Do Rebelión, 19 de março 2026
Por Enric Llopis
Por Enric Llopis
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| [Imagen: Ignacio Marín, Fundación porCausa] |
Frontex Industry Week. Con el título Dé forma al futuro de las fronteras de la UE, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas FRONTEX organiza un foro -entre el 11 y el 15 de mayo- dirigido a los llamados líderes del sector, para que puedan presentar sus innovaciones tecnológicas “emergentes y listas para el mercado”; entre los apartados de este evento por internet, figuran la fusión tecnológica (la IA y las plataformas biométricas para una vigilancia sin interrupciones); los sistemas de misión crítica; las tecnologías emergentes (drones, redes loT o blockchain) y los datos y simulación.
Entre 2016 y 2019, compañías, centros de investigación e instituciones públicas de la Unión Europea (UE) promovieron la iniciativa iBorderCtrl, con financiación de la UE; el proyecto incluía nuevas tecnologías biométricas avanzadas, por ejemplo de comparación facial, para el control de las fronteras; criticado por las organizaciones de derechos humanos, la Comisión Europea definió este programa como un “sistema inteligente de detección de mentiras” que facilita la labor de los agentes fronterizos.
iBorderCtrl es uno de los ejemplos de la tercera generación de control migratorio, citados en el informe Fronteras “inteligentes”, democracias negligentes, publicado en enero por la fundación porCausa y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau; Martyna A. Wierzbicka, Luisa Forjaz de Lacerda, José Bautista, Noemí Mena y Gonzalo Fanjul son los autores del documento.
¿Qué uso tienen los muros y barreras fronterizas? El informe señala el caso del vallado que separa Marruecos de la ciudad de Melilla, de 12 kilómetros de longitud y entre 7 y 10 metros de altura; alambradas, torres de vigilancia, cámaras, sistema de sensores, drones, cámaras térmicas e iluminadores láser forman parte de esta estructura; el 24 de junio de 2022, cerca de 2.000 personas migrantes intentaron traspasar la valla de Melilla; la acción represiva de las fuerzas policiales -a los dos lados de la frontera- concluyó con la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de 70.
Pero, a diferencia de los muros y las vallas, del control tecnificado y externalizado, lo que caracteriza a los sistemas de tercera generación es el algoritmo; así, “el control ya no necesita la presencia humana ni el contacto físico. Se anticipa, calcula y decide. El núcleo de este modelo está basado en las tecnologías de análisis predictivo, las herramientas de perfilado automatizado y los sistemas biométricos masivos”, exponen porCausa y el Centre Delás.
Los autores apuntan el caso de la agencia eu-LISA, que la UE puso en marcha en 2012; según su página web, gestiona sistemas informáticos a gran escala que apoyan la aplicación de las políticas de asilo, gestión de fronteras, migración y justicia en la UE; eu-LISA coordina la creación del nuevo Servicio Compartido de Cotejo Biométrico (sBMS), que almacena y compara datos biométricos -como huellas dactilares e imágenes faciales- en múltiples sistemas de información de la UE.
El riesgo que implican estos mecanismos puede seguirse en otra investigación, publicada -también en enero- por la fundación por Causa y el periódico Ara con el título de Tecnologia de frontera a Espanya: beneficis privats, riscs per la democracia; el informe se hace eco del testimonio de personas migrantes a quienes la policía requisa el teléfono móvil cuando llegan a Baleares o Canarias; para obtener la información de los celulares, se utiliza el programa israelí Cellebrite.
Además, el Estado español empezó a utilizar en 2023 el Sistema Automático de Identificación Biométrica (ABIS), que permite a la Policía Nacional almacenar e intercambiar información de huellas dactilares e imágenes faciales; la multinacional francesa de defensa y seguridad Thales desarrolla esta herramienta; otra tecnología relevante es el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), red de estaciones y radares gestionada por la Guardia Civil para la detección de pateras y asimismo de narcolanchas; Indra es una de las empresas que desarrolla este sistema.
Fronteras “inteligentes”, democracias negligentes detalla que, entre 2018 y 2025, el Estado español ha firmado 700 contratos públicos por valor de 541 millones de euros relacionados con la tecnología de frontera; principalmente, los sistemas de vigilancia y detección; “la mayor parte del volumen económico se adjudica mediante procedimientos con competencia limitada o sin concurso público”, subraya el informe.
