Por María Fernanda de la Quintana
 |
[Imagen: Glaciar Spegazzini, Argentina] |
La disputa por el litio, el agua y los datos redefine la soberanía en América Latina. Desde los glaciares andinos hasta los servidores que almacenan información estratégica, los bienes comunes del Sur enfrentan una misma lógica de despojo.
Los bienes comunes del Sur se despojan por diseño. Agua, litio, datos y salud obedecen a una misma gramática: identificar lo que es colectivo, debilitar su protección jurídica y transferir su valor al capital. Argentina se ha convertido en el laboratorio más visible de esa operación.
En esta etapa del debate sobre la Ley de Glaciares en Argentina, se observa un caso testigo de una dinámica regional. Lo que ocurre hoy en los Andes argentinos, con el intento de desbloquear la frontera minera para favorecer la rentabilidad corporativa, prefigura una reorganización del territorio que sacrifica la vida por la renta. Esta arquitectura de la escasez opera bajo una premisa única: producir carencia en lo público para habilitar la apropiación privada de recursos colectivos.
Mientras en Buenos Aires se denuncia un “ocultismo” en el trámite legislativo para silenciar a los más de 45.000 ciudadanos inscriptos en las audiencias, la hoja de ruta se terminó de trazar en el piso 15 de la torre del JPMorgan Chaseen Nueva York. Allí, CEOS como Rob McEwen(McEwen Copper) fueron explícitos ante el equipo económico argentino: el RIGI es la llave, pero la Ley de Glaciares de Argentina sigue siendo percibida como un “obstáculo interpretativo” que debe removerse para garantizar la inversión.
El escenario de esa presión quedó expuesto con claridad en Nueva York. En un panel organizado por JPMorgan Chase bajo el título “Desbloqueando la frontera minera de Argentina: la próxima potencia mundial en minerales críticos”, ejecutivos de Rio Tinto, McEwen Mining y First Quantum Minerals plantearon sin rodeos que la protección de áreas periglaciares constituye un obstáculo para sus proyectos y debería modificarse. El panel fue moderado por el viceministro del área energética argentina, Daniel González Casartelli, ex-CEO de YPF y miembro del directorio de Adecoagro, empresa constituida en Luxemburgo. La escena expone con crudeza un conflicto de intereses estructural: el mismo funcionario llamado a regular la actividad minera aparece participando en un foro financiero internacional junto a las corporaciones que presionan para flexibilizar la legislación ambiental que protege los glaciares argentinos.
Lo que allí se discute como “desbloqueo regulatorio” tiene consecuencias materiales inmediatas sobre los ecosistemas de alta montaña.
Los glaciares son infraestructura hídrica. Regulan cuencas, alimentan ríos y sostienen ecosistemas. Su destrucción no es un efecto colateral del progreso sino el resultado directo de un modelo que antepone la renta corporativa a la vida. Las poblaciones indígenas y campesinas de la Puna, la Cordillera y la Patagonia son las primeras en sufrir la escasez de agua que produce la minería en zonas periglaciares. El cianuro y otros químicos utilizados en los procesos de lixiviación dejan impactos que ninguna remediación posterior logra revertir completamente. Esa es la química del despojo.
Del hielo a los servidores: la soberanía que nadie nombra
El litio, denominado el oro blanco del siglo XXI, concentra esta tensión con especial claridad. En el triángulo que comparten Argentina, Bolivia y Chile se encuentra más del 60% de las reservas mundiales de este mineral, indispensable para la transición energética global. La extracción masiva en salares altiplánicos —ecosistemas extremadamente frágiles, vinculados a acuíferos profundos— genera una presión hídrica sin precedentes sobre comunidades que ya enfrentan escasez. La transición verde del Norte Global se financia con la desposesión hídrica y territorial del Sur.
Bolivia ofrece un contrapunto parcial: la nacionalización del litio bajo Yacimientos de Litio Bolivianos intentó reorientar la renta hacia el Estado y hacia una estrategia de industrialización soberana. Las tensiones entre soberanía, sustentabilidad y presión internacional sobre sus reservas son un campo de disputa permanente que ilustra los límites y las posibilidades de la autonomía regional frente al extractivismo transnacional.
