Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2026.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei opera como el laboratorio más radical del extremismo de mercado, intentando desmantelar el derecho a huelga y privatizar el patrimonio público a través de devaluaciones salvajes. La resistencia contra las recetas ultraliberales del maníaco de la motosierra encuentra, sin embargo, una nueva centralidad en la unidad de acción del movimiento obrero. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores), acompañadas por los trabajadores de la economía popular organizados en la UTEP, han sellado un pacto de movilización permanente que sitúa en el centro del empuje callejero la lucha cotidiana y generosa de los pensionados. Con concentraciones frente al Congreso nacional, huelgas sectoriales y un plan de movilización articulado hacia una nueva etapa de huelga general, las tres centrales vinculan las reivindicaciones salariales con la defensa de la previsión social pública y de los derechos históricos del trabajo, desafiando directamente la política de desmantelamiento social llevada a cabo desde la Casa Rosada.
En medio de la compleja fase geopolítica que atraviesa América Latina, la reconstrucción de una agenda de clase transnacional no es una mera reivindicación teórica, sino una necesidad material de supervivencia. Es en esta perspectiva donde se sitúa el trabajo internacionalista promovido por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras del Campo, la Ciudad y la Pesca (CBST) desde Venezuela, a través de la construcción de una coordinación general con diversas estructuras sindicales, históricas y de nuevo cuño, muchas de las cuales pertenecen a la Federación Sindical Mundial (FSM/WFTU).
Este proceso tiene su punto de partida en el impulso de la Constituyente Obrera promovida por el presidente Nicolás Maduro y articulada por la CBST, una iniciativa que colocó al sujeto y sujeta trabajador y trabajadora en el centro de la gestión económica y la defensa soberana del país. A través de la institucionalización de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) en los sectores estratégicos —desde la industria petrolera hasta la producción agroalimentaria—, la clase obrera venezolana pasó de la resistencia pasiva al control directo de la producción y al rescate de las capacidades productivas frente al impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Es precisamente desde esta experiencia de poder popular en las fábricas y en los campos que la CBST proyecta su agenda internacionalista, convocando a los encuentros mundiales de trabajadores en solidaridad con la Revolución Bolivariana; y articulando con la FSM una red de combate transnacional contra el bloqueo y la injerencia imperialista, y por el regreso del presidente obrero, Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores, presos de guerra en los Estados Unidos.
Los encuentros internacionales periódicos en los que convergen los sindicatos de clase de los cinco continentes representan una articulación pensada para integrar las luchas del trabajo urbano, campesino y marítimo, oponiendo una diplomacia de los pueblos al saqueo multinacional, al extractivismo y a las sanciones imperialistas.
La urgencia de esta coordinación emerge con claridad si se observa la continuidad geográfica y política de los focos de conflicto en el continente latinoamericano. En el centro de este frente antimperialista se ubica la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) que, en la compleja realidad de la isla asfixiada por el rígido y criminal bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos, representa un punto de referencia político para toda la región. La batalla de la CTC no se limita al ámbito interno por la defensa de la producción y del modelo socialista, sino que se proyecta como eje de la organización de la FSM y más allá, demostrando cómo la tutela del trabajo emancipador sigue siendo el objetivo principal de las agresiones económicas y de las guerras de posición del imperialismo.
Cabe recordar que Lázaro Peña, el histórico “Capitán de la clase obrera” y fundador de la CTC, estuvo entre los padres fundadores de la FSM en París en 1945 y ocupó durante años la vicepresidencia de la organización internacional. Cuba ha acogido congresos históricos de la FSM (como el XV Congreso Sindical Mundial en 2005) y la CTC conserva aún la vicepresidencia y la sede de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
Mientras otras centrales latinoamericanas a lo largo de las décadas se desplazaron o reafiliaron a la CSI (Confederación Sindical Internacional, de impronta socialdemócrata/reformista), la CTC cubana ha mantenido ininterrumpidamente su militancia de clase y de línea de vanguardia en el seno de la FSM.
Junto a la experiencia cubana y venezolana, el Nicaragua sandinista se inserta en este eje de resistencia a través de la acción del FNT (Frente Nacional de los Trabajadores). Este entramado de resistencia y recomposición de clase encontró un alto hito simbólico en las recientes celebraciones del 19 de julio, aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la última del siglo pasado (1979).
