Por Matías Vernengo: Jacobin
El populismo de derecha se presenta como una rebelión contra el establishment, pero el núcleo de su programa económico no varía: el capital es inmunizado ante las demandas democráticas y la clase trabajadora queda despojada de poder.
El rasgo definitorio del neoliberalismo siempre fue el blindaje del capital frente al control democrático. La ruptura del trumpismo con el libre comercio cambió la retórica, pero el orden económico subyacente permanece intacto.
El neoliberalismo suele pasar desapercibido a plena vista. Sus defensores rara vez se identifican como tales; el historiador Philip Mirowski lo describió astutamente como el movimiento que no se atreve a decir su propio nombre. Sus partidarios suelen sugerir que nunca existió, salvo como un término peyorativo inventado por las izquierdas. Recientemente, el economista Branko Milanovic ha ido más allá al argumentar que el neoliberalismo está muerto, bajo la premisa de que la era de la globalización —cimentada en el cosmopolitismo y la competencia internacional— ha dado paso a un mundo marcadamente proteccionista y nacionalista.
Sin embargo, el error de este diagnóstico radica en identificar al neoliberalismo con la globalización o el libre comercio. Estos últimos fueron meros instrumentos de política económica, no su rasgo definitorio. Su verdadera matriz conceptual ha sido siempre la subordinación de la política democrática a la racionalidad del mercado y el blindaje institucional del capital frente a las demandas populares. Visto bajo esta luz, el auge del populismo de derecha no marca el fin del neoliberalismo, sino una de sus mutaciones más recientes.
Es cierto, como señala Milanovic, que el viejo discurso del libre comercio y la integración cosmopolita ya no describe el comportamiento de las grandes potencias. Estados Unidos y Europa apelan hoy a aranceles, subsidios, sanciones, políticas industriales y controles geopolíticos con una franqueza que habría parecido inverosímil hace apenas unas décadas. La reacción política contra la desindustrialización, la desigualdad y las crisis financieras es real. Pero de esto no se deduce que el neoliberalismo haya expirado. Debemos ser cautelosos con el alcance de este viraje: la verdad histórica es que Occidente —y muy especialmente Estados Unidos— jamás abandonó la política industrial. En la práctica, la intervención estatal en sectores estratégicos ha sido una constante macroeconómica, por más que se la haya negado sistemáticamente en el plano de la retórica.
El mito de la «mano invisible» y el verdadero Adam Smith
Resulta crucial distinguir al neoliberalismo de las consignas con las que suele promocionarse. No estamos ante un redescubrimiento de la vieja doctrina del laissez-faire del liberalismo clásico, ni ante un simple movimiento político. Su fundamento analítico se asienta en la economía neoclásica moderna; sobre todo, en la premisa de que los mercados son mecanismos superiores para coordinar la vida social y que las fallas del Estado son, por definición, más peligrosas que las fallas del mercado.
Esta distinción explica tanto la naturaleza del neoliberalismo como su notable durabilidad. El sistema puede sobrevivir perfectamente al abandono de agendas específicas —incluso del mismísimo libre comercio— siempre y cuando el mercado siga operando como la norma soberana contra la cual se evalúa cualquier acción política, y el capital permanezca inmunizado ante las reivindicaciones democráticas.
Para disimular el carácter de sus ideas, los neoliberales recurren a todo tipo de subterfugios. Prefieren catalogarse como «liberales clásicos», «defensores de la libertad económica» o, simplemente, «realistas» que comprenden el funcionamiento de los mercados. Tanto Milton Friedman como Friedrich Hayek —los abanderados intelectuales del movimiento— terminaron rechazando el mote de «neoliberales». Ambos invocaron con insistencia la autoridad de Adam Smith, el padre de la economía política, pero ese cordón umbilical con el primer liberalismo clásico siempre fue sumamente tenue.
La Escuela de Chicago fagocitó el legado de Smith para alimentar el auge del conservadurismo estadounidense: el mito del hombre que se hace a sí mismo (self-made man), las virtudes del emprendedor y los peligros del poder burocrático se convirtieron en armas ideológicas (otra etiqueta que Friedman rechazaba, a pesar de haber sido el asesor clave del ultraconservador Barry Goldwater).
El relato neoliberal es rudimentario pero eficaz: la sociedad prospera cuando los individuos tienen total libertad para comprar, vender, invertir y competir, mientras el Estado se mantiene al margen. Esta narrativa se consagró como una de las batallas culturales más exitosas del último medio siglo. Consiguió que la privatización suene a liberación, que la desregulación se traduzca como modernización y que las ofensivas contra los sindicatos aparezcan como una legítima defensa de los consumidores de a pie. En definitiva, permitió que transferencias colosales de ingresos y poder hacia la cúspide social parezcan el resultado neutral y objetivo de fuerzas de mercado impersonales.
A menudo se erige a Adam Smith como el santo patrón del neoliberalismo y el apóstol de la «mano invisible». Sin embargo, sus preocupaciones eran de una naturaleza completamente distinta, moldeadas por su propia época histórica. Smith escribió contra un mundo de privilegios aristocráticos, monopolios coloniales, trabas mercantilistas y resabios feudales que asfixiaban el ascenso de la burguesía. Su economía política ponía el eje en la producción, la acumulación y la distribución del ingreso entre las clases sociales. Para él, los salarios, las utilidades y las rentas no eran premios automáticos de un mercado perfecto, sino variables moldeadas por las relaciones sociales, las instituciones y el conflicto.
