Do Rebelión, 25 de julho 2026
Por Alejandra Almaraz, Brenda Villalba Sánchez : Truthdig -
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Imagen: Demostración indígena antigobierno en La Paz, Bolivia, Junio 10, 2026. (AP Photo/Juan Karita) |
Bolivia, que atrajo la mirada internacional por su lucha y gobernanza indígena, ha quedado fracturada por las pugnas internas de sus movimientos y la represión estatal.
COCHABAMBA, Bolivia — Una fotografía del presidente Rodrigo Paz dando la mano al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) en la Casa Grande del Pueblo en La Paz daría vueltas por todo internet para declararle fin a los 50 días de protestas y bloqueos a nivel nacional que exigían la renuncia del presidente a seis meses de haber asumido el cargo. La imagen circuló el viernes 19 de junio, al final de la tarde y, horas después, en la madrugada, el presidente declaró estado de excepción en el país por 90 días.
Sin toques de queda, sin prohibición de libre circulación, este estado de excepción buscaba desplegar estratégicamente a las fuerzas armadas en los puntos de bloqueo del país. Acá en la ciudad de Cochabamba, la segunda con más puntos de bloqueo, las Fuerzas Armadas resguardan puentes y vías principales de acceso a la ciudad y realizaron patrullajes preventivos, recibiendo tanto aprobación como condena por parte de una población dividida.
Tras las protestas y la represión, los movimientos sociales se han reconfigurado, mientras el nuevo gobierno de derecha enfrenta una crisis de respaldo, lo que deja el panorama político en la incertidumbre. A esto se suma que Bolivia atraviesa su peor crisis económica en 40 años. El 29 de junio, el gobierno eliminó el tipo de cambio fijo del dólar estadounidense tras 15 años de vigencia, como un intento de atraer divisas para aliviar la crisis.
Las primeras políticas del gobierno de Paz y los 28 días de marcha
Rodrigo Paz, considerado por medios internacionales como BBC y Reuters de “derecha moderada”, ganó las elecciones en Bolivia en octubre de 2025 con el 54% de los votos frente a su rival en segunda vuelta, Jorge “Tuto” Quiroga, ex presidente del país del 2001 a 2002, etiquetado como de “extrema derecha” y neoliberal.
Paz ganó la presidencia en un momento en el que la izquierda en Bolivia se encontraba fragmentada, luego de casi veinte años del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) gobernando, así como en un contexto internacional de gobiernos de derecha siendo elegidos en toda la región. Ganó con el eslogan “capitalismo para todos” y con la promesa de sacar a Bolivia de la crisis económica, con una inflación del 20,40% y escasez de combustibles y divisas.
Siendo una sorpresa para muchos analistas, entre las posibles explicaciones para su victoria estaba la influencia de su compañero de fórmula, el ex policía Edman Lara, quien había ganado visibilidad en años anteriores por denunciar actos de corrupción dentro de la institución a través de redes sociales, así como la imposibilidad para los sectores populares de votar por candidatos que hubieran jugado un rol en la política neoliberal de los 2000 en Bolivia.
“Cuando vino el señor Paz, actualmente gobierno, vino con otro tipo de promesas, ¿no? …Que iba a gobernar para todos los sectores, que no iba a olvidarse del sector más empobrecido, que al sector campesino iban a dar todos los proyectos,” cuenta Esther Chura, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) a Truthdig.
Ganó con el eslogan “capitalismo para todos.”
“Entonces era la única opción, porque el campesinado tampoco podía ir a los otros partidos que eran partidos de los que ya sabemos que siempre están al lado de las grandes empresas, los grandes empresarios”, dice.
Sin embargo, las medidas que Rodrigo Paz y su gabinete comenzaron a implementar fueron alejándose cada vez más de las expectativas del sector popular. A un mes de gestión, una de sus primeras medidas fue eliminar los subsidios a los combustibles a través del Decreto Supremo 5503, acompañado de un incremento del salario mínimo y un aumento de bonos específicos a sectores vulnerables.
