Do Rebelión, 25 de abril 2026
Por Steve Ellner: CounterPunch - Rebelión /
Por Steve Ellner: CounterPunch - Rebelión /
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| Imagen: Edgar Serrano |
La retórica y las acciones de Donald Trump contra Irán, Venezuela y Cuba en el último año tienen pocos precedentes en la historia contemporánea. Deben interpretarse como la señal de una nueva etapa. En ese sentido, exigen una reevaluación del análisis y de la estrategia por parte de la Izquierda.
La reiterada amenaza de Donald Trump de bombardear a Irán “hasta devolverlo a la Edad de Piedra, donde pertenece” no tiene equivalente en la retórica de incluso los jefes de Estado más notorios y brutales del pasado reciente. La decapitación de toda la dirigencia de un país para forzar su rendición total, como han hecho Washington y Tel Aviv en Irán, constituye asimismo una novedad en la estrategia bélica. El secuestro del presidente de Venezuela y de su esposa, la diputada Cilia Flores, como primer paso en un intento de establecer una relación colonial mediante el control absoluto de la principal fuente de ingresos del país —el petróleo— representa un retorno a prácticas propias del imperialismo de siglos pasados.
Estos son ejemplos de “hiperimperialismo”, un concepto teorizado por Samir Amin para describir a Estados Unidos “como la única superpotencia capitalista”. Más recientemente, el Tricontinental: Institute for Social Research ha señalado que el hiperimperialismo estadounidense persiste a pesar de una marcada erosión de su poder económico y, aunque en menor medida, financiero. Su supremacía militar no solo es inigualada, sino que se ve complementada por formas de guerra híbrida, en particular las “hipersanciones” y el uso de la guerra jurídica (“lawfare”).
Lo que debe añadirse al concepto de hiperimperialismo —en particular en la versión que encarna Donald Trump— es su carácter sui generis. Para encontrar un paralelo al tipo de hegemonía que hoy ejerce Estados Unidos —marcada por el uso persistente e indiscriminado de la fuerza y la amenaza de recurrir a ella— habría que remontarse al imperio romano o incluso a épocas anteriores.
Una de las innovaciones de Trump radica en el empleo del aparato militar para reforzar el sistema de sanciones económicas: ejemplos de ello son la interdicción de buques petroleros, la “cuarentena” del petróleo cubano y la guerra a gran escala contra Irán.
La política exterior del segundo mandato de Donald Trump dista de representar una ruptura total con el pasado. Las bases fueron sentadas por administraciones previas, tanto de los Demócratas como los Republicanas. Sin embargo, sus acciones obligan a la Izquierda no solo a reformular sus estrategias, sino también a reconsiderar evaluaciones y análisis previos sobre las naciones del Sur sometidas a formas extremas de agresión imperialista.
La resistencia frente a la ofensiva de Estados Unidos debe adquirir un peso mayor al momento de evaluar a los gobiernos. Asimismo, la desesperación y el agotamiento populares, que erosionan el fervor revolucionario y distancian a amplios sectores de la población de esos mismos gobiernos, deben comprenderse a la luz del trauma cotidiano que padecen como resultado directo de las acciones imperialistas.
Lo que el hiperimperialismo de Trump nos revela
El punto de partida es reconocer que, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Irán, Venezuela y Cuba se encuentran en un estado de guerra de facto, lo que representa una escalada de las múltiples formas de hostilidad y agresión de años anteriores. Este hecho es clave para evaluar a los tres gobiernos.
Si bien el compromiso de la Izquierda con la democracia debe mantenerse incuestionable e inquebrantable, en estos casos la responsabilidad principal por las perspectivas inciertas de la democracia recae en el asedio impuesto por las potencias imperialistas. Como señaló uno de los fundadores de la democracia estadounidense y su cuarta presidente, James Madison: “De todos los enemigos de la libertad pública, la guerra es quizás el más temible”.
El cerco impuesto por el hiperimperialismo sobre Irán, Cuba y Venezuela pone en evidencia rasgos centrales del imperialismo que se remontan en el tiempo: en primer lugar, Washington ha perfeccionado el régimen de sanciones hasta convertirlo en una herramienta de enorme poder, capaz en ocasiones de infligir daños comparables a los de una intervención armada; en segundo lugar, el imperialismo constituye el principal motor de los acuciantes problemas económicos que enfrentan estas tres naciones; en tercer lugar, las justificaciones esgrimidas para las acciones emprendidas contra ellas no resisten un análisis riguroso; y, en cuarto lugar, la brutalidad del sistema de sanciones pone de relieve la necesidad de su eliminación total.
La discusión que sigue examina estos puntos.
La respuesta de Teherán a la Operación Furia Épica pone de relieve el impacto devastador de las sanciones. Los líderes del país han dejado claro que el levantamiento de estas —así como “garantías internacionales de no injerencia de Estados Unidos” en sus asuntos internos— constituye una condición innegociable para poner fin al actual conflicto. En otras palabras, la dirigencia iraní sitúa la destrucción provocada por las sanciones en un plano comparable al de los bombardeos.
En el caso de Venezuela, los acontecimientos que precedieron al secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 ponen de manifiesto la maquinaria de gran alcance y altamente coordinada que sustenta el régimen de sanciones. El seguimiento por parte de la segunda administración de Trump de la llamada “flota fantasma”, que transportaba el petróleo venezolano sancionado —así como la interdicción de varios de esos buques— subraya hasta qué punto Washington ha perfeccionado los mecanismos de aplicación de las sanciones desde los primeros años de la Revolución cubana.