En un contexto marcado por las conmemoraciones de esta fecha histórica, el papel del movimiento obrero organizado se confirma como elemento propulsor de la firmeza social del país y de la remontada lograda. Como recuerda Miguel Ruiz, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y figura de relieve en el ejecutivo del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la fuerza organizativa del movimiento obrero y campesino nicaragüense no nace de la nada, sino que hunde sus raíces en la capacidad de resistencia construida en los momentos más oscuros.
Cuando en 1990 la parentesis electoral marcó el fin del primer gobierno revolucionario bajo el peso de la agresión de la Contra y del bloqueo económico estadounidense, el FSLN no eligió la retirada, sino la opción estratégica de “gobernar desde abajo”. Durante dieciséis años de restauración neoliberista, Daniel Ortega y los cuadros del movimiento recorrieron capilarmente las zonas rurales, los barrios populares, las cooperativas y los centros de trabajo, reconstruyendo el tejido político allí donde la vida cotidiana resistía. Fue precisamente este arraigado trabajo de base —soldado indisolublemente a la acción de trinchera del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y de las organizaciones campesinas— el que permitió la remontada política y el retorno al gobierno en 2006. Hoy, frente a las represalias y a las sanciones unilaterales de Washington, esa misma estructura comunitaria y sindical se confirma como el baluarte fundamental para la defensa de los servicios públicos, de la soberanía alimentaria y del modelo de desarrollo popular.
La centralidad del sindicato trasciende la mera reivindicación salarial. La organización de los trabajadores de la ciudad y del campo constituye la estructura fundamental para la defensa de la soberanía alimentaria, de los servicios públicos y del modelo comunitario frente a las presiones del capital transnacional. A través de la articulación del FNT, el sindicalismo de clase se erige en dique contra los intentos de desestabilización externa, soldando la producción agrícola e industrial con la defensa de la soberanía nacional y la continuidad del proyecto revolucionario que, sobre esta base, hoy vuelve —en palabras de los dos copresidentes, Ortega y Murillo— a poner en cuestión los límites y las formas de la democracia representativa burguesa, reivindicando la centralidad del poder popular en los lugares de trabajo y en los territorios.
Desplazando la mirada hacia América Central, la narrativa dominante de la estabilidad institucional se quiebra cotidianamente contra la realidad de la explotación y la represión. En Guatemala, la lucha de clases choca con una estructura de poder dominada por las oligarquías terratenientes y los aparatos de impunidad conocidos como el «pacto de corruptos». En este contexto, organizaciones combativas vinculadas a la FSM como UNSITRAGUA (Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala) mantienen viva la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas y de las comunidades indígenas frente a la criminalización y la violencia política. Una dinámica que encuentra eco en Panamá, donde las masivas movilizaciones populares lideradas por el SUNTRACS (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares) y por las naciones indígenas han paralizado el país para oponerse a un modelo de desarrollo basado en concesiones mineras ecocidas, y en Costa Rica, donde los trabajadores de la salud y la educación junto a los pequeños agricultores, organizados en referentes como APSE y UNDECA, resisten a la privatización salvaje de los servicios esenciales.
En Honduras, la resistencia de los movimientos sociales, indígenas y campesinos enfrenta la ofensiva restauradora de las élites conservadoras y de los sectores oligárquicos, determinados a revertir los procesos de transformación y a reafirmar el control del gran capital sobre el país. Frente a la criminalización sistemática de la protesta, la extracción minera y energética predatoria y el uso instrumental del aparato judicial contra los dirigentes comunitarios, las organizaciones de base y las redes populares defienden el territorio, la soberanía nacional y los bienes comunes, reafirmando la continuidad de la lucha contra la violencia estructural y el modelo neoliberal.
En Colombia, el proceso de transformación social intentado por el gobierno de Gustavo Petro enfrenta el muro levantado por el bloqueo oligárquico y por las fuerzas conservadoras que obstaculizan las reformas laborales, sanitarias y pensionales. Las centrales históricas como la CUT y la CGT colombiana se ven obligadas a blindar las calles para defender las conquistas populares de las presiones eversivas de las élites vinculadas al gran capital.
