Por Alejandro Marcó del Pont: El tábano economista
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| [Imagen: caricatura de Marco Rubio. Steve Brodner] |
No nos importa de dónde viene el dinero, siempre que se invierta en los EE. UU. (El Tábano Economista)
Cuando una empresa registrada bajo el enigmático nombre de Flower of Scotland pagó 1,13 millones de dólares en efectivo, billete sobre billete, por un condominio en Sunny Isles Beach, Miami, en 2017, se vio obligada a realizar un acto tan inusual como revelador: mostrar al Gobierno federal estadounidense la identidad de su verdadero propietario. Este momento de transparencia forzada fue un espejismo, un breve destello de luz en una oscuridad estructural.
Ocurrió gracias a una norma temporal impuesta por el Departamento del Tesoro durante la Administración Obama, que entre 2016 y 2017 intentó, tímidamente, levantar el velo en Miami y Manhattan, los dos mercados inmobiliarios preferidos por el capital global anónimo. Un estudio de economistas de la Reserva Federal de Nueva York y la Universidad de Miami midió las consecuencias: en Miami, el gasto de empresas fantasma y entidades corporativas opacas en vivienda se desplomó un 95%. La lección, sin embargo, no fue que el sistema quisiera limpiarse, sino que demostraba hasta qué punto su funcionamiento dependía del secreto.
Hoy, en 2025, esa lección no solo ha sido olvidada, sino invertida. La Florida contemporánea es el espejo distorsionado y avanzado de una nueva forma de gobernanza global, un experimento donde el lavado de dinero ha sido no solo tolerado, sino institucionalizado y actualizado a la era digital mediante la llamada Tokenización 4.0, y donde los últimos vestigios de soberanía financiera nacional se subastan al mejor postor tecnológico.
En este laboratorio de capitalismo opaco, dos figuras republicanas encarnan la lucha por el control del futuro, no solo del Estado, sino de la maquinaria que podría financiar la próxima presidencia de los Estados Unidos. Por un lado, el vicepresidente JD Vance ha construido metódicamente un búnker financiero en lo que ya se conoce como el «Wall Street del Sur», un complejo ecosistema en West Palm Beach que protege y multiplica el capital opaco bajo la bandera de la innovación financiera y la libertad tecnológica.
Por el otro, el secretario de Estado Marco Rubio, atado a la retórica anticastrista y antichavista que lo catapultó, y a una Ley de Transparencia Corporativa que su propia Administración ahora sabotea, observa con impotencia cómo el «dinero negro» latinoamericano que una vez lubricó su ascenso político ahora financia, paradójicamente, su entierro administrativo. En la Florida, el epicentro geopolítico del financiamiento político del siglo XXI, un axioma se impone con fuerza brutal: “el que controla el código y el token, controla el trono”.
Esta partida de ajedrez de altas finanzas se juega con piezas que valen miles de millones, y el árbitro con el dedo sobre el botón de la ejecución regulatoria es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un hombre de mercados, un exgestor de fondos de cobertura cuya lealtad visceral es hacia la liquidez y la rentabilidad antes que a cualquier ideología, que ha inclinado decisivamente la balanza del poder interno a favor de la visión hipertransaccional y tecnocrática de Vance.
Su gestión ha relegado a Rubio a una irrelevancia administrativa creciente. La carrera por la presidencia de 2028, y su financiamiento colosal, se nutre de un río oscuro que fluye desde el sur: petróleo venezolano desviado, ganancias de cárteles colombianos y mexicanos, dinero de la evasión fiscal masiva de élites latinoamericanas, fuga de capitales que huyen de la inestabilidad. Todo este caudal sirve, es bienvenido, pero con una condición: hay que saber para quién se juega, y ser previsible en la lealtad. La ingenuidad política aquí es un lujo suicida.
Si el ala de Vance, en alianza con los fondos de inversión de West Palm Beach, gana esta batalla interna —y todo indica que ya la está ganando—, Florida se transformará de facto en un estado soberano financiero dentro de la Unión. El dinero negro procedente de la corrupción, el petróleo incautado o desviado, la evasión fiscal de magnates sudamericanos y los beneficios del tráfico de cocaína ya no necesitarán ser «lavados» en el sentido clásico, con sus riesgos y fricciones. Simplemente se tokenizarán, se convertirán en activos digitales limpios y legítimos, respaldados por el colateral lujo definitivo: el sector inmobiliario de alto valor de la Florida.
Esta transformación deja a Marco Rubio en una posición existencialmente difícil, o se adapta a esta nueva economía de la opacidad tecnológica —traicionando la retórica de «limpieza» y lucha contra la corrupción que lo define— o pierde irreversiblemente el financiamiento de los nuevos barones del dinero. Estos ya no necesitan a un senador que les abra puertas en Washington para ocultar sus rastros; en la era digital, solo necesitan un buen programador de Silicon Valley, un abogado creativo y un fondo registrado en West Palm Beach.
