Por: Red de Economía Política
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Desde el 1° de mayo, el pueblo ha puesto sobre la mesa un conjunto de demandas dirigidas al Gobierno, exigiendo que cumpla con su mandato constitucional de hacer respetar y respetar la CPE y, de defender, sin ambigüedades, los intereses nacionales y la voluntad popular que lo llevó al poder, hasta llegar a la demanda de que el Presidente Rodrigo Paz debe renunciar a la presidencia, no por capricho o consigna aislada producto del pueblo movilizado en las calles y carreteras, sino por la conclusión de seis meses de fracaso como Gobierno que se basa en la permanente mentira, la violación a la CPE y el intento de sofocar la voluntad popular.
1. La mentira como argumento y práctica política
En estos seis meses, el Gobierno de Rodrigo Paz ha convertido la mentira en herramienta cotidiana de gestión. Promesas de estabilidad económica, transparencia institucional y respeto a la Constitución se han revelado como discursos vacíos. La práctica política se sostiene en anuncios sin respaldo técnico, en cifras maquilladas y en narrativas que buscan encubrir la improvisación. La mentira no es un error aislado: es el método de gobierno, un mecanismo de gestión para ganar tiempo mientras la crisis se profundiza y la confianza ciudadana se erosiona.
En estos seis meses, el Gobierno de Rodrigo Paz ha convertido la mentira en una marca corporativa registrada como forma de gobierno, la ha convertido en herramienta cotidiana de gestión. Promesas de estabilidad económica, transparencia institucional y respeto a la Constitución se han revelado como discursos vacíos. La práctica política se sostiene en anuncios sin respaldo técnico, en cifras maquilladas y en narrativas que buscan encubrir la improvisación.
El Gobierno insiste en reciclar el neoliberalismo, mientras convierte a la COB y a los trabajadores en objeto de olvido y marginación.
La memoria inmediata nos remite al frustrado D.S. 5503, aquel intento burdo de reinstalar el neoliberalismo, y a los primeros gestos de reorganización del movimiento popular. Pese a ese fracaso, el Gobierno de Paz no cesa en su empeño: ahora retorna con medidas fragmentadas y encubiertas, buscando imponer la receta dictada por los organismos internacionales en beneficio del sector más acaudalado y reaccionario de la economía. En ese camino, relega y desprecia las demandas de la COB y de los trabajadores, hasta el extremo de convertir su rol histórico en objeto de burla y de reducción sistemática dentro de la sociedad boliviana.
La corrupción persistente en el negocio de los hidrocarburos, expresada en la compra de gasolina “basura” y diésel que deterioran el parque automotor; la rebaja de cuatro impuestos que favoreció directamente a las grandes fortunas; y la intención de beneficiar al sector agroindustrial mediante una ley de tierras en perjuicio de la economía comunitaria, constituyen los ejes que revelan y aceleran el frágil manejo del Estado.
En esa virtud falaz, Rodrigo Paz ha diseñado un discurso propio de sofistas, en los que se dirige a los sectores populares como si sus acciones fueran en beneficio a ellos, cuando la realidad demuestra que su proximidad a los sectores agroindustriales y a la banca son los que prevalecen a la hora de beneficiar con sus medidas inconstitucionales.
2. Un plan de gobierno ajeno y la intención de violentar la Constitución Política del Estado (CPE)
Las acciones aplicadas por Rodrigo Paz no corresponden a su propio programa electoral, sino que reproducen medidas de otro candidato y de sectores que buscan imponer un proyecto neoliberal. Esta apropiación revela dos cosas:Falta de legitimidad política, porque gobierna con un plan que no fue votado.
Intención de modificar la Constitución Política del Estado, debilitando sus garantías y abriendo la puerta a la privatización de recursos estratégicos y a la concentración de poder. La CPE, conquistada como pacto social, se convierte en blanco de una ofensiva que pretende vaciarla de contenido y someterla a intereses externos.
La ausencia de un plan de gobierno se percibe por la debilidad en el discurso improvisado que le obligar a seguir mintiendo, difamando o elucubrando teorías “magníficas” sin contenido ni sentido político, de ahí su aplicación y tibieza al sostenerlo a través de un Órgano Ejecutivo sin claridad política ni técnica en su ejecución, acompañada por una Asamblea Legislativa que desconoce su mandato y por tanto inoperable y parasitaria.
La realidad nos demuestra el surgimiento de nuevos liderazgos populares desde el 1° de mayo. Las COB y sus 16 resoluciones del cabildo, se constituyeron en una línea base para las diferentes expresiones populares que permitieron organizar sus demandas hasta llegar a consolidarse como una consigna de lucha la Renuncia de Rodrigo Paz a la presidencia.
3. La reorganización del pueblo frente a los derechos arrebatados
A pesar de la represión y del aparato institucional que bloquea la legalidad – el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral actuando como brazos del Poder Ejecutivo–, el pueblo mantiene viva su capacidad de reorganización. Los derechos arrebatados por el Gobierno de Arce y ahora profundizados por Paz no han sido olvidados: están en la memoria colectiva y alimentan la combatividad de sindicatos, organizaciones sociales y sectores populares.
La resistencia se articula en torno a la defensa de la CPE y a la denuncia de la ilegalidad que impide la participación del instrumento político del Pueblo. Esa energía latente anuncia que la renuncia de Paz no es solo un reclamo político, sino una necesidad para restablecer la soberanía popular para retomar el proceso de cambio y la revolución cultural que vive Bolivia.
El ente aglutinador de todas las demandas nítidamente es la Constitución Política del Estado, y ésta se ha convertido en la bandera de lucha de las protestas y demandas populares y en el mayor temor de las minorías privilegiadas.
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