La eliminación del subsidio, si bien provocó que los precios de la gasolina casi se duplicaran, fue una medida anticipada desde el periodo electoral. Sin embargo, en ese mismo período, Paz abroga cuatro impuestos clave (incluido el impuesto a las grandes fortunas), lo que desata las primeras críticas de los sectores populares, quienes acusan una inclinación hacia el sector empresarial tradicional y de pretender gobernar por decreto.
A principios de 2026, la Central Obrera de Bolivia (COB), la principal agrupación de sindicatos de trabajadores en el país, y sectores afines llevan a cabo sus primeras protestas en contra de las políticas de Paz y, en concreto, del DS 5503, decreto que sería abrogado el 13 de enero. No obstante, este sería solo el inicio de una serie de protestas.
Mientras estas protestas se llevaban a cabo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se discutía un proyecto de ley presentado por el senador Branko Marinkovic: el PL 157, luego conocido como Ley 1720, “Que autoriza la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a mediana o empresarial”. Marinkovic, además de ser el primer senador por el frente de Tuto Quiroga, es un conocido terrateniente y político cruceño, quien se vio envuelto en controversia por la presunta posesión irregular de grandes extensiones de tierra, incluidas las más de doce mil hectáreas de la reserva Laguna Corazón.
En un pronunciamiento de diez ONGs, movimientos y fundaciones que trabajan en el área agraria, se mencionó como problemática central la inconstitucionalidad de la Ley 1720. “La figura de “conversión voluntaria” constituye, en los hechos, el abandono de los deberes constitucionales del Estado en materia de reconocimiento, regulación y protección agraria y ambiental. Al permitir que los propietarios privados de la tierra reclasifiquen y definan el estatus de los predios agrarios según su conveniencia, el Estado está renunciando a su rol … de hacer cumplir la Función Económica y Social de la tierra, entendida como el uso sostenible de la misma”, declara el texto.
Poco después de la promulgación de la Ley 1720 el 8 de abril, organizaciones campesinas se pronunciaron en contra, alegando no haber sido consultadas en el proceso de elaboración y tratamiento del proyecto de ley y denunciando el avance del agronegocio. Comunarios (miembros activos de una comunidad rural o indígena que participan en democracia comunitaria, un sistema de participación política reconocido oficialmente en el país) y sectores indígenas de los departamentos de Pando y Beni iniciaron casi de inmediato, el 8 de abril, una marcha hacia La Paz, llamada “Por la Vida, para Salvar Bolivia”.
Su pliego petitorio incluía, además de la abrogación de la Ley 1720, respeto a los pueblos indígenas y tratamiento de leyes específicas en beneficio del medio ambiente, titulación de sus tierras comunitarias, suspensión y archivo del Proyecto de Ley Antibloqueos, y solución al problema de la escasez de hidrocarburos que la eliminación del subsidio no había subsanado hasta la fecha, entre otras peticiones.
El 14 de abril, se llevó a cabo el “Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio” en la ciudad de Santa Cruz, donde 34 organizaciones indígenas y campesinas exigieron la abrogación de la Ley 1720 y anunciaron su adhesión a la marcha.
Un cambio de la estructura organizativa
Durante 28 días, con las banderas tricolor nacional y la histórica wiphala —bandera que representa a los pueblos indígenas y campesinos—, marchistas atravesaron más de 1.000 kilómetros entre el departamento del Beni y La Paz, la sede del gobierno.
Mientras las redes sociales se inundaban con el minuto a minuto del recorrido, en municipios como Patacamaya, en La Paz, los comunarios formaron hileras humanas para recibir a la columna entre aplausos, silbidos y apoyo. Lo que empezó como una caminata amazónica terminó aglutinando a campesinos, indígenas y obreros y derivando en bloqueos que paralizaron el país durante 50 días y sacudieron al gobierno de Rodrigo Paz.
La “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia” funcionó como el epicentro donde convergieron diversas organizaciones sociales con pliegos petitorios diferenciados. Mientras que los sectores de tierras bajas priorizaron la defensa de sus territorios para garantizar su subsistencia sociocultural y económica, organizaciones sindicales como la COB enfocaron sus demandas en reformas económicas, salariales y productivas, incorporando además las exigencias del sector minero. Por su parte, las federaciones departamentales de La Paz —tanto la de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” como la de Mujeres “Bartolina Sisa”— plantearon la reactivación de proyectos paralizados, la reducción del 50% en los sueldos de los funcionarios públicos y la destitución de varios ministros, mientras otros sectores limitaron sus pedidos a reivindicaciones gremiales específicas.