Paralelamente, en el sur de Chile la cuestión laboral se une indisolublemente a la secular lucha por la autodeterminación del pueblo Mapuche en el Wallmapu. La arquitectura neoliberal heredada del pinochetismo, y hoy reimpulsada por su “heredero” José Antonio Kast, responde a las reivindicaciones territoriales y a las protestas de los trabajadores agrícolas con la militarización y el Estado de excepción, blindando los intereses de las multinacionales de la madera y la energía. Esta misma defensa de los recursos estratégicos se reencuentra en Bolivia, donde la base social organizada en la COB (Central Obrera Boliviana) y en la CSUTCB campesina representa el dique principal contra las embestidas desestabilizadoras de las oligarquías del oriente boliviano, determinadas a sustraer del control estatal y popular las reservas de litio y gas.
Acompañando esta radiografía de las luchas y de las transformaciones estructurales en el continente se encuentran las históricas batallas sobre la jornada laboral en México y Brasil, donde la presión sindical y popular está imponiendo un cambio de paradigma contra los ritmos de la acumulación capitalista.
En México, bajo el impulso de la presidencia de Claudia Sheinbaum y el empuje del sindicalismo independiente, se está consumando un giro de alcance histórico con la reforma constitucional para la reducción progresiva de la semana laboral de 48 a 40 horas a igual salario. Una conquista acompañada por incrementos del salario mínimo y por nuevas tuteleas contra la precarización y la violencia de género en los lugares de trabajo, que marca un claro cambio de rumbo en la regulación de la relación capital-trabajo en el país.
En Brasil, la movilización callejera liderada por la Central Única dos Trabalhadores (CUT) y por los movimientos sociales se ha refundido con la propuesta del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para derribar el odioso régimen laboral de la semana «6×1» y conquistar el derecho a las 40 horas semanales con dos días de descanso garantizados. Una disputa de masas que no solo devuelve la centralidad a la clase trabajadora en el debate político nacional, sino que se entrelaza con la defensa de la soberanía económica frente a las recientes represalias comerciales y arancelarias impuestas por Washington.
La acción coordinada promovida por la CBST junto a la FSM, la CTC, el FNT y las centrales de clase del continente (y a nivel internacional) demuestra que las crisis y los conflictos en curso no son disputas aisladas ni emergencias locales. Son, por el contrario, la respuesta estructural y coordinada a una única ofensiva del capital contra los derechos de los pueblos. En este escenario, la capacidad de articular las luchas de calle dentro de una estrategia política unitaria sigue siendo la única garantía para romper las cadenas de la dependencia, reconectando a la clase obrera, al movimiento campesino, a las comunidades indígenas y a las redes de trabajadores del mar en toda la región, y preparando una nueva ola de “renacimiento”: para contrastar la ola de fascismo, empeñada en recolonizar todo el continente.
En medio de la compleja fase geopolítica que atraviesa América Latina, la reconstrucción de una agenda de clase transnacional no es una mera reivindicación teórica, sino una necesidad material de supervivencia. Es en esta perspectiva donde se sitúa el trabajo internacionalista promovido por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras del Campo, la Ciudad y la Pesca (CBST) desde Venezuela, a través de la construcción de una coordinación general con diversas estructuras sindicales, históricas y de nuevo cuño, muchas de las cuales pertenecen a la Federación Sindical Mundial (FSM/WFTU).
Este proceso tiene su punto de partida en el impulso de la Constituyente Obrera promovida por el presidente Nicolás Maduro y articulada por la CBST, una iniciativa que colocó al sujeto y sujeta trabajador y trabajadora en el centro de la gestión económica y la defensa soberana del país. A través de la institucionalización de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) en los sectores estratégicos —desde la industria petrolera hasta la producción agroalimentaria—, la clase obrera venezolana pasó de la resistencia pasiva al control directo de la producción y al rescate de las capacidades productivas frente al impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Es precisamente desde esta experiencia de poder popular en las fábricas y en los campos que la CBST proyecta su agenda internacionalista, convocando a los encuentros mundiales de trabajadores en solidaridad con la Revolución Bolivariana; y articulando con la FSM una red de combate transnacional contra el bloqueo y la injerencia imperialista, y por el regreso del presidente obrero, Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores, presos de guerra en los Estados Unidos.
Los encuentros internacionales periódicos en los que convergen los sindicatos de clase de los cinco continentes representan una articulación pensada para integrar las luchas del trabajo urbano, campesino y marítimo, oponiendo una diplomacia de los pueblos al saqueo multinacional, al extractivismo y a las sanciones imperialistas.
