Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Imagen: En ese marco, la Revolución Mexicana de 1910 fue un acontecimiento impactante. En febrero de 1917 México aprobó una Constitución que consagró, por primera vez en el mundo, los derechos laborales y sociales.
La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 en Francia fue el punto de partida de una larga historia de conquistas de nuevos derechos que rebasaron los de carácter civil y político de la “primera generación”, que en América Latina se proclamaron durante el siglo XIX (https://t.ly/kIWPK). El desarrollo del capitalismo […]
La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 en Francia fue el punto de partida de una larga historia de conquistas de nuevos derechos que rebasaron los de carácter civil y político de la “primera generación”, que en América Latina se proclamaron durante el siglo XIX (https://t.ly/kIWPK).
El desarrollo del capitalismo inevitablemente condujo a protestas, luchas y revueltas de los trabajadores contra las condiciones inhumanas creadas por las jornadas extenuantes, los salarios miserables y la ausencia de protección estatal. La pobreza generalizada igualmente levantó reivindicaciones sociales. En la Europa industrial lentamente se reconocieron los primeros derechos laborales y los Estados iniciaron alguna asistencia en servicios.
Comparativamente, en América Latina el capitalismo fue tardío y los sistemas oligárquicos con economías primario-exportadoras precapitalistas se prolongaron hasta bien entrado el siglo XX. México, Brasil, Argentina y Chile tuvieron procesos industriales tempranos, de manera que contaron con incipientes clases trabajadoras que demandaron derechos. Surgieron las primeras y aisladas normas: Argentina y Colombia sobre descanso dominical (1905), accidentes de trabajo en Guatemala (1906), Argentina (1915), Colombia (1915); en Cuba jornada de 8 horas (1909) y también en Uruguay (1915) y Ecuador (1916).
En ese marco, la Revolución Mexicana de 1910 fue un acontecimiento impactante. El 5 de febrero de 1917 México expidió una Constitución (https://t.ly/YXbda) que consagró, por primera vez en el mundo, los derechos laborales y sociales (“segunda generación”): jornada máxima de 8 horas, salario mínimo, sindicalización, huelga, descanso semanal, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones, protección de menores y mujeres; en cuanto a tierras: propiedad nacional y sobre recursos naturales, reforma agraria, tierras de comunidades indígenas y protección a la propiedad comunal. Se ampliaron la educación laica y gratuita, la atención en salud y la vivienda. Era un conjunto de derechos sociales y económicos que se adelantó a la Revolución Rusa de 1917, que inauguró el primer Estado socialista en el mundo.
Al concluir la Primera Guerra Mundial (1914-1918) la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, reconoció los derechos de los trabajadores con el propósito de garantizar la justicia social, un concepto formulado a mediados del siglo XIX por el jesuita italiano Luigi Taparelli d’Azeglio. Los Códigos o Leyes del Trabajo se generalizaron: Chile (1931), Venezuela (1936), Ecuador (1938), Bolivia (1939), Costa Rica (1943), Nicaragua (1945), Guatemala y Panamá (1947). En 1944 la Declaración de Filadelfia de la OIT reafirmó que “el trabajo no es una mercancía” y en 1948 la ONU aprobó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” que expresó los ideales civilizatorios de la humanidad. Además, con el desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970 creció en Latinoamérica el papel económico del Estado a través de bienes, inversiones y servicios destinados a superar el “subdesarrollo”.
De todos modos, este progreso ha experimentado varios momentos críticos. El primero se relaciona con la Guerra Fría impuesta en América Latina a raíz de la Revolución Cubana (1959). Todos los derechos sufrieron el autoritarismo de las dictaduras y gobiernos anticomunistas de la época; pero las reivindicaciones sociales y laborales recibieron particular represión bajo el supuesto de que encarnaban directamente al “comunismo”. Los peores alcances de semejante visión se dieron a partir del régimen de Pinochet en Chile (1973-1990) y las otras dictaduras militares del Cono Sur, que se atribuyeron el deber de exterminar el “comunismo” cometiendo atroces crímenes de lesa humanidad.
