Do Rebelión, 25 de maio 2026
Por Varios autores
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Nuestras raíces
El 24 de mayo de 1822 se sembraron las semillas de la independencia, la soberanía y la libertad de nuestras Patrias ante el colonialismo. El tiempo se mueve en ciclos en espiral y hoy, nuevamente nuestra Patria se ve enfrentada a la subsistencia como un Estado republicano, democrático, soberano, de derechos, libre y justo.
La palabra es poder
En mayo del 2026, Daniel Noboa cumple 30 meses en el ejercicio presidencial y debe presentarse ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas de sus actos ante la Nación. El relato oficial presenta una economía saludable, un país en paz, una democracia fortalecida y un “Nuevo Ecuador” que ha avanzado en el combate a la pobreza y el bienestar de la población.
El pueblo ecuatoriano necesita conocer la verdad. Por eso presentamos este informe desde la sociedad civil y organizaciones sociales, lo hacemos como una invitación para comprender la dolorosa realidad nacional, y la urgencia de tomar medidas alternativas, para defender la democracia, los derechos humanos y de la naturaleza, la soberanía y la paz. La verdad, aunque sea difícil de afrontar, es el primer paso para la sanación.
Debemos recuperar la esperanza, para levantarnos y caminar con la dignidad histórica que nos corresponde y nos alienta. Debemos avanzar a un Acuerdo nacional sobre el Ecuador que queremos, fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador.
El informe verdadero a la nación
Vivimos un tiempo de cambios profundos de la humanidad, civilizatorios, geopolíticos, científico-tecnológicos y éticos, cambios marcados por las convulsiones, las guerras, pero que anuncian un mundo nuevo. Nuestro Informe no se ordena dentro de la lógica y las urgencias del poder, sino que apunta a ver el papel del Ecuador en el nuevo contexto mundial y los cambios que debemos afrontar para responder a las necesidades de la sociedad, de los pueblos.
Abordamos cinco temáticas centrales, para ver la propuesta del gobierno, presentar la verdad crítica y anunciar las posibles alternativas.En defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, de la salud, seguridad social, educación y trabajo.
Economía, recursos no renovables, energía e infraestructura, agricultura.
En defensa de la Democracia, la institucionalidad y la transparencia.
Seguridad y cuidado para todas y todos.
En defensa de la soberanía y la paz.DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA, SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, EDUCACIÓN Y TRABAJO. Derecho a la salud integral
El discurso del Gobierno: El sistema de salud está nuevamente en marcha, el problema no es falta de dinero, no es un problema médico, es administrativo y de corrupción; los medicamentos son robados o escondidos en las bodegas hospitalarias, especialmente en Guayas, Manabí y Los Ríos; hay un sabotaje interno, corruptos que esconden las medicinas.
A pesar del sabotaje de las mafias internas a los hospitales, heredadas de períodos anteriores, el Gobierno ha logrado avances fundamentales; se ha declarado cuatro estados de emergencia para atender la crisis hospitalarias; y se ha nombrado seis ministros para evitar la corrupción.
Hemos cumplido una primera fase de depuración del personal, han sido desvinculados 2.500 trabajadores de la salud, personal médico, enfermeras; la corrupción y la incapacidad han sido las lacras que han causado la crisis de la salud; para aumentar el número de atenciones, hemos reducido el tiempo de la cita a 15 minutos. La Inteligencia artificial nos ayudará a subir la eficiencia.
Hemos pasado de un sistema descentralizado de compra de medicinas con el cual, cada hospital hacía sus compras, lo que se prestó para la corrupción sin posibilidad del control de las mafias; a un sistema centralizado de medicamentos por parte del Ministerio de Salud; hemos reformado las normas para permitir la compra de medicamentos por catálogo electrónico, subasta inversa e ínfima cuantía para acelerar los procesos. Hay un abastecimiento del 75% de las medicinas necesarias. En este año se ha realizado una inversión de más de 300 millones de dólares adicionales para la compra de medicamentos y un aumento del 15% en compras frente a 2025.
Confíen en el “Nuevo Ecuador”, en este año tendremos un sistema de salud eficiente; hemos establecido alianzas con las clínicas privadas, que han logrado instalar tecnologías avanzadas, para entregarles la responsabilidad de áreas estratégicas, incluido el servicio de salud del IESS.
El verdadero informe: El principal fracaso del Gobierno es la profunda crisis del sistema de salud pública que está en riesgo de muerte inminente; el presupuesto asignado llega apenas al 4% del PIB y se ejecuta menos del 45%.
Los centros hospitalarios públicos tienen menos del 50% de sus requerimientos, no cuentan con antibióticos infantiles, insulina, analgésicos o sedantes, se trata de un problema estructural que se intenta encubrir con la declaración de sucesivos estados de emergencia, pero el número de muertes crece día tras día, la salud ha dejado de ser un derecho y un servicio, para convertirse en una mercancía controlada por las clínicas privadas y las farmacéuticas transnacionales, la destrucción del sistema público de salud contrasta con las ganancias de las grandes clínicas y hospitales privados.
Ha habido decenas de muertes neonatales por el contagio con bacterias hospitalarias, por falta de cánulas para suministro de oxígeno, o por falta de medicinas para enfermedades tan comunes como la tosferina.
Los equipos hospitalarios están obsoletos y sin mantenimiento, mamógrafos y tomógrafos están inservibles y han colapsado hasta los dispositivos de climatización; los quirófanos deben cerrar sus puertas por escasez de personal, así como por falta de esterilizadores e implementos básicos; hay más de 7.000 cirugías retrasadas y sin fecha de reprogramación.
Los servicios de limpieza hospitalaria, manejados por empresas externas que muchas veces pertenecen a la economía popular y solidaria, tienen meses sin recibir el pago, sometiéndolas al chantaje de aguantar o cancelar sus contratos.
Los familiares deben cubrir costos de gasolina para las ambulancias, para medicinas e insumos para cirugías, con el dilema de tener que elegir entre el cuidado de sus parientes o la manutención del resto de la familia.
El personal médico y enfermeras son las heroínas y héroes anónimos que todavía sostienen la poca atención existente, trabajando en jornadas extenuantes, sin insumos de protección personal, cumpliendo roles de personal de limpieza y poniendo de sus propios recursos para salvar algunas vidas de las muchas que ven extinguirse diariamente, pero son víctimas de persecución y despidos cuando levantan su voz para denunciar el estado del sistema de salud pública.
Los centros de atención en salud implementados por algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán cerrar sus puertas con la implementación de la “ley GAD” que recorta el presupuesto para estos servicios sociales, por considerarlos como gastos y no como inversión social.
Y, como colofón grotesco, en un video de tik-tok la Vicepresidenta invitaba a la ciudadanía a cuidar de su salud con buena alimentación y ejercicio, para no colapsar a los hospitales con personas enfermas.
La alternativa: Exigir al gobierno que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud pública, integral y gratuita, como eje fundamental del Plan de Gobierno. Reorganizar un Sistema Nacional de Salud, con la participación de la ciudanía y comunidades, actores privados, a partir de la atención primaria hasta la atención integral y especializada. Seguridad Social
El discurso del Gobierno: El IESS está en crisis por mala administración y el sistema de financiamiento no tiene sustento por el cambio de la pirámide etaria del trabajo. No hay alternativas; solo queda subir aportes o bajar pensiones y ampliar el plazo de jubilación, en concordancia con los acuerdos y orientaciones del Fondo Monetario Internacional.
El informe verdadero: Continúan los intentos de privatizar el IESS y de subir la edad y los plazos de jubilación: la ineficiencia provocada por el gobierno busca abrir el camino hacia la privatización.
Cuando el Gobierno dice que hay que racionalizar el gasto, realmente busca descapitalizarlo; cuando dice que hay que unificar el sistema de salud pública, lo que quiere es desinstitucionalizar al IESS, eliminando su red hospitalaria y pasando esta responsabilidad a las personas afiliadas. Cuando habla del “diálogo abierto”, lo que quiere es controlar el Directorio desde el Ejecutivo, sin dar mayoría a la representación de las personas afiliadas. El gobierno no busca salvar al IESS, precarizarlo más, y con esto justificar su privatización
El IESS enfrenta una grave crisis en la prestación de la salud; el pago a prestadores externos, especialmente dializadoras, se ha manejado con atrasos de hasta seis meses, costando cientos de vidas humanas.
La corrupción continúa, Edgar Lama, representante del Ejecutivo, ha sido denunciado por pagos y derivaciones quirúrgicas a clínicas de su familia; también se ha denunciado un contrato para equipamientos médicos del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), a una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir, pero no se cuenta con una fiscalización real.
Entre las supuestas soluciones a la crisis se ha dispuesto la reducción de tiempo en la atención médica, destinando solo 15 minutos por cada paciente, desconociendo las necesidades de la atención de calidez y calidad para las personas enfermas.
Las alternativas: Los dueños del IESS son las personas afiliadas, no el gobierno. Proponemos: Cambiar al administrador: 3 vocales de los afiliados en el Consejo Directivo, 1 del ejecutivo y uno de los patronos, elegidos mediante elección universal urgente.
Cambiar la estrategia del BIESS, debe invertir en el aparato productivo (PYMES, infraestructura, empleo juvenil), reorientando el 30% del portafolio en 2 años. El mejor negocio del IESS es generar empleo formal. Cada nuevo afiliado paga la jubilación de quien ya no trabajaEducación
El discurso del Gobierno: La educación es el pilar para el desarrollo de la sociedad, el progreso sostenible y la prevención de la inseguridad. Vamos a ampliar el acceso a la educación superior y vincular la enseñanza con la seguridad integral y el empleo juvenil.
Implementamos la articulación de la educación a la seguridad. El «Plan Nos Cuidamos» incluye la asignatura de Educación para la Seguridad Integral en la malla curricular para prevenir riesgos y fomentar una convivencia pacífica.
