La reforma laboral, sin el artículo de las licencias médicas, se aprobó con 42 votos afirmativos, 28 en contra y dos abstenciones. El peronismo la calificó como “una ley gorila, hecha por gorilas”.
Da Página 12, 28 de fevereiro 2026
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Por Eva Moreira
Por Eva Moreira
Votación. La Reforma Laboral, que destruye los derechos de los trabajadores, fue sancionada por el Senado. (SENADO ARGENTINA/Charly Diaz Azcue)
El proyecto que destruye los derechos laborales ya es ley. La Cámara de Senadores sancionó la norma con la corrección establecida por Diputados, con 42 Votos afirmativos, 28 votos negativos, y dos abstenciones. Para eso, los libertarios contaron con el acompañamiento del PRO, la UCR y los partidos provinciales aliados, en una jornada caracterizada por la movilización y protesta de sectores del sindicalismo frente a un Congreso completamente vallado. Durante el debate el oficialismo prácticamente no habló. La casi totalidad de los discursos fueron de los senadores opositores que argumentaron el rechazo a la Ley. El jefe del bloque Justicialista, el senador José Mayans, fue uno de los más duros; “Es una ley gorila, hecha por gorilas”, dijo sobre el proyecto del oficialismo y pronosticó que irá “derecho a conflicto judicial” porque “lo que empezó mal, termina mal”.
Patricia Bullrich y Mayans, protagonizaron el cruce de la noche, cuando la jefa de la bancada libertaria comenzó su exposición cuestionando los paros generales en la Argentina, que afirmó “no existen más” en otros países y tras algunas frases inconclusas y desordenadas de la exministra de trabajo que provocaron las risas de la bancada opositora, la senadora terminó por criticar los planes sociales y sus intermediarios.
Desde el bloque Justicialista que conduce el formoseño, se hizo un primer intento, ni bien comenzó el debate, para que el proyecto de reforma laboral vuelva a comisión, pero la moción que presentó el senador Mariano Recalde fue rechazada. A partir de ahí el libertario Juan Cruz Godoy pasó a dar algunos detalles de la norma que se iba a tratar. “Proponemos aceptar los cambios que se han hecho en la Cámara de Diputados”, dijo el miembro informante de la bancada violeta.
Recalde argumentó el rechazo del peronismo opositor al marcar que el dictamen que se trató “prácticamente esta igual”, y que el cambio que se realizó en la Cámara baja –que eliminó el artículo que modificaba el régimen de licencias médicas- “no alcanzó” para que el bloque Justicialista cambie su postura.
El senador porteño criticó, además, que al oficialismo se le haga costumbre presentar leyes extremadamente extensas y abarcativas al caracterizar la iniciativa del oficialismo como “una ley ómnibus” y “monstruosa” por los más de 200 artículos que tiene el texto, y las diversas normas que elimina o modifica.
En este sentido, el también abogado laboralista, cuestionó que el gobierno avanzara en un tratamiento “de manera exprés”, donde aparecieron “modificaciones de último momento” y donde no se incorporó ningún cambio de los pedidos por el peronismo.
Respecto a la seguridad jurídica que debería garantizar la norma, el senador peronista puntualizó que en realidad “conspira contra ella” y habló de que esta reforma laboral viola la Constitución Nacional, y contrariamente a lo que plantea el 14 bis “es una ley que desprotege (al trabajador) por donde se la mire”. “Esta ley viola principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales, viene complicada en su constitucionalidad y va a generar mucha litigiosidad”, pronosticó Recalde.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), volvió a ser otro de los puntos más cuestionados en el recinto por los peronistas. Recalde, aseguró que desde el oficialismo instalaron el debate sobre las licencias médicas para que pasara desapercibido el FAL. “Lo instalaron ellos para que no se discuta el FAL, que es un curro fenomenal”, aseguró.