El segundo momento, durante las dos décadas finales del siglo XX, se debió a la ideología neoliberal que inspiró la “flexibilidad” o “flexiseguridad” laboral. Se sostuvo que los “antiguos” derechos de los trabajadores impedían relaciones “modernas”, frenaban las inversiones y obstaculizaban las capacidades empresariales. Surgieron una serie de propuestas: abandonar el principio pro-operario, readecuar los contratos, disminuir indemnizaciones, privatizar la seguridad social, y, sobre todo, sujetar las jornadas y los salarios a los requerimientos de eficiencia productiva y acumulación de capital. Chile se convirtió en el ejemplo neoliberal a seguir. Pero las flexibilizaciones implicaron un retroceso histórico y humano, pues en los distintos países cayeron las condiciones de vida para amplios sectores, precarizaron el trabajo y alimentaron una inédita concentración de la riqueza, que convirtió a la región en la más inequitativa del mundo. Estos procesos están plenamente comprobados, entre otros, por los informes de la CEPAL.
Los gobiernos progresistas de los primeros lustros del siglo XXI detuvieron y revirtieron los avances neoliberales al promover economías sociales para el bienestar. El tercer momento de afectación a los derechos laborales, sociales y económicos llegó con las “nuevas derechas” latinoamericanas y el paso adelante frente al neoliberalismo que dio la novísima ideología libertaria anarcocapitalista, cuyo mayor representante en el poder es el presidente Javier Milei en Argentina. Se asume como modelo la reducción del Estado hasta liquidar su intervencionismo económico y social, para dar paso a la “libertad”. En palabras de Milei el Estado es un “ladrón” al cobrar impuestos; la justicia social un “robo” a quienes generan la riqueza; los empresarios son “benefactores sociales”; todo “socialismo” es un fracaso; y los causantes de tanto mal son “la casta” y los “zurdos de mierda”.
Los resultados sociales de esta ideología son particularmente visibles en la misma Argentina y también en Ecuador, un país al que poco se refieren los estudios del exterior. Las reformas introducen la administración empresarial del tiempo de trabajo (jornadas que superan las 8 horas y los horarios semanales), sin pago por horas extraordinarias; reducen las indemnizaciones; huelgas y sindicatos son debilitados; la seguridad social en jaque y ruina de las pensiones jubilares en Argentina, así como paralización de las inversiones estatales en Ecuador, que han minado los servicios públicos en educación y salud.
Si bien los gobiernos de los dos países destacan ciertas cifras estadísticas como avances de la economía “libre”, los resultados sociales las contradicen. Desde 2017 la arremetida de poderosas fuerzas oligárquicas desmanteló el Estado de Derechos en Ecuador. En apenas ocho años, el estallido del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia, convirtieron al país en el más inseguro de América Latina. Su contrapartida también ha sido la persecución política, la criminalización de los movimientos sociales y la expansión del temor ciudadano ante una institucionalidad rota. Las relatorías de la ONU ya pusieron su alarma por los alcances del “conflicto interno” sobre los derechos (https://t.ly/CaIJ1). Y relatores especiales de la ONU destacan la afectación de la memoria histórica en Argentina (https://t.ly/qNv9m).
Los fundadores del anarquismo (Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Reclus, Stirner, Godwin) cuestionaban todo poder a fin de que florezca la auténtica libertad humana; pero la tergiversación que realiza la ideología anti-Estado de los neoliberales/anarcocapitalistas solo sirve para imponer el poder del capital y de sus propietarios. Esta situación plantea un desafío central para los pueblos latinoamericanos: cómo derrotar el poder de quienes se apropian del valor socialmente generado, a fin de recuperar el rumbo de los derechos individuales, laborales, sociales y económicos que han sido vulnerados.