La Ley Orgánica de Educación Financiera, aprobada en abril de 2026, está orientada a transformar transversalmente las universidades e instituciones educativas, con la obligación de la enseñanza y la integración progresiva de contenidos financieros en todos los niveles educativos.
Firmamos con Israel el Programa de Cooperación 2026–2027, se instituye la obligación de incluir contenidos educativos sobre el Holocausto, para generar memoria histórica, promover valores democráticos, fomentar sociedades más inclusivas y combatir activamente el antisemitismo.
Propusimos el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), orientado a la formación tecnológica, como eje del aprendizaje.
El Informe verdadero: La deficiencia educativa, la carencia nutricional y el trabajo infantil generan cuadros de pobreza extendidos por generaciones.
Casi el 70% de las instituciones fiscales requieren algún tipo de reparación y, en la mayoría de los casos, las escuelas carecen de servicios básicos, conectividad, equipos tecnológicos y condiciones físicas adecuadas.
Existe un déficit de personal que alcanza 74.000 personas, sin embargo, el gobierno ha desvinculado a más de 30.000 docentes en los últimos años, se recurre a contratos temporales o nombramientos provisionales en lugar de otorgar nombramientos definitivos, promoviendo la inestabilidad laboral del magisterio; el discurso oficial sostiene que estos recortes se deben a que hay menos estudiantes, lo que es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.
Del monto asignado a educación en el Presupuesto General del Estado, se ejecuta apenas el 50%.
La cifra de niñas, niños y adolescentes que excluidos del sistema nacional podría alcanzar hasta los 450.000 personas, si se consideran los datos acumulados de periodos recientes, donde la tasa de matrícula ha caído de forma sostenida.
Se establecen negociados a costa de los derechos de la infancia: familiares del presidente están entre accionistas de la empresa que ganó contratos para la alimentación escolar por 154 millones de dólares, y a pesar de las múltiples denuncias sobre la calidad de los productos, no se han realizado acciones para la fiscalización. La acción delictiva de bandas criminales en los centros educativos ha incrementado el reclutamiento de las y los estudiantes para formar parte del crimen organizado.
El gobierno ha impuesto fuertes disminuciones del presupuesto de las 19 universidades públicas; en este ámbito se percibe además la persecución a ciertas Universidades, como la Universidad de Los Pueblos Amawtay Wasi que sufrió recortes de casi el 70%, en un hecho que revela tanto retaliaciones como racismo. El Proyecto de Reforma a la LOES apunta a convertir a las Universidades públicas en Colegios Técnicos.
En los territorios más vulnerables del país, donde la expansión del crimen organizado ha convertido la vida cotidiana en un escenario de riesgo permanente, se ha incumplido la obligación de garantizar el acceso a la educación pública superior y, además, se ha negado el reconocimiento de sistemas educativos universitarios comunitarios que han surgido como respuestas legítimas desde las propias comunidades.
Cada año más de 400.000 estudiantes deben competir por apenas 110.000 plazas en universidades públicas, lo que configura una forma de exclusión estructural que priva a miles de jóvenes de alternativas reales de formación, desarrollo y construcción de proyectos de vida dignos.
Alternativas. Como dispone la Constitución de la República, el gobierno de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a una educaciónpública de calidad y gratuita hasta el tercer nivel, es la tarea fundamental del Estado y la sociedad para iniciar una etapa de desarrollo en las nuevas condiciones mundiales de las ciencias, las tecnologías y la vida. Derecho al trabajo digno
El discurso del Gobierno: El desempleo es del 3%, el menor en la historia del país; la generación de empleo juvenil y la atracción de inversión privada son los motores para combatir la delincuencia y reactivar la economía. La mejor política de seguridad es un empleo, al dar oportunidades laborales y de pasantías pagadas a la juventud, se arrebata el capital humano a las bandas del crimen organizado.
Es urgente modernizar y flexibilizar el Código del Trabajo para adaptarlo a las dinámicas del comercio actual y el emprendimiento, la flexibilización de las modalidades de contratación, incluido el contrato temporal por horas, es la vía para formalizar el trabajo de las mayorías.
La creación de zonas francas con regímenes laborales y tributarios especiales, permitirá que el Ecuador pueda competir globalmente para que industrias tecnológicas, logísticas y manufactureras se instalen en el país y contraten mano de obra.
El Informe verdadero: Los derechos laborales han sufrido una regresión que coloca a nuestro país entre los más retardatarios del continente, el gobierno de Noboa no solo ha mantenido restricciones estructurales históricas (como la imposibilidad de sindicalización por rama y la exclusión de trabajadoras y trabajadores públicos), sino que ha intensificado la persecución, el control gubernamental sobre organizaciones sindicales y la precarización laboral, configurando un cuadro de incumplimiento sistemático y deliberado de las normas constitucionales y sus compromisos internacionales en libertad sindical, particularmente de los Convenios 87 y 98 de la OIT.
Existe persecución activa contra el movimiento sindical con despidos masivos bajo figuras como el «visto bueno», procesos penales contra líderes y lideresas de organizaciones como el FUT, la UNE y otras, con el congelamiento de cuentas bancarias, espionaje legalizado mediante la Ley de Inteligencia (2025) y uso excesivo de la fuerza contra protestas populares.
Un reciente acuerdo ministerial permite la flexibilización que reconoce jornadas de 10 y hasta 12 horas diarias, que se pueden extender hacia fines de semana sin pagos adicionales, esta arbitrariedad se ha establecido a pesar de la última Consulta Popular donde se expresó claramente rechazo al pago por horas.
El Gobierno juega con las cifras oficiales, cuando dice que el desempleo es apenas del 3%, encubre la caída del empleo en los últimos meses, que supera las 400 mil personas solo hasta marzo del 2026. El empleo adecuado se ubicó en 32,1% de la PEA, el subempleo en 19,6%, el desempleo en 2,9% y el empleo no adecuado en el sector informal llega al 56,3%. El problema no es solo el desempleo abierto, sino la baja calidad del empleo disponible, 7 de cada 10 personas de la población económicamente activa no tienen un empleo pleno, y cada día, el gobierno impone una nueva Ley para volver a reforzar la precarización con el contrato por horas, a pesar de su derrota en la Consulta Popular.
Alternativas: Un derecho fundamental garantizado en la Constitución es el trabajo digno para todas y todos, el paso inicial es el cumplimiento de los derechos laborales constitucionales y los compromisos con las normas y organismos internacionales sobre derechos laborales.
1.5. Derechos Humanos y de la Naturaleza.
El discurso del Gobierno: Los derechos humanos deben ser abordados bajo un enfoque de «seguridad integral y paz social», subordinados al objetivo de la pacificación del país, un derecho fundamental de la población ecuatoriana es a vivir en paz y sin miedo. Para garantizar los derechos humanos de la mayoría de la población, el Estado debe aplicar toda la fuerza de la ley contra los grupos de delincuencia organizada.
Una política central ha sido buscar armonizar la ecología con la atracción de inversiones, el camino es aplicar tecnologías limpias y estándares internacionales rigurosos para mitigar el impacto ambiental. Hemos iniciado la «transición ecológica», centrada en la descarbonización, el reciclaje y la protección de fuentes hídricas.
La apertura de la denominada «minería responsable»promueve a Ecuador como un destino minero seguro. La minería formal y a gran escala genera los recursos económicos necesarios para el Estado, combate la pobreza y desplaza a la minería ilegal, que es el verdadero enemigo ecológico y financiero del país.
La vocación ecológica y democrática del Gobierno se ha mostrado en el cumplimiento de las decisiones sobre el ITT-Yasuní, planificando el retiro progresivo de la infraestructura petrolera bajo criterios técnicos para evitar desastres ambientales durante el desmontaje.
El Informe verdadero: El informe de Naciones Unidas (NNUU) sobre la situación en Ecuador destaca su preocupación en varios aspectos como: la militarización de la seguridad pública; el uso recurrente de estados de excepción que afectan los más elementales derechos civiles de la población; el aumento de desapariciones forzadas a manos de la fuerza pública, que se calculan entre 50 y 100 personas, incluyendo casos de menores de edad; falta de independencia del poder judicial; ataques a la libertad de prensa y de expresión; irrespeto a los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes; condiciones carcelarias inaceptables; y falta de prevención y protección contra la violencia de género y contra la niñez y adolescencia.
Desde el poder se afirma que las muertes violentas -que han alcanzado un máximo histórico-, se concentran en personas con antecedentes penales, con el argumento de que “se están matando entre ellos”, olvidando que nuestra Constitución no acepta la pena de muerte y mucho menos el uso de la justicia por mano propia.
El caso de desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas (Ismael, Josué, Nehemías y Steven) culpabilizados por su origen social e identidad étnica, no pudo ocultarse porque su detención a manos de una patrulla militar quedó registrada en una cámara; a pesar de las amenazas a jueces/juezas, madres y padres, organizaciones de derechos humanos, finalmente se sentenció en un juicio la desaparición forzada, pero no podemos olvidar que el asesinato continúa impune.
Las protestas sociales han ocasionado una respuesta estatal que incluye persecuciones, desapariciones, irrupción en domicilios, apresamientos ilegales, golpizas, congelamiento de cuentas bancarias, acusaciones de “terrorismo”, prácticas racistas como cortar el cabello de los indígenas y ejecuciones extrajudiciales, dejando como saldo el asesinato de Efraín Fueres -ejecutado con total frialdad ante sus familiares- y de José Guamán, quien murió por impacto de una bala en su pecho, y también de Rosa Paqui, quien falleció asfixiada en medio de una nube de gas lacrimógeno, sumándose casi un centenar de víctimas que sufrieron agresiones físicas y vejaciones e incluso disparos a mansalva produciendo graves heridas.