La senadora rionegrina Ana Marks, en la misma línea, se refirió al FAL como el “fondo de asistencia a la timba” que “va a ir a financiar los negocios de los amigos del presidente”, al levantar un cartel con un extenso número que superaba los 4 billones. Cifra que perdería el Estado y se transferiría a estas administradoras privadas, similares a las AFJP. Para Mayans “es un fondo completamente inconstitucional”, porque el estado ayudará a financiar despidos. Para ello meterá la mano en el fondo de jubilaciones y pensiones para pagar las indemnizaciones por despido que efectúen las empresas.
Recalde, también adelantó que estarán encima de los fondos de los trabajadores y que serán veedores de lo que se haga con esa plata. “En donde los toquen los vamos a meter presos”, advirtió.
Sobre el FAL, también habló Jorge Capitanich al señalar que se tendría que haber discutido “un marco en las relaciones laborales que genere condiciones de negociación laboral para los nuevos trabajos surgidos del cambio tecnológico, pero con este proyecto lo que estamos dando es un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”, advirtió.
La senadora Cándida López (peronismo Tierra del Fuego) apuntó contra los legisladores peronistas que decidieron acompañar la reforma del Gobierno de Javier Milei. “No se puede llegar a una banca con los votos del peronismo y votar una ley en contra de los derechos de los trabajadores”, sentenció.
Marcelo Lewandowski (Santa Fe), fue una de las voces que cuestionó la eliminación de varios estatutos profesionales, principalmente se refirió al de periodistas al señalar que “el ataque al periodismo (en la ley) no es casualidad”, va en consonancia con la violencia con la que este gobierno trata a la prensa. Mencionó así al fotógrafo Pablo Grillo y al camarógrafo Facundo Tedeschini, que sufrieron la represión.
Es que la motosierra también alcanza varios Estatutos profesionales. La ley establece que en 180 días se derogan entre ellos el Estatuto del Periodista que no sólo protege a los trabajadores de prensa de la explotación laboral, sino que contiene las excepciones propias de la rama y, a la vez, garantiza la libertad de prensa y del ejercicio de la profesión.
Cruce al votar
Durante la votación, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel manifestó que según el articulo 81 de la Constitución Nacional la Cámara revisora solo tiene dos opciones, votar la norma con los cambios propuestos por Diputados, o insistir con la redacción original del Senado. La bancada peronista se opuso a quedarse sin la opción de rechazar los dos proyectos, el original y el modificado que volvió de la Cámara baja sin el articulo de las licencias médicas.
Del cruce también fue protagonista Bullrich, que esta vez coincidió con la bancada peronista y le pidió a la presidenta del cuerpo que la oposición pueda rechazar la norma, pese a que la articulo de la Constitución Nacional establece otra cosa. Quienes si respetaron el articulo 81, fueron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano que decidieron abstenerse.
Una vez finalizada la sesión, la senadora peronista por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio escribió en su cuenta de X una promesa: “Va a ser la primera ley que vamos a derogar cuando volvamos a ser gobierno. Argentina no se vende y los trabajadores no se arrodillan”.
En tanto, el presidente Javier Milei también usó su cuenta de X para congratularse con esta dañina ley: “HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral”, dijo.
Que trae la ley
Entre las principales modificaciones aparece la eliminación del pago de horas extras y se crea un Banco de Horas, donde los trabajadores tendrán solo días compensatorios. Los días de vacaciones, ahora, los elegirá el patrón.
Respecto a las indemnizaciones por despidos justificados o injustificados ya no serán según el convenio de cada sector, sino que para indemnizar se tendrán en cuenta el salario básico, la antigüedad y demás sumas legales, pero no las horas extras, ni las gratificaciones extraordinarias. Para el caso de los despidos “sin causa”, la indemnización será equivalente a solo un mes de sueldo por cada año de servicio, tomando como parámetro el mejor sueldo del último período.
