Por Julio César Centeno
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| [Foto: hospital bombardeado en Irán] |
Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra coordinada de agresión contra Irán el 28 de febrero de 2026. Estos ataquen constituyen una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.
La sentencia central del Tribunal de Núremberg, donde se juzgaron y condenaron a muerte a los líderes Nazis capturados tras la Segunda Guerra Mundial señala: “Iniciar una guerra de agresión no es solo un crimen internacional; es el crimen internacional supremo, que solo se diferencia de otros crímenes de guerra en que contiene en sí mismo la maldad acumulada del conjunto. Los jefes de Estado y altos funcionarios no gozan de inmunidad cuando cometen actos criminales bajo el derecho internacional”
Este principio jurídico permitió condenar a los líderes nazis bajo el cargo de Crímenes Contra la Paz, estableciendo que la paz mundial es un bien jurídico protegido que genera obligaciones para los individuos, más allá de las fronteras nacionales. El Tribunal de Núremberg rechazó el argumento de la defensa de que no existía una ley previa que prohibiera la agresión (nullum crimen sine lege). Los jueces concluyeron que el Pacto Kellogg-Briand de 1928 ya había convertido la guerra en un acto ilegal antes de 1939, por lo que los acusados sabían, o debían saber, que sus actos eran ilícitos.
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, es el pilar del derecho internacional moderno y establece un marco legal diseñado específicamente para evitar el flagelo de la guerra. En su Artículo 2.4 se refiere al Principio de Prohibición. Es el corazón de la Carta. Prohíbe no solo el uso de la fuerza armada, sino también la amenaza de usarla. «Los Miembros de la Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado…»
No se limita solo a la «guerra» formal, sino a cualquier acto de fuerza hostil. Protege la soberanía de los países, sin importar su tamaño o poder.
La Carta reconoce que existen situaciones donde el uso de la fuerza puede ser legal, pero las limita estrictamente a dos escenarios:
Legítima defensa (Artículo 51): Un Estado tiene el derecho inherente de defenderse si es objeto de un ataque armado. Este derecho existe solo hasta que el Consejo de Seguridad tome las medidas necesarias para mantener la paz.
Autorización del Consejo de Seguridad (Capítulo VII): El Consejo puede autorizar el uso de la fuerza (por ejemplo, mediante una coalición internacional) si determina que existe una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la misma o un acto de agresión.
Resolución 3314 (1974): Para clarificar la Carta, la Asamblea General definió la agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía de otro. Incluye invasiones, bombardeos o el bloqueo de puertos.
La agresión se considera un crimen contra la paz internacional que genera responsabilidad jurídica para el Estado y responsabilidad penal para los líderes que la organizan.
Como contraparte a la prohibición de la fuerza, en su Artículo 2.3 la Carta obliga a todos los Estados a resolver sus controversias por medios pacíficos (negociación, mediación, arbitraje o arreglo judicial), de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la justicia.
Múltiples declaraciones de funcionarios estadounidenses también implican violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra. Declaraciones recientes describen las normas internacionales que rigen el compromiso militar como «estúpidas» y priorizan la «letalidad » sobre la «legalidad » son profundamente alarmantes y peligrosamente miopes. Estas afirmaciones, en combinación con la conducta de las fuerzas estadounidenses, deterioran el orden jurídico internacional.
La guerra le cuesta a los contribuyentes estadounidenses cerca de US$ 2.000 millones cada día. Causa además un daño significativo a la población civil del Oriente Medio, ha provocado la pérdida de miles de vidas, ha desestabilizado la economía mundial, amenaza con provocar hambrunas por escasez de fertilizantes y está causando graves daños medioambientales y económicos.
Jus ad bellum: Los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026 contra Irán violaron claramente la prohibición del uso de la fuerza establecida en la Carta de las Naciones Unidas. La fuerza contra otro Estado solo está permitida en legítima defensa o cuando esté autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad no autorizó el ataque. Irán no atacó a Israel ni a Estados Unidos.
A pesar de las variadas y contradictorias afirmaciones en sentido contrario de la administración Trump, no hay pruebas de que Irán representara una amenaza inminente que pudiera fundamentar una afirmación de legítima defensa.