La primera administración de Donald Trump fue pionera en promover la “sobrecumplimiento” (overcompliance), mediante la cual el monitoreo ampliamente publicitado de Washington buscaba garantizar que empresas e instituciones financieras de todo el mundo evitaran cualquier transacción con Venezuela, incluso aquellas no específicamente contempladas por el régimen de sanciones. El objetivo era imponer un verdadero bloqueo. Mike Pompeo y Elliott Abrams encabezaron una campaña —apoyándose en el FBI, el Departamento del Tesoro, las embajadas estadounidenses y la comunidad de inteligencia— para investigar las operaciones de empresas a nivel global con Venezuela, en lo que equivalía a un claro mensaje disuasorio dirigido al mundo empresarial. Incluso firmas que participaban en esquemas de intercambio de petróleo por alimentos, no prohibidos por el régimen sancionatorio, fueron advertidas de que corrían riesgos. A las empresas bajo investigación, asimismo, se les indicó que las sanciones podrían suspenderse si cesaban por completo sus vínculos con Venezuela.
Una mirada retrospectiva a la implementación de las sanciones durante la primera administración de Donald Trump y a su impacto devastador refuerza el argumento de que ese instrumento de política exterior ha sido tan perjudicial que debe ser desmantelado de manera incondicional y en su totalidad.
Esta opinión contrasta con la de sectores liberales como la Washington Office on Latin America (WOLA), que si bien criticaron las sanciones contra Venezuela, abogaron por utilizar “negociaciones para flexibilizar las sanciones financieras y petroleras” como mecanismo de presión para obtener concesiones. De hecho, los centros de poder en Washington también favorecieron el alivio de las sanciones como herramienta de negociación, con el fin de presionar al gobierno de Maduro para que implementara reformas orientadas al mercado en beneficio del capital estadounidense.
Una comprensión cabal de la magnitud y la severidad de la “guerra” de Washington contra Venezuela socava la tesis sostenida por algunos sectores de la Izquierda, según la cual las sanciones no serían más responsables de los graves problemas del país que la mala gestión gubernamental. Una posición aún más dura dentro de la Izquierda sostiene que las sanciones “no explican las causas estructurales del colapso social que hemos vivido”.
Asimismo, la remoción forzosa de Maduro y Flores pone de relieve que Washington estaba decidido a desmantelar un gobierno cuyo ejemplo y cuyas políticas contravenían los intereses de Estados Unidos. Antes del secuestro del 3 de enero, algunos sectores de la Izquierda en Venezuela y en otros lugares negaban que Washington buscara sacar a Maduro del poder, convencidos de que este ya se había entregado. Sin embargo, se equivocaban en la medida en que Washington claramente quería su salida.
Pedro Eusse, dirigente destacado del Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización que rompió con el gobierno de Maduro en 2020, escribió en julio de 2025: “Todo indica que la verdadera intención de la política de agresión de Estados Unidos y sus aliados contra el gobierno venezolano no ha sido su derrocamiento, sino su subordinación”.
En el caso de Cuba, las medidas extremas de la segunda administración Trump contra el país también ponen de evidencia la crueldad y la eficacia del sistema de sanciones. La cuarentena impuesta por Trump —respaldada por la Marina— sobre los envíos de petróleo constituye un hecho inédito desde la Crisis de los Misiles de octubre de 1962. El resultado ha sido apagones recurrentes de 16 horas que han interrumpido el suministro de agua, el funcionamiento de los hospitales, la producción y transporte de alimentos y la recolección de basura.
En efecto, la cuarentena subraya la dependencia de Cuba del petróleo venezolano y la solidaridad recíproca que dio lugar al intercambio de combustible por personal médico cubano. Esto representa un punto a favor para Maduro. El programa desmiente la afirmación de algunos sectores de la Izquierda de que la política exterior de Maduro, en palabras del PCV, nunca pasó de una “retórica antiimperialista” carente de contenido.
La narrativa elaborada en Washington sobre Cuba —y la reacción que suscita tanto en los medios dominantes como en la Izquierda— resulta llamativa. A diferencia de la demonización dirigida contra Venezuela e Irán, la condena de Washington hacia la isla ha sido relativamente vacía y ha tenido escasa resonancia en los grandes medios y en los círculos progresistas. La campaña de demonización contra Cuba —impulsada por un anticomunismo de extremo — permanece en gran medida confinada a la ultraderecha, con su epicentro en Miami.
La retórica oficial actual contrasta con el lenguaje empleado en 1982, cuando el Departamento de Estado designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, alegando “su prolongada historia de brindar asesoría, refugio, comunicaciones, entrenamiento y apoyo financiero a grupos guerrilleros y a terroristas individuales”. Hoy, en cambio, la justificación de la administración Trump para mantener esa misma designación se centra en que el gobierno cubano ofrece “refugio seguro a terroristas” y se niega a extraditarlos.
Por más infundado que sea el caso de “narcoterrorismo” contra Maduro, lo cierto es que ofrecía una justificación que, sin duda, resonó al menos en un sector de la opinión pública. Compárese eso con la línea de Marco Rubio sobre Cuba, que niega de plano los efectos catastróficos de la cuarentena petrolera. Rubio sostiene que “no hemos hecho nada punitivo contra el régimen cubano” y añade que los apagones “no tienen nada que ver con nosotros”.
En cambio, responsabiliza al liderazgo cubano alegando que “quieren controlarlo todo”. Un caso clásico de culpabilización de la víctima, pero con escasa capacidad de persuasión. Una encuesta de YouGov realizada en marzo encontró que solo el 28% de los adultos en Estados Unidos respalda el bloqueo de envíos de petróleo a Cuba, frente a un 46 % que se opone.
Además, la afirmación de Marco Rubio de que la única novedad es que Cuba “ya no recibe petróleo venezolano gratuito” es manifiestamente falaz. Rubio sabe perfectamente que Venezuela ha mantenido un esquema de intercambio con Cuba que involucra a sus Brigadas Médicas Internacionales, las cuales sostienen una presencia significativa en Venezuela y en otros países. Precisamente por ello, Rubio ha desplegado una ofensiva para sabotear el programa, lamentablemente con cierto grado de éxito.
Si la cuarentena petrolera demuestra algo, es que las penurias que enfrenta el pueblo cubano tienen su origen en la guerra de Washington contra Cuba, que ya se prolonga por 65 años. Las críticas a las políticas del gobierno cubano —o incluso al socialismo en sí— ocupan, en comparación, un distante segundo plano.