Los certificados médicos también sufrirán cambios. Si bien se eliminó el artículo 44 que establecía cambios en el régimen de licencias por enfermedad, tendrán plena validez los certificados digitales. Eso sí, la empresa podrá verificar los diagnósticos, aceptar o no su validez, aceptar o no el alta médica y aprobar o no las ausencias por enfermedad. Si no las acepta, podrá aplicar sanciones o dar de baja el vínculo laboral.
La reforma también pone un freno a los derechos sindicales. Por ejemplo, se establece que las asambleas de trabajadores que se realicen en horarios de trabajo sean sólo con el permiso expreso del empleador. Además, se les recorta a los delegados la protección que tienen por tareas sindicales. Sólo se les dispensará hasta 10 horas mensuales retribuidas por el ejercicio de sus funciones en horarios de trabajo. También, se considerarán “infracciones muy graves” a los bloqueos de plantas y distintas prácticas de protesta.
Además, se avanza sobre el cercenamiento del derecho a huelga en actividades declaradas como “servicios esenciales” y “servicios trascendentales”. En los primeros, se deberá garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento y en los segundos una del 50 por ciento.
Los convenios colectivos también sufrirán los cambios, porque a partir de ahora cada empresa podrá negociar condiciones inferiores al piso establecido por el convenio de una rama. Hasta ahora, un sindicato nacional negociaba un piso de derechos para toda la rama.
Con el argumento del supuesto combate a “la industria del juicio” y la litigiosidad laboral, el Gobierno puso al fuero laboral al borde de su puerta de salida, porque el proyecto de le transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la competencia laboral, que en la actualidad está a cargo de la Justicia Nacional del Trabajo, un fuero que reconoce al trabajador como el eslabón más débil.
Las Sentencias judiciales también tendrán modificaciones. A partir de ahora, los empresarios podrán pagarlas en 12 cuotas mensuales y consecutivas (para el caso pequeñas y medianas empresas) y en seis cuotas mensuales y consecutivas (para el caso de las grandes empresas).
El proyecto también le cae a las empleadas domésticas y a los peones rurales. Extiende a seis meses el período de prueba para quienes trabajan en casas particulares, y a 8 meses para los peones. Durante ese tiempo, un peón podrá ser despedido sin causa y sin tener el derecho de exigir una indemnización.
El proyecto que destruye los derechos laborales ya es ley. La Cámara de Senadores sancionó la norma con la corrección establecida por Diputados, con 42 Votos afirmativos, 28 votos negativos, y dos abstenciones. Para eso, los libertarios contaron con el acompañamiento del PRO, la UCR y los partidos provinciales aliados, en una jornada caracterizada por la movilización y protesta de sectores del sindicalismo frente a un Congreso completamente vallado. Durante el debate el oficialismo prácticamente no habló. La casi totalidad de los discursos fueron de los senadores opositores que argumentaron el rechazo a la Ley. El jefe del bloque Justicialista, el senador José Mayans, fue uno de los más duros; “Es una ley gorila, hecha por gorilas”, dijo sobre el proyecto del oficialismo y pronosticó que irá “derecho a conflicto judicial” porque “lo que empezó mal, termina mal”.
Patricia Bullrich y Mayans, protagonizaron el cruce de la noche, cuando la jefa de la bancada libertaria comenzó su exposición cuestionando los paros generales en la Argentina, que afirmó “no existen más” en otros países y tras algunas frases inconclusas y desordenadas de la exministra de trabajo que provocaron las risas de la bancada opositora, la senadora terminó por criticar los planes sociales y sus intermediarios.
Desde el bloque Justicialista que conduce el formoseño, se hizo un primer intento, ni bien comenzó el debate, para que el proyecto de reforma laboral vuelva a comisión, pero la moción que presentó el senador Mariano Recalde fue rechazada. A partir de ahí el libertario Juan Cruz Godoy pasó a dar algunos detalles de la norma que se iba a tratar. “Proponemos aceptar los cambios que se han hecho en la Cámara de Diputados”, dijo el miembro informante de la bancada violeta.