El ambiente bélico impuesto por el gobierno se exacerba con el cierre del espacio público con tanquetas militares; el traslado de convoyes militares que se presentan disfrazados de ayuda humanitaria; el bombardeo de montañas enteras con uso de cohetes tierra-tierra, como parte de la política de terror que se busca imponer.
Los acuerdos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los aparatos de Inteligencia del gobierno sionista de Israel se presentan como la solución a la inseguridad. Provoca especial alarma el uso de fuerzas armadas extranjeras para el bombardeo a una granja ganadera en la Amazonía, con la captura y posterior tortura de campesinas/os, así como la captura en altamar de pescadores artesanales y la quema de sus barcos por la acusación, sin ninguna prueba de tráfico de drogas.
Los derechos de las personas migrantes son menospreciados en todas sus formas, y más aún con una actitud sumisa y vergonzosa, el gobierno condecoró a Kristi Noem, ex funcionaria del régimen de Donald Trump, responsable de la aplicación de duras medidas represivas contra personas migrantes del Ecuador, las mismas que han sido cuestionadas por el Congreso de EE. UU. por corrupción, xenofobia y racismo.
En cuanto a los derechos de las personas privadas de libertad, las cárceles se han convertido en mataderos humanos, las masacres carcelarias se han repetido con escenas terroríficas; la alimentación se ha convertido en un factor extorsivo que provoca muertes por inanición; se ha instalado un perverso sistema de muertes “por goteo” infringidas por los mismos presos; y la falta de controles médicos ha ocasionado una epidemia de tuberculosis que amenaza con sobrepasar los muros de las cárceles para expandir una epidemia hacia las poblaciones circundantes.
A pesar de que existe la norma Constitucional de que ningún preso político o común debe ser sometido a torturas, violaciones sexuales, tratos crueles o degradantes, privado de salud, alimentación y rehabilitación. !!!Ninguno!!!, las cárceles en el Ecuador, sobre todo la de Santa Elena, se han convertido en centros de tortura y exterminio, en la práctica el sistema carcelario del Ecuador ha convertido en víctimas a todas las personas privadas de la libertad.
Derechos de las mujeres y las niñas, los niños y adolescentes.
La violencia machista contra las mujeres ha escalado de forma alarmante, la situación de los femi(ni)cidios ha llegado al extremo de registrar el asesinato de una mujer cada 22 horas.
Los principios constitucionales de prioridad nacional o protección especial de niñas, niños y adolescentes se desconocen y atropellan. Los datos son alarmantes: el 70% de 900 mil niñas y niños en primera infancia no son atendidas en programas de desarrollo infantil o educación inicial, mientras el 10% sufren bajo peso al nacer; la desnutrición crónica permanece en niveles altos, afectando al 19,3% de infantes de 0 a 2 años; y en la población indígena llega al 32,3% en infantes de 0 a 5 años afecta al 17,5 % y en la población indígena al 34,5%.
Hay un incremento del 37% en el trabajo infantil: para el año 2024 se contabilizaban más de 370.000 menores trabajadores, en condiciones de clara explotación. El 13,3% de niños, niñas y adolescentes viven en hogares de extrema pobreza; y 33% en hogares en situación de pobreza.
Con el incremento de la acción de bandas criminales, la niñez, adolescencia y juventud enfrenta el reclutamiento, aumento de muertes y desplazamientos internos.
Derechos de las Nacionalidades y las comunidades indígenas y campesinas
Discurso del Gobierno: La verdadera inclusión no es política, sino económica. los pueblos indígenas se benefician del modelo general del gobierno, basado en la inserción laboral, el emprendimiento agrícola y el fortalecimiento de microeconomías locales. No se requiere tratos especiales en la educación bilingüe, ni derechos diferenciados con los derechos generales de la ciudadanía.
Lideresas y Líderes indígenas se han autoproclamado la voz del pueblo, pero son una minoría electoral. Las movilizaciones son ilegales, atentan contra la seguridad del Estado.
El Informe verdadero. Esta expansión ha creado conflictos y enfrentamientos con las comunidades y los pueblos indígenas y campesinos que resisten la invasión de sus tierras comunales y la contaminación minera. El Gobierno ha dispuesto la militarización de zonas mineras para proteger a las mineras. No ha respetado los pronunciamientos de las Consultas en Azuay, en el Chocó Andino, en defensa del agua y la vida.
El Gobierno ha mantenido una política confrontativa contra organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ha cuestionado públicamente a los líderes indígenas y ha utilizado a la justicia para la persecución. La represión violenta y los asesinatos de Efraín, Rosa y José en el Paro de Octubre-noviembre del año pasado, bajo un discurso de defensa de la seguridad ante el terrorismo, forma parte de la estrategia de “guerra interna”, con graves afectaciones de los derechos humanos.
El problema principal en esta última década ha sido el ataque y la invasión a las tierras comunales tanto en la Costa, como en la Amazonía, con el aval de una red de autoridades del Ejecutivo y la Justicia. La propia familia del Presidente ha estado involucrada en el caso de Olón.
Uno de los aportes más importantes del Ecuador al constitucionalismo mundial fue ser el primer país que reconoció los derechos de la Naturaleza, sin embargo, este régimen los ignora abiertamente para promover la expansión de sus planes mineros y petroleros. En el 2025 Ecuador perdió 33.000 hectáreas de bosque natural, con alta concentración en la Amazonia, debido al cambio de uso de suelo (agricultura y ganadería), la construcción de vías, exploración minera legal e ilegal, hidrocarburos y la comercialización legal e ilegal de madera, sobre todo, la balsa.
En el 2025 el gobierno nacional propuso una «Hoja de Ruta de los Hidrocarburos», que abre casi 30,000 km² de la Amazonía a nuevas perforaciones petroleras, incluyendo los territorios ancestrales de siete pueblos indígenas (andwa, shuar, achuar, kichwa, sápara, shiwiar y waorani). Ninguno ha otorgado su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige la Constitución ecuatoriana y el derecho internacional.
Sobre el proceso de cierre de Yasuni ITT, el gobierno reporta un cierre lento y progresivo (a marzo de 2026 solo se había cerrado un pequeño número de pozos). La Corte Constitucional ha recibido demandas por incumplimiento debido a que el retiro de infraestructura sigue estancado. Y más bien ha impulsado una campaña de persecución contra los Yasunidos.
La minería ha tenido una alta expansión sobre todo en el sur de la Amazonía, a partir del 2020. La tendencia se mantiene, tanto a través de la concesiones legales, como a través de la minería ilegal, asociada a organizaciones delictivas como Los Lobos y Los Tiguerones, identificadas principalmente en ciudades comoTena y Puyo. Las exportaciones mineras alcanzaron los 3 600 millones de dólares en 2025, superando al 2024 que alcanzó los 3 078 millones. En el primer semestre del 2026 se reabre el catastro minero, para nuevas concesiones.
Alternativas. La fortaleza de la democracia se mide con el respeto real a los derechos humanos individuales, colectivos, y de la naturaleza, el camino es el cumplimiento pleno de la Constitución de la República, que contiene disposiciones precisas y avanzadas para proteger los derechos mencionados, como la obligación fundamental del Estado en cuanto a la salud, educación y derechos humanos, el Estado debe retomar el manejo efectivo de estos ámbitos, para garantizar la continuidad de la vida y la integridad familiar, como núcleo y semilla para el florecimiento de la Patria.ECONOMÍA, DEUDA EXTERNA, ENERGÍA Economía y deuda externa
El discurso del Gobierno: Es irónico que se hable de crisis en el “Nuevo Ecuador”, la economía es saludable, las principales entidades financieras como los Bancos Pichincha, Pacífico y Guayaquil reportan ganancias significativas, alcanzando la suma de 946 millones de dólares en 2025, y siguen liderando con utilidades millonarias hasta abril de 2026.
El Producto Interno Bruto ha crecido al 3,4% en el primer trimestre de 2025; las reservas internacionales, que están depositadas fuera del país, alcanzaron un récord histórico de más de 10 mil millones de dólares en diciembre del 2025; el riesgo país está por debajo de 700 puntos, jamás ha sido visto con tan buenos ojos por la economía mundial. Hemos sido disciplinados, la primera preocupación ha sido pagar la deuda externa, como condición para la confianza internacional y la seguridad jurídica. Las ventas han aumentado el 10% y las exportaciones en el 16,6%, según reportes de finales de 2025.
Este es un momento de fiesta, la inversión extranjera en el 2025 llegó a 850 millones de dólares, sobre todo en minería y flujos de capital, si bien la deuda externa ha aumentado a mil millones de dólares, porcentualmente, desde que Noboa asumió el poder, ha bajado del 39,5% a un 37,9% del PIB en enero de 2026, es decir el nivel más bajo de los últimos años; hemos conseguido un nuevo tramo de crédito por 394 millones de dólares.
Con las buenas calificaciones del riesgo país, emitimos bonos por 1 mil millones de dólares en enero de este año, y por 4 mil millones en mayo, parar recomponer la deuda y aliviar los pagos. Todo está bajo control.
Logramos una conversión de deuda por conservación, lo que significará una reducción de 800 millones de dólares hasta el año 2035. Con esta iniciativa, transformamos la deuda en esperanza y la biodiversidad en un legado para la humanidad. Éxito total, algo que no ha hecho ningún gobierno en la historia de nuestro país. La economía está por encima de los cantos ilusos del cuidado de la selva, la biodiversidad construye la esperanza cuando está al servicio de la economía.
A principios de 2026, se redujo la pobreza al 21%, el nivel más bajo en la historia del país. Trabajamos para todos, especialmente para los más pobres.
El Informe verdadero: Según los datos del Gobierno vemos que los banqueros están de fiesta, han ganado 90 millones de dólares en un año; los exportadores, sobre todo bananeros, están en la gloria con el crecimiento de las exportaciones en un 17%.
