Por Alfonso Madrid Echeverría: 15-15-15
Cuidar la Tierra no es delito porque proteger las condiciones que hacen posible la vida constituye un deber ético, social e incluso histórico de la humanidad. Delito es destruir aquello de lo que depende la existencia colectiva: el agua, los bosques, el aire, los territorios y las comunidades humanas que viven en relación con ellos.
La defensa de la Tierra nace del principio más básico de supervivencia y responsabilidad intergeneracional. Ninguna sociedad puede sostenerse sobre la devastación permanente de la naturaleza sin poner en riesgo su propia continuidad. Por eso, quienes actúan para denunciar la crisis ecológica no están atacando a la sociedad: están alertando sobre un modelo que normaliza la destrucción ambiental en beneficio de privilegios económicos y políticos cada vez más concentrados.
Llamar “resistencia grave a la autoridad” a acciones de protesta no violenta distorsiona el sentido mismo de la justicia. La desobediencia civil pacífica ha sido, históricamente, una herramienta legítima frente a leyes, poderes o decisiones que perpetúan injusticias. Defender la Tierra mediante acciones simbólicas, visibles y no violentas no puede equipararse a la violencia real que implica destruir ecosistemas, contaminar ríos, expulsar pueblos de sus territorios o acelerar el colapso climático.
Además, verter un líquido biodegradable y fácil de limpiar, o participar en una cadena humana pacífica, no constituye un ataque contra la convivencia democrática. Por el contrario, son formas de participación política y expresión colectiva orientadas a visibilizar una emergencia planetaria que afecta a toda la humanidad. Criminalizar estas acciones supone desplazar el foco: se persigue a quienes denuncian el daño, mientras el daño estructural continúa.
La verdadera amenaza para la convivencia humana no proviene de quienes protegen la vida, sino de un modelo de poder que convierte la naturaleza en mercancía y subordina el bienestar colectivo a intereses privados. Cuando la Ley castiga con mayor dureza a quienes intentan defender el planeta que a quienes contribuyen a su destrucción, aparece una profunda contradicción ética y política.
Cuidar la Tierra no es delito. Es responsabilidad, conciencia histórica y defensa de la vida común. Los pueblos que resisten en defensa del territorio, del clima y de la naturaleza no expresan criminalidad: expresan dignidad, memoria y futuro.
La defensa de la Tierra nace del principio más elemental de supervivencia y responsabilidad intergeneracional. Ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente sobre la devastación de la naturaleza sin poner en riesgo su propia continuidad. Quienes actúan para denunciar la crisis ecológica no atacan a la sociedad: intentan evitar su colapso moral, ambiental y humano.
A lo largo del mundo, innumerables personas han entregado incluso su vida por proteger la naturaleza y los derechos de los pueblos. En Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 por defender los ríos y territorios del pueblo lenca frente a proyectos extractivos. Su lucha se convirtió en símbolo mundial de la defensa de la Tierra y de los pueblos originarios.
En Brasil, Chico Mendes fue asesinado en 1988 por defender la Amazonía y las comunidades campesinas frente a la destrucción forestal. Su muerte reveló el enorme poder económico y político que muchas veces se enfrenta violentamente a quienes protegen la vida.
En Nigeria, Ken Saro-Wiwa fue ejecutado por denunciar la devastación ambiental causada por la explotación petrolera en el territorio ogoni. Su lucha mostró cómo la defensa del ambiente también es defensa de la dignidad humana y de los derechos colectivos.
En Perú, Edwin Chota fue asesinado junto a otros dirigentes indígenas por enfrentar la tala ilegal en la Amazonía. Como él, cientos de líderes indígenas, campesinos y defensores ambientales son perseguidos cada año por proteger bosques, ríos y territorios ancestrales.
Estos casos no son excepciones aisladas: son parte de una realidad global donde defender la Tierra puede implicar persecución, criminalización o incluso la muerte. La violencia estructural contra quienes protegen la vida contrasta con la falta de protección efectiva para los ecosistemas que sostienen a toda la humanidad.