El desastre de Trump II exige una lectura rigurosa
La ofensiva de hostigamiento de Trump en el exterior ha alimentado una creciente oposición al intervencionismo e incluso ha contribuido a fomentar sentimientos antiimperialistas dentro de Estados Unidos. Apenas una semana después del inicio de los bombardeos contra Irán en 2026, el 53 por ciento de la población estadounidense se oponía a los ataques, en marcado contraste con la participación militar de Estados Unidos en Vietnam, la Guerra del Golfo, Afganistán e Irak, que en sus comienzos contaron con un amplio respaldo mayoritario. Resulta revelador que el exeditor de The New Republic haya calificado la guerra estadounidense contra Irán de imperialista. En un artículo de opinión publicado en The New York Times, Peter Beinart escribió: “La visión de política exterior de Donald Trump es el imperialismo”.
Una lección de los acontecimientos recientes resulta particularmente relevante para la Izquierda: la demonización de los jefes de Estado constituye una condición sine qua non para la intervención militar. En los casos de Irán y Venezuela, ese proceso de descrédito combina algunos elementos de hecho con una alta dosis de desinformación.
En el caso de Maduro, la campaña de satanización —que se remonta a poco después de su llegada al poder en 2013— alcanzó nuevos niveles tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que la oposición calificó de fraudulentas. A partir de entonces, los grandes medios corporativos comenzaron a etiquetar sistemáticamente a Maduro como “autócrata” y “dictador”.
Seis meses más tarde, con Trump ya en la Casa Blanca, la campaña de demonización se intensificó aún más. En efecto, la caracterización de Maduro como “narcoterrorista” se convirtió en un preludio indispensable para los bombardeos de embarcaciones en el Caribe y los posteriores secuestros, pese a las dudas expresadas por algunos de los grandes medios de comunicación sobre la veracidad de la afirmación.
La conclusión es clara: la Izquierda debe diferenciar entre la crítica y la demonización, y reconocer las posibles consecuencias nefastas de esta última.
La demonización del líder supremo Alí Jamenei y de su círculo más cercano también sentó las bases para acciones imperialistas; pero, por supuesto, su gobierno no podía ubicarse en la misma categoría que los de Cuba y Venezuela. El régimen iraní es teocrático, no de izquierda, y defiende activamente valores patriarcales. Asimismo, el nivel de represión letal desatado durante las protestas de Mujer, Vida, Libertad en 2022, y en las manifestaciones que estallaron a partir de finales del año pasado, no tiene parangón en Venezuela y Cuba.
No obstante, el cerco asfixiante impuesto por Estados Unidos sobre Irán hace altamente improbable una vía pacífica hacia la democratización. Asimismo, como en Venezuela y Cuba, las sanciones severas han favorecido la expansión de economías en la sombra, redes clientelares y prácticas fraudulentas, una dinámica ampliamente documentada en numerosos estudios sobre regímenes de sanciones a nivel mundial.
Eskandar Sadeghi-Boroujerdi, un prolífico académico especializado en Irán y fuertemente crítico del gobierno, declaró a Jacobin: “Si bien la República Islámica es paranoica, también se encuentra claramente asediada por todos los frentes”. Asimismo, subrayó la relación intrínseca entre las sanciones y los problemas más acuciantes del país: “Las sanciones y las debilidades estructurales de la economía iraní se retroalimentan: existe entre ellas una relación simbiótica”.
En síntesis, toda lectura rigurosa de Irán debe situar en primer plano el papel de las sanciones, un enfoque que inevitablemente modera la tendencia a retratar a su dirigencia en términos demonizadores.
Las lecciones del 28 de julio de 2024
El tema de la veracidad de los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela requiere ser replanteado. Esos comicios difícilmente podían considerarse democráticos, independientemente de las cifras oficiales anunciadas, dado que el electorado venezolano votó bajo una presión determinante: reelegir a Nicolás Maduro implicaba la continuidad de las sanciones, mientras que la victoria de un candidato opositor abría la puerta a su levantamiento inmediato.
La abrumadora mayoría de los venezolanos tenía plena conciencia de lo que estaba en juego. Luis Vicente León —el principal encuestador del país y, además, miembro de la oposición— informó que el 92 por ciento de la población consideraba que las sanciones afectaban negativamente a la economía, y la mayoría calificaba ese impacto como “muy negativo”. (El sondeo desmiente la reiterada afirmación del Departamento de Estado de EE. UU de que las sanciones solo perjudican a funcionarios gubernamentales.)
Un escenario similar se produjo en las elecciones presidenciales nicaragüenses de 1990, cuando la candidata opositora Violeta Chamorro derrotó sorpresivamente al sandinismo en medio de una devastadora guerra civil promovida por Estados Unidos. Pero existía una diferencia fundamental. Lejos de demonizar a los sandinistas, Chamorro apostó por una transición basada en la cogobernabilidad y la negociación, orientada a la reconciliación nacional y al desmantelamiento del conflicto armado.
En contraste, durante más de una década previa a las elecciones del 28 de julio, la principal figura de la oposición venezolana, María Corina Machado, descartó cualquier negociación con quienes, según ella, habían violado los derechos humanos. Nunca dejó de repetir consignas como “no a la impunidad”, “no a la amnistía” y “no hay acuerdos con criminales”, a menudo con referencias explícitas a los chavistas y al propio Maduro. Maduro y sus seguidores tenían razones de sobra para temer un escenario de represalias y represión similar al que la oposición intentó imponer durante el fallido golpe de Estado de abril de 2002 contra el gobierno chavista. Incluso el encuestador opositor León reconoció que ese temor no carecía de fundamento.
Marta Harnecker, la reconocida teórica de Izquierda, sostuvo que el sandinismo cometió un error al celebrar las elecciones de 1990 en medio de la violencia y el sabotaje promovidos por Estados Unidos. Harnecker calificó la decisión de convocar comicios “en un terreno moldeado por la contrarrevolución” como un “error estratégico”.