Respecto a las compañías adjudicatarias de los contratos, destacan (sin considerar las UTE) Escribano, Telefónica y Thales; las diez primeras absorben el 72% del gasto; a escala europea se produce un fenómeno de concentración similar, con compañías como Airbus, Leonardo, Sopra Steria, Idemia o Atos;
En este contexto, el informe resalta la opacidad institucional: “Las nuevas formas de frontera se construyen en los márgenes de la transparencia. La información sobre sus costes, funcionamiento y resultados es escasa o directamente inaccesible”; a ello se agregan, en los pliegos técnicos, expresiones como sistemas de análisis de riesgo o tecnologías de respuesta avanzada.
Otro aspecto abordado en el documento es la privatización de los controles migratorios, en la que participan compañías tecnológicas, contratistas del sector militar y consultoras; además de ejecutar los contratos, las empresas intervienen en el diseño de los sistemas y, en muchos casos, también en la explotación mediante la denominada colaboración público-privada.
En el establecimiento de la llamada Frontera inteligente de Ceuta y Melilla toma parte la compañía española FCR, que desarrolla herramientas como sistemas de reconocimiento biométrico y facial; sensores avanzados y visión artificial para detectar amenazas, así como plataformas de análisis de datos y ciberseguridad.
En 2022, tras difundirse la noticia que el Gobierno planeaba la frontera inteligente en Ceuta y Melilla, más de 80 ONG hicieron público un manifiesto sobre el peligro de los usos asociados a la IA en los pasos fronterizos; en concreto, la posible violación de los derechos fundamentales por la recopilación de datos biométricos; la discriminación y criminalización en el contexto de la llamada lucha contra el terrorismo; y la falta de transparencia en los algoritmos.
“La frontera inteligente garantiza una gestión más ágil, segura y eficaz que beneficiará a la población de Melilla”, afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la visita al paso fronterizo de Beni Enzar, en febrero de 2025.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa español informó un mes antes que continuaba desarrollando el programa SIRTAP (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones), vehículo aéreo de 7 metros de longitud y 2,5 metros de altura, también diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
“La frontera inteligente no sólo refleja un consenso político, sino también un modelo de sociedad. La desconfianza hacia el otro, la fe en la automatización y la subordinación del derecho a la eficiencia son los tres ingredientes de una nueva gobernanza autoritaria”, concluyen el Centre Delàs y porCausa.
Entre 2016 y 2019, compañías, centros de investigación e instituciones públicas de la Unión Europea (UE) promovieron la iniciativa iBorderCtrl, con financiación de la UE; el proyecto incluía nuevas tecnologías biométricas avanzadas, por ejemplo de comparación facial, para el control de las fronteras; criticado por las organizaciones de derechos humanos, la Comisión Europea definió este programa como un “sistema inteligente de detección de mentiras” que facilita la labor de los agentes fronterizos.
iBorderCtrl es uno de los ejemplos de la tercera generación de control migratorio, citados en el informe Fronteras “inteligentes”, democracias negligentes, publicado en enero por la fundación porCausa y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau; Martyna A. Wierzbicka, Luisa Forjaz de Lacerda, José Bautista, Noemí Mena y Gonzalo Fanjul son los autores del documento.
¿Qué uso tienen los muros y barreras fronterizas? El informe señala el caso del vallado que separa Marruecos de la ciudad de Melilla, de 12 kilómetros de longitud y entre 7 y 10 metros de altura; alambradas, torres de vigilancia, cámaras, sistema de sensores, drones, cámaras térmicas e iluminadores láser forman parte de esta estructura; el 24 de junio de 2022, cerca de 2.000 personas migrantes intentaron traspasar la valla de Melilla; la acción represiva de las fuerzas policiales -a los dos lados de la frontera- concluyó con la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de 70.
Pero, a diferencia de los muros y las vallas, del control tecnificado y externalizado, lo que caracteriza a los sistemas de tercera generación es el algoritmo; así, “el control ya no necesita la presencia humana ni el contacto físico. Se anticipa, calcula y decide. El núcleo de este modelo está basado en las tecnologías de análisis predictivo, las herramientas de perfilado automatizado y los sistemas biométricos masivos”, exponen porCausa y el Centre Delás.