Smith defendió la sociedad comercial porque intuyó que la división del trabajo incrementaría la productividad y erosionaría los viejos sistemas de privilegios. Pero jamás formuló una teoría que demostrara que los mercados conducen de manera inexorable al mejor resultado social posible, ni consideró al Estado como un ente intrínsecamente ilegítimo. Al contrario, le asignó responsabilidades explícitas en infraestructura, educación, justicia y defensa. El liberalismo de su tiempo fue un ataque frontal contra un orden dominado por terratenientes, monopolistas y dinastías hereditarias.
El neoliberalismo es otra cosa: no es una revuelta contra el privilegio, sino la defensa corporativa de nuevos privilegios asociados a la propiedad, las finanzas, el poder oligopólico y la libertad del capital para evadir cualquier control democrático.
De las clases al individuo: el giro neoclásico
La diferencia se vuelve nítida al examinar los fundamentos económicos que sostienen a cada corriente. La economía política clásica —desde Smith y David Ricardo hasta Karl Marx— colocaba la producción y la distribución en el centro del análisis. Su pregunta matriz era cómo se reproducen las economías, cómo se dividen las ganancias y los salarios, y de qué manera la acumulación transforma la estructura social. Concebían al capitalismo como un sistema atravesado por el conflicto de clases, más allá de las profundas discrepancias sobre si dicho conflicto era gestionable o deseable.
La revolución neoclásica pateó el tablero y cambió los términos de la discusión. En lugar de partir de las clases sociales, la producción y la distribución, tomó como axioma al individuo, sus preferencias subjetivas y la elección racional en un entorno de escasez. Los precios pasaron a ser vistos como meras señales que coordinan decisiones descentralizadas. En este modelo idealizado, los mercados asignan recursos con eficiencia óptima porque los individuos responden a incentivos y los precios portan toda la información necesaria para guiar la producción y el consumo.
Curiosamente, este marco conceptual no derivaba de manera automática en políticas neoliberales. Durante el siglo XX, buena parte de la economía neoclásica sirvió para fundamentar la intervención pública. La economía del bienestar aceptó el modelo marginalista, pero demostró que los mercados fallan con frecuencia: los monopolios distorsionan los precios, la contaminación traslada costos a terceros, los bienes públicos quedan desprovistos y la inversión privada suele ser inferior a las necesidades sociales. Desde este enfoque, los impuestos, los subsidios, las regulaciones, la inversión pública y la seguridad social mejoraban los resultados del mercado. El Estado no era el enemigo del mercado, sino su corrector indispensable.
El giro neoliberal decisivo de la Escuela de Chicago (especialmente a través de las obras de Ronald Coase y George Stigler) consistió en invertir los términos de esa presunción. La pregunta ya no era si los mercados fallaban —consenso evidente—, sino si los gobiernos podían hacerlo mejor. Plantearon que las instituciones políticas son capturadas por «intereses especiales», que la burocracia solo busca expandir su propio poder, que las agencias de control terminan dominadas por las corporaciones que supuestamente deben regular y que las demandas democráticas provocan gasto deficitario, inflación y desorden político.
Esta matriz transformó la doctrina de las regulaciones de defensa de la competencia (antitrust). Figuras como Aaron Director (cuñado de Friedman), Stigler y sus discípulos Robert Bork y Richard Posner redefinieron el problema del monopolio: lo alejaron de la discusión sobre el poder político y la estructura de mercado para subordinarlo a un criterio sumamente estrecho: el bienestar del consumidor (consumer-welfare standard).
A partir de allí, las megacorporaciones dejaron de ser consideradas peligrosas por el hecho de concentrar mercado o poder político. Para Chicago, muchas de estas prácticas corporativas eran soluciones eficientes a las condiciones de competencia. Las empresas pasaron a ser consideradas inocentes por definición, a menos que se demostrara un impacto directo y perjudicial en los precios al consumidor, lo que anestesió la política antimonopolio durante décadas.
La conclusión intelectual fue tajante: incluso un mercado imperfecto es preferible a un gobierno que intente enmendarlo. La mejor regulación es la que ejercen las propias corporaciones en su comportamiento de precios. Este es el corazón ideológico del neoliberalismo: la tesis central no es simplemente que la empresa privada es eficiente, sino que el sistema de precios es el único mecanismo viable para organizar la sociedad, mientras que la acción colectiva mediante instituciones democráticas es intrínsecamente sospechosa. El sistema de precios es el rey.
El blindaje constitucional del capitalismo
En esta línea, los aportes de James M. Buchanan son fundamentales. A diferencia de Friedman o Hayek, concentrados en persuadir a la opinión pública sobre las virtudes del mercado, Buchanan se enfocó en el diseño institucional. Su meta era diseñar dispositivos constitucionales que protegieran al capitalismo de las presiones democráticas, sin importar cuáles fueran los resultados electorales. Como demostró la historiadora Nancy MacLean, la escuela de la elección pública (public-choice) capitaneada por Buchanan se dedicó a diseñar cerrojos institucionales para estrechar el margen de la deliberación democrática y limitar el control social sobre el capital. Sus herramientas predilectas: la independencia de los bancos centrales, las reglas de déficit fiscal cero encastradas en las constituciones y la protección judicial irrestricta de la propiedad privada. El objetivo subyacente era vaciar de contenido a las mayorías populares.