En el sur del mundo, el Pueblo Mapuche continúa enfrentando procesos de despojo territorial, criminalización y conflictos asociados a la defensa de sus tierras ancestrales. Diversas comunidades denuncian la expansión de proyectos extractivos, forestales y energéticos sobre territorios tradicionales, mientras que desde organizaciones sociales se ha señalado reiteradamente la persistencia de una respuesta estatal centrada más en la represión que en el diálogo intercultural y la reparación histórica. Este conflicto evidencia tensiones profundas entre modelos de desarrollo y derechos de los pueblos originarios, así como el persistente silencio o insuficiencia de respuestas estructurales por parte de los Estados involucrados.
La verdadera violencia no proviene de quienes protestan pacíficamente o realizan acciones simbólicas para alertar sobre la emergencia climática. La violencia real proviene de un modelo económico y político que destruye ecosistemas enteros, desplaza comunidades y criminaliza a quienes resisten. La historia demuestra que muchas conquistas sociales y humanas nacieron de actos de resistencia considerados ilegítimos por el poder de su tiempo. Hoy, quienes defienden la Tierra continúan esa tradición ética: proteger la vida frente a estructuras que privilegian el beneficio económico y la lógica de la fuerza sobre el bienestar colectivo.
En este contexto, cobra especial relevancia la labor de Jorge Riechmann, quien desde la universidad en Madrid y su trabajo ecologista en la Sierra de Guadarrama ha desarrollado una obra y una enseñanza constante centradas en la ecología política, la ética, la ciudadanía responsable y los derechos humanos. Su trabajo intelectual y pedagógico insiste en la necesidad de repensar la relación entre sociedad y naturaleza, poniendo la vida en el centro frente a modelos de desarrollo que la subordinan al beneficio económico.
Cuidar la Tierra no es delito. Es una forma de defender la humanidad, la memoria de los pueblos y el derecho de las generaciones futuras a existir en un planeta habitable. Quienes arriesgan su libertad o su vida para proteger el agua, los bosques y los territorios no representan criminalidad: representan dignidad, conciencia histórica y compromiso con la vida común.
Alfonso Madrid Echeverría. Antropólogo y divulgador científico. Corporación Escuela Horizonte de Pensamiento Popular (EHPP), Lo Hermida, Chile.
(Publicado originalmente en el blog de Jorge Riechmann.)
Fuente: https://www.15-15-15.org/webzine/2026/05/19/cuidar-la-tierra-no-es-delito/
La defensa de la Tierra nace del principio más básico de supervivencia y responsabilidad intergeneracional. Ninguna sociedad puede sostenerse sobre la devastación permanente de la naturaleza sin poner en riesgo su propia continuidad. Por eso, quienes actúan para denunciar la crisis ecológica no están atacando a la sociedad: están alertando sobre un modelo que normaliza la destrucción ambiental en beneficio de privilegios económicos y políticos cada vez más concentrados.
Llamar “resistencia grave a la autoridad” a acciones de protesta no violenta distorsiona el sentido mismo de la justicia. La desobediencia civil pacífica ha sido, históricamente, una herramienta legítima frente a leyes, poderes o decisiones que perpetúan injusticias. Defender la Tierra mediante acciones simbólicas, visibles y no violentas no puede equipararse a la violencia real que implica destruir ecosistemas, contaminar ríos, expulsar pueblos de sus territorios o acelerar el colapso climático.
Además, verter un líquido biodegradable y fácil de limpiar, o participar en una cadena humana pacífica, no constituye un ataque contra la convivencia democrática. Por el contrario, son formas de participación política y expresión colectiva orientadas a visibilizar una emergencia planetaria que afecta a toda la humanidad. Criminalizar estas acciones supone desplazar el foco: se persigue a quienes denuncian el daño, mientras el daño estructural continúa.
La verdadera amenaza para la convivencia humana no proviene de quienes protegen la vida, sino de un modelo de poder que convierte la naturaleza en mercancía y subordina el bienestar colectivo a intereses privados. Cuando la Ley castiga con mayor dureza a quienes intentan defender el planeta que a quienes contribuyen a su destrucción, aparece una profunda contradicción ética y política.
Cuidar la Tierra no es delito. Es responsabilidad, conciencia histórica y defensa de la vida común. Los pueblos que resisten en defensa del territorio, del clima y de la naturaleza no expresan criminalidad: expresan dignidad, memoria y futuro.