La “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia” funcionó como el epicentro.
Para la analista política aymara Quya Reyna, esta fragmentación de agendas impidió consolidar una articulación estratégica entre los movilizados. Las coincidencias generales se limitaron al respeto a la Constitución Política del Estado y a la abrogación de la Ley 1720, norma que finalmente fue abrogada el 14 de mayo.
Tras este desenlace, la ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez, Vivian Palomera, aclaró a Truthdig que, aunque el sector no era ajeno a la crisis nacional, el objetivo en las tierras bajas no era exigir la renuncia del presidente, sino frenar la reconversión de la pequeña propiedad: “Vimos la prioridad de exigir la anulación de esta ley porque, como indígenas, nuestro territorio es nuestra vida […], es nuestro patrimonio y el que le vamos a dejar a nuestros hijos”.
Al respecto, el antropólogo Pedro Pachaguaya explica que en Bolivia coexisten dos estructuras organizativas diferenciadas que operan bajo sus propios mecanismos de deliberación, decisión y sanción: las de carácter indígena-originario, cuyas demandas nacen de sus contextos territoriales, y las de corte productivo y popular. Lo productivo, que agrupa al sindicalismo tradicional como las cooperativas mineras o la COB, y el popular articula a los trabajadores independientes, gremiales y sectores urbanos informales. Es decir que, en Bolivia, las organizaciones campesinas, siendo su mayor representante la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y las organizaciones obreras como la COB, históricamente han trabajado juntas y articulado luchas en común en el ámbito político.
Bajo esta lógica, las diferencias en los pliegos petitorios respondieron a las realidades de cada territorio e intereses de los diferentes sectores. Con el paso de los días, las demandas tendieron a la dispersión, cobrando mayor protagonismo los sectores de organización sindical. Un ejemplo de esto fue el sector minero aglutinado en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), queexigió la adquisición de explosivos por encima del límite permitido, mayor dotación de combustible y la liberación de nuevas áreas de explotación. Según reportes de medios locales, el Gobierno central cedió a estas demandas para desactivar las medidas de presión.
Ante este contexto, la preferencia gubernamental por dialogar prioritariamente con sectores sindicales y corporativos generó tensiones internas. El 6 de mayo, dirigentes y representantes locales de organizaciones campesinas e indígenas desconocieron públicamente al ejecutivo nacional de la CSUTCB, Víctor Hugo Roca, quien habría negociado con el gobierno sin consultar a las bases sociales. Actualmente, la Federación “Tupac Katari” desconoció el acuerdo de pacificación realizado por la COB para finalizar el conflicto.
Frente a este panorama de fragmentación y crisis de representatividad, Pachaguaya concluye que el fenómeno actual responde a un quiebre histórico: “Lo que está ocurriendo en Bolivia en 2026 es algo distinto […]. No es la izquierda clásica la que se moviliza. No hay un partido que convoque, no hay un líder carismático que encabece, no hay una ideología que unifique. Lo que hay son estructuras indígenas originarias, campesinas y populares que activan su propio sistema de gobierno, en su propio idioma, con sus propios mecanismos de legitimación”.
El protagonismo del MAS marcó un punto de inflexión en la estructura organizativa social de Bolivia, derivando en una crisis de representatividad que afectó tanto a las comunidades indígena-campesinas como a sus lazos con los sectores sindicales.
Para Esther Chura, el quiebre de sus organizaciones de base — sociales, indígenas y obreras — se debió a que la representación fue asumida por “personas que no correspondían”, una situación que, según su lectura, se agudizó bajo el gobierno de Luis Arce Catacora en 2020. Arce llegó al poder como el sucesor de Evo Morales; sin embargo, durante su gestión, ambos políticos se distanciaron y retiraron el apoyo, hecho que, sumado a la crisis económica que empezaba a hacerse notar en el país, hizo que el partido oficialista quedara en dos facciones irreconciliables: el ala “evista” y el ala “arcista”.