Economistas austriacos, teóricos de Chicago y analistas del movimiento del Law and Economics (Derecho y Economía) pulieron esta tesis por distintas vías. Algunos prefirieron modelos matemáticos formales; otros los aborrecían. Algunos exigían un Estado mínimo; otros reclamaban un Estado fuerte, capaz de imponer la disciplina competitiva a rajatabla. Pero a todos los unió una fe común: el mercado es la forma privilegiada de coordinación social; la política es la fuerza que corrompe, distorsiona y destruye.
En este concierto, Hayek ocupa un altar especial. Su tesis más profunda contra el intervencionismo estatal sostenía que ningún planificador central puede poseer la información fragmentaria y dispersa que detentan millones de individuos. Los precios comunican un volumen de información que ninguna burocracia podría jamás recopilar o procesar. El mercado, bajo esta lectura, no era solo eficiente: era una forma superior de inteligencia social espontánea.
Esta operación teórica fue demoledora porque dotó al mercado de una investidura moral. Modificar los precios mediante regulaciones ya no era una simple política de redistribución del ingreso; era un acto sacrílego que desarticulaba un orden de conocimiento superior. La democracia podía exigir mejoras, la clase trabajadora organizarse y los votantes reclamar justicia social; todas esas demandas eran despachadas como intromisiones peligrosas en un proceso civilizatorio supuestamente más sabio que cualquier decisión colectiva.
Por este motivo, el Estado neoliberal jamás se pensó como un Estado débil. Este es uno de sus disfraces más tenaces. El neoliberalismo no le pide al Estado que se evapore; le exige que reorganice la sociedad de arriba abajo para blindar al capital de las presiones democráticas. El modelo requiere tribunales rigurosos para hacer cumplir los contratos corporativos, bancos centrales autónomos para disciplinar al trabajo y controlar la inflación, fuerzas de seguridad para proteger la propiedad privada, tratados de libre comercio para maniatar las políticas productivas nacionales e instituciones internacionales (como el FMI o el Banco Mundial) para garantizar el cobro de las deudas soberanas.
El neoliberalismo aborrece el gasto social, pero no tiene el menor reparo en movilizar el poder público cuando se trata de rescatar bancos de la quiebra, socializar pérdidas financieras, reprimir huelgas, privatizar empresas del Estado o abrir nuevos nichos de acumulación. Es lo que Quinn Slobodian denomina el «encasamiento» o blindaje de los mercados [the encasement of markets]: edificar instituciones técnicas que coloquen a la economía de mercado fuera del alcance de la soberanía popular.
No debería extrañar, entonces, que el neoliberalismo haya congeniado históricamente con regímenes dictatoriales y autoritarios. Sus primeros experimentos de laboratorio a gran escala no ocurrieron en las democracias parlamentarias del hemisferio norte, sino en el Cono Sur: en el Chile de Pinochet tras el golpe de 1973 y en la Argentina de Videla tras el golpe de 1976. Allí se ejecutaron a sangre y fuego los programas piloto de privatización, desregulación, ofensiva antiobrera y ortodoxia monetaria. La crisis de la deuda de los años ochenta fue la palanca perfecta para universalizar estas recetas en América Latina y el Sur Global bajo el rótulo técnico del Consenso de Washington. El ajuste estructural se vendió como una medida de ingeniería económica, ocultando que se trataba de una transferencia colosal de poder político.
Esa es otra razón por la que el neoliberalismo ha tenido tanto éxito en términos políticos: transforma las decisiones políticas en cuestiones puramente técnicas. El debate ya no pasa por si los trabajadores deberían tener un mayor poder de negociación, sino por cómo permitir que los mercados laborales se ajusten de manera eficiente, lo que en la práctica significa eliminar el poder de los sindicatos y promover una mayor flexibilidad. El dilema no es si los gobiernos deberían orientar el crédito hacia la vivienda, la infraestructura o la industria, sino si los funcionarios públicos saben más que los banqueros. La discusión nunca gira en torno a si los servicios públicos son derechos universales, sino a cuáles de ellos constituyen bienes públicos que los mercados no pueden proveer con eficiencia. La encrucijada no es si se debe gravar la riqueza, sino si eso amenazaría a los emprendedores y distorsionaría los incentivos a la inversión.
El efecto definitivo de esta operación es la desaparición del conflicto de clases. En este esquema ya no hay trabajadores y propietarios con reclamos contrapuestos sobre el ingreso y el poder; solo quedan individuos que toman decisiones de manera aislada, emprendedores que responden a incentivos, consumidores que maximizan su bienestar y gobiernos que interfieren en un proceso de autoorganización que, de lo contrario, pondría las cosas en orden.