Una reevaluación y reinterpretación de las elecciones del 28 de julio resulta esclarecedora. Los chavistas más firmes aceptan los resultados oficiales, que dieron como ganador a Maduro con cerca del 52 por ciento de los votos. La oposición, por su parte, rechaza esa afirmación. Existe una tercera posición, defendida por partidarios de Maduro que, no obstante, expresan escepticismo y señalan que, debido a un ataque masivo de hackeo proveniente del exterior, podría ser imposible conocer con certeza el conteo real.
El debate en torno a la veracidad de los resultados oficiales del 28 de julio elude la cuestión fundamental de si las elecciones debieron haberse celebrado en primer lugar. De hecho, la idea de condicionar los comicios al levantamiento de las sanciones no era descabellada. Un año antes de la votación, Maduro, en referencia a Estados Unidos, declaró: “Si quieren elecciones libres, nosotros queremos elecciones libres de sanciones”. Posteriormente, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral y figura del chavismo, vinculó la participación de observadores de la Unión Europea al levantamiento de dichas sanciones, posición que Caracas reiteró al retirar la invitación al bloque europeo precisamente por ese motivo. Al mismo tiempo, la administración de Joe Biden dio señales de estar dispuesta a negociar con el gobierno venezolano en esos términos.
Carlos Ron, exviceministro y actualmente analista de Tricontinental, me señaló que la dirigencia chavista descartó posponer las elecciones con el fin de demostrar sus credenciales democráticas frente a la campaña internacional de desprestigio. Ron afirmó: “En ese momento, se otorgó mayor importancia a la necesidad de defender el carácter democrático del proceso político bolivariano y su continuidad, así como de acatar la Constitución, frente a las presiones imperialistas.”
Las intenciones de Maduro pudieron haber sido loables. Sin embargo, la decisión pasó por alto una razón de peso para suspender el proceso electoral. Condicionar la celebración de elecciones al levantamiento de las sanciones habría permitido situar la responsabilidad de los retrocesos democráticos donde realmente correspondía: en la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela.
En defensa de la democracia
En general, la Izquierda ha defendido históricamente la democracia. En este sentido, su concepción resulta más sólida que la de la “democracia liberal” al estilo estadounidense, moldeada por la influencia del gran capital y por prácticas intrínsecamente antidemocráticas como la manipulación de distritos electorales, el Colegio Electoral y la supresión del voto.
Sin embargo, históricamente la Izquierda ha enfrentado formidables obstáculos en este terreno. Por ejemplo, ha llegado al poder en países como Rusia, China y Cuba, que carecían de una tradición democrática. Pero eso fue muy lejos de ser el principal problema. Su mayor desafío ha sido, y sigue siendo, la hostilidad imperialista, que limita las opciones.
Precisamente por esa razón, la Izquierda debe actuar con cautela al abordar la cuestión de la democracia en países que están en la mira del imperialismo. En los tres casos analizados en este artículo, la Izquierda no puede negar que se han producido vulneraciones al orden democrático. El gobierno de Maduro, por ejemplo, despojó al Partido Comunista de Venezuela (PCV)—la organización política más antigua del país, forjada en una trayectoria de lucha militante que incluye dos períodos de resistencia clandestina y combate armado en las décadas de 1950 y 1960—de su estatus legal, transfiriendo su reconocimiento a una facción escindida y marginal que se apropió de su nombre y sus símbolos
Tampoco puede negar que el descontento está hoy ampliamente extendido en los tres países, algo que se hizo particularmente evidente en las protestas iraníes de “Mujer, Vida, Libertad” y en las de los primeros días de este año. En Cuba y Venezuela, las manifestaciones reflejan un desencanto social, aun cuando dichas movilizaciones han sido manipuladas y financiadas desde el exterior.
Una señal preocupante en Venezuela es que los disturbios han dejado de circunscribirse a los barrios de clase media alta, donde estuvieron concentrados durante los cuatro meses de protestas (la “guarimba”) de 2014 y, aunque en menor medida, en las de 2017. En los dos días posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024, por ejemplo, se registraron protestas en barrios caraqueños como Petare, el más grande de la ciudad. Al reflexionar sobre estas protestas, el residente de larga data en Caracas y analista internacional Phil Gunson señaló: “Petare es una zona tradicionalmente chavista, pero desde hace algunos años la gente ha venido tomando distancia del gobierno.”
La Izquierda no puede darle la espalda a esta realidad. Pero tampoco puede alinearse con las voces del establishment que canalizan el descontento hacia una demonización indiscriminada de gobiernos sometidos a asedio imperial. Más bien, su postura debería ser, en esencia: “¿Qué se esperaba?” Frente a una agresión hiperimperialista, estos países están en guerra, en sentido figurado y, en algunos casos, literalmente. La crítica debe enmarcarse dentro de este contexto.
El concepto de centralismo democrático formulado por Lenin —principio destinado a regir el funcionamiento interno de su partido político— resulta ilustrativo. En sus escritos a lo largo de toda su trayectoria, la democracia partidaria se mantuvo como una constante, si bien el grado de centralización variaba en función del clima político imperante en cada momento.
En términos análogos, la adhesión de la Izquierda a la democracia no puede minimizarse. Sin embargo, las críticas válidas a prácticas antidemocráticas en países como Venezuela y Cuba, donde la izquierda se encuentra en el poder, deben interpretarse a la luz de ese contexto: como respuestas —a veces sobredimensionadas— frente a la agresión imperialista.
En esta era de hiperimperialismo intensificado, la Izquierda está llamada a cerrar filas con naciones como Cuba y Venezuela y a reconocer que la responsabilidad principal por los retrocesos —incluidas las violaciones de las normas democráticas— recae en el imperialismo. Las acciones bárbaras de la segunda administración de Trump hacen que este imperativo se hace más evidente que nunca.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CounterPunch
Steve Ellner es profesor jubilado de la Universidad de Oriente en Venezuela, donde residió por más de 40 años. Actualmente es Editor Asociado de Latin American Perspectives. Es autor de numerosos libros, entre ellos El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto hasta 2013 (CELARG, 2014). En 2018, dio conferencias en más de veinte ciudades de Estados Unidos y Canadá como parte de una gira de solidaridad con Venezuela.