Blog del autor: Historia y Presente
www.historiaypresente.com
La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 en Francia fue el punto de partida de una larga historia de conquistas de nuevos derechos que rebasaron los de carácter civil y político de la “primera generación”, que en América Latina se proclamaron durante el siglo XIX (https://t.ly/kIWPK). El desarrollo del capitalismo […]
La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 en Francia fue el punto de partida de una larga historia de conquistas de nuevos derechos que rebasaron los de carácter civil y político de la “primera generación”, que en América Latina se proclamaron durante el siglo XIX (https://t.ly/kIWPK).
El desarrollo del capitalismo inevitablemente condujo a protestas, luchas y revueltas de los trabajadores contra las condiciones inhumanas creadas por las jornadas extenuantes, los salarios miserables y la ausencia de protección estatal. La pobreza generalizada igualmente levantó reivindicaciones sociales. En la Europa industrial lentamente se reconocieron los primeros derechos laborales y los Estados iniciaron alguna asistencia en servicios.
Comparativamente, en América Latina el capitalismo fue tardío y los sistemas oligárquicos con economías primario-exportadoras precapitalistas se prolongaron hasta bien entrado el siglo XX. México, Brasil, Argentina y Chile tuvieron procesos industriales tempranos, de manera que contaron con incipientes clases trabajadoras que demandaron derechos. Surgieron las primeras y aisladas normas: Argentina y Colombia sobre descanso dominical (1905), accidentes de trabajo en Guatemala (1906), Argentina (1915), Colombia (1915); en Cuba jornada de 8 horas (1909) y también en Uruguay (1915) y Ecuador (1916).
En ese marco, la Revolución Mexicana de 1910 fue un acontecimiento impactante. El 5 de febrero de 1917 México expidió una Constitución (https://t.ly/YXbda) que consagró, por primera vez en el mundo, los derechos laborales y sociales (“segunda generación”): jornada máxima de 8 horas, salario mínimo, sindicalización, huelga, descanso semanal, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones, protección de menores y mujeres; en cuanto a tierras: propiedad nacional y sobre recursos naturales, reforma agraria, tierras de comunidades indígenas y protección a la propiedad comunal. Se ampliaron la educación laica y gratuita, la atención en salud y la vivienda. Era un conjunto de derechos sociales y económicos que se adelantó a la Revolución Rusa de 1917, que inauguró el primer Estado socialista en el mundo.
Al concluir la Primera Guerra Mundial (1914-1918) la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, reconoció los derechos de los trabajadores con el propósito de garantizar la justicia social, un concepto formulado a mediados del siglo XIX por el jesuita italiano Luigi Taparelli d’Azeglio. Los Códigos o Leyes del Trabajo se generalizaron: Chile (1931), Venezuela (1936), Ecuador (1938), Bolivia (1939), Costa Rica (1943), Nicaragua (1945), Guatemala y Panamá (1947). En 1944 la Declaración de Filadelfia de la OIT reafirmó que “el trabajo no es una mercancía” y en 1948 la ONU aprobó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” que expresó los ideales civilizatorios de la humanidad. Además, con el desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970 creció en Latinoamérica el papel económico del Estado a través de bienes, inversiones y servicios destinados a superar el “subdesarrollo”.
De todos modos, este progreso ha experimentado varios momentos críticos. El primero se relaciona con la Guerra Fría impuesta en América Latina a raíz de la Revolución Cubana (1959). Todos los derechos sufrieron el autoritarismo de las dictaduras y gobiernos anticomunistas de la época; pero las reivindicaciones sociales y laborales recibieron particular represión bajo el supuesto de que encarnaban directamente al “comunismo”. Los peores alcances de semejante visión se dieron a partir del régimen de Pinochet en Chile (1973-1990) y las otras dictaduras militares del Cono Sur, que se atribuyeron el deber de exterminar el “comunismo” cometiendo atroces crímenes de lesa humanidad.