El ciudadano ideal en esta cosmovisión no es un trabajador con intereses colectivos, sino un emprendedor o, más precisamente, un emprendedor en potencia. Quien se encuentra desempleado no es alguien a quien la economía le ha fallado, sino alguien que debe volverse más adaptable. El hogar endeudado no está atrapado en un sistema de poder desigual, sino que debe aprender a ser financieramente responsable. El trabajador que exige mejores salarios se convierte en una amenaza para la competitividad; el sindicato se transforma en un grupo de interés corporativo o extorsivo; el Estado de bienestar, en una fábrica de dependencia. El mito emprendedor logra interpelar frustraciones genuinas: le dice a la gente que no está indefensa, precisamente mientras se desmantelan las instituciones que podrían otorgarle un poder colectivo real. Promete la libertad, al tiempo que reduce su significado a la mera libertad de competir.
Las mutaciones del populismo de derecha
Por eso no se debe confundir el populismo de derecha contemporáneo con una ruptura total con el neoliberalismo. Los aranceles, las sanciones y los ataques de Donald Trump a la globalización suelen presentarse como un rechazo al antiguo consenso del libre mercado, pero la economía moral subyacente sigue siendo profundamente neoliberal. El emprendedor se mantiene como el héroe del relato. El gobierno es considerado legítimo únicamente cuando protege a las empresas nacionales, castiga a los competidores extranjeros o elimina los obstáculos a la acumulación privada. Los aranceles se venden no tanto como un desafío a los mercados, sino como una forma de restaurar un orden de mercado supuestamente justo frente a extranjeros tramposos, burócratas y élites globales.
Lo mismo se aplica, en términos más generales, a la nueva política industrial, la cual —cabría añadir— nunca se abandonó por completo en Estados Unidos ni en Europa Occidental. Los Estados pueden subsidiar a sus empresas líderes nacionales, dirigir la inversión o proteger a ciertos sectores; sin embargo, siguen considerando la rentabilidad, la competitividad, el valor para los accionistas y los rendimientos privados como los criterios definitivos del éxito. El proteccionismo no constituye, por sí solo, una alternativa al neoliberalismo, como tampoco lo es un Estado de mayor tamaño. Los Estados siempre han intervenido en los mercados; la pregunta de fondo es si la intervención subvierte la jerarquía social del poder o si simplemente utiliza los recursos públicos para garantizar un capitalismo más competitivo.
Dos decisiones recientes de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la independencia de las agencias reguladoras son un símbolo de la persistencia del neoliberalismo. Una de ellas protege a los funcionarios designados de la Reserva Federal contra el despido, mientras que la otra permite una intervención similar en la Comisión Federal de Comercio [FTC]. La suposición implícita es que la Reserva Federal ocupa una posición institucional única, cuyo aislamiento de la política democrática es tanto deseable como necesario. El Tribunal amplió simultáneamente el control presidencial sobre agencias como la FTC, al tiempo que preservó el estatus especial de la Reserva Federal en virtud de la Ley de la Reserva Federal.
Trump ha cuestionado partes del Estado administrativo de la posguerra, pero ni el tribunal ni gran parte de la clase política han puesto en duda el estatus constitucional e ideológico privilegiado de la Reserva Federal. El fallo del Tribunal no se limita a proteger a la Fed, sino que reafirma la distinción neoliberal entre la intervención democrática aceptable —sobre las agencias reguladoras ordinarias— y la intervención inaceptable (sobre la política monetaria). Esa es una indicación contundente de que, a pesar del auge del populismo de derecha, el orden constitucional neoliberal ha demostrado ser notablemente resistente.
El tribunal protege a la Reserva Federal porque la disciplina monetaria sigue siendo fundamental para el orden institucional neoliberal, pero somete a la Comisión Federal de Comercio más directamente al control presidencial, lo que debilita a la agencia más asociada con la supervisión del poder corporativo. La asimetría es reveladora: la banca central está aislada de la democracia, pero la aplicación de las leyes de defensa de la competencia se ve debilitada. Eso no es el fin del neoliberalismo, sino una de sus mutaciones. El sistema funcionó para proteger a las instituciones que disciplinan a los trabajadores, al tiempo que redujo la autonomía de las instituciones que podrían disciplinar al capital.
El populismo de derecha, que surgió como resultado del éxito del neoliberalismo y de la incapacidad de los gobiernos de centroizquierda para romper decisivamente con él a fin de hacer frente a las fallas de mercado que provocó, no ha abandonado la lógica subyacente de los mercados libres. El proyecto subyacente consistía en la protección del capital, el debilitamiento de la clase trabajadora y el aislamiento de los mercados frente al control democrático.
El neoliberalismo no terminará simplemente porque los gobiernos impongan aranceles o porque los políticos nacionalistas denuncien la globalización. Terminará cuando los Estados dejen de tratar la racionalidad de mercado como la lógica principal de la gobernanza. Terminará cuando el mito empresarial deje de ser el modo dominante a través del cual se interpela y se gobierna a la gente. Eso requeriría que las organizaciones a favor de los trabajadores —partidos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil— adquieran el poder estructural para hacer frente al capital. Solo entonces podremos comenzar a construir una sociedad en la que el empleo, la vivienda, la salud, la supervivencia ecológica y la igualdad democrática no estén subordinadas a la lógica del libre mercado.
Matías Vernengo. Profesor de Economía en la Universidad de Bucknell y exgerente principal de Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina. Es coeditor de la Review of Keynesian Economics y coeditor en jefe de The New Palgrave Dictionary of Economics.