La reiterada amenaza de Donald Trump de bombardear a Irán “hasta devolverlo a la Edad de Piedra, donde pertenece” no tiene equivalente en la retórica de incluso los jefes de Estado más notorios y brutales del pasado reciente. La decapitación de toda la dirigencia de un país para forzar su rendición total, como han hecho Washington y Tel Aviv en Irán, constituye asimismo una novedad en la estrategia bélica. El secuestro del presidente de Venezuela y de su esposa, la diputada Cilia Flores, como primer paso en un intento de establecer una relación colonial mediante el control absoluto de la principal fuente de ingresos del país —el petróleo— representa un retorno a prácticas propias del imperialismo de siglos pasados.
Estos son ejemplos de “hiperimperialismo”, un concepto teorizado por Samir Amin para describir a Estados Unidos “como la única superpotencia capitalista”. Más recientemente, el Tricontinental: Institute for Social Research ha señalado que el hiperimperialismo estadounidense persiste a pesar de una marcada erosión de su poder económico y, aunque en menor medida, financiero. Su supremacía militar no solo es inigualada, sino que se ve complementada por formas de guerra híbrida, en particular las “hipersanciones” y el uso de la guerra jurídica (“lawfare”).
Lo que debe añadirse al concepto de hiperimperialismo —en particular en la versión que encarna Donald Trump— es su carácter sui generis. Para encontrar un paralelo al tipo de hegemonía que hoy ejerce Estados Unidos —marcada por el uso persistente e indiscriminado de la fuerza y la amenaza de recurrir a ella— habría que remontarse al imperio romano o incluso a épocas anteriores.
Una de las innovaciones de Trump radica en el empleo del aparato militar para reforzar el sistema de sanciones económicas: ejemplos de ello son la interdicción de buques petroleros, la “cuarentena” del petróleo cubano y la guerra a gran escala contra Irán.
La política exterior del segundo mandato de Donald Trump dista de representar una ruptura total con el pasado. Las bases fueron sentadas por administraciones previas, tanto de los Demócratas como los Republicanas. Sin embargo, sus acciones obligan a la Izquierda no solo a reformular sus estrategias, sino también a reconsiderar evaluaciones y análisis previos sobre las naciones del Sur sometidas a formas extremas de agresión imperialista.
La resistencia frente a la ofensiva de Estados Unidos debe adquirir un peso mayor al momento de evaluar a los gobiernos. Asimismo, la desesperación y el agotamiento populares, que erosionan el fervor revolucionario y distancian a amplios sectores de la población de esos mismos gobiernos, deben comprenderse a la luz del trauma cotidiano que padecen como resultado directo de las acciones imperialistas.
Lo que el hiperimperialismo de Trump nos revela
El punto de partida es reconocer que, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Irán, Venezuela y Cuba se encuentran en un estado de guerra de facto, lo que representa una escalada de las múltiples formas de hostilidad y agresión de años anteriores. Este hecho es clave para evaluar a los tres gobiernos.
Si bien el compromiso de la Izquierda con la democracia debe mantenerse incuestionable e inquebrantable, en estos casos la responsabilidad principal por las perspectivas inciertas de la democracia recae en el asedio impuesto por las potencias imperialistas. Como señaló uno de los fundadores de la democracia estadounidense y su cuarta presidente, James Madison: “De todos los enemigos de la libertad pública, la guerra es quizás el más temible”.
El cerco impuesto por el hiperimperialismo sobre Irán, Cuba y Venezuela pone en evidencia rasgos centrales del imperialismo que se remontan en el tiempo: en primer lugar, Washington ha perfeccionado el régimen de sanciones hasta convertirlo en una herramienta de enorme poder, capaz en ocasiones de infligir daños comparables a los de una intervención armada; en segundo lugar, el imperialismo constituye el principal motor de los acuciantes problemas económicos que enfrentan estas tres naciones; en tercer lugar, las justificaciones esgrimidas para las acciones emprendidas contra ellas no resisten un análisis riguroso; y, en cuarto lugar, la brutalidad del sistema de sanciones pone de relieve la necesidad de su eliminación total.
La discusión que sigue examina estos puntos.
La respuesta de Teherán a la Operación Furia Épica pone de relieve el impacto devastador de las sanciones. Los líderes del país han dejado claro que el levantamiento de estas —así como “garantías internacionales de no injerencia de Estados Unidos” en sus asuntos internos— constituye una condición innegociable para poner fin al actual conflicto. En otras palabras, la dirigencia iraní sitúa la destrucción provocada por las sanciones en un plano comparable al de los bombardeos.
En el caso de Venezuela, los acontecimientos que precedieron al secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 ponen de manifiesto la maquinaria de gran alcance y altamente coordinada que sustenta el régimen de sanciones. El seguimiento por parte de la segunda administración de Trump de la llamada “flota fantasma”, que transportaba el petróleo venezolano sancionado —así como la interdicción de varios de esos buques— subraya hasta qué punto Washington ha perfeccionado los mecanismos de aplicación de las sanciones desde los primeros años de la Revolución cubana.
La primera administración de Donald Trump fue pionera en promover la “sobrecumplimiento” (overcompliance), mediante la cual el monitoreo ampliamente publicitado de Washington buscaba garantizar que empresas e instituciones financieras de todo el mundo evitaran cualquier transacción con Venezuela, incluso aquellas no específicamente contempladas por el régimen de sanciones. El objetivo era imponer un verdadero bloqueo. Mike Pompeo y Elliott Abrams encabezaron una campaña —apoyándose en el FBI, el Departamento del Tesoro, las embajadas estadounidenses y la comunidad de inteligencia— para investigar las operaciones de empresas a nivel global con Venezuela, en lo que equivalía a un claro mensaje disuasorio dirigido al mundo empresarial. Incluso firmas que participaban en esquemas de intercambio de petróleo por alimentos, no prohibidos por el régimen sancionatorio, fueron advertidas de que corrían riesgos. A las empresas bajo investigación, asimismo, se les indicó que las sanciones podrían suspenderse si cesaban por completo sus vínculos con Venezuela.
