaría a 947.000 millones en 2026 y a 2,4 billones en 2030. AWS controlaba cerca del 28 % del mercado, Microsoft Azure el 21 % y Google Cloud el 14 %. En conjunto, estas tres empresas concentraban más del 60 % de la infraestructura mundial de nube (Synergy Research Group, 2026). Esta concentración condiciona la soberanía digital de los Estados y aumenta su dependencia de contratos privados sujetos a intereses comerciales y geopolíticos.
En México, la contratación de proveedores globales para digitalizar y almacenar información pública puede colocar datos escolares, tributarios y administrativos bajo infraestructuras que el Estado no controla plenamente. Aunque el portal datos.gob.mx reúne decenas de miles de conjuntos de datos federales, la apertura de información no garantiza, por sí sola, soberanía tecnológica ni protección frente al uso comercial de los datos.
En Brasil la Rede Nacional de Dados em Saúde integra historiales médicos mediante la interacción de instituciones públicas y privadas. La Ley General de Protección de Datos reconoce que la información médica es sensible, pero su protección también depende de quién controla la infraestructura, de las condiciones de los contratos y de la capacidad estatal para fiscalizar a las empresas.
En India, el sistema Aadhaar centraliza los datos biométricos de más de mil millones de personas y permite que empresas privadas participen en procesos de autenticación. Este modelo muestra cómo puede debilitarse la frontera entre lo público y lo privado cuando la expansión tecnológica avanza más rápido que los controles democráticos.
DoctorSV, en El Salvador, forma parte de esta tendencia mundial. La plataforma reúne información clínica y familiar de quienes utilizan el servicio. La digitalización puede facilitar la atención médica, pero también crea riesgos si no existen reglas claras sobre quién accede a los datos, dónde se almacenan, con qué fines se utilizan y durante cuánto tiempo se conservan. Estos riesgos tienen una dimensión de género: la información sobre salud sexual y reproductiva, embarazos, violencia, identidad de género u orientación sexual puede utilizarse para vigilar, excluir o discriminar a mujeres y personas LGTBIQ+. El respaldo financiero de organismos internacionales, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), no sustituye la obligación del Estado de garantizar transparencia, consentimiento, seguridad y control público.
Estos casos revelan un problema estructural: la creciente capacidad de las corporaciones tecnológicas para influir en las decisiones públicas y convertir servicios esenciales en nuevos mercados. La soberanía de los datos no es un asunto meramente técnico. Es una cuestión de democracia, justicia económica y autonomía colectiva. También es una demanda feminista, porque proteger los datos relacionados con los cuerpos, la salud, los cuidados y la vida familiar resulta indispensable para ejercer derechos y vivir sin vigilancia ni discriminación.
Autoritarismo digital y colonialismo cultural
Las plataformas también ejercen poder al decidir qué contenidos pueden circular, cuáles pierden visibilidad y qué cuentas son suspendidas. Estas decisiones se presentan como procesos técnicos y neutrales, aunque responden a reglas empresariales y a algoritmos diseñados desde contextos culturales dominantes. En América Latina ese poder puede silenciar expresiones indígenas, feministas y comunitarias y reforzar el racismo, el patriarcado y el colonialismo cultural.
Como documentan Lindero Cortez, Scarlet et al. (2026), en Brasil algunas comunidades indígenas, entre ellas los Kalapalo del Xingu, han visto cómo YouTube e Instagram eliminan videos de ceremonias tradicionales por considerarlos “contenido sensible”. Cuando las imágenes de vestimenta ancestral son clasificadas como inapropiadas, las personas creadoras se ven obligadas a modificar sus publicaciones para evitar bloqueos. Así, una regla privada impone criterios ajenos a la comunidad y limita la transmisión de sus saberes.
En México, organizaciones feministas han denunciado la reducción del alcance de publicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y diversidad sexogenérica. Aunque el contenido no siempre desaparece, deja de circular y pierde impacto político. En 2024, Meta bloqueó las cuentas de WhatsApp Business de Telefem y después eliminó su perfil de Instagram, que tenía 45.000 seguidoras. La organización atendía a más de 4.000 mujeres al mes en procesos de aborto seguro. La medida interrumpió servicios de salud, debilitó la credibilidad construida durante años y borró parte de la memoria digital de la organización.
En Guatemala, Facebook, TikTok y X han sido utilizados para difundir campañas de desprestigio contra liderazgos mayas, defensoras ambientales y activistas contra la corrupción. En el caso de Lesbia Artola, circularon acusaciones falsas que buscaban responsabilizarla por asesinatos de defensores de la tierra. La desinformación digital no permanece encerrada en una pantalla: puede preparar el terreno para amenazas, criminalización y persecución judicial.