El secreto es que el Estado está al servicio de los poderosos, en 2024 las exoneraciones y otros tratamientos especiales en la tributación ascendieron a USD 6.607,35 millones de dólares, equivalente al 5,3% del PIB y al 38,5 % de la recaudación tributaria. Este año con una Ley económica urgente, que luego la CCE declaró inconstitucional, Noboa borró 90 millones de dólares de la deuda que su familia mantenía con el SRI.
Las políticas públicas no se establecen sobre la base de una data certera y transparente, sino de acuerdo con las percepciones que le resultan útiles al gobierno.
La deuda externa del Ecuador se ha disparado hasta niveles insostenibles, en enero de 2025, la deuda pública total del país bordeaba los 65 mil millones de dólares, representando el 52% del PIB, fuera de la norma constitucional que establece un límite de endeudamiento de máximo el 40%. Y eso sin contabilizar la última contratación de deuda de este año 2026.
La bonanza pintada por el Gobierno es una ficción, el país está hipotecado. En enero del 2025, la deuda pública total era de 65 mil millones de dólares, representando el 52% del PIB; sin tomar en cuenta la última contratación de deuda de este año 2026, sumada la deuda interna, el total de la deuda pública es de 90 mil millones de dólares. La gran pregunta es ¿dónde están las inversiones?
Pero si el volumen de la deuda resulta escandaloso, mucho más lo son las condiciones que impone el FMI, que atentan directamente contra cualquier manejo soberano de la economía, alentando la privatización de sectores estratégicos, la liberalización de precios de combustibles y energía, e incidiendo en la gobernanza interna con medidas que buscan minimizar los servicios del Estado para entregar las necesidades de la ciudadanía a manos privadas.
El presidente mandó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente que le permitió a sus empresas una condonación de más de 70 millones de dólares por impuestos atrasados. Y aunque después la ley se declaró como inconstitucional, el hecho ya estaba consumado.
Además, se vendieron 7,5 toneladas de oro de las reservas del Banco Central del Ecuador (BCE), por un valor inferior al del mercado internacional, ocasionando pérdidas de 240 millones de dólares. Y todavía se investiga si los compradores corresponden a las empresas offshore Festil Investments S.A. y Bostel Finance S.A., jamás reportadas al Servicio de Rentas Internas (SRI) y que pertenecen al entramado corporativo de la familia Noboa.
Mientras tanto las reservas internacionales que están depositadas fuera del país alcanzaron un récord histórico de más de 10 mil millones de dólares en diciembre del 2025, lo que garantiza que el CIADI nos otorgue una calificación positiva en el índice de riesgo país, para poder endeudarnos aún más.
El incremento del IVA al 15%, supuestamente para gastos de seguridad, no ha dado resultados visibles, pero sí agobia la economía de las familias.
Se aprueban proyectos de ley que permiten una evasión tributaria legalizada para empresas que entreguen cualquier clase de donaciones para uso de la policía nacional, sin analizar que sean realmente necesarias o compatibles y sin establecer montos referenciales.
El otro lado de la medalla es que el costo de la canasta básica se aproxima a los 830 dólares, mientras el salario básico se establece en un consolidado de 482 dólares, casi la mitad de lo que se necesita para una subsistencia al límite de la pobreza. En medio de esta bonanza para los exportadores, los campesinos denuncian que el precio establecido para el banano, de 7.25 dólares por caja, no les alcanza para cubrir sus costos de producción y que, muchas veces, se les paga incluso menos.
Un aspecto que señala el gobierno como índice positivo es el aumento de las utilidades bancarias, que en el año 2025 alcanzaron la exorbitante suma de 946 millones de dólares, como si las ganancias de los banqueros representaran una mejora en la economía de las familias, en este punto es legítimo preguntarnos sobre el origen de los fondos que generaron tales ganancias, pues no se investiga su posible relación con un sistema de lavado de activos.
Otro punto que el gobierno establece como positivo es el aumento de la inversión extranjera, que en el 2025 redondeó 850 mil millones de dólares. Y nuevamente nos permitimos cuestionar -algo que la Procuraduría debería hacer- el origen de estos fondos, el porcentaje real que se queda en el país y si las empresas inversoras están o no relacionadas con firmas offshore de la familia presidencial, porque es una práctica conocida la de enmascarar monopolios tras una supuesta participación de empresas extranjeras que, además, se benefician de condiciones dúctiles que facilitan su inserción en el mercado nacional.
Este panorama macroeconómico no se relaciona con la realidad económica que viven las familias. En la clase media, el nivel de endeudamiento es asfixiante y más de 3 millones de ecuatorianos están en mora con instituciones financieras.
De manera conveniente para el poder, pero insultante para los afiliados, en sus balances no se muestran los 30 mil millones de dólares que se adeudan al IESS y que ponen en peligro la sostenibilidad de todo el sistema de pensiones y prestaciones de salud por parte de esa entidad.
Alternativas. A pesar de la propaganda del gobierno, tenemos alternativas, hay esperanza. Tenemos semillas de una economía diferente que parte de las necesidades vitales de la gente, ordenar toda la economía para la salud, el empleo, la educación, la vida.
En los sectores que rigen la economía, los recursos no renovables y la energía, se debe priorizar el bien común por encima de las disposiciones del FMI y la avaricia de las élites locales.
Ordenar el gasto público alrededor de resultados verificables de educación, salud, seguridad, nutrición infantil, agua, saneamiento, conectividad, infraestructura productiva y mantenimiento vial deben prevalecer sobre gasto improductivo, subsidios mal focalizados, beneficios tributarios regresivos y programas sin evaluación.
Recuperar la inversión pública estratégica en la obra pública debe cerrar brechas territoriales, mejorar escuelas y centros de salud, garantizar agua potable, recuperar vías, fortalecer seguridad, ampliar conectividad y apoyar infraestructura productiva.
Colocar el empleo adecuado en el centro de la política económica, sin empleo formal, productivo y mejor remunerado no habrá reducción sostenible de pobreza, fortalecimiento de la seguridad social, aumento de recaudación ni recuperación sólida de la demanda interna.
Distinguir entre deuda productiva y endeudamiento especulativo. Endeudarse para financiar inversión pública de alta rentabilidad social puede fortalecer el desarrollo, para pagar deuda anterior, cubrir gasto corriente o sostener estructuras ineficientes profundiza la fragilidad fiscal. La prioridad debe ser reducir el endeudamiento improductivo, transparentar todas las obligaciones públicas, ordenar vencimientos y proteger la inversión que eleva productividad, empleo formal y bienestar social.
La esperanza viene desde los barrios de las comunidades, podemos convertir a nuestro país en potencia agroecológica uniendo la sabiduría de los pueblos con los resultados de la cuarta revolución tecnológica.
2.2. Energía.
El informe verdadero: Al inicio de la crisis energética se despidió a una ministra por manifestar que los apagones eran inevitables, incluso con cargos de conspiración, luego dijeron que los recortes de energía eléctrica fueron causados por el mantenimientos del sistema eléctrico nacional, o por atentados terroristas causados por parte de un grupo de funcionarios corruptos que abrían unas compuertas inexistentes para vaciar embalses. En su cinismo, incluso culpabilizaron a una zarigüeya que habría ocasionado daños, tratando de tapar su ineptitud con falsedades evidentes.
Aseguraron que se iban a comprar generadores de última generación, pero los motores de la compañía PROGEN resultaron inservibles, con 60 años de antigüedad e incompatible con nuestro sistema. Por esta chatarra se pagó un adelanto del 70%, no se contrataron seguros y tampoco se han determinado responsabilidades, pero el país perdió más de 100 millones de dólares en esa contratación.
Se alquiló una barcaza que no pudo funcionar por meses y cuando finalmente arrancó, entregó la mitad de la energía esperada, con bombos y platillos inauguraron la hidroeléctrica Toachi Pilatón en el 2025, cuando la verdad es que la obra estaba lista en un 95% desde el año 2017.
Impulsaron termoeléctricas como una gran solución, pero sin aclarar que se trata de negociados privados, que le venden energía al Estado a costos elevadísimos.
Como las termoeléctricas utilizan un fuel oil que se producía en la refinería de Esmeraldas, prácticamente acabaron con su capacidad operativa, eliminando mantenimientos y permitiendo dos incendios de grandes proporciones, que muy bien pudieron ser autoatentados.
Durante los apagones del 2024 se importaron miles de generadores domésticos y de mediano alcance, que se vendieron a precios exorbitantes a la ciudadanía, por parte de empresas asociadas a los intereses de la familia Noboa.
Un alivio temporal se encontró en la compra de energía desde Colombia, pero se rompieron relaciones con ese país, lo que nos lleva de lleno a depender de las termoeléctricas, es decir, de la generación de energía privada, aunque nuestra Constitución especifica que se trata de un sector estratégico, que debe ser prioridad del Estado.
Ahora continúa la misma lógica perversa, asegurando que no habrá cortes de luz, mientras les piden a los empresarios que utilicen generadores por hasta 14 horas diarias. Nuevamente anuncian la llegada de barcazas, que de seguro van a generar, más que energía, ganancias millonarias para los sectores privados.
El afán de arrasar con todo el sistema tiene detrás la clara intención de privatizar el sector eléctrico, renunciando a las responsabilidades del Estado y negociando con un servicio vital para la ciudadanía.
El costo que hemos pagado se traduce en miles de negocios quebrados, en un terrible daño al medio ambiente causado por la quema de combustibles en prácticamente todos los centros productivos, con afectación a profesionales y estudiantes, pero también con pérdida de vidas, por falta de energía en hospitales y en los hogares de personas vulnerables.
Alternativas: Para dejar de quemar el residuo en las termoeléctricas, el país necesita fuentes alternativas de generación con gas natural importado, biomasa o más inversión en energía renovable (solar, eólica, geotérmica) lo que requiere planificación; no se puede cambiar de un día para el otro, pero mientras no se inicie, el círculo vicioso seguirá girando.