Una mirada retrospectiva a la implementación de las sanciones durante la primera administración de Donald Trump y a su impacto devastador refuerza el argumento de que ese instrumento de política exterior ha sido tan perjudicial que debe ser desmantelado de manera incondicional y en su totalidad.
Esta opinión contrasta con la de sectores liberales como la Washington Office on Latin America (WOLA), que si bien criticaron las sanciones contra Venezuela, abogaron por utilizar “negociaciones para flexibilizar las sanciones financieras y petroleras” como mecanismo de presión para obtener concesiones. De hecho, los centros de poder en Washington también favorecieron el alivio de las sanciones como herramienta de negociación, con el fin de presionar al gobierno de Maduro para que implementara reformas orientadas al mercado en beneficio del capital estadounidense.
Una comprensión cabal de la magnitud y la severidad de la “guerra” de Washington contra Venezuela socava la tesis sostenida por algunos sectores de la Izquierda, según la cual las sanciones no serían más responsables de los graves problemas del país que la mala gestión gubernamental. Una posición aún más dura dentro de la Izquierda sostiene que las sanciones “no explican las causas estructurales del colapso social que hemos vivido”.
Asimismo, la remoción forzosa de Maduro y Flores pone de relieve que Washington estaba decidido a desmantelar un gobierno cuyo ejemplo y cuyas políticas contravenían los intereses de Estados Unidos. Antes del secuestro del 3 de enero, algunos sectores de la Izquierda en Venezuela y en otros lugares negaban que Washington buscara sacar a Maduro del poder, convencidos de que este ya se había entregado. Sin embargo, se equivocaban en la medida en que Washington claramente quería su salida.
Pedro Eusse, dirigente destacado del Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización que rompió con el gobierno de Maduro en 2020, escribió en julio de 2025: “Todo indica que la verdadera intención de la política de agresión de Estados Unidos y sus aliados contra el gobierno venezolano no ha sido su derrocamiento, sino su subordinación”.
En el caso de Cuba, las medidas extremas de la segunda administración Trump contra el país también ponen de evidencia la crueldad y la eficacia del sistema de sanciones. La cuarentena impuesta por Trump —respaldada por la Marina— sobre los envíos de petróleo constituye un hecho inédito desde la Crisis de los Misiles de octubre de 1962. El resultado ha sido apagones recurrentes de 16 horas que han interrumpido el suministro de agua, el funcionamiento de los hospitales, la producción y transporte de alimentos y la recolección de basura.
En efecto, la cuarentena subraya la dependencia de Cuba del petróleo venezolano y la solidaridad recíproca que dio lugar al intercambio de combustible por personal médico cubano. Esto representa un punto a favor para Maduro. El programa desmiente la afirmación de algunos sectores de la Izquierda de que la política exterior de Maduro, en palabras del PCV, nunca pasó de una “retórica antiimperialista” carente de contenido.
La narrativa elaborada en Washington sobre Cuba —y la reacción que suscita tanto en los medios dominantes como en la Izquierda— resulta llamativa. A diferencia de la demonización dirigida contra Venezuela e Irán, la condena de Washington hacia la isla ha sido relativamente vacía y ha tenido escasa resonancia en los grandes medios y en los círculos progresistas. La campaña de demonización contra Cuba —impulsada por un anticomunismo de extremo — permanece en gran medida confinada a la ultraderecha, con su epicentro en Miami.
La retórica oficial actual contrasta con el lenguaje empleado en 1982, cuando el Departamento de Estado designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, alegando “su prolongada historia de brindar asesoría, refugio, comunicaciones, entrenamiento y apoyo financiero a grupos guerrilleros y a terroristas individuales”. Hoy, en cambio, la justificación de la administración Trump para mantener esa misma designación se centra en que el gobierno cubano ofrece “refugio seguro a terroristas” y se niega a extraditarlos.
Por más infundado que sea el caso de “narcoterrorismo” contra Maduro, lo cierto es que ofrecía una justificación que, sin duda, resonó al menos en un sector de la opinión pública. Compárese eso con la línea de Marco Rubio sobre Cuba, que niega de plano los efectos catastróficos de la cuarentena petrolera. Rubio sostiene que “no hemos hecho nada punitivo contra el régimen cubano” y añade que los apagones “no tienen nada que ver con nosotros”.
En cambio, responsabiliza al liderazgo cubano alegando que “quieren controlarlo todo”. Un caso clásico de culpabilización de la víctima, pero con escasa capacidad de persuasión. Una encuesta de YouGov realizada en marzo encontró que solo el 28% de los adultos en Estados Unidos respalda el bloqueo de envíos de petróleo a Cuba, frente a un 46 % que se opone.
Además, la afirmación de Marco Rubio de que la única novedad es que Cuba “ya no recibe petróleo venezolano gratuito” es manifiestamente falaz. Rubio sabe perfectamente que Venezuela ha mantenido un esquema de intercambio con Cuba que involucra a sus Brigadas Médicas Internacionales, las cuales sostienen una presencia significativa en Venezuela y en otros países. Precisamente por ello, Rubio ha desplegado una ofensiva para sabotear el programa, lamentablemente con cierto grado de éxito.
Si la cuarentena petrolera demuestra algo, es que las penurias que enfrenta el pueblo cubano tienen su origen en la guerra de Washington contra Cuba, que ya se prolonga por 65 años. Las críticas a las políticas del gobierno cubano —o incluso al socialismo en sí— ocupan, en comparación, un distante segundo plano.
