Por Clara López. El Mayadeen_Resumen Latinoamericano 29 de junio 2026.
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La Resolución 2 de 2026 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega, por eso, en un momento decisivo. Su mensaje es claro: la política fiscal no puede evaluarse solo por déficit, deuda, inflación o calificación de riesgo. Debe medirse también por su impacto sobre la pobreza, la desigualdad y el goce efectivo de los derechos humanos. Los impuestos, el gasto, el endeudamiento, los beneficios tributarios, las reglas fiscales y los ajustes no son neutrales. Tienen consecuencias sobre la vida concreta de los pueblos.
Argentina ofrece hoy una advertencia dramática. La austeridad de shock de Javier Milei redujo gasto público, congeló salarios y pensiones, paralizó obras y trasladó buena parte del costo del ajuste a la población. Aunque el gobierno exhibe logros antiinflacionarios, el precio social ha sido enorme: caída de ingresos, destrucción de empleo formal, cierre de empresas, precarización y una pobreza que llegó a superar la mitad de la población antes de retroceder parcialmente. La protesta social, en vez de recibir respuesta democrática, ha encontrado protocolos restrictivos, criminalización y uso desproporcionado de la fuerza.
Bolivia, por su parte, atraviesa una crisis que combina escasez de divisas, presión fiscal, encarecimiento de la vida, conflictividad social y medidas de estabilización que han generado resistencia de sindicatos, transportadores, mineros y sectores rurales. Allí también la movilización popular ha sido respondida con estados de emergencia, despliegue de fuerza pública, detenciones y muertos. La lección continental es evidente: cuando el ajuste no incorpora derechos, participación y protección social, la estabilidad prometida se convierte en fractura democrática.
Colombia no fue objeto en los años noventa de un programa clásico de ajuste del FMI, en parte por su tradición de manejo macroeconómico prudente, según el pensar de la tecnocracia, empresariado, clase política y medios de comunicación. De ahí que haya seguido buena parte del patrón regional: apertura acelerada, contención social, flexibilización laboral y reducción de la capacidad redistributiva del Estado. El resultado fue una estabilidad relativa acompañada de pobreza persistente, desigualdad estructural y creciente, alto desempleo, informalidad elevada y derechos sociales tratados como gasto prescindible.
Hoy el país enfrenta, sin duda, un problema fiscal serio. Negarlo sería irresponsable. El déficit, la deuda, las rigideces presupuestales y el costo creciente del servicio de la deuda exigen una respuesta creíble. Pero la pregunta central no es si debe haber ajuste, sino qué clase de ajuste. La Resolución de la CIDH obliga a preguntar quién contribuye, quién recibe beneficios, qué derechos se protegen, qué alternativas fueron consideradas y si las medidas recaen de manera desproporcionada sobre los grupos más vulnerables.
El gobierno de Gustavo Petro, en medio de fuertes restricciones fiscales, tensiones institucionales y dificultades de ejecución, orientó la política económica hacia la protección del ingreso de los hogares, la política salarial, la inversión social y la reducción de la pobreza. No desconoció la necesidad de sostenibilidad fiscal; buscó compatibilizarla con la defensa del Estado social de derecho. Esa misma perspectiva inspiró la propuesta económica de Iván Cepeda y su equipo: responsabilidad fiscal sin crueldad social y con base en un pacto fiscal.
Esa fórmula no era un lema. Era una definición de política pública: estabilizar la deuda, ordenar el gasto y recuperar credibilidad, pero mediante crecimiento productivo, lucha contra la corrupción, la evasión, la elusión y el contrabando; revisión de beneficios tributarios injustificados; austeridad responsable; eficiencia del gasto; protección de la inversión social y fortalecimiento de las capacidades públicas. Es decir, sostenibilidad fiscal con derechos, no contra los derechos.
La propuesta de Abelardo de la Espriella representa el camino contrario. Bajo el lenguaje de la eficiencia, revive el viejo reflejo de la motosierra: reducir drásticamente el Estado, prometer menos impuestos, anunciar grandes recortes y, al mismo tiempo, asegurar que no se afectarán los programas sociales. Esa ecuación no cierra. Si el ajuste se concentra en nómina pública, contratos, subsidios, inversión y eliminación y privatización de entidades estatales, la pregunta obligada es qué hospitales, escuelas, territorios, usuarios, trabajadores y comunidades pagarán realmente el costo.
América Latina no necesita repetir el ciclo perverso de ajuste, protesta y represión. Necesita pactos fiscales democráticos, progresivos y transparentes, capaces de financiar derechos, sostener la estabilidad y recuperar legitimidad. La disciplina fiscal es necesaria; la crueldad social no lo es. Ningún ajuste merece llamarse exitoso si estabiliza las cuentas destruyendo derechos y llevando sufrimiento a amplios sectores sociales tradicionalmente excluidos. La verdadera responsabilidad fiscal consiste en cuidar simultáneamente la sostenibilidad de las finanzas públicas y la dignidad de los pueblos.
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