El problema está en que el gobierno prioriza evitar apagones hoy (quemando el residuo) sobre resolver el problema de fondo (modernizando la refinería). Es una decisión de corto plazo contra una solución de largo plazo.
El Ecuador tiene un alto potencial de energías limpias usando la fuerza hidroeléctrica, solares, eólicas, por lo que se requiere retomar planes integrales para garantizar la soberanía energética. Petróleo
El informe verdadero: ¿Por qué el país tiene petróleo, pero importa combustibles, y cómo salir de este laberinto? la gran contradicción de un país petrolero que importa combustibles, Ecuador extrae petróleo de la Amazonía, lo vende al mundo, pero luego compra gasolina y diésel en el extranjero porque sus propias refinerías no pueden producirlos en cantidad suficiente.En 2025, el país importó 74 millones de barriles de combustibles. Eso representa una factura de aproximadamente 6.000 millones de dólares que salen del país cada año.La refinería más grande del país, la de Esmeraldas, funciona actualmente al 41% de su capacidad. Es como tener una fábrica enorme que solo trabaja dos días a la semana.
Llegamos a esta situación porque gobierno ha reducido la inversión en la industria petrolera, en 2025, la inversión cayó un 72% en comparación con el año anterior, sin inversión, las máquinas se deterioran y producen menos; se despidió a 1.379 trabajadores y trabajadoras experimentadas, incluyendo ingenieros/os y técnicos/as especializados/as, al expulsar el conocimiento, aumentaron los accidentes como incendios, derrames y paralización de plantas petroleras. Los directivos de Petroecuador cambian constantemente, en pocos años han pasado 8 gerentes distintos, cada uno llega con su propio plan, y ningún plan se termina de ejecutar. El gobierno prioriza el pago de la deuda externa por sobre la inversión en la industria, en 2025, se condonaron 853 millones de dólares a Petroecuador que le debía el Estado, dinero debía llegar a la producción y al mantenimiento, en los dos últimos años los oleoductos han sido saboteados de manera permanente.
Hemos llegado al terrible momento de no poder siquiera atender las demandas de combustible del consumo interno y de líneas aéreas internacionales, con la evidente afectación al turismo que eso supone.
El petróleo es la mayor fuente de ingresos del país y se ha manejado con la peor de las codicias. Se adjudicó un millonario contrato para la compra de etanol Isabel Noboa, a la tía del presidente; Petronoboa, manejada por el hermano del presidente, se creó para manejar contratos públicos, a pesar de no tener la experiencia necesaria, cuando se denunció el hecho, el SRI anuló 6.800 facturas de la empresa.
Luego de 20 años, el oleoducto de crudos pesados (OCP) debe pasar a manos del Estado, pero el proceso se ha demorado, construyendo un escenario previsible para que nadie se asombre cuando se declare una nueva concesión a empresas privadas.
Para cumplir con la receta del FMI se liberaron los precios de combustibles, en los últimos dos años la gasolina ha subido 25% en promedio, y el diésel casi un 60%, con impactos negativos sobre las condiciones de vida de la población y los costos de la producción.
En el Tratado comercial con EE. UU. se establece preferencia para las inversiones norteamericanas en el sector de hidrocarburos, lo que permitirá reanudar los desastres ambientales y sociales que dejaron esas corporaciones en décadas pasadas.
El costo ambiental de los derrames y la falta de remediación se traducen en ríos afectados, en actividades de pesca interrumpidas, en cultivos arrasados por la mancha de aceites y combustible, pero también en vidas humanas, pues la afectación a la salud en las comunidades tiene efectos a largo plazo.
Alternativas. De debería elaborar una hoja de ruta clara con metas realistas, con la producción de 450.000 barriles diarios de manera estable durante los próximos 15 años, esto requiere invertir en tecnología y en el mantenimiento de los pozos existentes, también se necesita estabilidad laboral, l asegurando el personal técnico experimentado sin despedidos o reemplazos con personal sin formación y experiencia.
En la refinación, la Refinería de Esmeraldas necesita un «tren de alta conversión», esta tecnología permite transformar el residuo (hoy quemado) en gasolina y diésel de alta calidad, si se completa este proyecto, Ecuador podría producir el 95% de los combustibles que consume y dejar de importarlos, el ahorro anual sería de casi 1.000 millones de dólares.
El verdadero obstáculo es la demagogia en la política, y no la falta de fundamentos técnicos, el problema no es que falte tecnología o que los números no cuadren, los números son claros al plantear que convertir el residuo en diésel es mucho más rentable que quemarlo.
La gran pregunta que nadie responde es ¿cuánto tiempo más puede el Ecuador seguir exportando su crudo barato para importar combustibles caros, mientras quema la materia prima que podría hacerlo autosuficiente? este no es un problema técnico ni financiero, es un problema de decisiones, Ecuador sabe lo que hay que hacer, los números demuestran que es rentable, la tecnología existe y está probada en otros países; el obstáculo está en las y los tomadores de decisiones, no en la realidad del subsuelo. Mientras sigan pensando en la emergencia del próximo apagón en lugar de pensar en los próximos 15 años, el país seguirá atrapado en esta paradoja.
La ciudadanía como pueblo, tenemos una ventaja, no estar atrapados en la urgencia del día a día, podemos pensar con perspectiva, y esa perspectiva nos dice que un país que tiene petróleo no debería importar combustibles.
La pregunta que queda en el aire es ¿habrá algún día la voluntad política para romper este círculo vicioso, o seguiremos explicando la misma paradoja dentro de otros veinte años? Un dilema: agua y vida o minería.
El informe verdadero: En cuanto a la explotación de yacimientos mineros, se bombardean montañas enteras en Imbabura y la Amazonía, supuestamente para desalentar la minería ilegal y cuidar del medio ambiente, matando flora y fauna en el proceso, cuando el interés escondido tras esas acciones es abrir las puertas a operaciones de gran escala, manejadas por corporaciones cuyos accionistas forman parte del entramado empresarial de la familia del presidente. Además, en este ámbito ha salido a la luz un descarado caso de corrupción y pedido de coimas semanales por parte de funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).
Una muestra del tratamiento inapropiado y descorazonado hacia el agua, la podemos encontrar en la tristemente famosa Cárcel del Encuentro, donde han provocado un verdadero ecocidio en el río Las Negras, contaminando su caudal con desechos que se vierten sin ninguna clase de tratamiento, afectando la vida y subsistencia de miles de ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Santa Elena que, directa o indirectamente, dependen de este río para sus actividades productivas y de sostenimiento de la vida.
Alternativas. El agua es vida, y la vida se defiende.
Nuestra Constitución declara el agua como un derecho humano e identifica su cuidado como una estrategia primordial del Estado, pero este gobierno menosprecia su importancia vital y cultural, de manera reiterativa.
En la Consulta Popular del año 2024, el pueblo de Ecuador se manifestó claramente a favor de su cuidado y contra el desarrollo de proyectos mineros en parques naturales y en zonas cercanas a fuentes de agua, pero a pesar de este mandato popular directo, el gobierno ha insistido en la instalación de proyectos de minería a gran escala en parques y páramos, como en el caso del proyecto Loma Larga que se busca ejecutar en la zona de Quimsacocha, en Azuay, con el agravante de la intervención de la esposa del presidente como su promotora, con visitas a comunidades en donde busca lograr su aceptación con regalos otorgados por la empresa minera, emulando la entrega de abalorios y espejos que los colonizadores europeos realizaban en el siglo XVI. Infraestructura y vivienda
El informe verdadero: La vialidad está en una situación de franco abandono en las principales carreteras del país.
Ante la carencia de viviendas populares, el gobierno ha propuesto una ley que condona el pago de impuesto a la renta para las empresas constructoras que “regalen” viviendas a bajo costo, sin especificar porcentajes ni características, como si la calidad de vida de las poblaciones más empobrecidas no tuviera importancia. Este proyecto normativo tiene el agravante de facilitar los negocios de empresas constructoras y financieras relacionadas con los bienes raíces, sin incluir la investigación de los donantes ni el origen de sus recursos, a pesar de que, en estos últimos años, se ha incrementado de manera evidente un sistema de lavado de activos utilizando como fachada a empresas de este sector, como se demostró en el caso de la Isla Mocolí.
Además, estas construcciones se realizarían en lotes cuyo costo no será determinado por municipios ni prefecturas de acuerdo con su catastro, sino por una comisión particular, aportando opacidad a los procesos y oportunidad de negociados evidentes.
En mayo del 2024 la esposa del presidente intentó instalar un gran proyecto inmobiliario en un área ambiental protegida conocida como Esterillo Oloncito, enarbolando unos permisos ambientales emitidos a toda prisa y apenas 13 días después de que el presidente posesionara en el cargo, ignorando regulaciones ambientales expresas que declaraban esa zona de manglar como Área Protegida. Solamente la fuerte protesta y la vigilia de los comuneros de Olón consiguieron parar el proyecto.
Otro intento de apropiación indebida de terrenos se registró en enero de este año 2026, en la provincia de Santa Elena, donde se pretendía comprar a menos de la quinta parte de su valor un gran lote, utilizando como testaferro a un familiar de la empleada doméstica de Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública del gobierno de Noboa.
La obra del quinto puente de Guayaquil, que ha sido motivo de persecuciones judiciales contra la prefecta de Guayas Marcela Aguiñaga (quien finalmente renunció a su cargo), presenta graves irregularidades en sus procesos de expropiaciones, pues se ha modificado su ruta para atravesar terrenos que son de propiedad de la familia Noboa, que se beneficiaría con el pago de compensaciones.