Los autores apuntan el caso de la agencia eu-LISA, que la UE puso en marcha en 2012; según su página web, gestiona sistemas informáticos a gran escala que apoyan la aplicación de las políticas de asilo, gestión de fronteras, migración y justicia en la UE; eu-LISA coordina la creación del nuevo Servicio Compartido de Cotejo Biométrico (sBMS), que almacena y compara datos biométricos -como huellas dactilares e imágenes faciales- en múltiples sistemas de información de la UE.
El riesgo que implican estos mecanismos puede seguirse en otra investigación, publicada -también en enero- por la fundación por Causa y el periódico Ara con el título de Tecnologia de frontera a Espanya: beneficis privats, riscs per la democracia; el informe se hace eco del testimonio de personas migrantes a quienes la policía requisa el teléfono móvil cuando llegan a Baleares o Canarias; para obtener la información de los celulares, se utiliza el programa israelí Cellebrite.
Además, el Estado español empezó a utilizar en 2023 el Sistema Automático de Identificación Biométrica (ABIS), que permite a la Policía Nacional almacenar e intercambiar información de huellas dactilares e imágenes faciales; la multinacional francesa de defensa y seguridad Thales desarrolla esta herramienta; otra tecnología relevante es el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), red de estaciones y radares gestionada por la Guardia Civil para la detección de pateras y asimismo de narcolanchas; Indra es una de las empresas que desarrolla este sistema.
Fronteras “inteligentes”, democracias negligentes detalla que, entre 2018 y 2025, el Estado español ha firmado 700 contratos públicos por valor de 541 millones de euros relacionados con la tecnología de frontera; principalmente, los sistemas de vigilancia y detección; “la mayor parte del volumen económico se adjudica mediante procedimientos con competencia limitada o sin concurso público”, subraya el informe.
Respecto a las compañías adjudicatarias de los contratos, destacan (sin considerar las UTE) Escribano, Telefónica y Thales; las diez primeras absorben el 72% del gasto; a escala europea se produce un fenómeno de concentración similar, con compañías como Airbus, Leonardo, Sopra Steria, Idemia o Atos;
En este contexto, el informe resalta la opacidad institucional: “Las nuevas formas de frontera se construyen en los márgenes de la transparencia. La información sobre sus costes, funcionamiento y resultados es escasa o directamente inaccesible”; a ello se agregan, en los pliegos técnicos, expresiones como sistemas de análisis de riesgo o tecnologías de respuesta avanzada.
Otro aspecto abordado en el documento es la privatización de los controles migratorios, en la que participan compañías tecnológicas, contratistas del sector militar y consultoras; además de ejecutar los contratos, las empresas intervienen en el diseño de los sistemas y, en muchos casos, también en la explotación mediante la denominada colaboración público-privada.
En el establecimiento de la llamada Frontera inteligente de Ceuta y Melilla toma parte la compañía española FCR, que desarrolla herramientas como sistemas de reconocimiento biométrico y facial; sensores avanzados y visión artificial para detectar amenazas, así como plataformas de análisis de datos y ciberseguridad.
En 2022, tras difundirse la noticia que el Gobierno planeaba la frontera inteligente en Ceuta y Melilla, más de 80 ONG hicieron público un manifiesto sobre el peligro de los usos asociados a la IA en los pasos fronterizos; en concreto, la posible violación de los derechos fundamentales por la recopilación de datos biométricos; la discriminación y criminalización en el contexto de la llamada lucha contra el terrorismo; y la falta de transparencia en los algoritmos.
“La frontera inteligente garantiza una gestión más ágil, segura y eficaz que beneficiará a la población de Melilla”, afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la visita al paso fronterizo de Beni Enzar, en febrero de 2025.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa español informó un mes antes que continuaba desarrollando el programa SIRTAP (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones), vehículo aéreo de 7 metros de longitud y 2,5 metros de altura, también diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
“La frontera inteligente no sólo refleja un consenso político, sino también un modelo de sociedad. La desconfianza hacia el otro, la fe en la automatización y la subordinación del derecho a la eficiencia son los tres ingredientes de una nueva gobernanza autoritaria”, concluyen el Centre Delàs y porCausa.
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