Fuente: https://jacobinlat.com/2026/07/el-populismo-de-derecha-no-termino-con-el-neoliberalismo/
El rasgo definitorio del neoliberalismo siempre fue el blindaje del capital frente al control democrático. La ruptura del trumpismo con el libre comercio cambió la retórica, pero el orden económico subyacente permanece intacto.
El neoliberalismo suele pasar desapercibido a plena vista. Sus defensores rara vez se identifican como tales; el historiador Philip Mirowski lo describió astutamente como el movimiento que no se atreve a decir su propio nombre. Sus partidarios suelen sugerir que nunca existió, salvo como un término peyorativo inventado por las izquierdas. Recientemente, el economista Branko Milanovic ha ido más allá al argumentar que el neoliberalismo está muerto, bajo la premisa de que la era de la globalización —cimentada en el cosmopolitismo y la competencia internacional— ha dado paso a un mundo marcadamente proteccionista y nacionalista.
Sin embargo, el error de este diagnóstico radica en identificar al neoliberalismo con la globalización o el libre comercio. Estos últimos fueron meros instrumentos de política económica, no su rasgo definitorio. Su verdadera matriz conceptual ha sido siempre la subordinación de la política democrática a la racionalidad del mercado y el blindaje institucional del capital frente a las demandas populares. Visto bajo esta luz, el auge del populismo de derecha no marca el fin del neoliberalismo, sino una de sus mutaciones más recientes.
Es cierto, como señala Milanovic, que el viejo discurso del libre comercio y la integración cosmopolita ya no describe el comportamiento de las grandes potencias. Estados Unidos y Europa apelan hoy a aranceles, subsidios, sanciones, políticas industriales y controles geopolíticos con una franqueza que habría parecido inverosímil hace apenas unas décadas. La reacción política contra la desindustrialización, la desigualdad y las crisis financieras es real. Pero de esto no se deduce que el neoliberalismo haya expirado. Debemos ser cautelosos con el alcance de este viraje: la verdad histórica es que Occidente —y muy especialmente Estados Unidos— jamás abandonó la política industrial. En la práctica, la intervención estatal en sectores estratégicos ha sido una constante macroeconómica, por más que se la haya negado sistemáticamente en el plano de la retórica.
El mito de la «mano invisible» y el verdadero Adam Smith
Resulta crucial distinguir al neoliberalismo de las consignas con las que suele promocionarse. No estamos ante un redescubrimiento de la vieja doctrina del laissez-faire del liberalismo clásico, ni ante un simple movimiento político. Su fundamento analítico se asienta en la economía neoclásica moderna; sobre todo, en la premisa de que los mercados son mecanismos superiores para coordinar la vida social y que las fallas del Estado son, por definición, más peligrosas que las fallas del mercado.
Esta distinción explica tanto la naturaleza del neoliberalismo como su notable durabilidad. El sistema puede sobrevivir perfectamente al abandono de agendas específicas —incluso del mismísimo libre comercio— siempre y cuando el mercado siga operando como la norma soberana contra la cual se evalúa cualquier acción política, y el capital permanezca inmunizado ante las reivindicaciones democráticas.
Para disimular el carácter de sus ideas, los neoliberales recurren a todo tipo de subterfugios. Prefieren catalogarse como «liberales clásicos», «defensores de la libertad económica» o, simplemente, «realistas» que comprenden el funcionamiento de los mercados. Tanto Milton Friedman como Friedrich Hayek —los abanderados intelectuales del movimiento— terminaron rechazando el mote de «neoliberales». Ambos invocaron con insistencia la autoridad de Adam Smith, el padre de la economía política, pero ese cordón umbilical con el primer liberalismo clásico siempre fue sumamente tenue.
La Escuela de Chicago fagocitó el legado de Smith para alimentar el auge del conservadurismo estadounidense: el mito del hombre que se hace a sí mismo (self-made man), las virtudes del emprendedor y los peligros del poder burocrático se convirtieron en armas ideológicas (otra etiqueta que Friedman rechazaba, a pesar de haber sido el asesor clave del ultraconservador Barry Goldwater).
El relato neoliberal es rudimentario pero eficaz: la sociedad prospera cuando los individuos tienen total libertad para comprar, vender, invertir y competir, mientras el Estado se mantiene al margen. Esta narrativa se consagró como una de las batallas culturales más exitosas del último medio siglo. Consiguió que la privatización suene a liberación, que la desregulación se traduzca como modernización y que las ofensivas contra los sindicatos aparezcan como una legítima defensa de los consumidores de a pie. En definitiva, permitió que transferencias colosales de ingresos y poder hacia la cúspide social parezcan el resultado neutral y objetivo de fuerzas de mercado impersonales.
A menudo se erige a Adam Smith como el santo patrón del neoliberalismo y el apóstol de la «mano invisible». Sin embargo, sus preocupaciones eran de una naturaleza completamente distinta, moldeadas por su propia época histórica. Smith escribió contra un mundo de privilegios aristocráticos, monopolios coloniales, trabas mercantilistas y resabios feudales que asfixiaban el ascenso de la burguesía. Su economía política ponía el eje en la producción, la acumulación y la distribución del ingreso entre las clases sociales. Para él, los salarios, las utilidades y las rentas no eran premios automáticos de un mercado perfecto, sino variables moldeadas por las relaciones sociales, las instituciones y el conflicto.