La urgencia de esta coordinación emerge con claridad si se observa la continuidad geográfica y política de los focos de conflicto en el continente latinoamericano. En el centro de este frente antimperialista se ubica la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) que, en la compleja realidad de la isla asfixiada por el rígido y criminal bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos, representa un punto de referencia político para toda la región. La batalla de la CTC no se limita al ámbito interno por la defensa de la producción y del modelo socialista, sino que se proyecta como eje de la organización de la FSM y más allá, demostrando cómo la tutela del trabajo emancipador sigue siendo el objetivo principal de las agresiones económicas y de las guerras de posición del imperialismo.
Cabe recordar que Lázaro Peña, el histórico “Capitán de la clase obrera” y fundador de la CTC, estuvo entre los padres fundadores de la FSM en París en 1945 y ocupó durante años la vicepresidencia de la organización internacional. Cuba ha acogido congresos históricos de la FSM (como el XV Congreso Sindical Mundial en 2005) y la CTC conserva aún la vicepresidencia y la sede de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
Mientras otras centrales latinoamericanas a lo largo de las décadas se desplazaron o reafiliaron a la CSI (Confederación Sindical Internacional, de impronta socialdemócrata/reformista), la CTC cubana ha mantenido ininterrumpidamente su militancia de clase y de línea de vanguardia en el seno de la FSM.
Junto a la experiencia cubana y venezolana, el Nicaragua sandinista se inserta en este eje de resistencia a través de la acción del FNT (Frente Nacional de los Trabajadores). Este entramado de resistencia y recomposición de clase encontró un alto hito simbólico en las recientes celebraciones del 19 de julio, aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la última del siglo pasado (1979).
En un contexto marcado por las conmemoraciones de esta fecha histórica, el papel del movimiento obrero organizado se confirma como elemento propulsor de la firmeza social del país y de la remontada lograda. Como recuerda Miguel Ruiz, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y figura de relieve en el ejecutivo del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la fuerza organizativa del movimiento obrero y campesino nicaragüense no nace de la nada, sino que hunde sus raíces en la capacidad de resistencia construida en los momentos más oscuros.
Cuando en 1990 la parentesis electoral marcó el fin del primer gobierno revolucionario bajo el peso de la agresión de la Contra y del bloqueo económico estadounidense, el FSLN no eligió la retirada, sino la opción estratégica de “gobernar desde abajo”. Durante dieciséis años de restauración neoliberista, Daniel Ortega y los cuadros del movimiento recorrieron capilarmente las zonas rurales, los barrios populares, las cooperativas y los centros de trabajo, reconstruyendo el tejido político allí donde la vida cotidiana resistía. Fue precisamente este arraigado trabajo de base —soldado indisolublemente a la acción de trinchera del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y de las organizaciones campesinas— el que permitió la remontada política y el retorno al gobierno en 2006. Hoy, frente a las represalias y a las sanciones unilaterales de Washington, esa misma estructura comunitaria y sindical se confirma como el baluarte fundamental para la defensa de los servicios públicos, de la soberanía alimentaria y del modelo de desarrollo popular.
La centralidad del sindicato trasciende la mera reivindicación salarial. La organización de los trabajadores de la ciudad y del campo constituye la estructura fundamental para la defensa de la soberanía alimentaria, de los servicios públicos y del modelo comunitario frente a las presiones del capital transnacional. A través de la articulación del FNT, el sindicalismo de clase se erige en dique contra los intentos de desestabilización externa, soldando la producción agrícola e industrial con la defensa de la soberanía nacional y la continuidad del proyecto revolucionario que, sobre esta base, hoy vuelve —en palabras de los dos copresidentes, Ortega y Murillo— a poner en cuestión los límites y las formas de la democracia representativa burguesa, reivindicando la centralidad del poder popular en los lugares de trabajo y en los territorios.