El desastre de Trump II exige una lectura rigurosa
La ofensiva de hostigamiento de Trump en el exterior ha alimentado una creciente oposición al intervencionismo e incluso ha contribuido a fomentar sentimientos antiimperialistas dentro de Estados Unidos. Apenas una semana después del inicio de los bombardeos contra Irán en 2026, el 53 por ciento de la población estadounidense se oponía a los ataques, en marcado contraste con la participación militar de Estados Unidos en Vietnam, la Guerra del Golfo, Afganistán e Irak, que en sus comienzos contaron con un amplio respaldo mayoritario. Resulta revelador que el exeditor de The New Republic haya calificado la guerra estadounidense contra Irán de imperialista. En un artículo de opinión publicado en The New York Times, Peter Beinart escribió: “La visión de política exterior de Donald Trump es el imperialismo”.
Una lección de los acontecimientos recientes resulta particularmente relevante para la Izquierda: la demonización de los jefes de Estado constituye una condición sine qua non para la intervención militar. En los casos de Irán y Venezuela, ese proceso de descrédito combina algunos elementos de hecho con una alta dosis de desinformación.
En el caso de Maduro, la campaña de satanización —que se remonta a poco después de su llegada al poder en 2013— alcanzó nuevos niveles tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que la oposición calificó de fraudulentas. A partir de entonces, los grandes medios corporativos comenzaron a etiquetar sistemáticamente a Maduro como “autócrata” y “dictador”.
Seis meses más tarde, con Trump ya en la Casa Blanca, la campaña de demonización se intensificó aún más. En efecto, la caracterización de Maduro como “narcoterrorista” se convirtió en un preludio indispensable para los bombardeos de embarcaciones en el Caribe y los posteriores secuestros, pese a las dudas expresadas por algunos de los grandes medios de comunicación sobre la veracidad de la afirmación.
La conclusión es clara: la Izquierda debe diferenciar entre la crítica y la demonización, y reconocer las posibles consecuencias nefastas de esta última.
La demonización del líder supremo Alí Jamenei y de su círculo más cercano también sentó las bases para acciones imperialistas; pero, por supuesto, su gobierno no podía ubicarse en la misma categoría que los de Cuba y Venezuela. El régimen iraní es teocrático, no de izquierda, y defiende activamente valores patriarcales. Asimismo, el nivel de represión letal desatado durante las protestas de Mujer, Vida, Libertad en 2022, y en las manifestaciones que estallaron a partir de finales del año pasado, no tiene parangón en Venezuela y Cuba.
No obstante, el cerco asfixiante impuesto por Estados Unidos sobre Irán hace altamente improbable una vía pacífica hacia la democratización. Asimismo, como en Venezuela y Cuba, las sanciones severas han favorecido la expansión de economías en la sombra, redes clientelares y prácticas fraudulentas, una dinámica ampliamente documentada en numerosos estudios sobre regímenes de sanciones a nivel mundial.
Eskandar Sadeghi-Boroujerdi, un prolífico académico especializado en Irán y fuertemente crítico del gobierno, declaró a Jacobin: “Si bien la República Islámica es paranoica, también se encuentra claramente asediada por todos los frentes”. Asimismo, subrayó la relación intrínseca entre las sanciones y los problemas más acuciantes del país: “Las sanciones y las debilidades estructurales de la economía iraní se retroalimentan: existe entre ellas una relación simbiótica”.
En síntesis, toda lectura rigurosa de Irán debe situar en primer plano el papel de las sanciones, un enfoque que inevitablemente modera la tendencia a retratar a su dirigencia en términos demonizadores.
Las lecciones del 28 de julio de 2024
El tema de la veracidad de los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela requiere ser replanteado. Esos comicios difícilmente podían considerarse democráticos, independientemente de las cifras oficiales anunciadas, dado que el electorado venezolano votó bajo una presión determinante: reelegir a Nicolás Maduro implicaba la continuidad de las sanciones, mientras que la victoria de un candidato opositor abría la puerta a su levantamiento inmediato.
La abrumadora mayoría de los venezolanos tenía plena conciencia de lo que estaba en juego. Luis Vicente León —el principal encuestador del país y, además, miembro de la oposición— informó que el 92 por ciento de la población consideraba que las sanciones afectaban negativamente a la economía, y la mayoría calificaba ese impacto como “muy negativo”. (El sondeo desmiente la reiterada afirmación del Departamento de Estado de EE. UU de que las sanciones solo perjudican a funcionarios gubernamentales.)
Un escenario similar se produjo en las elecciones presidenciales nicaragüenses de 1990, cuando la candidata opositora Violeta Chamorro derrotó sorpresivamente al sandinismo en medio de una devastadora guerra civil promovida por Estados Unidos. Pero existía una diferencia fundamental. Lejos de demonizar a los sandinistas, Chamorro apostó por una transición basada en la cogobernabilidad y la negociación, orientada a la reconciliación nacional y al desmantelamiento del conflicto armado.
En contraste, durante más de una década previa a las elecciones del 28 de julio, la principal figura de la oposición venezolana, María Corina Machado, descartó cualquier negociación con quienes, según ella, habían violado los derechos humanos. Nunca dejó de repetir consignas como “no a la impunidad”, “no a la amnistía” y “no hay acuerdos con criminales”, a menudo con referencias explícitas a los chavistas y al propio Maduro. Maduro y sus seguidores tenían razones de sobra para temer un escenario de represalias y represión similar al que la oposición intentó imponer durante el fallido golpe de Estado de abril de 2002 contra el gobierno chavista. Incluso el encuestador opositor León reconoció que ese temor no carecía de fundamento.
Marta Harnecker, la reconocida teórica de Izquierda, sostuvo que el sandinismo cometió un error al celebrar las elecciones de 1990 en medio de la violencia y el sabotaje promovidos por Estados Unidos. Harnecker calificó la decisión de convocar comicios “en un terreno moldeado por la contrarrevolución” como un “error estratégico”.