Recalde argumentó el rechazo del peronismo opositor al marcar que el dictamen que se trató “prácticamente esta igual”, y que el cambio que se realizó en la Cámara baja –que eliminó el artículo que modificaba el régimen de licencias médicas- “no alcanzó” para que el bloque Justicialista cambie su postura.
El senador porteño criticó, además, que al oficialismo se le haga costumbre presentar leyes extremadamente extensas y abarcativas al caracterizar la iniciativa del oficialismo como “una ley ómnibus” y “monstruosa” por los más de 200 artículos que tiene el texto, y las diversas normas que elimina o modifica.
En este sentido, el también abogado laboralista, cuestionó que el gobierno avanzara en un tratamiento “de manera exprés”, donde aparecieron “modificaciones de último momento” y donde no se incorporó ningún cambio de los pedidos por el peronismo.
Respecto a la seguridad jurídica que debería garantizar la norma, el senador peronista puntualizó que en realidad “conspira contra ella” y habló de que esta reforma laboral viola la Constitución Nacional, y contrariamente a lo que plantea el 14 bis “es una ley que desprotege (al trabajador) por donde se la mire”. “Esta ley viola principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales, viene complicada en su constitucionalidad y va a generar mucha litigiosidad”, pronosticó Recalde.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), volvió a ser otro de los puntos más cuestionados en el recinto por los peronistas. Recalde, aseguró que desde el oficialismo instalaron el debate sobre las licencias médicas para que pasara desapercibido el FAL. “Lo instalaron ellos para que no se discuta el FAL, que es un curro fenomenal”, aseguró.
La senadora rionegrina Ana Marks, en la misma línea, se refirió al FAL como el “fondo de asistencia a la timba” que “va a ir a financiar los negocios de los amigos del presidente”, al levantar un cartel con un extenso número que superaba los 4 billones. Cifra que perdería el Estado y se transferiría a estas administradoras privadas, similares a las AFJP. Para Mayans “es un fondo completamente inconstitucional”, porque el estado ayudará a financiar despidos. Para ello meterá la mano en el fondo de jubilaciones y pensiones para pagar las indemnizaciones por despido que efectúen las empresas.
Recalde, también adelantó que estarán encima de los fondos de los trabajadores y que serán veedores de lo que se haga con esa plata. “En donde los toquen los vamos a meter presos”, advirtió.
Sobre el FAL, también habló Jorge Capitanich al señalar que se tendría que haber discutido “un marco en las relaciones laborales que genere condiciones de negociación laboral para los nuevos trabajos surgidos del cambio tecnológico, pero con este proyecto lo que estamos dando es un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”, advirtió.
La senadora Cándida López (peronismo Tierra del Fuego) apuntó contra los legisladores peronistas que decidieron acompañar la reforma del Gobierno de Javier Milei. “No se puede llegar a una banca con los votos del peronismo y votar una ley en contra de los derechos de los trabajadores”, sentenció.
Marcelo Lewandowski (Santa Fe), fue una de las voces que cuestionó la eliminación de varios estatutos profesionales, principalmente se refirió al de periodistas al señalar que “el ataque al periodismo (en la ley) no es casualidad”, va en consonancia con la violencia con la que este gobierno trata a la prensa. Mencionó así al fotógrafo Pablo Grillo y al camarógrafo Facundo Tedeschini, que sufrieron la represión.
Es que la motosierra también alcanza varios Estatutos profesionales. La ley establece que en 180 días se derogan entre ellos el Estatuto del Periodista que no sólo protege a los trabajadores de prensa de la explotación laboral, sino que contiene las excepciones propias de la rama y, a la vez, garantiza la libertad de prensa y del ejercicio de la profesión.