La defensa de la Tierra nace del principio más elemental de supervivencia y responsabilidad intergeneracional. Ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente sobre la devastación de la naturaleza sin poner en riesgo su propia continuidad. Quienes actúan para denunciar la crisis ecológica no atacan a la sociedad: intentan evitar su colapso moral, ambiental y humano.
A lo largo del mundo, innumerables personas han entregado incluso su vida por proteger la naturaleza y los derechos de los pueblos. En Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 por defender los ríos y territorios del pueblo lenca frente a proyectos extractivos. Su lucha se convirtió en símbolo mundial de la defensa de la Tierra y de los pueblos originarios.
En Brasil, Chico Mendes fue asesinado en 1988 por defender la Amazonía y las comunidades campesinas frente a la destrucción forestal. Su muerte reveló el enorme poder económico y político que muchas veces se enfrenta violentamente a quienes protegen la vida.
En Nigeria, Ken Saro-Wiwa fue ejecutado por denunciar la devastación ambiental causada por la explotación petrolera en el territorio ogoni. Su lucha mostró cómo la defensa del ambiente también es defensa de la dignidad humana y de los derechos colectivos.
En Perú, Edwin Chota fue asesinado junto a otros dirigentes indígenas por enfrentar la tala ilegal en la Amazonía. Como él, cientos de líderes indígenas, campesinos y defensores ambientales son perseguidos cada año por proteger bosques, ríos y territorios ancestrales.
Estos casos no son excepciones aisladas: son parte de una realidad global donde defender la Tierra puede implicar persecución, criminalización o incluso la muerte. La violencia estructural contra quienes protegen la vida contrasta con la falta de protección efectiva para los ecosistemas que sostienen a toda la humanidad.
En el sur del mundo, el Pueblo Mapuche continúa enfrentando procesos de despojo territorial, criminalización y conflictos asociados a la defensa de sus tierras ancestrales. Diversas comunidades denuncian la expansión de proyectos extractivos, forestales y energéticos sobre territorios tradicionales, mientras que desde organizaciones sociales se ha señalado reiteradamente la persistencia de una respuesta estatal centrada más en la represión que en el diálogo intercultural y la reparación histórica. Este conflicto evidencia tensiones profundas entre modelos de desarrollo y derechos de los pueblos originarios, así como el persistente silencio o insuficiencia de respuestas estructurales por parte de los Estados involucrados.
La verdadera violencia no proviene de quienes protestan pacíficamente o realizan acciones simbólicas para alertar sobre la emergencia climática. La violencia real proviene de un modelo económico y político que destruye ecosistemas enteros, desplaza comunidades y criminaliza a quienes resisten. La historia demuestra que muchas conquistas sociales y humanas nacieron de actos de resistencia considerados ilegítimos por el poder de su tiempo. Hoy, quienes defienden la Tierra continúan esa tradición ética: proteger la vida frente a estructuras que privilegian el beneficio económico y la lógica de la fuerza sobre el bienestar colectivo.
En este contexto, cobra especial relevancia la labor de Jorge Riechmann, quien desde la universidad en Madrid y su trabajo ecologista en la Sierra de Guadarrama ha desarrollado una obra y una enseñanza constante centradas en la ecología política, la ética, la ciudadanía responsable y los derechos humanos. Su trabajo intelectual y pedagógico insiste en la necesidad de repensar la relación entre sociedad y naturaleza, poniendo la vida en el centro frente a modelos de desarrollo que la subordinan al beneficio económico.
Cuidar la Tierra no es delito. Es una forma de defender la humanidad, la memoria de los pueblos y el derecho de las generaciones futuras a existir en un planeta habitable. Quienes arriesgan su libertad o su vida para proteger el agua, los bosques y los territorios no representan criminalidad: representan dignidad, conciencia histórica y compromiso con la vida común.
Alfonso Madrid Echeverría. Antropólogo y divulgador científico. Corporación Escuela Horizonte de Pensamiento Popular (EHPP), Lo Hermida, Chile.
(Publicado originalmente en el blog de Jorge Riechmann.)
Fuente: https://www.15-15-15.org/webzine/2026/05/19/cuidar-la-tierra-no-es-delito/
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