Una reevaluación y reinterpretación de las elecciones del 28 de julio resulta esclarecedora. Los chavistas más firmes aceptan los resultados oficiales, que dieron como ganador a Maduro con cerca del 52 por ciento de los votos. La oposición, por su parte, rechaza esa afirmación. Existe una tercera posición, defendida por partidarios de Maduro que, no obstante, expresan escepticismo y señalan que, debido a un ataque masivo de hackeo proveniente del exterior, podría ser imposible conocer con certeza el conteo real.
El debate en torno a la veracidad de los resultados oficiales del 28 de julio elude la cuestión fundamental de si las elecciones debieron haberse celebrado en primer lugar. De hecho, la idea de condicionar los comicios al levantamiento de las sanciones no era descabellada. Un año antes de la votación, Maduro, en referencia a Estados Unidos, declaró: “Si quieren elecciones libres, nosotros queremos elecciones libres de sanciones”. Posteriormente, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral y figura del chavismo, vinculó la participación de observadores de la Unión Europea al levantamiento de dichas sanciones, posición que Caracas reiteró al retirar la invitación al bloque europeo precisamente por ese motivo. Al mismo tiempo, la administración de Joe Biden dio señales de estar dispuesta a negociar con el gobierno venezolano en esos términos.
Carlos Ron, exviceministro y actualmente analista de Tricontinental, me señaló que la dirigencia chavista descartó posponer las elecciones con el fin de demostrar sus credenciales democráticas frente a la campaña internacional de desprestigio. Ron afirmó: “En ese momento, se otorgó mayor importancia a la necesidad de defender el carácter democrático del proceso político bolivariano y su continuidad, así como de acatar la Constitución, frente a las presiones imperialistas.”
Las intenciones de Maduro pudieron haber sido loables. Sin embargo, la decisión pasó por alto una razón de peso para suspender el proceso electoral. Condicionar la celebración de elecciones al levantamiento de las sanciones habría permitido situar la responsabilidad de los retrocesos democráticos donde realmente correspondía: en la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela.
En defensa de la democracia
En general, la Izquierda ha defendido históricamente la democracia. En este sentido, su concepción resulta más sólida que la de la “democracia liberal” al estilo estadounidense, moldeada por la influencia del gran capital y por prácticas intrínsecamente antidemocráticas como la manipulación de distritos electorales, el Colegio Electoral y la supresión del voto.
Sin embargo, históricamente la Izquierda ha enfrentado formidables obstáculos en este terreno. Por ejemplo, ha llegado al poder en países como Rusia, China y Cuba, que carecían de una tradición democrática. Pero eso fue muy lejos de ser el principal problema. Su mayor desafío ha sido, y sigue siendo, la hostilidad imperialista, que limita las opciones.
Precisamente por esa razón, la Izquierda debe actuar con cautela al abordar la cuestión de la democracia en países que están en la mira del imperialismo. En los tres casos analizados en este artículo, la Izquierda no puede negar que se han producido vulneraciones al orden democrático. El gobierno de Maduro, por ejemplo, despojó al Partido Comunista de Venezuela (PCV)—la organización política más antigua del país, forjada en una trayectoria de lucha militante que incluye dos períodos de resistencia clandestina y combate armado en las décadas de 1950 y 1960—de su estatus legal, transfiriendo su reconocimiento a una facción escindida y marginal que se apropió de su nombre y sus símbolos
Tampoco puede negar que el descontento está hoy ampliamente extendido en los tres países, algo que se hizo particularmente evidente en las protestas iraníes de “Mujer, Vida, Libertad” y en las de los primeros días de este año. En Cuba y Venezuela, las manifestaciones reflejan un desencanto social, aun cuando dichas movilizaciones han sido manipuladas y financiadas desde el exterior.
Una señal preocupante en Venezuela es que los disturbios han dejado de circunscribirse a los barrios de clase media alta, donde estuvieron concentrados durante los cuatro meses de protestas (la “guarimba”) de 2014 y, aunque en menor medida, en las de 2017. En los dos días posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024, por ejemplo, se registraron protestas en barrios caraqueños como Petare, el más grande de la ciudad. Al reflexionar sobre estas protestas, el residente de larga data en Caracas y analista internacional Phil Gunson señaló: “Petare es una zona tradicionalmente chavista, pero desde hace algunos años la gente ha venido tomando distancia del gobierno.”
La Izquierda no puede darle la espalda a esta realidad. Pero tampoco puede alinearse con las voces del establishment que canalizan el descontento hacia una demonización indiscriminada de gobiernos sometidos a asedio imperial. Más bien, su postura debería ser, en esencia: “¿Qué se esperaba?” Frente a una agresión hiperimperialista, estos países están en guerra, en sentido figurado y, en algunos casos, literalmente. La crítica debe enmarcarse dentro de este contexto.
El concepto de centralismo democrático formulado por Lenin —principio destinado a regir el funcionamiento interno de su partido político— resulta ilustrativo. En sus escritos a lo largo de toda su trayectoria, la democracia partidaria se mantuvo como una constante, si bien el grado de centralización variaba en función del clima político imperante en cada momento.
En términos análogos, la adhesión de la Izquierda a la democracia no puede minimizarse. Sin embargo, las críticas válidas a prácticas antidemocráticas en países como Venezuela y Cuba, donde la izquierda se encuentra en el poder, deben interpretarse a la luz de ese contexto: como respuestas —a veces sobredimensionadas— frente a la agresión imperialista.
En esta era de hiperimperialismo intensificado, la Izquierda está llamada a cerrar filas con naciones como Cuba y Venezuela y a reconocer que la responsabilidad principal por los retrocesos —incluidas las violaciones de las normas democráticas— recae en el imperialismo. Las acciones bárbaras de la segunda administración de Trump hacen que este imperativo se hace más evidente que nunca.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CounterPunch
Steve Ellner es profesor jubilado de la Universidad de Oriente en Venezuela, donde residió por más de 40 años. Actualmente es Editor Asociado de Latin American Perspectives. Es autor de numerosos libros, entre ellos El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto hasta 2013 (CELARG, 2014). En 2018, dio conferencias en más de veinte ciudades de Estados Unidos y Canadá como parte de una gira de solidaridad con Venezuela.
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