Desplazando la mirada hacia América Central, la narrativa dominante de la estabilidad institucional se quiebra cotidianamente contra la realidad de la explotación y la represión. En Guatemala, la lucha de clases choca con una estructura de poder dominada por las oligarquías terratenientes y los aparatos de impunidad conocidos como el «pacto de corruptos». En este contexto, organizaciones combativas vinculadas a la FSM como UNSITRAGUA (Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala) mantienen viva la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas y de las comunidades indígenas frente a la criminalización y la violencia política. Una dinámica que encuentra eco en Panamá, donde las masivas movilizaciones populares lideradas por el SUNTRACS (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares) y por las naciones indígenas han paralizado el país para oponerse a un modelo de desarrollo basado en concesiones mineras ecocidas, y en Costa Rica, donde los trabajadores de la salud y la educación junto a los pequeños agricultores, organizados en referentes como APSE y UNDECA, resisten a la privatización salvaje de los servicios esenciales.
En Honduras, la resistencia de los movimientos sociales, indígenas y campesinos enfrenta la ofensiva restauradora de las élites conservadoras y de los sectores oligárquicos, determinados a revertir los procesos de transformación y a reafirmar el control del gran capital sobre el país. Frente a la criminalización sistemática de la protesta, la extracción minera y energética predatoria y el uso instrumental del aparato judicial contra los dirigentes comunitarios, las organizaciones de base y las redes populares defienden el territorio, la soberanía nacional y los bienes comunes, reafirmando la continuidad de la lucha contra la violencia estructural y el modelo neoliberal.
En Colombia, el proceso de transformación social intentado por el gobierno de Gustavo Petro enfrenta el muro levantado por el bloqueo oligárquico y por las fuerzas conservadoras que obstaculizan las reformas laborales, sanitarias y pensionales. Las centrales históricas como la CUT y la CGT colombiana se ven obligadas a blindar las calles para defender las conquistas populares de las presiones eversivas de las élites vinculadas al gran capital.
Paralelamente, en el sur de Chile la cuestión laboral se une indisolublemente a la secular lucha por la autodeterminación del pueblo Mapuche en el Wallmapu. La arquitectura neoliberal heredada del pinochetismo, y hoy reimpulsada por su “heredero” José Antonio Kast, responde a las reivindicaciones territoriales y a las protestas de los trabajadores agrícolas con la militarización y el Estado de excepción, blindando los intereses de las multinacionales de la madera y la energía. Esta misma defensa de los recursos estratégicos se reencuentra en Bolivia, donde la base social organizada en la COB (Central Obrera Boliviana) y en la CSUTCB campesina representa el dique principal contra las embestidas desestabilizadoras de las oligarquías del oriente boliviano, determinadas a sustraer del control estatal y popular las reservas de litio y gas.
Acompañando esta radiografía de las luchas y de las transformaciones estructurales en el continente se encuentran las históricas batallas sobre la jornada laboral en México y Brasil, donde la presión sindical y popular está imponiendo un cambio de paradigma contra los ritmos de la acumulación capitalista.
En México, bajo el impulso de la presidencia de Claudia Sheinbaum y el empuje del sindicalismo independiente, se está consumando un giro de alcance histórico con la reforma constitucional para la reducción progresiva de la semana laboral de 48 a 40 horas a igual salario. Una conquista acompañada por incrementos del salario mínimo y por nuevas tuteleas contra la precarización y la violencia de género en los lugares de trabajo, que marca un claro cambio de rumbo en la regulación de la relación capital-trabajo en el país.
En Brasil, la movilización callejera liderada por la Central Única dos Trabalhadores (CUT) y por los movimientos sociales se ha refundido con la propuesta del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para derribar el odioso régimen laboral de la semana «6×1» y conquistar el derecho a las 40 horas semanales con dos días de descanso garantizados. Una disputa de masas que no solo devuelve la centralidad a la clase trabajadora en el debate político nacional, sino que se entrelaza con la defensa de la soberanía económica frente a las recientes represalias comerciales y arancelarias impuestas por Washington.
La acción coordinada promovida por la CBST junto a la FSM, la CTC, el FNT y las centrales de clase del continente (y a nivel internacional) demuestra que las crisis y los conflictos en curso no son disputas aisladas ni emergencias locales. Son, por el contrario, la respuesta estructural y coordinada a una única ofensiva del capital contra los derechos de los pueblos. En este escenario, la capacidad de articular las luchas de calle dentro de una estrategia política unitaria sigue siendo la única garantía para romper las cadenas de la dependencia, reconectando a la clase obrera, al movimiento campesino, a las comunidades indígenas y a las redes de trabajadores del mar en toda la región, y preparando una nueva ola de “renacimiento”: para contrastar la ola de fascismo, empeñada en recolonizar todo el continente.
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