Smith defendió la sociedad comercial porque intuyó que la división del trabajo incrementaría la productividad y erosionaría los viejos sistemas de privilegios. Pero jamás formuló una teoría que demostrara que los mercados conducen de manera inexorable al mejor resultado social posible, ni consideró al Estado como un ente intrínsecamente ilegítimo. Al contrario, le asignó responsabilidades explícitas en infraestructura, educación, justicia y defensa. El liberalismo de su tiempo fue un ataque frontal contra un orden dominado por terratenientes, monopolistas y dinastías hereditarias.
El neoliberalismo es otra cosa: no es una revuelta contra el privilegio, sino la defensa corporativa de nuevos privilegios asociados a la propiedad, las finanzas, el poder oligopólico y la libertad del capital para evadir cualquier control democrático.
De las clases al individuo: el giro neoclásico
La diferencia se vuelve nítida al examinar los fundamentos económicos que sostienen a cada corriente. La economía política clásica —desde Smith y David Ricardo hasta Karl Marx— colocaba la producción y la distribución en el centro del análisis. Su pregunta matriz era cómo se reproducen las economías, cómo se dividen las ganancias y los salarios, y de qué manera la acumulación transforma la estructura social. Concebían al capitalismo como un sistema atravesado por el conflicto de clases, más allá de las profundas discrepancias sobre si dicho conflicto era gestionable o deseable.
La revolución neoclásica pateó el tablero y cambió los términos de la discusión. En lugar de partir de las clases sociales, la producción y la distribución, tomó como axioma al individuo, sus preferencias subjetivas y la elección racional en un entorno de escasez. Los precios pasaron a ser vistos como meras señales que coordinan decisiones descentralizadas. En este modelo idealizado, los mercados asignan recursos con eficiencia óptima porque los individuos responden a incentivos y los precios portan toda la información necesaria para guiar la producción y el consumo.
Curiosamente, este marco conceptual no derivaba de manera automática en políticas neoliberales. Durante el siglo XX, buena parte de la economía neoclásica sirvió para fundamentar la intervención pública. La economía del bienestar aceptó el modelo marginalista, pero demostró que los mercados fallan con frecuencia: los monopolios distorsionan los precios, la contaminación traslada costos a terceros, los bienes públicos quedan desprovistos y la inversión privada suele ser inferior a las necesidades sociales. Desde este enfoque, los impuestos, los subsidios, las regulaciones, la inversión pública y la seguridad social mejoraban los resultados del mercado. El Estado no era el enemigo del mercado, sino su corrector indispensable.
El giro neoliberal decisivo de la Escuela de Chicago (especialmente a través de las obras de Ronald Coase y George Stigler) consistió en invertir los términos de esa presunción. La pregunta ya no era si los mercados fallaban —consenso evidente—, sino si los gobiernos podían hacerlo mejor. Plantearon que las instituciones políticas son capturadas por «intereses especiales», que la burocracia solo busca expandir su propio poder, que las agencias de control terminan dominadas por las corporaciones que supuestamente deben regular y que las demandas democráticas provocan gasto deficitario, inflación y desorden político.
Esta matriz transformó la doctrina de las regulaciones de defensa de la competencia (antitrust). Figuras como Aaron Director (cuñado de Friedman), Stigler y sus discípulos Robert Bork y Richard Posner redefinieron el problema del monopolio: lo alejaron de la discusión sobre el poder político y la estructura de mercado para subordinarlo a un criterio sumamente estrecho: el bienestar del consumidor (consumer-welfare standard).
A partir de allí, las megacorporaciones dejaron de ser consideradas peligrosas por el hecho de concentrar mercado o poder político. Para Chicago, muchas de estas prácticas corporativas eran soluciones eficientes a las condiciones de competencia. Las empresas pasaron a ser consideradas inocentes por definición, a menos que se demostrara un impacto directo y perjudicial en los precios al consumidor, lo que anestesió la política antimonopolio durante décadas.
La conclusión intelectual fue tajante: incluso un mercado imperfecto es preferible a un gobierno que intente enmendarlo. La mejor regulación es la que ejercen las propias corporaciones en su comportamiento de precios. Este es el corazón ideológico del neoliberalismo: la tesis central no es simplemente que la empresa privada es eficiente, sino que el sistema de precios es el único mecanismo viable para organizar la sociedad, mientras que la acción colectiva mediante instituciones democráticas es intrínsecamente sospechosa. El sistema de precios es el rey.
El blindaje constitucional del capitalismo
En esta línea, los aportes de James M. Buchanan son fundamentales. A diferencia de Friedman o Hayek, concentrados en persuadir a la opinión pública sobre las virtudes del mercado, Buchanan se enfocó en el diseño institucional. Su meta era diseñar dispositivos constitucionales que protegieran al capitalismo de las presiones democráticas, sin importar cuáles fueran los resultados electorales. Como demostró la historiadora Nancy MacLean, la escuela de la elección pública (public-choice) capitaneada por Buchanan se dedicó a diseñar cerrojos institucionales para estrechar el margen de la deliberación democrática y limitar el control social sobre el capital. Sus herramientas predilectas: la independencia de los bancos centrales, las reglas de déficit fiscal cero encastradas en las constituciones y la protección judicial irrestricta de la propiedad privada. El objetivo subyacente era vaciar de contenido a las mayorías populares.