El 18 de marzo 2026, el Director del Centro Nacional de Contra-Terrorismo de los Estados Unidos, Joe Kent, renunció a su cargo declarando: “Mi consciencia no me permite apoyar la guerra contra Irán. Irán no representa una amenaza a nuestra nación. Está claro que esta guerra de agresión se debe a la presión de Israel y a su poderoso lobby en Estados Unidos”
Kent es un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército norteamericano con múltiples despliegues en la guerra de agresión contra Irak. También sirvió como oficial paramilitar contra el terrorismo en la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Varios militares de alto rango en el ejército de Estados Unidos han criticado o se han negado a participar en lo que consideran constituye una guerra ilegal, violatoria del derecho internacional y de leyes norteamericanas. El General John Kelly afirma “Trump es una persona profundamente deshonesta… un fascista”. General Mark Milley: “Trump es la persona más peligrosa en Estados Unidos”. General H.R. McMaster: “Trump ha demostrado no estar apto para desempeñar el cargo de presidente”. General Michael Flynn: “Trump es una amenaza a nuestra constitución”. Coronel de 4 estrellas William McRaven, refiriéndose a Donald Trump: “Usted nos ha avergonzado ante los ojos de nuestros hijos, nos ha humillado ante el mundo, y peor aún, nos ha dividido como nación”
Donald Trump destituyó al Jefe del Estado Mayor del ejército de Estados Unidos y 12 generales por negarse a bombardear objetivos civiles en Irán y por negarse a dirigir una invasión terrestre para tratar de abrir el estrecho de Ormuz. Una hora después de su renuncia, el general Randy George, Jefe del Estado Mayor, declaró: “Un loco conducirá al gran ejército de Estados Unidos a la ruina”
Expertos en derecho internacional han concluido que las acciones de Israel y Estados Unidos violan la Carta de la ONU, incluidos el Presidente de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y el Presidente de la Rama Americana de la Asociación de Derecho Internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó los ataques por violar la carta de la ONU y socavar la paz y la seguridad internacional.
Violaciones del derecho internacional humanitario: Las leyes de los conflictos armados limitan las hostilidades de las partes en conflicto. Estas normas fundamentales han sido violadas, incluyendo ataques contra objetos civiles, como el asesinato de líderes políticos sin función militar, infraestructuras petrolíferas y gasísticas y plantas de desalinización de agua. El 19 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los ataques a infraestructuras energéticas, señalando sus “impactos desastrosos» para la población civil.
La Media Luna Roja iraní informa que «se han atacado 67.414 emplazamientos civiles, de los cuales 498 son escuelas y 236 centros de salud»
Un informe de las principales organizaciones de la sociedad civil encontró que al menos 1.443 civiles iraníes, incluidos 217 niños, fueron asesinados por fuerzas estadounidenses e israelíes entre el 28 de febrero y el 23 de marzo.
El primer día de los ataques, el 28 de febrero, la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en Minab, Irán, fue atacada con misiles, causando la muerte de al menos 175 personas, en su mayoría niñas. El edificio se utilizó como escuela durante más de una década. El presidente Trump negó su responsabilidad, afirmando falsamente que «fue hecho por Irán.» Sin embargo, una investigación preliminar del Departamento de Defensa determinó que fue Estados Unidos quien llevó a cabo el ataque y que el objetivo se basaba en inteligencia desactualizada. El ataque violó el derecho internacional humanitario y se considera un crimen de guerra. El ataque es uno de los más viles y mortíferos del ejército estadounidense contra civiles en las últimas décadas.
Irán también condenó el bárbaro ataque de Estados Unidos e Israel contra la Universidad Sharif en Teherán el 6 de abril de 2026 y el bombardeo del centenario Instituto Pasteur en Teherán, centro de excelencia biomédica, destruyendo sus laboratorios de virología, bacteriología y parasitología.
Es alarmante la retórica de funcionarios gubernamentales norteamericanos durante la guerra. El 13 de marzo 2026 el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró: «Seguiremos avanzando, sin cuartel ni piedad para nuestros enemigos«
En el derecho internacional está explícitamente prohibido declarar que no se dará cuartel, una prohibición que también se establece en el manual de derecho de la guerra del Departamento de Guerra de Estados Unidos. La declaración de Hegseth viola el derecho internacional humanitario, así como el estatuto estadounidense de crímenes de guerra 18 U.S.C. 2441. Ordenar o amenazar con ataques sin cuartel es un crimen de guerra.