Esta fragmentación se replica a nivel regional en distintas organizaciones sociales. Leonel Mamani Mendoza, productor y poblador de la comunidad de Coroma en el sudoeste potosino, detalla a Truthdig el impacto de esta crisis en su región: “La FRUTCAS (Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud) es una organización sindical muy conocida en el sudoeste potosino, a la que están afiliadas varias centrales.”
“Hoy en día no hay mucha representación por parte de los sindicatos. En el gobierno de Arce, el gran problema es que los sindicatos se han dividido. Por ejemplo, había la FRUTCAS arcista, la FRUTCAS evista y la FRUTCAS de la oposición; de esa manera todo el sistema de la organización sindical se ha fragmentado. Hoy se está tratando de recuperar esa representatividad y legitimidad que tenían las organizaciones, pero es un desafío”, dice.
Más tensiones, divisiones y pérdidas
Esa fragmentación se reflejó y se profundizó aún más en las protestas recientes. Así como en la estructura interna de las protestas se veían posturas y pliegos petitorios diferentes, la consolidación misma de los bloqueos provocó divisiones dentro de las comunidades y organizaciones sindicales y campesinas, al igual que el rechazo de varios sectores de la población, sobre todo en el sector productivo y de comercio.
Bolivia cerró el mes de mayo con 89 puntos de bloqueo en todo el país. La ciudad de La Paz estaba desabastecida: alimentos como carne, pollo, huevo y lácteos no podían llegar a las familias, los precios subieron exponencialmente y los ciudadanos tenían que hacer largas filas para acceder a los pocos productos que llegaban. Un maple de 30 huevos, por ejemplo, cuyo precio normal rondaba alrededor de los 35 bolivianos (tres a cuatro dólares), costaba más de 70 bolivianos (siete dólares). Más de mil negocios gastronómicos cerraron en el país.
Acá en Cochabamba, los productores de estos alimentos iban a la Plaza Principal a rematar su producción para no desperdiciarla, al no poder trasladarla a otras ciudades, y se produjo un desabastecimiento de frutas y verduras debido a los puntos de bloqueo en el trópico. En las calles hubo un ambiente de preocupación, descontento y frustración.
Leonel Mamani Mendoza explica que las divisiones en los movimientos aumentaron al existir comunidades y miembros de estas que no veían factible salir a bloquear.
“Por ejemplo, en (la comunidad de) Coroma, (al iniciar los bloqueos) las máximas autoridades (locales) habían instruido salir a los bloqueos de manera indefinida para la renuncia del presidente, ¿no? Y ahí otros, los mismos comunarios, han dicho: “Pero ustedes, ¿cuándo han consultado a las comunidades?” O sea, había una división. Y justamente en esta temporada de los bloqueos era la cosecha de la quinua”.
Mientras las organizaciones campesinas y sindicales movilizadas se mantenían firmes en su pedido de la renuncia de Paz, varios representantes del sector productivo se declararon en emergencia por las acrecentadas pérdidas económicas, al no poder trasladar sus productos ni recibir a sus proveedores. La Cámara Nacional de Industrias estimó una pérdida que llega a los $60 millones diarios y una afectación del 2,6% del Producto Interno Bruto. A esto se sumó el reclamo de comerciantes del sector informal del país, quienes afirmaron en medios de comunicación vivir un agravamiento de sus dificultades económicas.
Vulneraciones de derechos durante las protestas
En cuanto al rol del Estado, según la Defensoría del Pueblo, en mayo y junio de 2026, se llevaron a cabo cerca de siete operativos policiales y militares para desarmar los puntos de bloqueo. En estos operativos fueron aprehendidas 583 personas, de las cuales, al 15 de junio, 324 fueron liberadas y 255 imputadas penalmente.