Estos hechos muestran que el autoritarismo digital empresarial tiene consecuencias materiales. Las plataformas favorecen los contenidos más rentables y pueden penalizar las voces que cuestionan el patriarcado, el racismo, el extractivismo o el poder político. Esta violencia afecta de manera particular a mujeres indígenas, rurales, trans, lesbianas, periodistas y defensoras, porque sobre ellas se cruzan distintas formas de discriminación. Descolonizar lo digital exige transparencia en las decisiones algorítmicas, mecanismos eficaces de apelación y políticas que protejan las lenguas, los saberes y la organización de los pueblos.
Violencia digital y exclusión política
Las amenazas, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el acoso sexual y las campañas de desprestigio no son simples insultos en redes sociales. Forman parte de una estrategia de control patriarcal que busca infundir miedo, disciplinar a las mujeres y expulsarlas de los espacios públicos. Periodistas, defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarias y candidatas enfrentan agresiones dirigidas no solo contra sus ideas, sino también contra sus cuerpos, su sexualidad, sus familias y su derecho a participar.
Cuando una mujer deja de opinar, organizarse o participar en política por temor a las agresiones, pierde ella, pero también pierde la democracia. Por eso, la violencia digital debe reconocerse como una forma de violencia política y estructural. Enfrentarla requiere prevención, atención, protección y sanciones efectivas, además de responsabilidades claras para las empresas que permiten o amplifican estos ataques.
Democratizar lo digital
Democratizar lo digital significa disputar el poder de las plataformas y construir alternativas colectivas. La soberanía de los datos debe garantizar que la información pública y sensible sea gestionada por instituciones democráticas, con control social y participación ciudadana. Se necesitan límites a la concentración empresarial, transparencia en los algoritmos y el derecho a recibir una explicación y apelar cuando una decisión automatizada afecta un empleo, un ingreso, un servicio público o la libertad de expresión.
La democratización también exige reconocer como trabajo las actividades realizadas mediante plataformas y garantizar derechos laborales, seguridad social y negociación colectiva. No basta con celebrar que las mujeres puedan vender productos o prestar servicios desde sus hogares. Es necesario asegurar ingresos dignos, descanso, protección frente a la violencia y corresponsabilidad social de los cuidados. De lo contrario, la inclusión digital solo agrega nuevas cargas a las desigualdades existentes.
Una agenda feminista debe incluir acceso universal y asequible a internet, formación tecnológica, protección de los datos personales y participación efectiva de las mujeres en el diseño y la regulación de los sistemas digitales. Esta participación debe incorporar la diversidad de experiencias de mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidad y de las personas LGTBIQ+. No existe justicia digital si las decisiones continúan concentradas en élites empresariales y técnicas alejadas de las comunidades afectadas.
También es necesario invertir en tecnologías públicas, comunitarias y cooperativas que prioricen el bienestar colectivo. Las plataformas deben respetar las lenguas y los saberes locales, corregir los sesgos de sus sistemas y proteger la organización social. Democratizar la tecnología no significa añadir mujeres a un modelo injusto, sino transformar las relaciones de propiedad y poder que lo sostienen.
Conclusión
La disputa por los ecosistemas digitales no es un debate técnico reservado a especialistas. Es una discusión pública sobre democracia, justicia económica y derechos. Hoy, las grandes corporaciones concentran datos, infraestructura y ganancias, mientras los costos recaen sobre trabajadoras, hogares, comunidades y Estados. Desde una perspectiva feminista, esto obliga a mirar el poder allí donde suele presentarse como innovación: en la extracción de datos, en la vigilancia del trabajo, en la moderación privada de contenidos y en la violencia que busca expulsar a las mujeres del espacio público.
Democratizar la tecnología no significa rechazarla. Significa cambiar sus reglas. Implica reconocer el trabajo que sostiene la vida, garantizar derechos laborales, proteger los datos personales y públicos, regular los algoritmos, limitar los monopolios y construir infraestructuras públicas, comunitarias y cooperativas. También implica que mujeres, trabajadoras, pueblos y comunidades participen en las decisiones y reciban una parte justa de la riqueza que contribuyen a crear.
Una agenda feminista para lo digital debe poner la vida en el centro. Eso supone cuestionar la concentración de la propiedad y de las ganancias, defender la autonomía de los pueblos, proteger las lenguas y los saberes locales, y exigir que las tecnologías no profundicen las desigualdades que prometen resolver. La inclusión digital, por sí sola, no basta si las reglas siguen siendo definidas por las mismas empresas que se benefician de la dependencia, la vigilancia y la precariedad.
Si queremos una democracia plena, también tenemos que democratizar lo digital. No se trata de pedir permiso para participar en plataformas diseñadas por otros, sino de disputar sus reglas, sus beneficios y su sentido. La tecnología puede servir para vigilar, precarizar y silenciar; pero también puede convertirse en una herramienta colectiva para cuidar, comunicar, organizar y ampliar derechos. Esa elección no es técnica: es profundamente política y feminista.
Julia Evelyn Martínez. Economista feminista, docente e investigadora.
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