La ingeniería financiera que hace posible este sistema es de una sofisticación abrumadora. Unos 250 fondos de inversión operan en este espacio, donde gigantes como BlackRock y fondos de private equity tradicionales conviven, en extraña simbiosis, con vehículos de capitales latinoamericanos de origen menos claro. Operan bajo una estructura de capas de cebolla, diseñada meticulosamente para diluir y atomizar la responsabilidad legal hasta hacerla desaparecer.
Mientras Miami sigue captando los titulares de la prensa y el glamour superficial, el verdadero centro neurálgico del movimiento de capitales pesados, opacos y urgentes, se ha trasladado discretamente hacia el norte, a West Palm Beach. La estrategia maestra para evadir la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) —que Rubio mismo impulsó— se basa en la explotación de un vacío legal: el «Family Office» No Regulado. Estas oficinas familiares, que gestionan las fortunas de individuos ultrarricos, enfrentan un escrutinio muy inferior al de los fondos de inversión tradicionales, convirtiéndose en el vehículo perfecto para la opacidad.
Pero el gran salto cualitativo en 2025 es la Tokenización de Activos Inmobiliarios (RWA). El mecanismo es de una elegancia casi quirúrgica en su eficacia para el blanqueo. Ya no se compran mansiones en Key Biscayne con maletas de efectivo, una práctica tosca y riesgosa. Ahora, un fondo con sede en West Palm Beach adquiere un edificio de lujo valorado en 200 millones de dólares. Acto seguido, divide digitalmente la propiedad de ese activo tangible en millones de fragmentos digitales, en tokens, que se venden en mercados de criptoactivos.
Un narcotraficante en Cali, un empresario evasor en Buenos Aires o un funcionario corrupto en Paraguay pueden comprar estos «tokens» o fragmentos del edificio usando stablecoins como USDT (Tether) o USDC (USD Coin), criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, anclado 1:1 al dólar estadounidense, eliminando la volatilidad de bitcoin. Para el sistema regulatorio, esta transacción no aparece como una compraventa inmobiliaria sujeta a los informes de la FinCEN; aparece como una sofisticada «inversión tecnológica» en activos tokenizados.
Al ejecutarse sobre una blockchain, el fondo puede alegar plausiblemente que «no conoce» la identidad de cada uno de los miles de poseedores de pequeños tokens. Y a diferencia de una propiedad física, que puede tardar meses en venderse y deja un rastro de papelerío, los tokens se pueden comprar, vender o transferir en segundos, de forma global y anónima. El dinero, así, no se «lava»; sale limpio, certificado como una ganancia legítima por una inversión de vanguardia en tecnología financiera.
Es aquí donde la fricción entre Marco Rubio y JD Vance deja de ser una rivalidad política personal para convertirse en el eje crítico del futuro de este ecosistema y, por extensión, del financiamiento de la política nacional. El interés de Rubio siempre ha sido instrumental: usar la inteligencia financiera y las sanciones como arma para asfixiar a sus enemigos ideológicos en La Habana y Caracas, o incluso a figuras de izquierda en Bogotá.
Pero esta postura choca frontalmente con los intereses de sus propios donantes en Florida, que necesitan que el sistema financiero estadounidense, y especialmente el de este estado, siga siendo «poroso», permeable a los capitales que huyen de esas mismas jurisdicciones. Vance, en cambio, es el principal impulsor de la Ley GENIUS, una legislación diseñada para regular —y por tanto, legitimar e integrar— las stablecoins en el sistema financiero tradicional. Su visión no es de contención, sino de absorción: que Estados Unidos, y Florida en particular, se conviertan en la «Capital Cripto» del mundo.
El resultado práctico es que Vance está construyendo un marco legal donde mover capitales vía blockchain, incluso aquellos de origen incierto, sea no solo posible, sino virtualmente intocable, amparados en la defensa de la innovación y la libertad económica. Para Vance, los miles de millones que salen de Argentina o Colombia y entran vía stablecoins son «libertad económica» y «dólares digitales». Para los organismos de seguridad que aún intentan seguir el rastro del dinero, este marco es la creación de un agujero negro regulatorio perfecto.
En diciembre de 2025, esta batalla alcanza su punto de decisión. El Tesoro de los Estados Unidos, bajo el mando de Scott Bessent, y su brazo operativo, la FinCEN (la Red de Control de Delitos Financieros), han dejado de ser espectadores neutrales para convertirse en el «fiel de la balanza», y ese fiel se inclina claramente hacia Vance.