La Defensoría, así como varios medios de comunicación, denunciaron exceso de violencia por parte del cuerpo policial hacia civiles y periodistas durante los desbloqueos, como el caso de Violeta Tamayo, periodista y corresponsal de La Izquierda Diario, que fue hospitalizada tras recibir una herida de bala en el brazo por miembros policiales mientras cubría la marcha del 10 de junio de la Federación Campesina Tupac Katari y la COB.
La Defensoría también señala quince problemáticas que estaban afectando los derechos de terceras personas. Entre ellas se encuentran el desabastecimiento de alimentos para poblaciones vulnerables, la falta de acceso a medicamentos, la dificultad de traslado de personas gravemente enfermas y el caso de transportistas varados en la carretera: “más de cinco mil personas dedicadas a las labores de transporte pesado, detenidas en las rutas nacionales, atrapadas en medio de los conflictos, sin acceso a agua, alimento ni condiciones mínimas de subsistencia”.
Asimismo, durante los bloqueos ocurrió el fallecimiento de más de una decena de personas, cuyas investigaciones todavía no han sido realizadas. Según el reporte, “el fallecimiento de personas presuntamente afectadas por los bloqueos de carreteras o vías públicas que llegaron demasiado tarde a un centro médico especializado, no pudieron ser trasladadas (fallecieron en el camino) o desistieron del traslado por causa de los bloqueos”.
El gobierno también divide
Tras el acuerdo firmado entre la COB y el Gobierno, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” se replegó. Primero convocó a un ampliado de emergencia que no llegó a concretarse y, posteriormente, inició una reorganización de sus bases. Entre sus condiciones para entablar un diálogo con el Ejecutivo figuraba el frenar la persecución política, judicial y económica contra los dirigentes detenidos, aprehendidos o con medidas cautelares durante los conflictos.
La escala de la judicialización del conflicto quedó en evidencia el 12 de junio, tras 42 días de movilización. En esa fecha, David Mamani, quien en ese entonces era ejecutivo de la Federación Túpac Katari, denunció que más de 40 dirigentes se encontraban detenidos, elevando la cifra total a unos 400 detenidos.
Días después de la declaración del estado de excepción, diversos sectores alertaronde que la administración central estaba utilizando nuevas facultades extraordinarias para intensificar la persecución contra representantes sindicales, campesinos y populares que participaron en las protestas y bloqueos en las distintas regiones del país.
Esta respuesta estatal también profundizó las fisuras internas en el movimiento. En una entrevista con el diario El País el 16 de junio, el dirigente campesino Aquilardo Caricari afirmó que las bases estaban desconociendo los acercamientos y denunció que algunos líderes sindicales negociaban “su libertad y el cese de la persecución judicial a costa del pueblo movilizado”.
Por su parte, analistas políticos señalan que el gobierno del presidente Rodrigo Paz apostó por una estrategia de desgaste hacia las organizaciones, combinando aprehensiones, procesos judiciales e intervenciones policiales con el creciente rechazo ciudadano hacia las dirigencias campesinas e indígenas. Días después del acuerdo con la COB y de la declaración del estado de excepción, el presidente instó a investigar y sancionar a los responsables de los bloqueos, asegurando que trabajará para “fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio”.
En esa misma línea, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y la dirigencia del Comité Pro Santa Cruz informaron que coordinan acciones para dar continuidad a las investigaciones penales. Las autoridades confirmaron la presentación de denuncias contra el ex presidente Evo Morales, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, señalados como los principales promotores de las medidas de presión.
Actualmente, Bolivia enfrenta una evidente tensión interna en los movimientos de base y la aprehensión de varios de sus dirigentes. Por otra parte, la legitimidad del gobierno de Rodrigo Paz ha quedado gravemente debilitada ante las críticas de la oposición y de diversos sectores descontentos con su gestión.
En este contexto, la postura de las bases se transformó de un respaldo inicial a la exigencia directa de su renuncia. Al respecto, Esther Chura explica el distanciamiento de los sectores populares del oficialismo: “Hemos ido a ver qué es lo que realmente la gente quiere, y ya no quiere diálogo. Yo creo que la gente está decidida a que se vaya Paz. Con todas estas situaciones, ¿cómo podemos seguir apoyando al Gobierno? El Gobierno ya está mal visto, no podemos seguir así”.
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