Economistas austriacos, teóricos de Chicago y analistas del movimiento del Law and Economics (Derecho y Economía) pulieron esta tesis por distintas vías. Algunos prefirieron modelos matemáticos formales; otros los aborrecían. Algunos exigían un Estado mínimo; otros reclamaban un Estado fuerte, capaz de imponer la disciplina competitiva a rajatabla. Pero a todos los unió una fe común: el mercado es la forma privilegiada de coordinación social; la política es la fuerza que corrompe, distorsiona y destruye.
En este concierto, Hayek ocupa un altar especial. Su tesis más profunda contra el intervencionismo estatal sostenía que ningún planificador central puede poseer la información fragmentaria y dispersa que detentan millones de individuos. Los precios comunican un volumen de información que ninguna burocracia podría jamás recopilar o procesar. El mercado, bajo esta lectura, no era solo eficiente: era una forma superior de inteligencia social espontánea.
Esta operación teórica fue demoledora porque dotó al mercado de una investidura moral. Modificar los precios mediante regulaciones ya no era una simple política de redistribución del ingreso; era un acto sacrílego que desarticulaba un orden de conocimiento superior. La democracia podía exigir mejoras, la clase trabajadora organizarse y los votantes reclamar justicia social; todas esas demandas eran despachadas como intromisiones peligrosas en un proceso civilizatorio supuestamente más sabio que cualquier decisión colectiva.
Por este motivo, el Estado neoliberal jamás se pensó como un Estado débil. Este es uno de sus disfraces más tenaces. El neoliberalismo no le pide al Estado que se evapore; le exige que reorganice la sociedad de arriba abajo para blindar al capital de las presiones democráticas. El modelo requiere tribunales rigurosos para hacer cumplir los contratos corporativos, bancos centrales autónomos para disciplinar al trabajo y controlar la inflación, fuerzas de seguridad para proteger la propiedad privada, tratados de libre comercio para maniatar las políticas productivas nacionales e instituciones internacionales (como el FMI o el Banco Mundial) para garantizar el cobro de las deudas soberanas.
El neoliberalismo aborrece el gasto social, pero no tiene el menor reparo en movilizar el poder público cuando se trata de rescatar bancos de la quiebra, socializar pérdidas financieras, reprimir huelgas, privatizar empresas del Estado o abrir nuevos nichos de acumulación. Es lo que Quinn Slobodian denomina el «encasamiento» o blindaje de los mercados [the encasement of markets]: edificar instituciones técnicas que coloquen a la economía de mercado fuera del alcance de la soberanía popular.
No debería extrañar, entonces, que el neoliberalismo haya congeniado históricamente con regímenes dictatoriales y autoritarios. Sus primeros experimentos de laboratorio a gran escala no ocurrieron en las democracias parlamentarias del hemisferio norte, sino en el Cono Sur: en el Chile de Pinochet tras el golpe de 1973 y en la Argentina de Videla tras el golpe de 1976. Allí se ejecutaron a sangre y fuego los programas piloto de privatización, desregulación, ofensiva antiobrera y ortodoxia monetaria. La crisis de la deuda de los años ochenta fue la palanca perfecta para universalizar estas recetas en América Latina y el Sur Global bajo el rótulo técnico del Consenso de Washington. El ajuste estructural se vendió como una medida de ingeniería económica, ocultando que se trataba de una transferencia colosal de poder político.
Esa es otra razón por la que el neoliberalismo ha tenido tanto éxito en términos políticos: transforma las decisiones políticas en cuestiones puramente técnicas. El debate ya no pasa por si los trabajadores deberían tener un mayor poder de negociación, sino por cómo permitir que los mercados laborales se ajusten de manera eficiente, lo que en la práctica significa eliminar el poder de los sindicatos y promover una mayor flexibilidad. El dilema no es si los gobiernos deberían orientar el crédito hacia la vivienda, la infraestructura o la industria, sino si los funcionarios públicos saben más que los banqueros. La discusión nunca gira en torno a si los servicios públicos son derechos universales, sino a cuáles de ellos constituyen bienes públicos que los mercados no pueden proveer con eficiencia. La encrucijada no es si se debe gravar la riqueza, sino si eso amenazaría a los emprendedores y distorsionaría los incentivos a la inversión.
El efecto definitivo de esta operación es la desaparición del conflicto de clases. En este esquema ya no hay trabajadores y propietarios con reclamos contrapuestos sobre el ingreso y el poder; solo quedan individuos que toman decisiones de manera aislada, emprendedores que responden a incentivos, consumidores que maximizan su bienestar y gobiernos que interfieren en un proceso de autoorganización que, de lo contrario, pondría las cosas en orden.