El caso boliviano invita a una pregunta que interpela a toda la región: ¿es posible recuperar la renta de los bienes comunes sin reproducir la lógica extractiva que los destruye? No hay respuesta simple. Pero la pregunta misma señala el límite donde la soberanía sobre los recursos naturales y la soberanía tecnológica convergen.
Porque hay una dimensión que atraviesa todas estas formas de despojo sin que siempre se la nombre: el control de las infraestructuras digitales. Los datos de salud de millones de personas, los registros ambientales de territorios en disputa, la información sobre reservas hídricas y minerales estratégicas, los flujos de conocimiento científico: todo eso circula actualmente por plataformas y servidores que no controla ningún Estado latinoamericano. Las grandes potencias conciben el ciberespacio -datos, redes, inteligencia artificial- como un recurso estratégico comparable al petróleo o al agua. Quien gobierna esas infraestructuras gobierna las condiciones materiales sobre las que se decide qué territorios se explotan, qué poblaciones se atienden y qué conocimiento se produce.
La soberanía sanitaria, ambiental y territorial es hoy inseparable de la soberanía tecnológica. Sin ella, las demás son soberanías administradas por otros. Ambas exigen disputar no solo quién extrae o quién administra, sino quién decide, quién conoce y quién controla.
La intemperie sanitaria: donde el despojo llega al cuerpo
La misma lógica que avanza sobre los glaciares y los datos opera sobre los sistemas de salud. La crisis sanitaria en América Latina es la expresión de una transformación estructural que convierte derechos sociales en mercancías. Una racionalidad neoliberal reorganiza el campo sanitario bajo criterios de rentabilidad, traslada progresivamente el costo de la atención hacia la población y debilita las capacidades públicas. Lo que emerge es una forma sistemática de desposesión: la extracción de valor social desde los sistemas de cuidado hacia circuitos privados de acumulación.
Esta dinámica opera mediante lo que puede denominarse plusvalía sanitaria: el valor social generado por trabajadores, infraestructura pública y conocimiento científico que no retorna al sistema, sino que se transforma en rentabilidad empresarial. La fuga de ese valor se produce mediante mecanismos conocidos: precios inflados de medicamentos bajo regímenes de patentes concentrados, intermediación financiera de aseguradoras y tercerización de servicios esenciales que reduce salarios mientras incrementa costos para el sector público.
Argentina ilustra este proceso con precisión. El DNU 70/23 condensó, en un decreto, la lógica de retirada estatal que en otros países se ejecutó por etapas: desfinanciamiento de programas estratégicos, reducción de la provisión de medicamentos esenciales y reconfiguración del sistema en favor de los operadores privados. No fue una medida de emergencia sino una reorganización deliberada de la arquitectura sanitaria que acelera la transferencia de valor público hacia el sector privado.
El resultado es una pedagogía del desgaste que naturaliza la escasez. La degradación instala en la vida cotidiana una narrativa conocida: no hay turnos, no hay insumos, no hay presupuesto. Bajo ese discurso se construye la idea de que el Estado es incapaz de sostener el derecho a la salud, empujando a sectores de la población hacia soluciones privadas que, en la práctica, resultan inaccesibles para las mayorías. La expulsión del sistema público no integra a esos sectores al mercado: los deja expuestos a una verdadera intemperie sanitaria.
La disputa es una sola
El desafío es revertir lo que el neoliberalismo fragmentó: restituir la salud como bien público, los glaciares como reservas estratégicas de la humanidad, el agua como derecho inalienable y el territorio como espacio de vida y no de explotación. La disputa es una sola porque el despojo es uno solo: opera en los cuerpos que no acceden a medicamentos, en los ríos que pierden caudal por el retroceso glaciar y en los suelos contaminados por el extractivismo sin control.
Consolidar una estrategia que recupere la plusvalía que generamos —sanitaria, hídrica, territorial, tecnológica— y la coloque al servicio de un proyecto de vida soberano es la tarea política central de nuestra época. No hay transición posible sin justicia: ni transición energética construida sobre el sacrificio de territorios y comunidades del Sur, ni reforma sanitaria que deje a las mayorías populares a la intemperie.
María Fernanda de la Quintana. Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética. Especializada en Bioética y Derechos Humanos en América Latina, Universidad de Buenos Aires.
Nenhum comentário:
Postar um comentário