El segundo momento, durante las dos décadas finales del siglo XX, se debió a la ideología neoliberal que inspiró la “flexibilidad” o “flexiseguridad” laboral. Se sostuvo que los “antiguos” derechos de los trabajadores impedían relaciones “modernas”, frenaban las inversiones y obstaculizaban las capacidades empresariales. Surgieron una serie de propuestas: abandonar el principio pro-operario, readecuar los contratos, disminuir indemnizaciones, privatizar la seguridad social, y, sobre todo, sujetar las jornadas y los salarios a los requerimientos de eficiencia productiva y acumulación de capital. Chile se convirtió en el ejemplo neoliberal a seguir. Pero las flexibilizaciones implicaron un retroceso histórico y humano, pues en los distintos países cayeron las condiciones de vida para amplios sectores, precarizaron el trabajo y alimentaron una inédita concentración de la riqueza, que convirtió a la región en la más inequitativa del mundo. Estos procesos están plenamente comprobados, entre otros, por los informes de la CEPAL.
Los gobiernos progresistas de los primeros lustros del siglo XXI detuvieron y revirtieron los avances neoliberales al promover economías sociales para el bienestar. El tercer momento de afectación a los derechos laborales, sociales y económicos llegó con las “nuevas derechas” latinoamericanas y el paso adelante frente al neoliberalismo que dio la novísima ideología libertaria anarcocapitalista, cuyo mayor representante en el poder es el presidente Javier Milei en Argentina. Se asume como modelo la reducción del Estado hasta liquidar su intervencionismo económico y social, para dar paso a la “libertad”. En palabras de Milei el Estado es un “ladrón” al cobrar impuestos; la justicia social un “robo” a quienes generan la riqueza; los empresarios son “benefactores sociales”; todo “socialismo” es un fracaso; y los causantes de tanto mal son “la casta” y los “zurdos de mierda”.
Los resultados sociales de esta ideología son particularmente visibles en la misma Argentina y también en Ecuador, un país al que poco se refieren los estudios del exterior. Las reformas introducen la administración empresarial del tiempo de trabajo (jornadas que superan las 8 horas y los horarios semanales), sin pago por horas extraordinarias; reducen las indemnizaciones; huelgas y sindicatos son debilitados; la seguridad social en jaque y ruina de las pensiones jubilares en Argentina, así como paralización de las inversiones estatales en Ecuador, que han minado los servicios públicos en educación y salud.
Si bien los gobiernos de los dos países destacan ciertas cifras estadísticas como avances de la economía “libre”, los resultados sociales las contradicen. Desde 2017 la arremetida de poderosas fuerzas oligárquicas desmanteló el Estado de Derechos en Ecuador. En apenas ocho años, el estallido del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia, convirtieron al país en el más inseguro de América Latina. Su contrapartida también ha sido la persecución política, la criminalización de los movimientos sociales y la expansión del temor ciudadano ante una institucionalidad rota. Las relatorías de la ONU ya pusieron su alarma por los alcances del “conflicto interno” sobre los derechos (https://t.ly/CaIJ1). Y relatores especiales de la ONU destacan la afectación de la memoria histórica en Argentina (https://t.ly/qNv9m).
Los fundadores del anarquismo (Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Reclus, Stirner, Godwin) cuestionaban todo poder a fin de que florezca la auténtica libertad humana; pero la tergiversación que realiza la ideología anti-Estado de los neoliberales/anarcocapitalistas solo sirve para imponer el poder del capital y de sus propietarios. Esta situación plantea un desafío central para los pueblos latinoamericanos: cómo derrotar el poder de quienes se apropian del valor socialmente generado, a fin de recuperar el rumbo de los derechos individuales, laborales, sociales y económicos que han sido vulnerados.
Blog del autor: Historia y Presente
www.historiaypresente.com
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