Abbas Araghchi, Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, respondió: “Cuando el Secretario de Guerra de Estados Unidos declara guerra sin cuartel, no proyecta fortaleza. Deja al descubierto su bancarrota moral y su ignorancia de la legislación internacional sobre conflictos armados. Le sugerimos que revise la Convención de La Haya y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a no ser que aspire unirse a Netanyahu como un criminal de guerra”
La declaración de «ataques sin cuartel» del Secretario de Guerra Hegseth se suma a declaraciones anteriores, incluyendo el 25 de septiembre de 2025 y el 2 de marzo de 2026, cuando afirmó que Estados Unidos no lucha bajo «estúpidas reglas internacionales de enfrentamiento» El 8 de enero de 2026, el presidente Trump declaró que «no necesito el derecho internacional.» El 13 de marzo, declaró que Estados Unidos podría realizar ataques contra Irán «solo por diversión».
El presidente Trump amenazó el 13 de marzo de 2026: «Podría eliminar cosas en la próxima hora, centrales eléctricas que generan la electricidad, que generan el agua… Podríamos hacer cosas tan malas que literalmente nunca podrían reconstruirse como nación.«
El derecho internacional prohíbe ataques contra objetivos indispensables para la supervivencia de la población civil. Los ataques señalados por Trump son crímenes de guerra.
El 21 de marzo 2026 el presidente Trump amenazó nuevamente con «aniquilar» las centrales eléctricas en Irán. El embajador de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió los ataques a las centrales eléctricas al día siguiente y también dijo que atacar centrales nucleares no estaba descartado. El derecho internacional prohíbe expresamente atacar infraestructura energética civil. Si una central eléctrica tiene tanto fines civiles como militares (de doble uso), puede considerarse un objetivo militar cuando realiza «una contribución efectiva a la acción militar» y el ataque «ofrece una ventaja militar definitiva«. Sin embargo, cualquier ataque debe respetar los principios de proporcionalidad y precaución. El principio de proporcionalidad prohíbe ataques que causen daños excesivos a civiles en relación con la ventaja militar.
Los ataques a centrales nucleares, incluso si tienen un propósito militar, requieren especial cuidado debido al alto riesgo de liberar radiación y material radiactivo y, en consecuencia, graves daños a la población civil. Un ataque de este tipo podría perjudicar la salud y seguridad de millones de civiles.
El 23 de marzo de 2026, la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, expresó su profunda preocupación, señalando: «la guerra contra infraestructuras esenciales es una guerra contra los civiles«
El 7 de abril 2026, el presidente Trump amenazó con destruir a toda una civilización, la Persa: “Toda una civilización morirá esta noche”. Amenazó así con cometer uno de los más atroces crímenes internacionales: el genocidio masivo de una población indefensa. Un crimen de guerra claramente identificado y condenado en el derecho internacional. La total impunidad con la que lanzó esta amenaza es un claro síntoma de la decadencia enquistada en el gobierno de Estados Unidos.
Desde el inicio de la segunda administración Trump, el Departamento de Guerra bajo el secretario Hegseth ha debilitado deliberada y sistemáticamente las protecciones destinadas a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Esto incluye destituir a abogados militares de alto rango sin citar públicamente mala conducta, y reemplazar a abogados del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, socavando directamente la supervisión legal de las operaciones de combate. También ha abolido los «equipos ambientales y civiles» y otros mecanismos diseñados específicamente para limitar los daños a civiles durante las operaciones.
La Estrategia de Defensa Nacional 2026 omite por completo las referencias a la protección civil y al derecho internacional. Estos cambios son especialmente preocupantes a la luz de los comentarios del Secretario de Guerra, Pete Hegsethm, de que las reglas internacionales de enfrentamiento interfieren con «luchar por ganar».
Las declaraciones públicas de altos funcionarios de Estados Unidos son una alarmante falta de respeto por las normas del derecho internacional humanitario, aceptadas por los todos los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas y que protegen tanto a civiles como a miembros de las fuerzas armadas.
Estados Unidos ha reconocido que todos los países deben promover el derecho internacional humanitario. Lo que no parece estar clara es su determinación a cumplir con ese principio.
El Coronel Douglas MacGregor, Asesor al Secretario de Defensa de Estados Unidos 2020-2021, en entrevista del 01 04 2026 declaró: “La guerra con Irán está perdida. Una catástrofe estratégica. El verdadero objetivo era tomar control del petróleo y el gas de Irán y destruir la alianza Rusia-Irán-China. Irán dispone de la iniciativa estratégica. Tropas en el terreno es una misión suicida. El comercio por el estrecho de Ormuz ha caído en un 95%. Trump no acepta la verdad, tratando de evitar humillación pública en Estados Unidos y a escala mundial. Está en un tren al infierno y no puede bajarse”
JC-Centeno@Outlook.com
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