Esto ocurre mientras obras de infraestructura, necesarias y urgentes están relegadas al olvido, probablemente, porque no representan ganancias económicas para los funcionarios de este régimen.EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, LA INSTITUCIONALIDAD Y LA TRANSPARENCIA. Consultas Populares
El gobierno debe cumplir con los mandatos directos y obligatorios que se originan en las Consultas Populares, pero ha ignorado la voz ciudadana, una y otra vez.
Se debía detener la explotación petrolera en el Yasuní, pero no se le da cumplimiento a ese mandato y a los promotores de la iniciativa se les imponen una multa de miles de dólares, por una supuesta falta en su declaración, de 39 centavos.
La votación popular ordenó que la actividad minera no se realice en parques nacionales y en zonas cercanas a fuentes de agua, pero se continúa con la adjudicación de contratos exploratorios a favor de corporaciones extranjeras. Para apoyar estas arbitrariedades se eliminó el Ministerio del Ambiente y lo fusionaron con el Ministerio de Energía y Minas, en un profundo contrasentido.
Con la Ley sobre minería aprobada por la Asamblea, se elimina el requisito de licencia ambiental, para sustituirla con un simple permiso administrativo. Además, se dispone a los militares defender las inversiones mineras, eliminando con la fuerza de un armamento que puede llegar a ser letal, el legítimo derecho de la gente de exigir que se cumpla la Consulta Popular.
En Consulta Popular el pueblo determinó que no se utilice la figura del arbitraje internacional para el manejo de controversias en los Tratados con otros Estados o los contratos de inversión con empresas extranjeras, pero el gobierno adelanta la firma de tratados internacionales que incluyen arbitrajes que, además, no pueden ser analizados porque se presentan como “reservados”.
El pueblo dijo “NO” a las intervenciones de otras fuerzas militares en nuestro país, pero el gobierno abre las puertas a mercenarios como Erick Prince y al ejército norteamericano, para que ocupe nuestras instalaciones militares y se instalen también en el mar territorial, incluyendo las Galápagos, con buques y portaviones que apoyan la expansión geopolítica de EEUU, ignorando nuestra soberanía.Elecciones generales
Las elecciones generales son el corazón de la vida democrática de una república, cuando se llevan a cabo en igualdad de condiciones para todos los participantes y bajo el cuidado de autoridades imparciales que rinden cuentas únicamente a la ciudadanía. Pero en los últimos procesos electorales estos requisitos se han demostrado como inexistentes.
Las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplen roles funcionales al poder, con la honrosa excepción de la Dra. Elena Nájera, que de manera permanente ha denunciado las irregularidades que se comenten en esa institución.
Los intereses creados con el gobierno se demuestran en vínculos directos: la presidenta del CNE, Diana Atamaint, tiene un hermano que este gobierno nombró Cónsul en la ciudad de Manhattan; y el sobrino del vicepresidente del organismo, Enrique Pita, está vinculado en negociados con barcazas de generación eléctrica y compra de gas natural.
El concurso para renovar a los consejeros del CNE ha sido interrumpido varias veces por manipulaciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y como resultado, los consejeros están prorrogados en sus cargos por más de 4 años y su actitud servicial hacia las órdenes del Ejecutivo se ha demostrado de manera reiterada; cuando permitieron que el presidente no pidiera permiso para entrar en campaña electoral aunque el Código de la Democracia establece claramente esta necesidad; cuando miraron hacia otro costado mientras el Ejecutivo inauguraba una feria de entrega de bonos con la clara intención de comprar votos, al mismo tiempo que los candidatos oficialistas y sus funcionarios regalaban cocinas de inducción, fundas de víveres y hasta muñequitos con la figura del presidente como juguetes para los niños en las zonas más empobrecidas del país, a pesar de la prohibición normativa contra estas prácticas.
Para el próximo proceso electoral de carácter seccional y ante la evidente caída de aceptación del gobierno, buscaron eliminar los contrapesos democráticos y suspendieron a la Revolución Ciudadana (RC), para dejarla fuera de la papeleta electoral. Bajo la misma lógica de eliminar opositores se han iniciado procesos en contra del partido Unidad Popular (UP) y el Movimiento Construyendo Oportunidades (CONSTRUYE).
Violentando la normativa expresa del Código de la Democracia y hasta de la Constitución, el CNE resolvió adelantar el próximo proceso electoral por más de tres meses, para realizarlo en noviembre de este año 2026, acortando el tiempo de selección de candidatos al interior de las organizaciones políticas y recortando sensiblemente el período de campaña para los aspirantes a alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, en una medida que, además, apunta a reducir los plazos para que los movimientos proscritos puedan subsanar su situación.
Esta resolución se llevó a cabo de manera apresurada, principalizando a consejeros alternos y bajo el endeble sustento de un informe sobre afectaciones climáticas que podrían ser causadas por el Fenómeno de El Niño en los primeros meses del año entrante y que causarían problemas en el 5% de los recintos electorales del país, con un descaro antidemocrático que no se puede disimular, porque los ecuatorianos conocemos nuestro clima, sabemos que es casi imposible identificar cambios climáticos con 11 meses de antelación y hemos vivido en otras oportunidades dificultades que han afectado un porcentaje mayor de recintos electorales, sin que eso provocara cambios en los calendarios de las votaciones, sino reinstalación de mesas en los lugares que puntualmente resultaron afectados.
Se han emprendido acciones completamente ilegítimas, utilizando procesos de fiscalización exprés para perseguir a Alcaldes, y de calificación de atentados contra la seguridad nacional, para perseguir a dirigentes sociales.
Detrás del arresto del edil guayaquileño se esconden asuntos muy oscuros que añaden indicios de corrupción a la opacidad democrática, pues el alcalde encabezaba la denuncia de un posible autoatentado con bomba perpetrado en la bahía de Guayaquil, con el involucramiento de un Porsche último modelo que pertenece a una de las empresas de Noboa y que fuera detectado en una visita a la casa del delincuente identificado como autor del atentado, gracias a las cámaras de seguridad de la empresa pública Segura EP, manejada por la alcaldía; además, el arresto ocurrió inmediatamente después de que el Alcalde anunciara que visitaría embajadas europeas para presentar pruebas que involucran al consorcio corporativo de la familia presidencial en el tráfico de estupefacientes.
Para añadir otra mancha en este asunto tan oscuro, el Ministerio del Interior intervino a Segura EP, incautó sus cámaras y, con ellas, las evidencias que involucran al Porsche, esperando desmantelar el caso judicial. Institucionalidad democrática
Desde el 2024, el Ecuador ha vivido un Estado de excepción permanente y desmantelamiento de la institucionalidad democrática, con estados de excepción, los toques de queda han restringido derechos fundamentales. Inicialmente se justificaron para combatir la inseguridad, pero se han convertido en el modo ordinario de gobierno.
La democracia, para poder llamarse así, debe cumplir con algunos requisitos básicos y elementales, con separación entre las funciones del Estado, libertades civiles garantizadas y un manejo público transparente, pero en el gobierno de Noboa todas y cada una de estas condiciones han sido violentadas, se ha producido una cooptación de todas las instituciones del país, bajo un régimen que debe definirse como una autocracia o una dictadura civil, que se sostiene por un uso instrumental de las Fuerzas Armadas y una justicia servicial a sus intereses.
La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional no se consiguió en las urnas, sino con la cooptación de miembros de otras tiendas políticas, en un procedimiento no explicado que sumó 11 voluntades a sus filas, asegurando la fuerza parlamentaria que mantiene desde entonces, tanto en el Pleno como en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y en la mayoría de las Comisiones. En el proceso se han vulnerado los derechos de varios asambleístas de la oposición, con multas y sanciones, con retiro de su inmunidad parlamentaria y con el impedimento de reintegrarse a la Asamblea luego de una suspensión temporal. Como resultado, la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional está prácticamente paralizada y la aprobación de leyes se limita a la firma de proyectos enviados por el Ejecutivo bajo el membrete de económicos urgentes.
La Superintendencia de Bancos y también la de Compañías se han manejado de manera sumisa a los intereses del Ejecutivo. Una muestra de esto representa la persecución orquestada contra el Diario Expreso, bajo el pretexto de no haber reportado un cambio de accionistas minoritarios.
Los cambios en el CPCCS tienen un origen de cooptación política evidente, para manejar los concursos de designación de autoridades.
La Fiscalía General del Estado se mantuvo durante los primeros meses del gobierno bajo la conducción de Diana Salazar, que cumplía con los pedidos del presidente a cambio de beneficios personales, lo que se demostró completamente cuando, siendo aún Fiscal, presentó cartas credenciales para ser admitida como embajadora en Argentina, rompiendo cualquier ilusión de separación de funciones y alineando sus intereses particulares con los del Ejecutivo, de manera directa.
En el proceso de selección del nuevo Fiscal, las irregularidades han sido tantas que la Comisión Ciudadana de Selección renunció por falta de transparencia; y la nueva Comisión ratifica irregularidades que apuntan con claridad hacia José De La Gasca, quien hasta hace pocos meses se desempeñó como ministro de Gobierno de Noboa.
Los escándalos suscitados en torno al Consejo de la Judicatura nos colocan en una postura de vergüenza internacional, con autoridades que han sido destituidas por haberse demostrado conflicto de intereses relacionados con casos judiciales de lavado de activos de la mafia albanesa; con la inconsistencia por parte del Ministerio del Trabajo de inventarse un impedimento sostenido por más de 6 semanas para que la subrogante Alexandra Villacís no asuma la presidencia del organismo y que fuera levantado apenas presentó su renuncia; con las actuaciones del Fiscal encargado Leonardo Alarcón, que estuvo involucrado en el caso Nene que arrasó con los derechos políticos de la exvicepresidenta y con el caso Triple A, que ha sido utilizado para confiscar los derechos civiles y democráticos del alcalde de Guayaquil.