El ciudadano ideal en esta cosmovisión no es un trabajador con intereses colectivos, sino un emprendedor o, más precisamente, un emprendedor en potencia. Quien se encuentra desempleado no es alguien a quien la economía le ha fallado, sino alguien que debe volverse más adaptable. El hogar endeudado no está atrapado en un sistema de poder desigual, sino que debe aprender a ser financieramente responsable. El trabajador que exige mejores salarios se convierte en una amenaza para la competitividad; el sindicato se transforma en un grupo de interés corporativo o extorsivo; el Estado de bienestar, en una fábrica de dependencia. El mito emprendedor logra interpelar frustraciones genuinas: le dice a la gente que no está indefensa, precisamente mientras se desmantelan las instituciones que podrían otorgarle un poder colectivo real. Promete la libertad, al tiempo que reduce su significado a la mera libertad de competir.
Las mutaciones del populismo de derecha
Por eso no se debe confundir el populismo de derecha contemporáneo con una ruptura total con el neoliberalismo. Los aranceles, las sanciones y los ataques de Donald Trump a la globalización suelen presentarse como un rechazo al antiguo consenso del libre mercado, pero la economía moral subyacente sigue siendo profundamente neoliberal. El emprendedor se mantiene como el héroe del relato. El gobierno es considerado legítimo únicamente cuando protege a las empresas nacionales, castiga a los competidores extranjeros o elimina los obstáculos a la acumulación privada. Los aranceles se venden no tanto como un desafío a los mercados, sino como una forma de restaurar un orden de mercado supuestamente justo frente a extranjeros tramposos, burócratas y élites globales.
Lo mismo se aplica, en términos más generales, a la nueva política industrial, la cual —cabría añadir— nunca se abandonó por completo en Estados Unidos ni en Europa Occidental. Los Estados pueden subsidiar a sus empresas líderes nacionales, dirigir la inversión o proteger a ciertos sectores; sin embargo, siguen considerando la rentabilidad, la competitividad, el valor para los accionistas y los rendimientos privados como los criterios definitivos del éxito. El proteccionismo no constituye, por sí solo, una alternativa al neoliberalismo, como tampoco lo es un Estado de mayor tamaño. Los Estados siempre han intervenido en los mercados; la pregunta de fondo es si la intervención subvierte la jerarquía social del poder o si simplemente utiliza los recursos públicos para garantizar un capitalismo más competitivo.
Dos decisiones recientes de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la independencia de las agencias reguladoras son un símbolo de la persistencia del neoliberalismo. Una de ellas protege a los funcionarios designados de la Reserva Federal contra el despido, mientras que la otra permite una intervención similar en la Comisión Federal de Comercio [FTC]. La suposición implícita es que la Reserva Federal ocupa una posición institucional única, cuyo aislamiento de la política democrática es tanto deseable como necesario. El Tribunal amplió simultáneamente el control presidencial sobre agencias como la FTC, al tiempo que preservó el estatus especial de la Reserva Federal en virtud de la Ley de la Reserva Federal.
Trump ha cuestionado partes del Estado administrativo de la posguerra, pero ni el tribunal ni gran parte de la clase política han puesto en duda el estatus constitucional e ideológico privilegiado de la Reserva Federal. El fallo del Tribunal no se limita a proteger a la Fed, sino que reafirma la distinción neoliberal entre la intervención democrática aceptable —sobre las agencias reguladoras ordinarias— y la intervención inaceptable (sobre la política monetaria). Esa es una indicación contundente de que, a pesar del auge del populismo de derecha, el orden constitucional neoliberal ha demostrado ser notablemente resistente.
El tribunal protege a la Reserva Federal porque la disciplina monetaria sigue siendo fundamental para el orden institucional neoliberal, pero somete a la Comisión Federal de Comercio más directamente al control presidencial, lo que debilita a la agencia más asociada con la supervisión del poder corporativo. La asimetría es reveladora: la banca central está aislada de la democracia, pero la aplicación de las leyes de defensa de la competencia se ve debilitada. Eso no es el fin del neoliberalismo, sino una de sus mutaciones. El sistema funcionó para proteger a las instituciones que disciplinan a los trabajadores, al tiempo que redujo la autonomía de las instituciones que podrían disciplinar al capital.
El populismo de derecha, que surgió como resultado del éxito del neoliberalismo y de la incapacidad de los gobiernos de centroizquierda para romper decisivamente con él a fin de hacer frente a las fallas de mercado que provocó, no ha abandonado la lógica subyacente de los mercados libres. El proyecto subyacente consistía en la protección del capital, el debilitamiento de la clase trabajadora y el aislamiento de los mercados frente al control democrático.
El neoliberalismo no terminará simplemente porque los gobiernos impongan aranceles o porque los políticos nacionalistas denuncien la globalización. Terminará cuando los Estados dejen de tratar la racionalidad de mercado como la lógica principal de la gobernanza. Terminará cuando el mito empresarial deje de ser el modo dominante a través del cual se interpela y se gobierna a la gente. Eso requeriría que las organizaciones a favor de los trabajadores —partidos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil— adquieran el poder estructural para hacer frente al capital. Solo entonces podremos comenzar a construir una sociedad en la que el empleo, la vivienda, la salud, la supervivencia ecológica y la igualdad democrática no estén subordinadas a la lógica del libre mercado.
Matías Vernengo. Profesor de Economía en la Universidad de Bucknell y exgerente principal de Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina. Es coeditor de la Review of Keynesian Economics y coeditor en jefe de The New Palgrave Dictionary of Economics.
Fuente: https://jacobinlat.com/2026/07/el-populismo-de-derecha-no-termino-con-el-neoliberalismo/
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