Bessent, el exgestor de fondos que habla el idioma de las suites de West Palm Beach, ha ejecutado un giro de 180 grados. En marzo de 2025, ordenó a la FinCEN suspender sine die la ejecución de la Ley de Transparencia Corporativa para ciudadanos y empresas estadounidenses. Este fue un golpe maestro y directo al proyecto político de Marco Rubio, quien fue el arquitecto intelectual de esa ley, concebida precisamente para «limpiar» Florida de dinero venezolano, ruso y de otros orígenes cuestionables.
Bessent es el socio tecnocrático ideal para la visión de Vance: mientras el vicepresidente vende el sueño de Florida como la capital cripto, el secretario del Tesoro adapta la maquinaria federal para integrar las stablecoins (vía la Ley GENIUS) en el núcleo del sistema. Su tesis es cruda y poderosa: si los fondos de Florida usan sus reservas, sin importar su origen, para comprar bonos del Tesoro estadounidense, lo que importa es la estabilidad del dólar y la liquidez del sistema, no la procedencia moral del capital.
La FinCEN, que en el pasado fue el terror de las Sociedades de Responsabilidad Limitada fantasmas de Miami, ahora opera bajo una nueva directriz interna: «Cumplimiento Amigable». La regla que obligaba a reportar todas las ventas inmobiliarias en efectivo por encima de ciertos umbrales, que debía entrar en vigor en diciembre de 2025, ha sido pospuesta por la propia FinCEN hasta marzo de 2026, sin mayor explicación. Esta prórroga no es una mera dilación burocrática; es oxígeno puro para los fondos inmobiliarios de West Palm Beach, el tiempo precioso que necesitan para terminar de tokenizar carteras masivas de activos sin dejar un rastro en el sistema tradicional.
El combustible sin el cual esta maquinaria se detendría es, irónicamente, el capital latinoamericano en fuga. Los miles de millones de «dinero negro» o de «fuga de capitales» que salen de Argentina, Colombia, México, Brasil y Venezuela no son un problema para este sistema; son su razón de ser, su materia prima esencial. Sin este flujo constante, el «Wall Street del Sur» no tendría la tracción, la liquidez ni el poder que hoy exhibe.
El futuro presidencial de Marco Rubio está, de manera trágica y casi poética, encadenado a Nicolás Maduro. Si el régimen chavista cae, Rubio podría reclamar una victoria pírrica. Pero si Maduro se mantiene, como parece probable, y —lo que es más decisivo— si el petróleo venezolano comienza a fluir hacia los Estados Unidos bajo acuerdos pragmáticos de «energía por sanciones aliviadas», Rubio está acabado.
La doctrina de Trump y Vance es simple y transaccional: «Take the Oil». No les interesa la democratización de Caracas si pueden asegurar, a través de intermediarios y fondos aliados, contratos directos para las refinerías de Texas y la Costa del Golfo. En este escenario, el petróleo venezolano deja de ser un símbolo de una causa humanitaria para convertirse en un mero activo financiero más, además de cambiar la lógica de la energía mundial con la mayor reserva planetaria de petróleo. Los fondos que hoy lavan dinero están posicionándose para comprar «bonos de petróleo» tokenizados, una maniobra que Vance apoya abiertamente y que Rubio, por coherencia ideológica y política, no puede avalar sin destruirse a sí mismo. Rubio se queda con el discurso; Vance se queda con el crudo, con los tokens y con los beneficios.
Rubio se enfrenta así a una paradoja cruel y definitiva. Su ansiada campaña presidencial para 2028 depende financieramente del dinero de los mismos fondos inmobiliarios y tecnológicos que hoy se están alineando, dólar a dólar, con JD Vance y Scott Bessent. Los donantes de Florida son, ante todo, pragmáticos. Prefieren mil veces la «opacidad protegida» que ofrece el marco de Vance y la desregulación activa de Bessent, que la «cruzada moral» de un Rubio que en su narrativa poco creíble de perseguir dictadores y corruptos, podría terminar, por un exceso de celo o por un cambio de conveniencia, auditando las cuentas de sus propios financistas.
La estructura de los Super PACs en 2025, oscura y permisiva, permite que estos fondos inyecten decenas de millones de dólares en la política sin que el nombre del evasor latinoamericano, del narco o del funcionario corrupto aparezca jamás en un registro público. Pero esos millones, como el agua, fluyen hoy hacia donde hay poder real, hacia donde se construye el futuro del sistema. Con Vance controlando la agenda tecnológica nacional y Bessent controlando las llaves del Tesoro, Marco Rubio se ha convertido, en la práctica, en un político de la Guerra Fría atrapado en la guerra del código. En la carrera hacia 2028, en el nuevo Estado lavador de Florida, el axioma se cumple sin excepción: el que controla el código y el token, controla el trono, y quien controla el trono de Florida, controla el flujo del dinero que decide la presidencia de los Estados Unidos.
Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2025/12/21/florida-la-carrera-por-la-presidencia-y-el-capital-opaco/
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