La apertura indagaciones y persecuciones fiscales contra jueces y personajes políticos se ha tornado un asunto cotidiano, dando como resultado la renuncia de autoridades, su encarcelamiento o su silenciamiento.
La Corte Constitucional del Ecuador (CCE) es el último reducto que se ha mantenido con una relativa autonomía, resistiendo los embates del gobierno en algunos aspectos y cediendo en otros, bajo el permanente chantaje del Ejecutivo, que ha organizado marchas en su contra, publicado enormes pancartas que muestran a los jueces como responsables del aumento de la delincuencia y con la apertura de procesos de investigación fiscal que ya provocaron la renuncia del juez constitucional Raúl Llasag, con el resultado inmediato de que la jueza constitucional Claudia Salgado Levy negara medidas cautelares para detener el efecto de la ley contra los GADs, lo que permitirá su aplicación como instrumento político electoral, mientras se analiza su impertinencia constitucional.
Alternativas. La institucionalidad democrática debe reconstruirse desde cero, para instalar un equilibrio básico entre las funciones del Estado.
El país necesita urgentemente recuperar un sentido gravitacional de la democracia, con un eje centrado en el futuro del país, donde las competencias de cada entidad ejerzan pesos y contrapesos que eviten el colapso de todo el sistema, y donde la voluntad del pueblo, expresada en mecanismos como las Consultas Populares, sea cumplida rigurosamente. Transparencia y comunicación
La rendición de cuentas y la transparencia no son optativas, son mandatos de cumplimiento obligatorio para todos los ámbitos de la administración pública. Los funcionarios, absolutamente todos, deben cumplir estricta y únicamente con las atribuciones que la ley les faculta.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública especifica que solamente en casos de estricta excepción se permiten reservas de información, pero el Ejecutivo mantiene el secretismo como su principal modus operandi, recurriendo una y otra vez a la figura de la “información reservada” para evitar dar explicaciones sobre la motivación de sus actos.
Este procedimiento ilegítimo se aplica a datos estadísticos de pobreza, a informes de clima, a Tratados Internacionales, a denuncias contra opositores y a cualquier evento que le convenga al Ejecutivo.
En lugar de la rendición de cuentas y la información democrática, el Gobierno ha creado un aparato de bloqueo de la comunicación. Se vulnera de manera reiterativa la libertad de expresión, con acciones como la persecución a periodistas e instalación de casos de deportación bajo denuncias “reservadas”; la utilización de la pauta publicitaria del gobierno como forma de extorsión comercial para promocionar el discurso oficialista; la compra de medios independientes como radio La Calle y el medio digital La Posta, por parte de un asambleísta alterno del partido de gobierno, sin explicar el origen de los fondos para esas adquisiciones; la cooptación del medio impreso El Universo; el acoso a Diario Expreso, así como la implementación de una estrategia de desinformación, mediante la creación de medios digitales y la proliferación de influencers y granjas de trolls que se dedican a atacar a medios independientes.SEGURIDAD Y CUIDADO PARA TODOS Y TODAS
El discurso del Gobierno. El narcotráfico y las bandas criminales constituyen un enemigo terrorista no convencional, por lo que el Estado se encuentra en un conflicto armado interno legítimo donde la única opción es la neutralización militar y el control carcelario estricto. La pacificación del país es la condición para la reactivación económica y la atracción de inversiones.
Hemos avanzado en colaboración internacional, sobre todo con el Gobierno norteamericano para una estrategia conjunta. El contrato con Palantir apunta a obtener información para neutralizar las bandas criminales y terroristas.
El Informe verdadero. La inseguridad es una angustia cotidiana para todos los hogares ecuatorianos. El miedo ha cambiado nuestros hábitos sociales y familiares, llevándonos a un ostracismo que afecta, sobre todo, a las nuevas generaciones.
En apenas 10 años pasamos de tener estadísticas de 5 muertes violentas por cada cien mil habitantes, a la cifra de 50 muertes, y en localidades como la provincia de Los Ríos, esta cifra asciende a 400 muertes por cada cien mil habitantes, lo que nos ha llevado a tener ciudades identificadas entre las más violentas del mundo.
Casi todas las familias del país tienen hoy relatos de actos violentos ocurridos en su entorno familiar o laboral, con robos, asaltos, asesinatos, raptos, extorsiones, o “vacunas” por parte de grupos delictivos. Y a esta aprehensión debe sumarse el pánico de pensar que los jóvenes puedan ser reclutados u obligados a actuar de acuerdo con las exigencias de alguna de las bandas que se han tomado las ciudades, especialmente en la Costa.
Desde abril del 2024, la figura de “conflicto armado interno” se ha mantenido durante todo el ejercicio gubernamental, a pesar de que la Corte Constitucional ha señalado la inconstitucionalidad de esta causal, al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución para justificarla.
La motivación inicial se dio con el ataque a las instalaciones de TC Televisión por parte de un grupo armado identificado como Los Lobos. La policía informó la detención de 13 personas, de las cuales 6 han sido asesinadas dentro de los centros carcelarios. La investigación de este evento ha estado rodeada de múltiples contradicciones y hasta contrasentidos, con el más reciente anuncio de Fiscalía de eliminar las armas capturadas que se utilizaron en el asalto, cuando todavía no ha concluido el juicio contra los responsables que todavía sobreviven.
A partir de este hecho se incrementó una estrategia de shock blando que no ha sido eficaz en derrotar la delincuencia criminal, pero ha servido para sembrar un ambiente de terror y miedo en la población, y para justificar la persecución a dirigentes sociales, en una delgada capa de calificación de terrorismo también a la resistencia popular. La presencia militar invadió todos los ámbitos de la vida nacional; se subió el IVA al 15% para financiar gastos de seguridad; se instaló la modalidad de declarar como “reservados” casos de persecución política, por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado y se consolidó como modelo de gestión la declaratoria de estados de excepción bajo la causal de grave conmoción interna.
Desde el inicio de su gobierno, Noboa ha decretado en 8 ocasiones emergencias de seguridad, a nivel nacional o provincial, restringiendo derechos civiles y sin resultados concretos que demuestren avances en la seguridad ciudadana.
El manejo de la seguridad ha migrado a manos militares con una evidente afectación a las capacidades operativas de la Policía Nacional, que incluyen el desmantelamiento de decenas de Unidades de Policía Comunitaria (UPC), en todo el país, contrariando la lógica más elemental, que supondría su reforzamiento para aliviar las condiciones de inseguridad que atraviesan las poblaciones.
La militarización de las cárceles no ha logrado evitar la fuga de casi 500 reos en estos últimos años, entre los que se encuentran líderes de bandas delictivas como Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, de la banda Las Águilas, quien se fugó de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil escoltado por personal uniformado; o Jairo Zambrano, presunto cabecilla de Los Lobos o José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien luego fuera recapturado y enviado a EE. UU.
A pesar de que el gobierno insiste en que ha retomado el “control de las cárceles”, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) reconoce que se produce una muerte carcelaria aproximadamente cada 9 horas.
En cuanto a la repatriación de delincuentes capturados en el exterior, resalta el caso de Willian Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’, involucrado en el caso del asalto a TC televisión, que no fuera entregado por la justicia española porque Ecuador no presentó garantías suficientes para el resguardo de su vida. Otro asunto repleto de irregularidades es la extradición de Wilmer Geovanny Chavarría, alias Pipo, líder de Los Lobos, quien afirmara que el presidente estuvo involucrado en el magnicidio de Fernando Villavicencio; pero mientras el país espera que se investigue este hecho, el gobierno apresura un acuerdo para extraditarlo directamente a EE. UU.
Las redes del narcotráfico se han infiltrado en negocios privados y en instancias públicas, tejiendo un entramado de virtual cooptación del Estado.
En estos años, el país se ha posicionado en el mercado de estupefacientes como el principal proveedor de cocaína para Europa, Rusia, EE. UU. y los países que conforman la península balcánica. Ecuador ha sufrido un cambio de paradigma, pasando de un país «de tránsito» de la droga, a uno en el que se almacena, se procesa y se distribuye.
En las exportaciones los controles se han reducido casi a su mínima expresión. Las autoridades inspeccionan apenas el 17% de los contenedores que salen desde los puertos de Guayaquil y Posorja. Y a estos porcentajes se suma la falta de estadísticas concretas de los controles que se deben efectuar en los 15 puertos privados distribuidos en el litoral costero del país.
El sistema UNIBANANO, que debe controlar la trazabilidad de la producción y exportación de banano ha sido manipulado hasta el punto de no poder reconocer cuántas hectáreas están produciendo banano, cuántos productores tienen códigos falsos ni cómo los obtuvieron.
Según un informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), los operativos internacionales realizados demuestran que Ecuador concentra el 70% del peso de cocaína incautada en buques bananeros. A esto debe sumarse la terrible afirmación que hiciera uno de los capos de la mafia albanesa, de contar con la exclusividad de exportación de alcaloides en cajas de banano de la corporación Noboa.
Gracias al periodismo de investigación, realizado por periodistas que se encuentran en el exilio, en febrero de este año 2026 salió a la luz el modus operandi de operativos que simulan incautaciones de droga para luego revenderlas al narcotráfico. La evidencia de grabaciones obligó a las autoridades de la Armada Nacional a iniciar investigaciones y determinar culpabilidades puntuales, aunque la red de corrupción institucional no se ha investigado a profundidad.