Cruce al votar
Durante la votación, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel manifestó que según el articulo 81 de la Constitución Nacional la Cámara revisora solo tiene dos opciones, votar la norma con los cambios propuestos por Diputados, o insistir con la redacción original del Senado. La bancada peronista se opuso a quedarse sin la opción de rechazar los dos proyectos, el original y el modificado que volvió de la Cámara baja sin el articulo de las licencias médicas.
Del cruce también fue protagonista Bullrich, que esta vez coincidió con la bancada peronista y le pidió a la presidenta del cuerpo que la oposición pueda rechazar la norma, pese a que la articulo de la Constitución Nacional establece otra cosa. Quienes si respetaron el articulo 81, fueron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano que decidieron abstenerse.
Una vez finalizada la sesión, la senadora peronista por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio escribió en su cuenta de X una promesa: “Va a ser la primera ley que vamos a derogar cuando volvamos a ser gobierno. Argentina no se vende y los trabajadores no se arrodillan”.
En tanto, el presidente Javier Milei también usó su cuenta de X para congratularse con esta dañina ley: “HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral”, dijo.
Que trae la ley
Entre las principales modificaciones aparece la eliminación del pago de horas extras y se crea un Banco de Horas, donde los trabajadores tendrán solo días compensatorios. Los días de vacaciones, ahora, los elegirá el patrón.
Respecto a las indemnizaciones por despidos justificados o injustificados ya no serán según el convenio de cada sector, sino que para indemnizar se tendrán en cuenta el salario básico, la antigüedad y demás sumas legales, pero no las horas extras, ni las gratificaciones extraordinarias. Para el caso de los despidos “sin causa”, la indemnización será equivalente a solo un mes de sueldo por cada año de servicio, tomando como parámetro el mejor sueldo del último período.
Los certificados médicos también sufrirán cambios. Si bien se eliminó el artículo 44 que establecía cambios en el régimen de licencias por enfermedad, tendrán plena validez los certificados digitales. Eso sí, la empresa podrá verificar los diagnósticos, aceptar o no su validez, aceptar o no el alta médica y aprobar o no las ausencias por enfermedad. Si no las acepta, podrá aplicar sanciones o dar de baja el vínculo laboral.
La reforma también pone un freno a los derechos sindicales. Por ejemplo, se establece que las asambleas de trabajadores que se realicen en horarios de trabajo sean sólo con el permiso expreso del empleador. Además, se les recorta a los delegados la protección que tienen por tareas sindicales. Sólo se les dispensará hasta 10 horas mensuales retribuidas por el ejercicio de sus funciones en horarios de trabajo. También, se considerarán “infracciones muy graves” a los bloqueos de plantas y distintas prácticas de protesta.
Además, se avanza sobre el cercenamiento del derecho a huelga en actividades declaradas como “servicios esenciales” y “servicios trascendentales”. En los primeros, se deberá garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento y en los segundos una del 50 por ciento.
Los convenios colectivos también sufrirán los cambios, porque a partir de ahora cada empresa podrá negociar condiciones inferiores al piso establecido por el convenio de una rama. Hasta ahora, un sindicato nacional negociaba un piso de derechos para toda la rama.
Con el argumento del supuesto combate a “la industria del juicio” y la litigiosidad laboral, el Gobierno puso al fuero laboral al borde de su puerta de salida, porque el proyecto de le transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la competencia laboral, que en la actualidad está a cargo de la Justicia Nacional del Trabajo, un fuero que reconoce al trabajador como el eslabón más débil.
Las Sentencias judiciales también tendrán modificaciones. A partir de ahora, los empresarios podrán pagarlas en 12 cuotas mensuales y consecutivas (para el caso pequeñas y medianas empresas) y en seis cuotas mensuales y consecutivas (para el caso de las grandes empresas).
El proyecto también le cae a las empleadas domésticas y a los peones rurales. Extiende a seis meses el período de prueba para quienes trabajan en casas particulares, y a 8 meses para los peones. Durante ese tiempo, un peón podrá ser despedido sin causa y sin tener el derecho de exigir una indemnización.
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