Mencionaremos solamente algunos casos que no han tenido consecuencias legales y que calificaremos de profundamente sospechosos, como el llamado Caso Cachorro, donde se decomisaron 196 paquetes de cocaína en una hacienda vinculada al Grupo Noboa, sin que se determinen responsables; o la incautación de otros 151 paquetes de cocaína camuflados en cajas de banano en el puerto NAPORTEC, donde el único detenido fue José Luis Rivera Baquerizo, contratista de Noboa Trading, quien fuera liberado gracias a la defensa de Edgar José Lama Von Buchwald, que en ese momento era asesor del entonces asambleísta Daniel Noboa y que más adelante, cuando Noboa llegó al sillón presidencial, pasó a ocupar el cargo de Ministro de Salud; o la incautación de 260 kilos de cocaína ocultos en el sistema de refrigeración de contenedores de Noboa Trading, que originó que Rivera Baquerizo fue nuevamente capturado, quedando en libertad al descubrirse que su contratante era Roberto Ponce Noboa, primo del presidente Daniel Noboa. Hasta mayo de este año 2026, se han abierto investigaciones por 8 casos de tráfico de cocaína que tendrían relación con los manejos del entramado corporativo de la familia Noboa, pero en ninguno de ellos se ha llegado a determinar responsabilidades penales de ningún tipo.
Según un informe de la Comisión Europea, el 57% de los contenedores de banano que salen de Guayaquil llegan a Europa con cocaína. Se generan dudas razonables sobre la posibilidad de que estas actividades delictivas no sean desconocidas por el grupo empresarial de Noboa. Y estas dudas se agravan cuando los casos que llegan a instancias judiciales son simplemente archivados.
En cuanto al lavado de activos dentro del sistema financiero nacional, las elevadas cifras de utilidades bancarias en medio de una crisis económica evidente deberían por sí solas motivar una investigación, pero el organismo de control ha sido manoseado durante años, como parte de una disputa de poder.
La designación de Superintendente de Bancos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) desencadenó que 4 de sus consejeros fueran sustituidos por decisión del juez Fernando Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y cabe señalar que se trata del mismo juez que tiene a su cargo la denuncia contra el alcalde de Guayaquil. Finalmente, luego de que la Superintendencia de Bancos estuviera 7 meses sin titular, los nuevos consejeros del CPCCS designaron a Romero Von Buchwald, a partir de una terna presentada por el presidente Daniel Noboa. Este apellido ya ha sido mencionado en este Informe, relacionado con la defensa de Noboa Trading en casos de incautación de drogas; y nos cuesta mucho pensar que se trata de una simple coincidencia originada por un apellido de uso común en el país.
En relación con el mercado internacional de minerales, Ecuador presenta graves inconsistencias entre su producción aurífera oficial y sus exportaciones. Un reportaje efectuado por la revista Vistazo expuso una gran brecha entre lo que se declaró y lo que finalmente se exportó, arrojando una distancia de casi 51 toneladas en la cantidad de oro que llegó a mercados internacionales en el 2025, con papeles regularizados, pero sin que tuviera un origen conocido.
Para luchar con un entramado tan elaborado, el gobierno afirma que se necesita la participación del ejército norteamericano, pero señalamos que ese país no tiene ningún interés en perseguir a las mafias dentro de su territorio o iniciar castigos severos contra los consumidores de sus ciudades que demandan el crecimiento de este tráfico internacional.
La verdad es que el posicionamiento estratégico de fuerzas extranjeras en nuestro territorio responde claramente a las necesidades geopolíticas de EE. UU., que muy poco tienen que ver con los imperativos de seguridad interna de nuestro país.
Alternativas. El problema del narcotráfico y del capital criminal es estructural. Las bandas criminales pueden actuar por los vínculos con sectores del poder económico y político. Por ello se requiere una estrategia integral, que no se reduzca a la actuación militar, empezando por desmontar los vínculos del capital criminal y el poder local y transnacional. Enfrentar las raíces del abandono del Estado de áreas marginales que crea condiciones para la cooptación sobre todo de jóvenes por el narcotráfico y el capital, en medio de una narcocultura que promociona el dinero fácil, el consumo y el edonismo.
En medio de este clima de guerra y terror, el cuidado, impulsado sobre todo por las madres, la solidaridad, impulsada sobre todo por las comunidades, son una semilla para una cultura diferente de supervivencia y de fraternidad social.EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LA PAZ.
El discurso del Gobierno. No podemos continuar una política internacional de alineamientos ideológicos y regionales que han perjudicado al país. Requerimos una política pragmática. Las relaciones internacionales deben servir como herramientas directas para financiar la guerra contra el narcotráfico y atraer inversiones.
El punto de partida es el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos y de la participación en la seguridad hemisférica, aceptando asistencia militar, económica y de inteligencia (incluyendo la presencia del FBI y agencias de seguridad norteamericanas en suelo ecuatoriano), pues el crimen organizado es una amenaza transnacional que requiere respuestas globales. **
Tenemos que abrirnos a los negocios en el mundo. Por eso impulsamos el el TLC con China y el acuerdo comercial con Costa Rica, además de buscar activamente nuevos tratados con bloques asiáticos y norteamericanos para dinamizar las exportaciones de sectores tradicionales (banano, camarón, cacao).
La participación en el Escudo de las Américas (Shield of the Americas) – la coalición militar regional promovida por el gobierno estadounidense de Donald Trump – constituye uno de los hitos más profundos nuestra política exterior. Los acuerdos de cooperación con Israel, incluido el contrato con Palantir, contribuirán a un país más seguro.
El Informe verdadero. La soberanía de un país se construye a lo largos de décadas e incluso siglos. Hoy conmemoramos el triunfo de los patriotas en la Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, la semilla de la independencia y la soberanía ante el colonialismo.
El Ecuador ha tratado su inserción en el mundo y en la región, basada en los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional y la convivencia pacífica. Daniel Noboa estableció parámetros de relacionamiento basados en el alineamiento con los intereses geopolíticos de EE. UU. e Israel, y el aseguramiento de los intereses electorales y económicos de su grupo económico y político.
A pesar de que el Ecuador reconoció hace años al Estado Palestino, este gobierno ha apoyado de manera directa el genocidio que se establece en la zona de Gaza y la expansión del dominio militar israelita y norteamericano en toda la región de Medio Oriente.
Nuestra Constitución establece como un principio estratégico la integración latinoamericana, pero este gobierno rompió relaciones con Venezuela, expulsó del país a la delegación diplomática cubana, con acusaciones falsas.
Noboa ha violado normas internacionales con la invasión de la Embajada de México. Con el afán de dañar la imagen internacional del presidente colombiano Gustavo Petro, de tendencia izquierdista, y de acuerdo con los deseos manifiestos de EE. UU., en febrero de este año 2026 se inició una ruptura comercial que se presentó bajo la figura -inexistente en derecho- de una “tasa de seguridad” que se imponía como retaliación por la falta de cooperación en el manejo del control fronterizo para reducir el paso de sustancias ilícitas. Esta tasa primero fue del 30%, luego del 50% y, finalmente, subió al 100%, con el añadido de un incremento del 900% para el cobro de transporte de crudo colombiano a través de los oleoductos nacionales.
Estas medidas buscan afectar los resultados electorales en el vecino país, pero han causado graves secuelas en la economía de la provincia del Carchi, afectando relaciones comerciales empresariales y de transportistas, interrumpiendo procesos de importación y exportación de bienes de uso masivo. Además, agudizaron la crisis energética del Ecuador, al interrumpirse la compra de energía eléctrica proveniente de Colombia y que resultaba vital para estabilizar la demanda nacional de fluido eléctrico.
La situación internacional de nuestro país quedó expresada con toda claridad en noviembre del año 2024, cuando se celebró, en Cuenca, la XXIX Cumbre Iberoamericana, a la que no acudieron presidentes latinoamericanos.
Para agravar el escenario, esta ruptura comercial ocurre mientras el Ecuador ocupa la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina (CAN).
Mientras se rompen vínculos centenarios con las naciones vecinas, el presidente apresura la firma de Tratados Bilaterales con los EE.UU., Corea del Sur y los Emiratos Árabes, que incluyen cláusulas “reservadas” y un tratamiento de arbitraje internacional que abre las puertas para la instalación de corporaciones mineras y petroleras que no deberán rendir cuentas bajo el sistema jurídico nacional. Además, el Tratado con los Emiratos Árabes Unidos se cuestiona por el intenso sistema de lavado de capitales provenientes del narcotráfico que se efectúa en algunos de sus países miembros, como Qatar.
La mayor arbitrariedad se comete con la relación abierta y extensa que se mantiene con paramilitares como Erick Prince y con el ejército regular norteamericano, contraviniendo expresamente la voluntad del pueblo del Ecuador que le dijo “NO” a la posibilidad de mantener bases militares extranjeras en nuestro territorio o mar territorial.
Mantener ejercicios militares con EE. UU. y permitir que las Islas Galápagos se utilicen como punto estratégico útil a intereses de otros Estados, es un acto de traición a la Patria. Más temprano que tarde Daniel Noboa deberá pagar las consecuencias de sus actos contra la sagrada voluntad y soberanía del pueblo ecuatoriano.
Alternativas. Como señala la Constitución, el Ecuador es un territorio de paz. En medio de los conflictos y las guerras geopolíticas, debiera impulsar una política de no-alineamiento, de unidad de los pueblos latinoamericanos y de defensa de la paz mundial.CONCLUSIONES
Con un sentido de unidad nacional nos corresponde retomar el destino del país, recomponer la integridad pública, eliminar la influencia del narcotráfico en el Estado, defender la democracia, refundar la soberanía nacional, que reside en el pueblo e impulsar la paz.
Con la frente en alto y la mirada firme que heredamos de nuestras lideresas y líderes históricos, tenemos la urgencia de retomar el camino latinoamericanista y la inserción soberana del Ecuador en el sistema mundo, sin depender de potencias extranjeras que nos valoran apenas como una ficha que puede ser útil para sus intereses, en un tablero geopolítico donde las necesidades de nuestro pueblo no son tomadas en cuenta.
El camino es la unidad y el Acuerdo Nacional de todas las fuerzas sociales y políticas para recuperar el Estado y ponerlo al servicio la ciudadanía.
Y a Noboa le decimos: te vas tú, se queda la Patria.
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